El ministerio denunció al exsecretario por el supuesto pago irregular de contratados
Capital Humano formalizó una presentación contra De la Torre; la acusación recayó en el juzgado de Lijo, candidato para la Corte
Hernán Cappiello
Pablo de la Torre
En momentos en que el Gobierno enfrenta una crisis por no repartir a comedores comunitarios alimentos almacenados próximos a vencer, el Ministerio de Capital Humano contraatacó: formalizó una denuncia contra el exfuncionario Pablo de la Torre, a quien acusó de contratar empleados triangulando con un organismo internacional y dijo que pagaba en dólares.
Por sorteo, el juez federal Ariel Lijo investigará este caso, con la intervención del fiscal Ramiro González, que analiza impulsar hoy la acción penal para ahondar en el asunto. Lijo es el candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. El presidente Javier Milei elevó su pliego al Senado, que recién le dará ingreso cuando se vote la Ley Bases, dentro de quince días.
La denuncia del ministerio a cargo de Sandra Pettovello se presentó en momentos en que el organismo está en jaque: primero negó tener alimentos almacenados; luego dijo que los tenía, pero solo los utilizaría en caso de emergencias. También en un principio negó y después reconoció que había mercadería próxima a vencer y finalmente echó a De la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Semanas antes había trascendido que De la Torre amenazó con renunciar, precisamente, porque pretendía que esos alimentos fueran distribuidos y Pettovello se negaba.
La Justicia Federal, entre tanto, realizó una inspección ocular el fin de semana en los depósitos de Villa Martelli y de Tafí del Valle, en Tucumán, donde verificó qué mercaderías había allí y sus fechas de vencimiento. Actuaron la Justicia Federal de Tucumán y el juez federal porteño Sebastián Casanello.
La actuación del juez, que requirió a Pettovello que presente un plan para distribuir los alimentos, fue descalificada por las autoridades del Gobierno, en boca de Leila Gianni, subsecretaria de Asuntos Legales de Capital Humano. Gianni, una exmilitante del Frente de Todos que apoyó la candidatura de Sergio Massa y con el cambio de gobierno se acopló a las filas libertarias, salió a desacreditar al juez, calificándolo de “militante”, y a la fiscal Paloma Ochoa, que investiga la retención de la comida.
“Vamos a defender la democracia, porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública”, afirmó Gianni.
Si bien la fiscal Ochoa había pedido que se ordene al Gobierno que entregue la comida acopiada, Casanello tuvo una postura más prudente y expresó que su función no era diseñar políticas alimentarias, sino hacer cesar un delito, por lo que pidió que le expliquen cómo se iban a repartir en etapas esos alimentos almacenados.
Esa causa de los alimentos retenidos se inició por la denuncia de Juan Grabois y tuvo el impulso de la fiscal Ochoa.
Gianni apuesta a que hoy le den la razón, tras una audiencia que convocó la Cámara Federal para analizar la orden de Casanello de presentar un plan. Se presentará ante la sala integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
“Llevaremos los argumentos por los que apelamos la cautelar de Casanello, que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su inmediata ejecución”, dijo.
Casanello es el mismo juez que en otra causa paralela, iniciada por una denuncia del propio Ministerio de Capital Humano, citó a prestar declaración indagatoria a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes piqueteros del Polo Obrero acusados de extorsionar a los beneficiarios de planes sociales y cobrarles para acceder a los comedores. A su vez estos dirigentes están acusados de servirse de facturas truchas para simular gastos y utilizar el dinero del Estado para el financiamiento político del Partido Obrero.
Sin embargo, el propio Gobierno informó ayer que firmó un convenio con la Fundación Conin para iniciar el reparto de alimentos de los depósitos inspeccionados por la Justicia.
En un comunicado oficial, Capital Humano dijo que el reparto lo hará Conin, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, para facilitar la provisión de más de 465.000 kilos de leche en polvo para sectores sociales vulnerables. El reparto se hará en dos semanas con la colaboración del Ejército Argentino y del Ministerio de Defensa, dado que los alimentos están próximos a vencer.
En este contexto es que Gianni ahora se presentó en los tribunales con otra denuncia contra De la Torre. Sostuvo que Federico Antonio Fernández, director general de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, describió una situación que podía implicar graves delitos.
Indicó que Fernández contó que en enero pasado hubo una reunión de funcionarios donde se decidió contratarlos mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y que parte del sueldo se les pagaba en dólares (para que los billetes ocuparan menos lugar). También dijo que los remanentes de dólares eran entregados a De la Torre “para saldar la plata del personal que nunca fue nombrado”.
Por escrito, Gianni afirmó que en la reunión donde se decidió esto participaron el exsecretario de Coordinación de Capital Humano Maximiliano Keczeli; la jefa de Gabinete de la Secretaría, Lucía Raskowsky, y el exsubsecretario de Administración Agustín Sánchez Sorondo, que no llegó a ser nombrado. Sostuvo que este último fue quien propuso el mecanismo de la OEI para contratar a 50 personas.
Dice el escrito que se decidió contratarlas por tres meses, que actualmente no hay contratos vigentes y que Pettovello era ajena a esta “situación irregular”.
Asimismo, señaló que “el dinero que cobraban algunos de los consultores era cambiado a dólares norteamericanos a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones”. “Los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la torre, actual secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar la del personal que nunca fue nombrado”, dice la denuncia
El próximo paso en este expediente es que el fiscal González impulse la acción penal para que el juez Lijo tome las primeras medidas de prueba, en medio del ruido político de todos los casos ligados al Ministerio de Capital Humano, donde los funcionarios de Milei aparecen como denunciantes, pero también como denunciados.
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CAPITAL HUMANO, EL SUPERMINISTERIO QUE SE DEVORÓ A MÁS DE 30 FUNCIONARIOS EN MENOS DE SEIS MESES
Más como una señal de austeridad que como una garantía de eficiencia, Javier Milei resolvió al comienzo de su gestión unificar en el nuevo Ministerio de Capital Humano las secretarías de Trabajo, Educación, Niñez y Familia y Cultura. Esa estructura también absorbió la Anses. Todo quedó bajo la supervisión de Sandra Pettovello, la superministra de 55 años que el Presidente ratificó en el cargo en medio de una fuerte polémica por las 5,9 toneladas de alimentos retenidos en dos depósitos y la presunta contratación irregular de personal a través de un organismo internacional.
La gestión de Pettovello nació con dificultades. Cuando puso primera, eligió a Fabián Perechodnik como jefe de gabinete de Capital Humano. Buscaba una suerte de articulador entre ella y las cuatro secretarías. Perechodnik, actual legislador bonaerense de Pro, duró apenas una semana. Su paso fue tan fugaz que ni siquiera alcanzó a ser nombrado en el Boletín Oficial. Desde entonces hasta la actualidad, fueron 39 los funcionarios desplazados del superministerio. intentó comunicarse la nacion sin éxito con los voceros de Capital Humano para confirmar la cifra.
Niñez y Familia
Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia hasta el viernes pasado, fue echado en medio de un cruce de acusaciones que está aún lejos de ser aclarado y que involucra directamente a una de las ministras favoritas de Milei. Hay dos conflictos recientes en paralelo que rompieron su vínculo con Pettovello: el almacenamiento de alimentos que debían ser distribuidos entre los comedores sociales y la contratación de personal a través de un organismo internacional.
La polémica de los alimentos se intensificó a partir de la intervención judicial, que hizo lugar a una denuncia de Juan Grabois y ordenó al Gobierno a dar detalles de la mercadería y a distribuirla. Pettovello apeló la decisión del juez federal Sebastián Casanello y envió a Leila Gianni, asesora legal del ministerio, a cuestionar al magistrado en los medios de comunicación. Presionada por la Justicia, Pettovello selló un convenio con la Fundación Conin para comenzar hoy a distribuir 465.000 kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.
La pelea por los presuntos contratos irregulares fue revelada por el 13 de mayo la nacion pasado. Ante la demora en las designaciones oficiales, muchos de los funcionarios que trabajan en la diaria dentro de la cartera de Pettovello son contratados a través de un mecanismo externo: el ministerio fondea a la Organización de Estados Iberoamericano (OEI) para que sea esta y no el Estado quien realice las contrataciones, un sistema que quedó rodeado de controversia. No se sabe con precisión cuántas personas están contratadas bajo esta modalidad. El acuerdo con la OEI, que le permite eludir las restricciones para aumentar la planta, es por $1000 millones. Pettovello inició un sumario administrativo por este tema y lo giró a la Oficina Anticorrupción. Ayer, a través de Gianni, recurrió a la Justicia Federal. De la Torre, mientras tanto, se mantiene en silencio y aceptó su desplazamiento sin abrir polémica. Por ahora.
Como coletazo de la salida de De la Torre, se concretaron ayer otras cuatro bajas. Se trata de María Lucila Raskovsky, exsubsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Héctor Calvente, exsubsecretario de Políticas Sociales; Esteban Bosch, exdirector nacional de Emergencia, y Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Antes de ellos, entre abril y mayo, se habían ido otros funcionarios. En medio de la disputa con las organizaciones sociales por la demora en la entrega de mercadería para los comedores, Pablo Rodrigué, responsable del área, dejó su cargo por diferencias con la cúpula. Con él se fue parte de su equipo. Siguieron sus pasos Rodrigo Aybar, que estuvo al frente de Economía Social, el área que heredó el manejo del Potenciar Trabajo, y Agustín Sánchez Orondo, quien ofició informalmente como director administrativo. También se fueron Gerardo Marcelo Hita, a cargo de la dirección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y Maximiliano Keczeli, al frente del área de legales del ministerio.
Trabajo
Después de Niñez y Familia, es otra de las secretarías que se convirtieron en un tembladeral. Omar Yasin, el secretario de Trabajo que llegó impulsado por el macrismo, cayó en marzo en medio de otra controversia. El Presidente lo responsabilizó sin argumentos del escándalo por
la suba del 48% de su sueldo y el de los ministros en tiempos de ajuste. El “error” al que aludió Milei se dio en un decreto que llevaba la firma de Pettovello. De la negociación con los gremios estatales, de donde surgió el porcentaje de aumento después aplicado al Poder Ejecutivo, participaron con el rol de empleadores Armando Guibert, en representación de la Jefatura de Gabinete, y Carlos Guberman, por el Ministerio de Economía. Es decir, Nicolás Posse y Luis Caputo validaron también el incremento en los salarios de la administración pública. En la negociación, la Secretaría de Trabajo es la autoridad de aplicación del acuerdo, que se oficializó por una normativa que no lleva la firma de Yasin.
Unos meses antes de la caída de Yasin se había concretado la salida de Horacio Pitrau, su número dos. Pitrau, a pedido de Pettovello, tendió puentes con gremialistas a los que Milei considera parte de “la casta” y les prometió no avanzar con las cuotas solidarias, un atajo de los gremios para recaudar más dinero. Ese acuerdo no escrito se escenificó con el jefe mercantil Armando Cavalieri y se contradecía con la letra chica de la reforma laboral incluida en la primera Ley Bases. Ante el malestar que generó la contradicción en la cúpula del Gobierno, Pettovello echó a Pitrau. Sin Yasin ni Pitrau, el organismo laboral quedó fugazmente en manos de Mariana Hortal Sueldo, una abogada que también está ligada a Jorge Triaca y que se desempeña en la Subsecretaría de Relaciones Laborales. Hortal Sueldo duró menos de un mes.
La Secretaría de Trabajo quedó en manos de Julio Cordero, un histórico abogado laboralista del Grupo Techint. Antes de desembarcar en el Gobierno, cuando todavía estaba en el imperio de Paolo Rocca, Cordero asesoró ad honorem a La Libertad Avanza en su plataforma electoral en lo relativo a las políticas laborales. Como sucede en otras áreas, Cordero lleva la gestión con fuerte hermetismo y tiene limitadas las explicaciones ante la prensa. Despidió en abril a 13 funcionarios, cuatro de ellos de alto rango, por presuntas irregularidades. Se abrió una investigación interna que está aún en curso. Una semana después, Cordero también desplazó a Liliana Acosta de Archimbal, la subsecretaria del área, aunque no se conocieron los motivos.
Anses
Osvaldo Giordano, un reconocido técnico que era ministro de Finanzas de Córdoba, llegó en diciembre a la Anses por tres motivos: su extensa experiencia en sistemas previsionales, un acuerdo político entre Javier Milei y el cordobés Juan Schiaretti, rival del libertario en las elecciones presidenciales, y el rechazo frontal de Pettovello a aceptar que la diputada bonaerense Carolina Píparo manejara esa caja multimillonaria.
Pero antes de que el nuevo gobierno cumpliera dos meses, la suerte de Giordano estaba echada: su mujer, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en contra de la primera versión de la ley ómnibus y fue incluida por Milei en una lista de “traidores” que publicó en las redes sociales. El Presidente le pidió la renuncia a Giordano dos días después, el 9 de febrero.
Semanas más tarde estallaría el escándalo de los seguros contratados durante la gestión de Alberto Fernández, que el gobierno libertario convirtió en bandera de su lucha contra la corrupción. Pero había echado al abanderado: las irregularidades salieron a la luz por una decisión que tomó Giordano mientras estaba al frente de la Anses, cuando se negó a pagar una póliza de seguros de $1700 millones por los créditos que el organismo daba a los jubilados.
Educación
En Educación, Carlos Torrendell tuvo que soportar las presiones del Ministerio de Economía cuando le tocó reunirse con los gremios docentes de alcance nacional por la paritaria y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), según reconstruyó la
a partir de fuentes que nacion participaron de esa negociación. Torrendell defendió la convocatoria a los gremios amparándose en la ley al margen de la decisión presidencial de recortar la ayuda nacional que cubre entre el 10% y 15% de los salarios de los docentes en el país.
Su peor momento, sin embargo, fue cuando debió enfrentar la multitudinaria marcha por los recortes presupuestarios a las universidades. Hubo finalmente un fugaz acuerdo, pero las tensiones se mantienen. En paralelo, el Gobierno afronta un difícil desafío en el Congreso, donde la oposición intentará garantizar un aumento para este año de las partidas conforme al índice de inflación y disponer un reconocimiento por la no actualización de esas partidas durante 2023. Milei se anticipó a cualquier desenlance y advirtió al Congreso que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal.
En momentos en que el Gobierno enfrenta una crisis por no repartir a comedores comunitarios alimentos almacenados próximos a vencer, el Ministerio de Capital Humano contraatacó: formalizó una denuncia contra el exfuncionario Pablo de la Torre, a quien acusó de contratar empleados triangulando con un organismo internacional y dijo que pagaba en dólares.
Por sorteo, el juez federal Ariel Lijo investigará este caso, con la intervención del fiscal Ramiro González, que analiza impulsar hoy la acción penal para ahondar en el asunto. Lijo es el candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. El presidente Javier Milei elevó su pliego al Senado, que recién le dará ingreso cuando se vote la Ley Bases, dentro de quince días.
La denuncia del ministerio a cargo de Sandra Pettovello se presentó en momentos en que el organismo está en jaque: primero negó tener alimentos almacenados; luego dijo que los tenía, pero solo los utilizaría en caso de emergencias. También en un principio negó y después reconoció que había mercadería próxima a vencer y finalmente echó a De la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Semanas antes había trascendido que De la Torre amenazó con renunciar, precisamente, porque pretendía que esos alimentos fueran distribuidos y Pettovello se negaba.
La Justicia Federal, entre tanto, realizó una inspección ocular el fin de semana en los depósitos de Villa Martelli y de Tafí del Valle, en Tucumán, donde verificó qué mercaderías había allí y sus fechas de vencimiento. Actuaron la Justicia Federal de Tucumán y el juez federal porteño Sebastián Casanello.
La actuación del juez, que requirió a Pettovello que presente un plan para distribuir los alimentos, fue descalificada por las autoridades del Gobierno, en boca de Leila Gianni, subsecretaria de Asuntos Legales de Capital Humano. Gianni, una exmilitante del Frente de Todos que apoyó la candidatura de Sergio Massa y con el cambio de gobierno se acopló a las filas libertarias, salió a desacreditar al juez, calificándolo de “militante”, y a la fiscal Paloma Ochoa, que investiga la retención de la comida.
“Vamos a defender la democracia, porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública”, afirmó Gianni.
Si bien la fiscal Ochoa había pedido que se ordene al Gobierno que entregue la comida acopiada, Casanello tuvo una postura más prudente y expresó que su función no era diseñar políticas alimentarias, sino hacer cesar un delito, por lo que pidió que le expliquen cómo se iban a repartir en etapas esos alimentos almacenados.
Esa causa de los alimentos retenidos se inició por la denuncia de Juan Grabois y tuvo el impulso de la fiscal Ochoa.
Gianni apuesta a que hoy le den la razón, tras una audiencia que convocó la Cámara Federal para analizar la orden de Casanello de presentar un plan. Se presentará ante la sala integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
“Llevaremos los argumentos por los que apelamos la cautelar de Casanello, que nos había obligado en un plazo de 72 horas a presentar un plan de distribución y su inmediata ejecución”, dijo.
Casanello es el mismo juez que en otra causa paralela, iniciada por una denuncia del propio Ministerio de Capital Humano, citó a prestar declaración indagatoria a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes piqueteros del Polo Obrero acusados de extorsionar a los beneficiarios de planes sociales y cobrarles para acceder a los comedores. A su vez estos dirigentes están acusados de servirse de facturas truchas para simular gastos y utilizar el dinero del Estado para el financiamiento político del Partido Obrero.
Sin embargo, el propio Gobierno informó ayer que firmó un convenio con la Fundación Conin para iniciar el reparto de alimentos de los depósitos inspeccionados por la Justicia.
En un comunicado oficial, Capital Humano dijo que el reparto lo hará Conin, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, para facilitar la provisión de más de 465.000 kilos de leche en polvo para sectores sociales vulnerables. El reparto se hará en dos semanas con la colaboración del Ejército Argentino y del Ministerio de Defensa, dado que los alimentos están próximos a vencer.
En este contexto es que Gianni ahora se presentó en los tribunales con otra denuncia contra De la Torre. Sostuvo que Federico Antonio Fernández, director general de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, describió una situación que podía implicar graves delitos.
Indicó que Fernández contó que en enero pasado hubo una reunión de funcionarios donde se decidió contratarlos mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y que parte del sueldo se les pagaba en dólares (para que los billetes ocuparan menos lugar). También dijo que los remanentes de dólares eran entregados a De la Torre “para saldar la plata del personal que nunca fue nombrado”.
Por escrito, Gianni afirmó que en la reunión donde se decidió esto participaron el exsecretario de Coordinación de Capital Humano Maximiliano Keczeli; la jefa de Gabinete de la Secretaría, Lucía Raskowsky, y el exsubsecretario de Administración Agustín Sánchez Sorondo, que no llegó a ser nombrado. Sostuvo que este último fue quien propuso el mecanismo de la OEI para contratar a 50 personas.
Dice el escrito que se decidió contratarlas por tres meses, que actualmente no hay contratos vigentes y que Pettovello era ajena a esta “situación irregular”.
Asimismo, señaló que “el dinero que cobraban algunos de los consultores era cambiado a dólares norteamericanos a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones”. “Los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la torre, actual secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar la del personal que nunca fue nombrado”, dice la denuncia
El próximo paso en este expediente es que el fiscal González impulse la acción penal para que el juez Lijo tome las primeras medidas de prueba, en medio del ruido político de todos los casos ligados al Ministerio de Capital Humano, donde los funcionarios de Milei aparecen como denunciantes, pero también como denunciados.
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CAPITAL HUMANO, EL SUPERMINISTERIO QUE SE DEVORÓ A MÁS DE 30 FUNCIONARIOS EN MENOS DE SEIS MESES
Más como una señal de austeridad que como una garantía de eficiencia, Javier Milei resolvió al comienzo de su gestión unificar en el nuevo Ministerio de Capital Humano las secretarías de Trabajo, Educación, Niñez y Familia y Cultura. Esa estructura también absorbió la Anses. Todo quedó bajo la supervisión de Sandra Pettovello, la superministra de 55 años que el Presidente ratificó en el cargo en medio de una fuerte polémica por las 5,9 toneladas de alimentos retenidos en dos depósitos y la presunta contratación irregular de personal a través de un organismo internacional.
La gestión de Pettovello nació con dificultades. Cuando puso primera, eligió a Fabián Perechodnik como jefe de gabinete de Capital Humano. Buscaba una suerte de articulador entre ella y las cuatro secretarías. Perechodnik, actual legislador bonaerense de Pro, duró apenas una semana. Su paso fue tan fugaz que ni siquiera alcanzó a ser nombrado en el Boletín Oficial. Desde entonces hasta la actualidad, fueron 39 los funcionarios desplazados del superministerio. intentó comunicarse la nacion sin éxito con los voceros de Capital Humano para confirmar la cifra.
Niñez y Familia
Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia hasta el viernes pasado, fue echado en medio de un cruce de acusaciones que está aún lejos de ser aclarado y que involucra directamente a una de las ministras favoritas de Milei. Hay dos conflictos recientes en paralelo que rompieron su vínculo con Pettovello: el almacenamiento de alimentos que debían ser distribuidos entre los comedores sociales y la contratación de personal a través de un organismo internacional.
La polémica de los alimentos se intensificó a partir de la intervención judicial, que hizo lugar a una denuncia de Juan Grabois y ordenó al Gobierno a dar detalles de la mercadería y a distribuirla. Pettovello apeló la decisión del juez federal Sebastián Casanello y envió a Leila Gianni, asesora legal del ministerio, a cuestionar al magistrado en los medios de comunicación. Presionada por la Justicia, Pettovello selló un convenio con la Fundación Conin para comenzar hoy a distribuir 465.000 kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.
La pelea por los presuntos contratos irregulares fue revelada por el 13 de mayo la nacion pasado. Ante la demora en las designaciones oficiales, muchos de los funcionarios que trabajan en la diaria dentro de la cartera de Pettovello son contratados a través de un mecanismo externo: el ministerio fondea a la Organización de Estados Iberoamericano (OEI) para que sea esta y no el Estado quien realice las contrataciones, un sistema que quedó rodeado de controversia. No se sabe con precisión cuántas personas están contratadas bajo esta modalidad. El acuerdo con la OEI, que le permite eludir las restricciones para aumentar la planta, es por $1000 millones. Pettovello inició un sumario administrativo por este tema y lo giró a la Oficina Anticorrupción. Ayer, a través de Gianni, recurrió a la Justicia Federal. De la Torre, mientras tanto, se mantiene en silencio y aceptó su desplazamiento sin abrir polémica. Por ahora.
Como coletazo de la salida de De la Torre, se concretaron ayer otras cuatro bajas. Se trata de María Lucila Raskovsky, exsubsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Héctor Calvente, exsubsecretario de Políticas Sociales; Esteban Bosch, exdirector nacional de Emergencia, y Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Antes de ellos, entre abril y mayo, se habían ido otros funcionarios. En medio de la disputa con las organizaciones sociales por la demora en la entrega de mercadería para los comedores, Pablo Rodrigué, responsable del área, dejó su cargo por diferencias con la cúpula. Con él se fue parte de su equipo. Siguieron sus pasos Rodrigo Aybar, que estuvo al frente de Economía Social, el área que heredó el manejo del Potenciar Trabajo, y Agustín Sánchez Orondo, quien ofició informalmente como director administrativo. También se fueron Gerardo Marcelo Hita, a cargo de la dirección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y Maximiliano Keczeli, al frente del área de legales del ministerio.
Trabajo
Después de Niñez y Familia, es otra de las secretarías que se convirtieron en un tembladeral. Omar Yasin, el secretario de Trabajo que llegó impulsado por el macrismo, cayó en marzo en medio de otra controversia. El Presidente lo responsabilizó sin argumentos del escándalo por
la suba del 48% de su sueldo y el de los ministros en tiempos de ajuste. El “error” al que aludió Milei se dio en un decreto que llevaba la firma de Pettovello. De la negociación con los gremios estatales, de donde surgió el porcentaje de aumento después aplicado al Poder Ejecutivo, participaron con el rol de empleadores Armando Guibert, en representación de la Jefatura de Gabinete, y Carlos Guberman, por el Ministerio de Economía. Es decir, Nicolás Posse y Luis Caputo validaron también el incremento en los salarios de la administración pública. En la negociación, la Secretaría de Trabajo es la autoridad de aplicación del acuerdo, que se oficializó por una normativa que no lleva la firma de Yasin.
Unos meses antes de la caída de Yasin se había concretado la salida de Horacio Pitrau, su número dos. Pitrau, a pedido de Pettovello, tendió puentes con gremialistas a los que Milei considera parte de “la casta” y les prometió no avanzar con las cuotas solidarias, un atajo de los gremios para recaudar más dinero. Ese acuerdo no escrito se escenificó con el jefe mercantil Armando Cavalieri y se contradecía con la letra chica de la reforma laboral incluida en la primera Ley Bases. Ante el malestar que generó la contradicción en la cúpula del Gobierno, Pettovello echó a Pitrau. Sin Yasin ni Pitrau, el organismo laboral quedó fugazmente en manos de Mariana Hortal Sueldo, una abogada que también está ligada a Jorge Triaca y que se desempeña en la Subsecretaría de Relaciones Laborales. Hortal Sueldo duró menos de un mes.
La Secretaría de Trabajo quedó en manos de Julio Cordero, un histórico abogado laboralista del Grupo Techint. Antes de desembarcar en el Gobierno, cuando todavía estaba en el imperio de Paolo Rocca, Cordero asesoró ad honorem a La Libertad Avanza en su plataforma electoral en lo relativo a las políticas laborales. Como sucede en otras áreas, Cordero lleva la gestión con fuerte hermetismo y tiene limitadas las explicaciones ante la prensa. Despidió en abril a 13 funcionarios, cuatro de ellos de alto rango, por presuntas irregularidades. Se abrió una investigación interna que está aún en curso. Una semana después, Cordero también desplazó a Liliana Acosta de Archimbal, la subsecretaria del área, aunque no se conocieron los motivos.
Anses
Osvaldo Giordano, un reconocido técnico que era ministro de Finanzas de Córdoba, llegó en diciembre a la Anses por tres motivos: su extensa experiencia en sistemas previsionales, un acuerdo político entre Javier Milei y el cordobés Juan Schiaretti, rival del libertario en las elecciones presidenciales, y el rechazo frontal de Pettovello a aceptar que la diputada bonaerense Carolina Píparo manejara esa caja multimillonaria.
Pero antes de que el nuevo gobierno cumpliera dos meses, la suerte de Giordano estaba echada: su mujer, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en contra de la primera versión de la ley ómnibus y fue incluida por Milei en una lista de “traidores” que publicó en las redes sociales. El Presidente le pidió la renuncia a Giordano dos días después, el 9 de febrero.
Semanas más tarde estallaría el escándalo de los seguros contratados durante la gestión de Alberto Fernández, que el gobierno libertario convirtió en bandera de su lucha contra la corrupción. Pero había echado al abanderado: las irregularidades salieron a la luz por una decisión que tomó Giordano mientras estaba al frente de la Anses, cuando se negó a pagar una póliza de seguros de $1700 millones por los créditos que el organismo daba a los jubilados.
Educación
En Educación, Carlos Torrendell tuvo que soportar las presiones del Ministerio de Economía cuando le tocó reunirse con los gremios docentes de alcance nacional por la paritaria y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), según reconstruyó la
a partir de fuentes que nacion participaron de esa negociación. Torrendell defendió la convocatoria a los gremios amparándose en la ley al margen de la decisión presidencial de recortar la ayuda nacional que cubre entre el 10% y 15% de los salarios de los docentes en el país.
Su peor momento, sin embargo, fue cuando debió enfrentar la multitudinaria marcha por los recortes presupuestarios a las universidades. Hubo finalmente un fugaz acuerdo, pero las tensiones se mantienen. En paralelo, el Gobierno afronta un difícil desafío en el Congreso, donde la oposición intentará garantizar un aumento para este año de las partidas conforme al índice de inflación y disponer un reconocimiento por la no actualización de esas partidas durante 2023. Milei se anticipó a cualquier desenlance y advirtió al Congreso que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal.
Cultura
En Cultura también hubo decisiones polémicas y desprolijas, que evidencian la inexperiencia en la administración pública. El secretario del área, Leonardo Cifelli, “desnombró” por redes sociales al escritor y cineasta Javier Torre como presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA) una semana después de haberlo designado. La determinación se dio después de que Torre, en una entrevista con el diario Clarín, manifestó su sorpresa por los artículos de la “ley ómnibus” enviada al Congreso en los que el Gobierno proponía el cierre de la institución que él presidía.
Al margen de este episodio, que sirve como botón de muestra de la inexperiencia, hubo muchos anuncios en el área que no se llevaron a cabo en la práctica ante la falta de un decreto, un proyecto de ley o una resolución, como por ejemplo cobrar entradas en los museos nacionales o modificar el nombre del Centro Cultural Kirchner.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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