Ola de juicios por una filtración del gobierno anterior en la AFI
ESPÍAS. En 2020, mientras se investigaban seguimientos a políticos y periodistas, se difundieron datos secretos que generaron demandas civiles contra el Estado
Candela Ini
Cristina Caamaño, extitular de la AFI, es una de las denunciadas en los juicios archivo
La filtración de información secreta que ocurrió durante la gestión del Frente de Todos y dejó expuestas las identidades de cientos de agentes de inteligencia no tuvo consecuencias penales, pero sí podría traer consecuencias para el Estado y para quienes son apuntados como sus responsables en el fuero en lo contencioso administrativo.
En 2020, mientras avanzaba el expediente judicial que investigaba los seguimientos a políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, se produjo una filtración de información secreta. Aunque en el mundo de la seguridad y la inteligencia advirtieron los riesgos y peligros de la filtración, las consecuencias de ese incidente no se conocen. Una de las derivaciones, sin embargo, es un cúmulo de demandas civiles contra el Estado que tramitan en el fuero en lo contencioso administrativo iniciadas por decenas de agentes retirados que se consideraron damnificados.
Las demandas, que son al menos 60, están dirigidas contra el Estado nacional, contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio Público Fiscal (MPF), la extitular de la AFI Cristina Caamaño y Santiago Sautel, responsable del portal Real Politik, que publicó el documento secreto.
La primera demanda le tocó al juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, y por eso, si bien varias denuncias luego cayeron en otros juzgados, es probable que sea Cayssials quien tramite la totalidad de los expedientes, dijo a una fuente judicial. la nacion Las sumas de dinero que reclaman los presuntos damnificados por daños y perjuicios son “simbólicas”, según dijo a uno de la nacion los abogados patrocinantes. El impacto de las demandas, en caso de que prosperen, podría estar en el contenido de la sentencia: un juez federal estaría declarando culpable al propio Estado por haber filtrado información secreta cuyos efectos se creen adversos para la seguridad nacional.
“Las consecuencias no son fáciles de medir. Pero los riesgos son altos. Para empezar, cuando hay filtraciones de este tipo, el crimen organizado, ya sea por delitos narco o por terrorismo, se hace de la información. También los servicios de inteligencia extranjeros pueden cotejar sus bases de datos con los nombres de los agentes cuyas identidades fueron expuestas y eso puede traer problemas. Además, mucha gente que quedó expuesta queda en condiciones de vulnerabilidad y resentimiento”, buscó explicar aun hombre que conoce el funcionamiento de los servicios de inteligencia.
El libro de actas de gestiones administrativas 2016-2018 contenía, entre una cantidad de datos administrativos, identidades de agentes de la AFI retirados y en actividad. Sus nombres no estaban testados. Fue enviado por la entonces titular de la AFI Cristina Caamaño, sin resguardos de seguridad, a las autoridades judiciales de Lomas de Zamora que investigaban hechos denunciados por la propia Caamaño. La medida de prueba que dio lugar a este incidente fue pedida por la defensa de Gustavo Arribas. Los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide llevaban el caso judicial junto al juez Juan Pablo Augé, aunque el expediente luego pasó a los tribunales de Comodoro Py.
El 16 de julio, Eyherabide pidió a la AFI que, previa desclasificación, le enviara, entre otros elementos, “un informe en caso de que posean libros de actas de las resoluciones decretadas en el período mencionado (2016-2018) y tema al que refieren”. La AFI, mediante un escrito en el cual pidió que la información fuera preservada, respondió con el libro de actas completo. La respuesta fue enviada el mismo día en que la fiscalía hizo el pedido. El abogado de uno de los demandantes sugirió, con suspicacia: “Es sugestivo que la AFI respondiera el mismo día en que recibió el pedido con el libro de actas ya escaneado”.
Según reconstruyó la nacion, la fiscal Cecilia Incardona le pidió a Caamaño que informara si existía un libro de actas, pero no que le remitiera los nombres de los agentes que la AFI incluyó entre las 136 páginas de información que envió. Ese material, que Caamaño desclasificó y envió al juzgado (pidió el resguardo del material), fue cargado en el sistema LEX –al cual acceden las defensas y las partes querellantes– a pedido de Arribas y Majdalani. Y la información fue difundida, dejando al descubierto las identidades de decenas de agentes.
Tanto en intercambios formales, que quedaron registrados en el expediente que tramitaba en Lomas de Zamora, como en las respuestas a las demandas civiles, Caamaño e Incardona se pasaron la pelota. La extitular de la AFI dice que el material no fue bien preservado por los funcionarios judiciales, y cerca de la fiscal Incardona siempre dijeron que el material fue enviado sin que los nombres fueran testados, además de recordar que solo habían solicitado un informe y no el libro de actas completo.
Caamaño, Incardona, Eyherabide y Sautel fueron denunciados por agentes y, después de una serie de medidas de prueba, en mayo de 2022, la jueza María Servini los sobreseyó. El frente penal no prosperó, con un criterio similar al que se aplicó en la demanda de Antonio Stiuso contra Gustavo Beliz. Servini dijo que los datos revelados –la identidad de los agentes– no vulneran el bien jurídico protegido por el Código Penal.
En los artículos 222 y 223, el Código Penal establece penas para quien revelare “secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación” y para quien “por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.
“Al tipificarse la norma de la violación de secreto, los legisladores jamás pudieron pensar que la filtración pudiera provenir del propio Estado y por ello no es punible cuando se afecta la seguridad de los agentes secretos”, dijo a una fuente la nacion judicial.
El hecho de que el Código Penal no incluya en esos artículos a la revelación de identidades protegidas por el secreto de inteligencia es uno de los puntos utilizados por los abogados de la AFI en respuesta a las demandas civiles.
habló con uno de los la nacion exagentes que, por considerarse damnificados, iniciaron una de las demandas civiles. “Hoy no tengo libertad de movimiento y tengo que evitar viajar a países en los que cumplí funciones o trabajé en operaciones secretas de acuerdo con mi deber como agente. Nadie mira la dimensión humana de la demanda: como agente estás preparado para determinadas cosas, pero no para que tus jefes te entreguen”.
Si bien hay decenas de demandas por daños y perjuicios, es baja la cantidad de expedientes en relación con el total de los nombres que fueron expuestos. Según supo
muchos de ellos buscaron reinsertarse en el sistema y optaron por no demandar al Estado. No quisieron hacer olas
La filtración de información secreta que ocurrió durante la gestión del Frente de Todos y dejó expuestas las identidades de cientos de agentes de inteligencia no tuvo consecuencias penales, pero sí podría traer consecuencias para el Estado y para quienes son apuntados como sus responsables en el fuero en lo contencioso administrativo.
En 2020, mientras avanzaba el expediente judicial que investigaba los seguimientos a políticos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, se produjo una filtración de información secreta. Aunque en el mundo de la seguridad y la inteligencia advirtieron los riesgos y peligros de la filtración, las consecuencias de ese incidente no se conocen. Una de las derivaciones, sin embargo, es un cúmulo de demandas civiles contra el Estado que tramitan en el fuero en lo contencioso administrativo iniciadas por decenas de agentes retirados que se consideraron damnificados.
Las demandas, que son al menos 60, están dirigidas contra el Estado nacional, contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Ministerio Público Fiscal (MPF), la extitular de la AFI Cristina Caamaño y Santiago Sautel, responsable del portal Real Politik, que publicó el documento secreto.
La primera demanda le tocó al juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, y por eso, si bien varias denuncias luego cayeron en otros juzgados, es probable que sea Cayssials quien tramite la totalidad de los expedientes, dijo a una fuente judicial. la nacion Las sumas de dinero que reclaman los presuntos damnificados por daños y perjuicios son “simbólicas”, según dijo a uno de la nacion los abogados patrocinantes. El impacto de las demandas, en caso de que prosperen, podría estar en el contenido de la sentencia: un juez federal estaría declarando culpable al propio Estado por haber filtrado información secreta cuyos efectos se creen adversos para la seguridad nacional.
“Las consecuencias no son fáciles de medir. Pero los riesgos son altos. Para empezar, cuando hay filtraciones de este tipo, el crimen organizado, ya sea por delitos narco o por terrorismo, se hace de la información. También los servicios de inteligencia extranjeros pueden cotejar sus bases de datos con los nombres de los agentes cuyas identidades fueron expuestas y eso puede traer problemas. Además, mucha gente que quedó expuesta queda en condiciones de vulnerabilidad y resentimiento”, buscó explicar aun hombre que conoce el funcionamiento de los servicios de inteligencia.
El libro de actas de gestiones administrativas 2016-2018 contenía, entre una cantidad de datos administrativos, identidades de agentes de la AFI retirados y en actividad. Sus nombres no estaban testados. Fue enviado por la entonces titular de la AFI Cristina Caamaño, sin resguardos de seguridad, a las autoridades judiciales de Lomas de Zamora que investigaban hechos denunciados por la propia Caamaño. La medida de prueba que dio lugar a este incidente fue pedida por la defensa de Gustavo Arribas. Los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide llevaban el caso judicial junto al juez Juan Pablo Augé, aunque el expediente luego pasó a los tribunales de Comodoro Py.
El 16 de julio, Eyherabide pidió a la AFI que, previa desclasificación, le enviara, entre otros elementos, “un informe en caso de que posean libros de actas de las resoluciones decretadas en el período mencionado (2016-2018) y tema al que refieren”. La AFI, mediante un escrito en el cual pidió que la información fuera preservada, respondió con el libro de actas completo. La respuesta fue enviada el mismo día en que la fiscalía hizo el pedido. El abogado de uno de los demandantes sugirió, con suspicacia: “Es sugestivo que la AFI respondiera el mismo día en que recibió el pedido con el libro de actas ya escaneado”.
Según reconstruyó la nacion, la fiscal Cecilia Incardona le pidió a Caamaño que informara si existía un libro de actas, pero no que le remitiera los nombres de los agentes que la AFI incluyó entre las 136 páginas de información que envió. Ese material, que Caamaño desclasificó y envió al juzgado (pidió el resguardo del material), fue cargado en el sistema LEX –al cual acceden las defensas y las partes querellantes– a pedido de Arribas y Majdalani. Y la información fue difundida, dejando al descubierto las identidades de decenas de agentes.
Tanto en intercambios formales, que quedaron registrados en el expediente que tramitaba en Lomas de Zamora, como en las respuestas a las demandas civiles, Caamaño e Incardona se pasaron la pelota. La extitular de la AFI dice que el material no fue bien preservado por los funcionarios judiciales, y cerca de la fiscal Incardona siempre dijeron que el material fue enviado sin que los nombres fueran testados, además de recordar que solo habían solicitado un informe y no el libro de actas completo.
Caamaño, Incardona, Eyherabide y Sautel fueron denunciados por agentes y, después de una serie de medidas de prueba, en mayo de 2022, la jueza María Servini los sobreseyó. El frente penal no prosperó, con un criterio similar al que se aplicó en la demanda de Antonio Stiuso contra Gustavo Beliz. Servini dijo que los datos revelados –la identidad de los agentes– no vulneran el bien jurídico protegido por el Código Penal.
En los artículos 222 y 223, el Código Penal establece penas para quien revelare “secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación” y para quien “por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.
“Al tipificarse la norma de la violación de secreto, los legisladores jamás pudieron pensar que la filtración pudiera provenir del propio Estado y por ello no es punible cuando se afecta la seguridad de los agentes secretos”, dijo a una fuente la nacion judicial.
El hecho de que el Código Penal no incluya en esos artículos a la revelación de identidades protegidas por el secreto de inteligencia es uno de los puntos utilizados por los abogados de la AFI en respuesta a las demandas civiles.
habló con uno de los la nacion exagentes que, por considerarse damnificados, iniciaron una de las demandas civiles. “Hoy no tengo libertad de movimiento y tengo que evitar viajar a países en los que cumplí funciones o trabajé en operaciones secretas de acuerdo con mi deber como agente. Nadie mira la dimensión humana de la demanda: como agente estás preparado para determinadas cosas, pero no para que tus jefes te entreguen”.
Si bien hay decenas de demandas por daños y perjuicios, es baja la cantidad de expedientes en relación con el total de los nombres que fueron expuestos. Según supo
muchos de ellos buscaron reinsertarse en el sistema y optaron por no demandar al Estado. No quisieron hacer olas
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El clima político de un distrito clave se altera por un posible caso Chocolate
Las denuncias de supuestos ñoquis en San Martín inquietan al municipio manejado por Moreira y Katopodis
Javier Fuego Simondet
El círculo político del distrito bonaerense de San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires, está alterado desde el mes de mayo. La municipalidad, que controlan desde 2011 el intendente Fernando Moreira y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, es el epicentro de la investigación de una trama que tiene puntos de contacto con el escándalo de las tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense que usufructuaba el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau. Allanamientos, secuestros de legajos, pedidos de detención y prohibiciones para salir del país para el jefe comunal y funcionarios se conjugaron para generar ruido en la oposición local y también en el peronismo.
En mayo y junio hubo allanamientos en la intendencia. En el último procedimiento se secuestraron legajos de 889 empleados incorporados en 2023, que la Justicia busca corroborar si son trabajadores verdaderos o empleados fantasma. La investigación comenzó con la denuncia de un beneficiario de una asignación social de la Anses que vio interrumpido ese pago porque, sin saberlo, figuraba como empleado municipal con un sueldo de unos $300.000, por lo que ya no tenía derecho a percibir beneficios o planes.
Tomaron intervención en el caso la jueza federal Alicia Vence y el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc. Con el proceso en marcha, se prohibió la salida del país del intendente Moreira, quien firmó los decretos de designación del personal bajo la lupa y de otros cinco funcionarios involucrados en los procesos de contratación (José María Fernández, Daniel Rey, Viviana Saluzzo, Lorena Altamira y Marta Pastor). El 19 de abril, el fiscal pidió detenerlos a todos, pero la jueza no avaló la solicitud.
La presunta trama delictiva motivó enojos, críticas e inquietudes en el mundillo de la política local, que sigue con atención sus derivaciones. “Hubo pedidos de informes, de crear una comisión investigadora. También un pedido de interpelación que presenté. El intendente debe venir al Concejo a explicar lo que investiga la Justicia Federal. Tiene prohibido salir del país y el fiscal apeló la no concesión de la detención”, afirma a la nacion el concejal de Pro Andrés Petrillo.
“Es un caso de gravedad mayor que el de Chocolate. En ese caso, había connivencia entre el que cobraba y el que prestaba el nombre, que recibía una parte. Acá, las personas desconocían que estaban nombradas. Es imposible que el intendente no tuviera conocimiento de esta mecánica de caja negra”, agrega, y concluye: “San Martín está descontrolado en personal. Tiene 8204 empleados; en 2011, cuando asumió Katopodis, había 3700”.
En el Concejo Deliberante, 13 de los 24 concejales son del oficialismo, por lo que la oposición no tiene expectativas de que sus reclamos prosperen. “Fue una convulsión. Katopodis tiene una estrategia histórica de bajo perfil. Que sea una causa federal los desconcierta [al ministro y al intendente]”, sostiene otro dirigente opositor, que no cree que Moreira tenga mayores complicaciones en los estrados judiciales: “Está imputada toda la cadena de control de legalidad, van a ir por ese lado”.
También desde la oposición, una fuente bien informada sobre el distrito sospecha que la interna del peronismo bonaerense puede tener injerencia en el caso. “Para mí, es la pelea Máximo-Kicillof, y, como Kato decidió ser ministro de Kicillof, le están pasando un vuelto. La causa parece estar floja de papeles. Ideológicamente, Moreira y Katopodis son horribles, pero no son de estas desprolijidades”, puntualiza.
“En lo territorial, es un sacudón enorme para ellos. Les impactó en su estructura territorial. [Lo que se destapó] es un esquema de trabajo. No había pasado algo así antes y lo salpica a Katopodis”, sintetiza una fuente local que simpatiza con Javier Milei.
En el oficialismo de San Martín subrayan que “ni bien el municipio tomó conocimiento de irregularidades, hizo una revisión de todas las etapas administrativas y aportó a la Justicia toda la información requerida”, que “las cuentas fiscales están y siempre estuvieron en orden, sumando permanentemente servicios” y que son “los primeros interesados en que esta situación se resuelva”.
Además, fuentes del gobierno local remarcan a que la nacion recibieron “el apoyo de todos los sectores políticos y sociales, agrupaciones, concejales y de la Cámara Económica sanmartinense”, y que, “hacia dentro del peronismo, el apoyo fue público, incluso de quienes participaron de la interna en las elecciones”.
En la variada paleta del peronismo distrital (donde Moreira y
Katopodis aglutinan a kirchneristas, massistas, camporistas y al Movimiento Evita, entre otros sectores) hay inquietud, aunque las fuentes consultadas despegan al intendente del caso que se investiga en la Justicia Federal.
“Hay que separar la figura del intendente de todo esto. Moreira se está comprando un lío. Es un tipo austero, que está en política desde hace 40 años. Los contratos salieron del Concejo [por el del denunciante y unos doce más que se investigan desde el inicio]. El presidente es Diego Perrella”, afirma un dirigente de una de las tribus del peronismo en el distrito, que trae a colación el nombre de quien ya fue titular del Concejo entre 2011 y 2021, y regresó en 2023 al puesto. Anteriormente, fue jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social cuando el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta conducía esa cartera.
“Veo mucha preocupación, el tema pegó en la línea de flotación. Pero, para mí, Moreira se está comiendo un garrón. Él no haría semejante cosa. En el peronismo no hay rupturas, aunque algunos ya dicen que hay que buscar a otro”, describe una fuente kirchnerista del distrito.
Fórmula del poder local
Moreira y Katopodis son una dupla de poder que gobierna San Martín desde 2011. El actual intendente ganó una banca de concejal en 1997, desde la Alianza, y en 2007 volvió a ser elegido concejal, desde el Partido de la Victoria. En 2011, aliados al kirchnerismo, Moreira revalidó su lugar como concejal y Katopodis ganó su primer mandato como intendente.
En 2013, Moreira fue elegido senador provincial por la primera sección electoral por la boleta del partido de Sergio Massa, el Frente Renovador; en San Martín, ese año ganó una banca de concejala la esposa de Katopodis, Nancy Cappelloni.
Para su reelección en 2015, Katopodis tuvo al frente de su boleta de concejales a Marcela Ferri, la esposa de Moreira y actual secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del municipio. En 2017, Katopodis y Moreira se aliaron con el armado antikirchnerista de Florencio Randazzo y obtuvieron un concejal, Perrella, el actual titular del Concejo Deliberante.
En 2019, Katopodis ganó nuevamente como intendente, pero dejó el cargo para asumir como ministro de Obras Públicas nacional en el gobierno de Alberto Fernández. Moreira (por largo tiempo, su jefe de Gabinete) había sido el primer concejal en la lista y lo reemplazó. En 2023, con el 46,8% de los votos, Moreira retuvo la intendencia. Al igual que en 2021, la lista de concejales la encabezó Nancy Cappelloni.
“Moreira siempre fue el hombre detrás de Kato”, define un experimentado dirigente de San Martín. “El katopodismo son Katopodis, Cappelloni, Moreira y Ferri. Son ellos cuatro, pero la imagen y los votos son de Katopodis. Moreira fue siempre más un estratega”, considera un hombre de la oposición local.
Fernando Moreira
INTENDENTE DE SAN MARTÍN
es jefe comunal desde 2019, cuando reemplazó a Katopodis, su aliado político. en 2023, revalidó el cargo de intendente, con un triunfo con el 46,8%.
Gabriel Katopodis
MIN. DE INFRAESTRUCTURA (PBA)
es el líder político del oficialismo en san martín. en 2011 ganó su primer mandato como jefe comunal y en 2019, el tercero, que completó moreira.
El círculo político del distrito bonaerense de San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires, está alterado desde el mes de mayo. La municipalidad, que controlan desde 2011 el intendente Fernando Moreira y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, es el epicentro de la investigación de una trama que tiene puntos de contacto con el escándalo de las tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense que usufructuaba el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau. Allanamientos, secuestros de legajos, pedidos de detención y prohibiciones para salir del país para el jefe comunal y funcionarios se conjugaron para generar ruido en la oposición local y también en el peronismo.
En mayo y junio hubo allanamientos en la intendencia. En el último procedimiento se secuestraron legajos de 889 empleados incorporados en 2023, que la Justicia busca corroborar si son trabajadores verdaderos o empleados fantasma. La investigación comenzó con la denuncia de un beneficiario de una asignación social de la Anses que vio interrumpido ese pago porque, sin saberlo, figuraba como empleado municipal con un sueldo de unos $300.000, por lo que ya no tenía derecho a percibir beneficios o planes.
Tomaron intervención en el caso la jueza federal Alicia Vence y el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc. Con el proceso en marcha, se prohibió la salida del país del intendente Moreira, quien firmó los decretos de designación del personal bajo la lupa y de otros cinco funcionarios involucrados en los procesos de contratación (José María Fernández, Daniel Rey, Viviana Saluzzo, Lorena Altamira y Marta Pastor). El 19 de abril, el fiscal pidió detenerlos a todos, pero la jueza no avaló la solicitud.
La presunta trama delictiva motivó enojos, críticas e inquietudes en el mundillo de la política local, que sigue con atención sus derivaciones. “Hubo pedidos de informes, de crear una comisión investigadora. También un pedido de interpelación que presenté. El intendente debe venir al Concejo a explicar lo que investiga la Justicia Federal. Tiene prohibido salir del país y el fiscal apeló la no concesión de la detención”, afirma a la nacion el concejal de Pro Andrés Petrillo.
“Es un caso de gravedad mayor que el de Chocolate. En ese caso, había connivencia entre el que cobraba y el que prestaba el nombre, que recibía una parte. Acá, las personas desconocían que estaban nombradas. Es imposible que el intendente no tuviera conocimiento de esta mecánica de caja negra”, agrega, y concluye: “San Martín está descontrolado en personal. Tiene 8204 empleados; en 2011, cuando asumió Katopodis, había 3700”.
En el Concejo Deliberante, 13 de los 24 concejales son del oficialismo, por lo que la oposición no tiene expectativas de que sus reclamos prosperen. “Fue una convulsión. Katopodis tiene una estrategia histórica de bajo perfil. Que sea una causa federal los desconcierta [al ministro y al intendente]”, sostiene otro dirigente opositor, que no cree que Moreira tenga mayores complicaciones en los estrados judiciales: “Está imputada toda la cadena de control de legalidad, van a ir por ese lado”.
También desde la oposición, una fuente bien informada sobre el distrito sospecha que la interna del peronismo bonaerense puede tener injerencia en el caso. “Para mí, es la pelea Máximo-Kicillof, y, como Kato decidió ser ministro de Kicillof, le están pasando un vuelto. La causa parece estar floja de papeles. Ideológicamente, Moreira y Katopodis son horribles, pero no son de estas desprolijidades”, puntualiza.
“En lo territorial, es un sacudón enorme para ellos. Les impactó en su estructura territorial. [Lo que se destapó] es un esquema de trabajo. No había pasado algo así antes y lo salpica a Katopodis”, sintetiza una fuente local que simpatiza con Javier Milei.
En el oficialismo de San Martín subrayan que “ni bien el municipio tomó conocimiento de irregularidades, hizo una revisión de todas las etapas administrativas y aportó a la Justicia toda la información requerida”, que “las cuentas fiscales están y siempre estuvieron en orden, sumando permanentemente servicios” y que son “los primeros interesados en que esta situación se resuelva”.
Además, fuentes del gobierno local remarcan a que la nacion recibieron “el apoyo de todos los sectores políticos y sociales, agrupaciones, concejales y de la Cámara Económica sanmartinense”, y que, “hacia dentro del peronismo, el apoyo fue público, incluso de quienes participaron de la interna en las elecciones”.
En la variada paleta del peronismo distrital (donde Moreira y
Katopodis aglutinan a kirchneristas, massistas, camporistas y al Movimiento Evita, entre otros sectores) hay inquietud, aunque las fuentes consultadas despegan al intendente del caso que se investiga en la Justicia Federal.
“Hay que separar la figura del intendente de todo esto. Moreira se está comprando un lío. Es un tipo austero, que está en política desde hace 40 años. Los contratos salieron del Concejo [por el del denunciante y unos doce más que se investigan desde el inicio]. El presidente es Diego Perrella”, afirma un dirigente de una de las tribus del peronismo en el distrito, que trae a colación el nombre de quien ya fue titular del Concejo entre 2011 y 2021, y regresó en 2023 al puesto. Anteriormente, fue jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social cuando el exintendente de Hurlingham Juan Zabaleta conducía esa cartera.
“Veo mucha preocupación, el tema pegó en la línea de flotación. Pero, para mí, Moreira se está comiendo un garrón. Él no haría semejante cosa. En el peronismo no hay rupturas, aunque algunos ya dicen que hay que buscar a otro”, describe una fuente kirchnerista del distrito.
Fórmula del poder local
Moreira y Katopodis son una dupla de poder que gobierna San Martín desde 2011. El actual intendente ganó una banca de concejal en 1997, desde la Alianza, y en 2007 volvió a ser elegido concejal, desde el Partido de la Victoria. En 2011, aliados al kirchnerismo, Moreira revalidó su lugar como concejal y Katopodis ganó su primer mandato como intendente.
En 2013, Moreira fue elegido senador provincial por la primera sección electoral por la boleta del partido de Sergio Massa, el Frente Renovador; en San Martín, ese año ganó una banca de concejala la esposa de Katopodis, Nancy Cappelloni.
Para su reelección en 2015, Katopodis tuvo al frente de su boleta de concejales a Marcela Ferri, la esposa de Moreira y actual secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del municipio. En 2017, Katopodis y Moreira se aliaron con el armado antikirchnerista de Florencio Randazzo y obtuvieron un concejal, Perrella, el actual titular del Concejo Deliberante.
En 2019, Katopodis ganó nuevamente como intendente, pero dejó el cargo para asumir como ministro de Obras Públicas nacional en el gobierno de Alberto Fernández. Moreira (por largo tiempo, su jefe de Gabinete) había sido el primer concejal en la lista y lo reemplazó. En 2023, con el 46,8% de los votos, Moreira retuvo la intendencia. Al igual que en 2021, la lista de concejales la encabezó Nancy Cappelloni.
“Moreira siempre fue el hombre detrás de Kato”, define un experimentado dirigente de San Martín. “El katopodismo son Katopodis, Cappelloni, Moreira y Ferri. Son ellos cuatro, pero la imagen y los votos son de Katopodis. Moreira fue siempre más un estratega”, considera un hombre de la oposición local.
Fernando Moreira
INTENDENTE DE SAN MARTÍN
es jefe comunal desde 2019, cuando reemplazó a Katopodis, su aliado político. en 2023, revalidó el cargo de intendente, con un triunfo con el 46,8%.
Gabriel Katopodis
MIN. DE INFRAESTRUCTURA (PBA)
es el líder político del oficialismo en san martín. en 2011 ganó su primer mandato como jefe comunal y en 2019, el tercero, que completó moreira.
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