EL PERFIL Y LOS KK HICIERON SILENCIO

Ramos Padilla, un juez irreverente a cargo de una decisión contundente
El magistrado, al leer el veredicto 
El juez Juan María Ramos Padilla tiene una característica que es poco frecuente entre los magistrados. Tanto en su perfil de la red social X como en manifestaciones políticas, expresa con tono irreverente sus opiniones. Ramos Padilla, de 71 años, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la ciudad de Buenos Aires, vocifera seguido críticas contra el Poder Judicial y llamó “una mafia” a los jueces de la Corte Suprema, contra quienes convocó a marchar en 2022 para pedir la liberación de los denominados presos políticos. Hoy, al frente del tribunal porteño de manera unipersonal, Ramos Padilla dio el veredicto en la causa contra el exgobernador de Tucumán José Alperovich, acusado de abuso sexual en perjuicio de su sobrina segunda y exsecretaria. Ramos Padilla lo condenó a 16 años de prisión y le inhibió los bienes.
Juan María Ramos Padilla es el padre del juez federal de La Plata con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien cobró protagonismo en 2019, cuando instruyó como juez penal la causa conocida como “caso D’Alessio” en los tribunales federales de Dolores. Durante ese año, Ramos Padilla hijo fue defendido por su padre de las acusaciones que presentó en su contra el gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura.
Se convirtió en un asiduo denunciante de los jueces y fiscales de Comodoro Py: en 2020 denunció al camarista federal Mariano Llorens por prevaricato para buscar correrlo de la causa conocida como “operación Puf”, en la que se investigaba un armado judicial para desarticular la causa de los cuadernos a través de la denuncia formulada en los tribunales de Dolores. Y apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli mientras avanzaban en la causa de los cuadernos.
Sus allegados aseguran que el ahora juez de la ciudad tenía un vínculo de amistad con Raúl Alfonsín, quien firmó su pliego para juez federal, cargo por el que juró en 1984. Tres años después, como juez federal de Morón, aceptó una petición de familiares víctimas de la represión durante la dictadura militar y declaró inconstitucional la ley de obediencia debida. Mantiene una buena relación con los organismos de derechos humanos hasta el día de hoy.
A menudo expresa sus opiniones en X, una característica poco frecuente en los magistrados. “Es bocón e irreverente, pero tiene una buena conducta judicial”, buscó defenderlo un diputado kirchnerista en diálogo con para un artículo la nacion publicado en 2022. “Es juez, le importa el Poder Judicial porque lo integra y leyó con claridad los cientos que como yo estamos hartos”, dijo en ese entonces la abogada y exdirectora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort a la nacion.
En 2022, cuando Ramos Padilla convocó a la movilización frente al Palacio de Tribunales, fue denunciado por el contador Alfredo Popritkin, quien señaló que Ramos Padilla incurrió en un mal desempeño por su conducta contra los jueces del máximo tribunal. Esa denuncia se sumó a la de un abogado penalista que lo acusó de atentar contra la democracia al buscar echar a los jueces de la Corte sin el procedimiento constitucional.
De esas acusaciones se defendió en marzo pasado frente a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, a través de un escrito presentado por su defensor en ese expediente, quien es nada menos que su hijo, el juez Alejo Ramos Padilla. En ese escrito el magistrado fundamentó su conducta y defendió su derecho a la libertad de expresión.
Si bien él había sido el primer magistrado en convocar a la movilización, que fue calificada de golpista por parte de la oposición, se plegaron luego la jueza federal de San Martín Martina Forns, quien pidió que renunciaran los jueces de la Corte, y también el juez de Avellaneda Luis Carzoglio, suspendido por su conducta al frente de la causa que investigaba a Pablo Moyano. Ramos Padilla ya participó, junto a Luis D’Elía, de movilizaciones de carácter político, en las que se pedía la liberación de los “presos políticos” por casos de corrupción, como la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, el exvicepresidente Amado Boudou, el lonko Facundo Jones Huala y el exministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido.

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El peronismo hizo silencio sobre Alperovich, pero le soltó la mano en el Senado
No hubo pronunciamientos sobre la condena que ayer sacudió a la política; el kirchnerismo se había mostrado prescindente de su suerte

Mariano SpezzapriaJosé Alperovich y Cristina Kirchner, cuando eran gobernador y presidenta
El peronismo hizo todo el silencio que pudo sobre el caso de José Alperovich, quien acaba de ser condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina. No le abrió un juicio político en el Senado ni propició que le quitaran los fueros, pero en medio del escándalo habilitó a sus legisladoras a presionar para que el exgobernador tucumano tuviera que pedir una licencia. El hombre que había sido un caudillo del PJ norteño se vio forzado a tomarla, pero terminó su mandato en la Cámara alta en 2021 sin recibir sanción política alguna.
Corría 2005 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner desembarcó en Tucumán para encabezar un acto por el 9 de Julio. Lo hizo acompañado por Cristina Fernández, que ese año le ganaría las elecciones legislativas a Hilda “Chiche” Duhalde en la provincia de Buenos Aires y le permitiría al kirchnerismo hacerse del control político del PJ por largo tiempo. Los anfitriones eran el gobernador Alperovich y su esposa, Beatriz Rojkés. Ya entonces se percibía una buena sintonía entre ambas mujeres.
Era la etapa en que la Casa Rosada tenía una pésima relación con Jorge Bergoglio, el cardenal porteño a quien la mesa chica kirchnerista consideraba sin vueltas como el “jefe de la oposición”. Los viajes de los Kirchner a Tucumán y a otras provincias en fechas patrias –elegían Santiago del Estero para el 25 de Mayo– tenían una razón política: eran menos por convicción federal que por la necesidad de restarle protagonismo a quien más tarde se convertiría en el papa Francisco.
En la lógica de Néstor Kirchner, la alianza con los jefes territoriales del PJ del norte del país y del conurbano bonaerense era fundamental para que Eduardo Duhalde –a la sazón el que invitó a Alperovich a unirse al peronismo tras su pasado radical– fuera desplazado del liderazgo que había conseguido en medio de la crisis de 2001, cuando llegó a la presidencia sin urnas de por medio.
Superado ese escollo, los Kirchner y los Alperovich convivieron durante tres mandatos consecutivos, tanto los presidenciales como los de la gobernación norteña, desde 2003 hasta 2015. En el medio, la alianza en la interna peronista se plasmó con la designación de Beatriz Rojkés de Alperovich como presidenta provisional del Senado. La relación que más fluyó entonces fue la de Cristina con Beatriz Rojkés.
Años más tarde fue el propio Alperovich quien llegó a la Cámara alta, ante la imposibilidad de seguir reeligiéndose en Tucumán, donde ya el tercer mandato había forzado la letra constitucional. Allí el poder político cambió de manos y entró en escena Juan Manzur, el nuevo hombre fuerte del PJ provincial.
Convivencia
Cristina Kirchner y José Alperovich compartieron dos años en el Senado, entre 2017 y 2019, como integrantes de la bancada opositora al gobierno de Cambiemos, hasta que ella fue elegida vicepresidenta de Alberto Fernández y regresó a la Cámara alta ya como titular del cuerpo legislativo. Fue durante ese mandato que estalló el escándalo con la denuncia de la sobrina de Alperovich, en 2020. El único que salió a proclamar el principio de inocencia fue José Mayans, el jefe del bloque del Frente de Todos, mientras que Cristina guardó silencio.
Con el paso del tiempo y mientras Alperovich se diluía políticamente en Tucumán, el kirchnerismo le soltó la mano. Lo hizo al forzar al exgobernador tucumano a pedir una licencia, tras un pronunciamiento de la Banca de la Mujer del Senado, que encabezaba la peronista pampeana Norma Durango. “Una vez más nos ponemos de pie para hacer oír nuestra voz. Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas, dentro y fuera de este Senado”, afirmaron las integrantes de ese grupo, que había ganado influencia cuando se debatió la legalización del aborto. En ese contexto, la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti abundó: “Siempre les creemos a las mujeres”.
Pero la situación de Alperovich no solamente incomodó al peronismo, sino también a las otras fuerzas del Senado que presionaron para que tomara la licencia. Lo hizo primero por 180 días y luego por otros 90, hasta que terminó su mandato en diciembre de 2021. En el camino, Alberto Fernández había tomado cierta distancia: “Espero que se investigue. Si la denuncia es cierta, es muy grave”, dijo. Como sucedió con el resto del peronismo, prefirió evitar una condena pública.
Con ese mismo lenguaje político, el ahora senador Manzur enterró a quien, paradójicamente, fuera su mentor partidario. “Una o dos veces la vi en casa de gobierno y otra en el departamento que José Alperovich tenía o tiene en Capital Federal”, declaró ante el tribunal, en referencia a la mujer que hizo la denuncia, pero sin dar por sentado el abuso.
Para ese entonces, Alperovich ya era un muerto político tanto en Tucumán como dentro del peronismo. Beatriz Rojkés, que ocupó alguna de las vicepresidencias del PJ nacional, también abandonó la actividad partidaria. Su vínculo con Cristina Kirchner pudo haber influido, de algún modo, para que su marido quedara solo políticamente en el Senado.
Sin embargo, siguió predominando el silencio. Salvo algunas mujeres del PJ y de otras fuerzas, no hubo quienes salieran a impugnarlo. Habrá que ver si ahora, confirmado el fallo, cambia esa actitud de barrer la basura bajo la alfombra.

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