Vouchers de salud: hay más municipios interesados
Ya funcionan en San Nicolás; consultaron desde Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
Fabiola Czubaj
Luego de la presentación oficial de su implementación en un distrito del norte de Buenos Aires, municipios de al menos otras tres provincias mostraron algún grado de interés o analizan la viabilidad local del sistema de vouchers de salud que figuraba entre las promesas de campaña de Javier Milei, según pudo conocer la nacion.
Con unas 5000 consultas cubiertas en un centro privado entre usuarios del sistema público sin obra social ni prepaga, el sistema funciona desde enero en San Nicolás de los Arroyos. Pero, por el momento, en cinco intendencias de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba que habrían conocido o iniciaron contacto para saber efectivamente cómo se traduce en la práctica hablan de implementación. De hecho, uno pidió ni siquiera ser mencionado ante la consulta de la nacion.
La noticia de que San Nicolás era el primer municipio en comenzar a instrumentar un seguro médico pavincial ra que, mediante un convenio con la intendencia de prestaciones básicas por fuera del sistema público, la población sin cobertura pudiera optar por atenderse en un centro privado la dio el martes pasado el Ministerio de Salud de la Nación. Ante la consulta, en ese momento se indicó que se trataba de una iniciativa municipal, que se puede replicar en otros partidos y que “se va a incentivar desde la Nación”, mientras “se evalúan los próximos pasos”. Aún no se pudieron obtener más precisiones de parte de la cartera a cargo de Mario Russo.
Varias son las diferencias de las realidades locales que señalaron desde los municipios como para definir su viabilidad a futuro: desde las características del sistema de salud, entre público y privado, en cada intendencia hasta el tamaño de la población.
En San Miguel, provincia de Buenos Aires, explicaron que estuvo entre los temas de intercambio entre ambas municipalidades, pero que ni se descarta ni se piensa aplicar en lo inmediato. “Son realidades distintas. En San Nicolás, hay muchos factores que se combinan para que pueda funcionar, y en San Miguel quizá no. En principio, no se está evaluando su aplicación”, ampliaron desde ese distrito del noroeste del Gran Buenos Aires.
Entre las diferencias, citaron que no cuentan con un hospital provincial, la población es cinco veces mayor y hay municipios vecinos también con alta densidad poblacional. “Sí –concedieron–, la idea de San Miguel es ir buscando estrategias que puedan generar sinergia [de lo] público-privado; incentivar la oferta de salud privada para descomprimir el sistema público, que está muy golpeado”.
Al día siguiente de que se difundiera el sistema de vouchers nicoleño o seguro médico municipal, el intendente de Jesús María, Córdoba, solicitó un contacto con su par del norte bonaerense. “Estoy interesado en profundizar de qué se trata para analizar si es factible replicarlo en Jesús María a futuro”, dijo Federico Zárate, en diálogo
“Me pareció muy interesante”, resumió.
En Jesús María funciona un hospital regional, al que también concurre la población de Colonia Caroya y otras localidades del norte provincial, además de cuatro sanatorios para un conglomerado de casi 100.000 habitantes con cobertura de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya. Cinco dispensarios o centros comunitarios distribuidos geográficamente completan las posibilidades de atención local.
“El 70% de la población se atiende en el sector privado, el 25% se atiende en los centros de atención primaria y el resto, en el hospital regional, además de consultorios de distintas especialidades”, describió Zárate. “Pero lo que estamos viendo es un aumento de la cantidad de gente que dejó de tener cobertura en Jesús María –agregó–. Era el 30% en 2021 y ahora es el 37%, por lo que esa demanda está empezando a correrse hacia el sistema público. Si bien aún no se ha notado, con estos números, en meses o los próximos años, va a repercutir en el sector público. Hay que analizar opciones para evitar que se saturen los servicios”.
Otros distrito
Otros municipios con los que hubo contacto son, según se indicó, Puerto General San Martín, en Santa Fe, y Gualeguaychú, en Entre Ríos. se comunicó con ambas la nacion intendencias, pero finalmente no lo confirmaron ni descartaron hasta el cierre de esta nota. En tanto, un municipio de la zona norte del conurbano bonaerense aclaró que el contacto con las autoridades de San Nicolás había existido, pero “por temas de gestión en general”, no específicamente de salud, y antes de la puesta en marcha de los vouchers, en enero pasado.
Hasta el momento, de acuerdo con los detalles provistos por las autoridades de San Nicolás, el cambio para “financiar la demanda en lugar de la oferta” en salud, como prometía La Libertad Avanza durante la campaña electoral, consiste en que la población sin cobertura y que hasta el momento se atendía solo en el sector público opte, si quiere, por atenderse en un centro privado que firmó un convenio con la municipalidad para cobrar por prestaciones. Para eso, los usuarios acceden por DNI –que pasa a ser el número de afiliado al Seguro Médico Municipal– a una credencial digital con un token, como tienen las obras sociales o las prepagas, que se utiliza en la clínica gestionada por un grupo privado para acceder al servicio igual que otras coberturas.
Por el momento, en San Nicolás hay un solo prestador privado que participa de este sistema, GO Sanatorio San Nicolás. Para definir los valores de cada prestación, la Secretaría de Salud del municipio no eligió el listado de aranceles que utiliza la provincia de Buenos Aires, sino el que aplica el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) de la vecina Santa Fe.
En consultas con centros privados de alta complejidad, considerados referentes en el país, sobre la viabilidad de este sistema en medio de la crisis estructural que continúa atravesando el sistema de salud argentino hubo coincidencia en que aún falta información sobre, por ejemplo, en qué consiste el convenio con el Estado municipal o pro–según sea el nivel de implementación– y cómo, o a través de qué mecanismo, se financia.
El principal problema del Estado como financiador de prestaciones señalado fue la continuidad en los pagos y los contratos, además de a quién termina trasladando el sector público los riesgos, incluidos los de inversión. La fragmentación del sistema de salud en el país es otro inconveniente mencionado. El tamaño de la población o las necesidades a atender, de acuerdo con el nivel de complejidad, fueron otras variables a considerar antes de poder opinar. “Puede funcionar, el tema es saber cómo”, planteó una especialista en administración hospitalaria que solicitó preservar su nombre porque aún no cuenta con suficiente información sobre los vouchers en salud.
intentó obtener más precisiones con la cartera sanitaria nacional, que había confirmado que incentivará la adopción del sistema en municipios y provincias. No fue posible hasta el cierre de esta nota.
Los riesgos del proceso
“Los municipios pueden llevarlo adelante y financiar la demanda de los pacientes que no tienen recursos ni cobertura”, dijo Eduardo Filgueira Lima, redactor de la reforma del sistema de salud que había adoptado LLA para su plataforma electoral el año pasado. “Sería un proceso, con instituciones que se sumen a lista de prestadores que adhieran al sistema y municipios que sean administradores de la caja de recursos”, continuó. Los detalles de la implementación deberían quedar en manos de cada jurisdicción.
Varios son, según respondió, los riesgos de ese proceso. “En primer lugar, la gente no debe quedar cautiva de un solo prestador o administrador de los recursos. Tiene que poder cambiar de uno u otro si así lo requiere. Ese debería ser el primer principio a seguir. La única excepción serían las localidades con un solo prestador, en lugares pequeños –indicó en diálogo . El diseño que habíamos trazado planteaba que la población reciba el voucher (un crédito que puede o no estar en una cuenta, que el beneficiario lleva al administrador que quiera o funcione como un pagaré), pero que esos recursos sean gestionados por diferentes administradores, sean obras sociales nacionales, provinciales o las municipalidades, si utilizan bien los recursos, para cubrir los servicios en los prestadores que se vayan incorporando al sistema. El secreto es que la gente tenga libertad”.
Planteó, además, que esta reforma implica que el Gobierno abra una negociación con las provincias por la coparticipación para ajustar los recursos. “Si la Nación no la afronta, el cambio no se va a dar nunca. Los programas nacionales son un subsidio a la oferta, desarrollan una burocracia enorme. Son transferencias a hospitales, municipios o provincias para que hagan algo que les está implícito hacer”, planteó Filgueira Lima. Todo ese dinero, proponía como referente de salud de LLA durante la campaña, “debería direccionarse para financiar la demanda” y de manera condicionada a indicadores.
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Mendoza impulsa una ley de mecenazgo para el ámbito universitario
DÉFICIT. La Universidad Juan Agustín Maza presentó la iniciativa para que el sector privado acompañe el desarrollo de los jóvenes
Pablo Mannino
Más de 40 empresas estuvieron en el evento
MENDOZA.– “Igualdad de oportunidades, con generosidad y solidaridad”. Bajo esa premisa, Mendoza se puso una ambiciosa meta en materia educativa en medio de la crisis que afecta al país: lograr una ley de mecenazgo en el ámbito universitario y de oficios. Ya se están dando los primeros pasos de fundraising en el sector privado, con el acompañamiento de la universidad pública y con un marcado interés de los empresarios, más allá de los beneficios impositivos que lograrían a futuro con la normativa. Hay una dura realidad que atender: más de la mitad de los chicos que quieren estudiar una carrera y no tienen recursos económicos se quedan sin poder acceder a ayuda.
“Explotó la demanda de becas y se necesita dar más respuestas”, coincidieron en diálogo con la nacion los principales actores del ámbito universitario mendocino durante la presentación del Programa de Desarrollo Institucional de la reconocida Universidad Juan Agustín Maza (Umaza), en Luján de Cuyo.
Más de 40 empresas –representadas por propietarios, CEO o gerentes– dijeron presente y vieron con buenos ojos esta iniciativa sin precedentes en Mendoza. Además, participaron autoridades del gobierno provincial y de instituciones, entre ellas, la vicegobernadora, Hebe Casado; la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y la senadora provincial Fernanda Sabadín (UCR), una de las impulsoras del proyecto de ley, que ingresará a la Legislatura una vez que se trabaje y consensúe con los referentes de la comunidad educativa.
Los datos son contundentes en cuanto a la demanda ciudadana universitaria. Según información a la que accedió la nacion, en los ámbitos universitarios públicos y privados de Mendoza no pudieron satisfacer entre el 55% y el 60% de los pedidos de becas, aun teniendo programas consolidados de asistencia al estudiantado. Por caso, actualmente el 58% de los alumnos de una de las casas de estudios superiores más prestigiosas del país, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), recibe ayuda en becas que provienen del sector privado.
En ese contexto, comenzó a elaborarse un plan entre universidad, Estado y empresas, con el desarrollo de un marco legal “equilibrado, justo y transparente”, para generar más y mejores condiciones de acceso para los chicos que quieren cursar estudios superiores o en oficios y no pueden. En este punto, para incentivar el apoyo de las empresas se pone sobre la mesa también una acción clave de atracción de “inversores”: escuchar y dar respuestas a los pedidos concretos de las firmas. Por ejemplo, en materia de investigación y desarrollo o en la necesidad de potenciar determinada carrera, lo que redundaría en beneficios para todos.
En diálogo el reconocido empresario bodeguero mendocino José Alberto Zuccardi se mostró entusiasmado. “Son pasos importantes, sobre todo porque se abren oportunidades para aquellos chicos que tienen dificultades de acceder a un estudio y a un trabajo de calidad. Nos parece interesante la convocatoria a las empresas para que demos a conocer lo que necesita el mercado y, en función de eso, generar opciones en estudio, carreras e investigación”, señaló a el dueño de uno de los establecimientos vitivinícolas más importantes de la Argentina.
Rubén David, CEO del Grupo Familia David, anfitrión del encuentro, destacó: “Desde las empresas tenemos que apoyar este programa que incentiva el desarrollo y crecimiento de jóvenes de nuestra comunidad para que puedan tener un oficio o un título que les permita trabajar”. Y agregó: “Tenemos empleados que necesitan finalizar sus estudios y la vinculación con la universidad nos facilitaría alcanzar estos objetivos”.
La necesidad de crecer
Así, el encuentro sirvió para dar el puntapié inicial en el sector y presentar el proyecto filantrópico de la Umaza, que apunta a buscar fondos para solventar diferentes programas educativos, entre ellos, las becas para estudiantes e inversiones para laboratorios de investigación. También se propone avanzar sobre el marco legal para que los benefactores puedan obtener contraprestaciones, transferencia de conocimiento y diferimientos impositivos, indicó Sabadín.
“Este un programa muy ambicioso, a través del cual buscamos colaboradores y aliados del sector empresarial y de la sociedad en general para desarrollar diferentes actividades en el marco de la educación superior”, expresó a la nacion Daniel Miranda, rector de la Umaza y coordinador en Cuyo del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, quien representa a una universidad pública de gestión privada, una asociación sin fines de lucro, dirigida por una asamblea y un consejo superior. “El único ingreso que tenemos son las cuotas de los estudiantes, que nos permiten mantenernos, pero no crecer”, apuntó.
En cuanto a las becas, el rector aclaró la realidad que tienen enfrente. “La Umaza este año entregó 410 becas, pero ello no alcanza ante el difícil contexto. Tuvimos un 57% más de solicitudes que en 2023. Por ello, a las becas ya existentes queremos sumar las becas nominadas, que serán patrocinadas por individuos, empresas o instituciones que deseen contribuir para que nuestros jóvenes puedan realizar estudios superiores”, explicó.
En el evento, la universidad dio a conocer los proyectos y las posibilidades a los que dirigir las colaboraciones, como la construcción de un laboratorio de investigación único en la región bajo la consigna One Health, avalado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), como también la posibilidad de nominar aulas y laboratorios en honor a benefactores, egresados distinguidos y figuras relevantes de la comunidad mendocina, o también financiar la mejora y el mantenimiento de infraestructura y logística de las instalaciones educativas.
En cuanto a la ley de mecenazgo, se puso el foco en que Mendoza no cuenta con una normativa que favorezca la ayuda del sector privado a este tipo de iniciativas educativas. Los empresarios también sugieren avanzar con el proyecto que otorgue un marco legal para propiciar que un porcentaje de los impuestos se dirija hacia estos fines, propuestas que están siendo recopiladas por Sabadín. Al mismo tiempo, es determinante que las instituciones beneficiadas se comprometan y garanticen la transparencia del gobierno universitario y la correspondiente rendición de cuentas, asegurando que las contribuciones sean utilizadas de manera eficiente y efectiva.
Por eso, la trazabilidad y la vigilancia de los aportes serán claves; esto es un exhaustivo seguimiento del uso de los fondos y del desempeño del alumnos. “Es importante el control de todo el proceso, para que no se produzca ningún tipo de avivada. Ya vemos interés de todos los actores y estamos de acuerdo en ayudar a alguien a poder tener un oficio o profesión; y apoyando a los privados a generar el desarrollo”, expresó la vicegobernadora
MENDOZA.– “Igualdad de oportunidades, con generosidad y solidaridad”. Bajo esa premisa, Mendoza se puso una ambiciosa meta en materia educativa en medio de la crisis que afecta al país: lograr una ley de mecenazgo en el ámbito universitario y de oficios. Ya se están dando los primeros pasos de fundraising en el sector privado, con el acompañamiento de la universidad pública y con un marcado interés de los empresarios, más allá de los beneficios impositivos que lograrían a futuro con la normativa. Hay una dura realidad que atender: más de la mitad de los chicos que quieren estudiar una carrera y no tienen recursos económicos se quedan sin poder acceder a ayuda.
“Explotó la demanda de becas y se necesita dar más respuestas”, coincidieron en diálogo con la nacion los principales actores del ámbito universitario mendocino durante la presentación del Programa de Desarrollo Institucional de la reconocida Universidad Juan Agustín Maza (Umaza), en Luján de Cuyo.
Más de 40 empresas –representadas por propietarios, CEO o gerentes– dijeron presente y vieron con buenos ojos esta iniciativa sin precedentes en Mendoza. Además, participaron autoridades del gobierno provincial y de instituciones, entre ellas, la vicegobernadora, Hebe Casado; la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y la senadora provincial Fernanda Sabadín (UCR), una de las impulsoras del proyecto de ley, que ingresará a la Legislatura una vez que se trabaje y consensúe con los referentes de la comunidad educativa.
Los datos son contundentes en cuanto a la demanda ciudadana universitaria. Según información a la que accedió la nacion, en los ámbitos universitarios públicos y privados de Mendoza no pudieron satisfacer entre el 55% y el 60% de los pedidos de becas, aun teniendo programas consolidados de asistencia al estudiantado. Por caso, actualmente el 58% de los alumnos de una de las casas de estudios superiores más prestigiosas del país, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), recibe ayuda en becas que provienen del sector privado.
En ese contexto, comenzó a elaborarse un plan entre universidad, Estado y empresas, con el desarrollo de un marco legal “equilibrado, justo y transparente”, para generar más y mejores condiciones de acceso para los chicos que quieren cursar estudios superiores o en oficios y no pueden. En este punto, para incentivar el apoyo de las empresas se pone sobre la mesa también una acción clave de atracción de “inversores”: escuchar y dar respuestas a los pedidos concretos de las firmas. Por ejemplo, en materia de investigación y desarrollo o en la necesidad de potenciar determinada carrera, lo que redundaría en beneficios para todos.
En diálogo el reconocido empresario bodeguero mendocino José Alberto Zuccardi se mostró entusiasmado. “Son pasos importantes, sobre todo porque se abren oportunidades para aquellos chicos que tienen dificultades de acceder a un estudio y a un trabajo de calidad. Nos parece interesante la convocatoria a las empresas para que demos a conocer lo que necesita el mercado y, en función de eso, generar opciones en estudio, carreras e investigación”, señaló a el dueño de uno de los establecimientos vitivinícolas más importantes de la Argentina.
Rubén David, CEO del Grupo Familia David, anfitrión del encuentro, destacó: “Desde las empresas tenemos que apoyar este programa que incentiva el desarrollo y crecimiento de jóvenes de nuestra comunidad para que puedan tener un oficio o un título que les permita trabajar”. Y agregó: “Tenemos empleados que necesitan finalizar sus estudios y la vinculación con la universidad nos facilitaría alcanzar estos objetivos”.
La necesidad de crecer
Así, el encuentro sirvió para dar el puntapié inicial en el sector y presentar el proyecto filantrópico de la Umaza, que apunta a buscar fondos para solventar diferentes programas educativos, entre ellos, las becas para estudiantes e inversiones para laboratorios de investigación. También se propone avanzar sobre el marco legal para que los benefactores puedan obtener contraprestaciones, transferencia de conocimiento y diferimientos impositivos, indicó Sabadín.
“Este un programa muy ambicioso, a través del cual buscamos colaboradores y aliados del sector empresarial y de la sociedad en general para desarrollar diferentes actividades en el marco de la educación superior”, expresó a la nacion Daniel Miranda, rector de la Umaza y coordinador en Cuyo del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, quien representa a una universidad pública de gestión privada, una asociación sin fines de lucro, dirigida por una asamblea y un consejo superior. “El único ingreso que tenemos son las cuotas de los estudiantes, que nos permiten mantenernos, pero no crecer”, apuntó.
En cuanto a las becas, el rector aclaró la realidad que tienen enfrente. “La Umaza este año entregó 410 becas, pero ello no alcanza ante el difícil contexto. Tuvimos un 57% más de solicitudes que en 2023. Por ello, a las becas ya existentes queremos sumar las becas nominadas, que serán patrocinadas por individuos, empresas o instituciones que deseen contribuir para que nuestros jóvenes puedan realizar estudios superiores”, explicó.
En el evento, la universidad dio a conocer los proyectos y las posibilidades a los que dirigir las colaboraciones, como la construcción de un laboratorio de investigación único en la región bajo la consigna One Health, avalado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), como también la posibilidad de nominar aulas y laboratorios en honor a benefactores, egresados distinguidos y figuras relevantes de la comunidad mendocina, o también financiar la mejora y el mantenimiento de infraestructura y logística de las instalaciones educativas.
En cuanto a la ley de mecenazgo, se puso el foco en que Mendoza no cuenta con una normativa que favorezca la ayuda del sector privado a este tipo de iniciativas educativas. Los empresarios también sugieren avanzar con el proyecto que otorgue un marco legal para propiciar que un porcentaje de los impuestos se dirija hacia estos fines, propuestas que están siendo recopiladas por Sabadín. Al mismo tiempo, es determinante que las instituciones beneficiadas se comprometan y garanticen la transparencia del gobierno universitario y la correspondiente rendición de cuentas, asegurando que las contribuciones sean utilizadas de manera eficiente y efectiva.
Por eso, la trazabilidad y la vigilancia de los aportes serán claves; esto es un exhaustivo seguimiento del uso de los fondos y del desempeño del alumnos. “Es importante el control de todo el proceso, para que no se produzca ningún tipo de avivada. Ya vemos interés de todos los actores y estamos de acuerdo en ayudar a alguien a poder tener un oficio o profesión; y apoyando a los privados a generar el desarrollo”, expresó la vicegobernadora
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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