La democracia argentina atraviesa un momento muy difícil
Los populistas de derecha o de izquierda, amparados por el respaldo mayoritario recibido inicialmente, buscan socavar el esquema constitucional de controles, descalificando cualquier crítica como “golpista”
Roberto Gargarella
La Argentina atraviesa un momento muy difícil en términos democráticos, como ocurre en tantos otros países, gobernados por (así llamados) “populistas”, de derecha o de izquierda. Amparados por el respaldo mayoritario recibido inicialmente, tales presidentes se dedican a gobernar a su antojo y buscan socavar el esquema constitucional de controles, descalificando cualquier crítica a su accionar como “golpista”. Se trata de males bien conocidos en nuestro país, donde, durante una década, el kirchnerismo se defendió de muchos de sus críticos atacándolos como “destituyentes”. El resultado es idéntico: tenemos que mantenernos en silencio frente a cualquier ocurrencia del poderoso de turno, a riesgo de ser acusados de antidemocráticos. Una extorsión atroz.
En todo caso, ninguna respuesta a los problemas que enfrentamos va a resultar exitosa si previamente no clarificamos la discusión conceptual que allí subyace: la discusión sobre la democracia. A tales efectos, en lo que sigue, voy a presentar algunas breves reflexiones sobre el modo en que, en la Argentina, hemos estado articulando nuestras discusiones sobre la democracia con nuestros debates políticos. Lo haré teniendo en mente las notas básicas que define la Constitución sobre democracia: un sistema estricto de controles, protagonismo del Congreso, rechazo al hiperpresidencialismo y compromiso con modos diversos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.
Algunas referencias al gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983. Entonces, y junto con muchos otros teóricos del derecho y cientistas políticos, Carlos Nino propuso pensar la democracia en términos ideales para, desde allí, someter a crítica los arreglos y prácticas institucionales existentes. De modo decisivo, Nino sostuvo que las normas públicas se justificaban solo si, y en la medida en que, ellas fueran el producto de una discusión amplia e incluyente –habló entonces de una idea deliberativa de la democracia–. Esta idea, que parece una mera abstracción, sirvió para dotar de sentido a varios de los proyectos más importantes de la transición democrática. Por ejemplo, ese ideal democrático sirvió para invalidar la ley de “autoamnistía” que los militares habían escrito antes de dejar el poder y para favorecerse a sí mismos. El gobierno de Alfonsín, siguiendo los consejos de juristas como Nino, derogó la “autoamnistía” militar, sosteniendo que, en ausencia completa de debate público y participación ciudadana (los partidos estaban entonces proscriptos, las periodistas eran perseguidos, etc.), esas normas eran directamente “inválidas”: su grado de “contenido democrático” era igual a cero. Los ideales abstractos, a veces, resultan cruciales para actuar en democracia.
Tiempo después, durante los años 90, Guillermo O’Donnell describió el modo altamente imperfecto en que se encontraban funcionando las democracias en países como el nuestro. Habló entonces de una concepción delegativa de la democracia, a la que caracterizó con una idea fundamental. O’Donnell sostuvo entonces que en las democracias delegativas quien “gana una elección presidencial” asume que “está autorizado a gobernar el país como le parezca conveniente... El presidente es la encarnación de la nación, el principal fiador del interés nacional, lo cual cabe a él definir... Típicamente, los candidatos presidenciales victoriosos se presentan como estando por encima de todo, esto es, de los partidos políticos y de los intereses organizados”. La importante definición de O’Donnell pudo servir para entender mejor –y a partir de allí criticar– democracias de poder concentrado, como la que condujo Carlos Menem. Esa definición nos sigue sirviendo en la actualidad para describir y criticar a gobiernos “populistas”, como el que hoy tenemos (un gobierno que se reivindica como continuación del de Menem). Por lo demás, la descripción de la democracia que propuso O’Donnell era por completo afín a la lectura abstracta ofrecida por Nino, un autor con quien O’Donnell conversaba al respecto.
Durante los tiempos siguientes –la década kirchnerista– muchos disputamos, también, la idea de democracia que parecía dominante. Todos recordamos de qué forma, más de una vez, alguno de los dos integrantes del matrimonio presidencial buscó defenderse de sus críticos proponiendo una concepción limitada –más bien vacía– de la democracia. Los Kirchner nos decían: “Si no les gusta lo que hacemos, armen su propio partido político, y gánennos las próximas elecciones”. Entonces, muchos argumentamos contra ellos que la democracia era otra cosa y que de ninguna manera merecía ser reducida a las elecciones. No se trataba, como ellos proponían, de una serie de eventos electorales que se sucedían cada cuatro años, sino, fundamentalmente, de “lo que ocurría en el medio, entre elección y elección”. Reconociendo que la democracia tenía que ver con nuestras disputas de todos los días, lo que debíamos hacer era manifestarnos sobre el gobierno (a favor o en contra), tanto como fuera necesario, para obligarlo a tomar en serio las demandas y necesidades de la ciudadanía. Caractericé esa lectura de la democracia como conversacional o dialógica, aclarando que ese diálogo incluía no solo “palabras” y “escritos”, sino también enojosas protestas en las calles.
En la actualidad, durante el gobierno de Javier Milei, la discusión sobre la democracia vuelve a ganar fuerza. Como Menem, Milei pretende gobernar por las suyas, con un completo desdén por las instituciones (como la Corte Suprema) y de espaldas a las promesas que anunció antes de ser elegido (el gobierno del pueblo contra la “casta” se nutre de la “casta” para imponer un “ajuste sin precedente en la historia” sobre el pueblo). Como los Kirchner, el Presidente considera enemigos a sus críticos y descubre conspiraciones en cualquier objeción que recibe. Más: Milei es denunciado por usar fondos públicos para giras privadas, rompe relaciones diplomáticas como si el país fuera suyo y despliega su cotidiano odio como si fuera el nuestro. Nos avergüenza en público humillando a líderes prominentes y ciudadanos de a pie. Dice vivir en “un país de zurdos” e insulta con groserías diarias a esos “socialistas” que, según él, somos todos nosotros. El punto es: nadie lo ha autorizado a nada de eso; él no tiene ningún derecho a hacer lo que hace con impunidad y a su antojo. Nuestra república democrática no constituye un reinado, no admite privilegios, no reconoce prerrogativas ni fueros personales. No vivimos en una democracia “delegativa”, en donde el mandatario puede hacer lo que quiere y actuar como se le antoje. Nuestra democracia constitucional, por lo demás, está íntimamente comprometida con la “justicia social” que él repudia (el art. 75, inc. 19 pide proveer al “progreso económico con justicia social”); obliga a que el presidente se someta a controles, y le ordena (aunque a él no le importe) que pida permiso al Congreso antes de salir del país (art. 99, inc. 18); define que las leyes sean exclusivo producto del Congreso, y considera nulas “de nulidad absoluta e insanable” las normas legislativas que emita el Ejecutivo (art. 99, inc. 3). Más: nuestra Constitución consagra una forma “deliberativa” (arts. 78, 83, 100, inc. 9, 106) y favorable a la participación popular en el proceso de toma de decisiones (arts. 37, 39, 40). Aunque no lo quiera entender, aunque nos cueste hacérselo entender, el Presidente no puede actuar como un niño caprichoso: nuestra democracia es otra cosa, y nuestra Constitución le exige que se comporte de otro modo.
Lo que debíamos hacer era manifestarnos sobre el gobierno tanto como fuera necesario para obligarlo a tomar en serio las demandas y necesidades de la ciudadanía
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Santa Cruz: se robaban hasta el agua
El actual gobernador santacruceño reconoció graves irregularidades en la empresa encargada del suministro de ese vital elemento en Caleta Olivia
La provincia de Santa Cruz, cuna de los peores males que azotaron a este país, vuelve a ser el centro de las miradas. El sindicalista petrolero Claudio Vidal puso fin a 32 años de dominio kirchnerista al ganar la gobernación el año último, tras haber sido él mismo aliado estratégico de dicha fuerza hasta julio de 2021.
La localidad patagónica de Caleta Olivia, cercana al límite con Chubut, es la segunda más poblada detrás de Río Gallegos. Desde el descubrimiento de petróleo en la región en 1944, su movimiento comercial y petrolífero la hermana con Comodoro Rivadavia, con la que comparte su condición de manantial de oro negro. Pero donde sobra el petróleo y el azul intenso del océano es una invitación, falta históricamente el agua potable. “Acá hubo negocios con el agua toda la vida”, declaró el gobernador Vidal.
La primera planta de ósmosis inversa para desalinizar el agua de mar para abastecimiento de los habitantes de la ciudad se inauguró en 2015. Sin avisar, Vidal se hizo presente en los cargaderos de agua de Caleta Olivia y encontró en tres escuelas las válvulas de agua estranguladas. Denunció estas irregularidades públicamente y pidió la renuncia de altos funcionarios de la empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Afirmó que existen fundadas sospechas de que se buscó afectar el normal suministro de agua en la ciudad con el fin de cargarla en camiones para su posterior venta particular. “Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales”, denunció, fogoneando un escándalo político que involucra a su antecesora en el cargo, Alicia Kirchner.
Las maniobras de boicot tendrían varios años de antigüedad, como surge de informes del Tribunal de Cuentas difundidos ya en 2019, con detalle de pagos documentados por contrataciones directas. “Acá hubo negocios con el agua toda la vida. Basta de tapar las cosas. La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción”, declaró el gobernador, quien ordenó a los funcionarios en cuestión que hicieran la correspondiente denuncia.
El gerente de SPSE zona norte, Alejandro Mamani, máximo responsable de conducir desde hace seis meses la empresa en Caleta, sigue en funciones aun cuando es el personal a su cargo el acusado de las maniobras. Si la intención es terminar con la matriz de corrupción instalada en torno de la provisión de agua, se debería garantizar que no se proponga simplemente un pase de manos.
El mandatario ordenó a la policía regional el control total y la custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los trabajadores de la empresa. Asimismo, pidió un estudio de las inversiones para mejorar el servicio.
Los funcionarios tienen la potestad de denunciar cualquier irregularidad en sus áreas. El gobernador Vidal, en seis meses de gestión, ha promovido más denuncias que el kirchnerismo en tres décadas. No es algo menor considerando que en Santa Cruz nunca había ocurrido que un funcionario se presentase a denunciar corrupción en su propio ámbito, pero cuando los funcionarios fueron a hacer la denuncia en Caleta Olivia se encontraron con que no había fiscal.
Quienes han jugado por años con las necesidades de los caletenses deben ser penalizados. Si realmente el viento santacruceño ha cambiado de dirección, se deberá avanzar con las investigaciones que limpien a la provincia de tanta corrupción enquistada por años.
“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”, declaró el gobernador Vidal
Si el viento santacruceño ha cambiado de dirección, se deberá avanzar con las investigaciones que limpien a la provincia de tanta corrupción
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Problemas del arte universal
Dos episodios vinculados con trascendentes obras del arte universal reclamaron la atención mundial. Una de ellas es el busto de Nefertiti, del siglo XIV a. C., encontrado en Amarna, Egipto, en 1912 y que desde hace un siglo es exhibido en Berlín. La otra es el Atleta de Fano, un bronce griego quizás realizado por el escultor Lisipo, artista personal de Alejandro el Grande, entre los siglos III y II a. C. y encontrado en 1964 en el mar frente a la pequeña ciudad italiana de la que ahora toma su nombre.
Ambas piezas comparten ciertas características. Quizás la más relevante sea la de ser notables ejemplos de la capacidad artística y creativa de quienes las concibieron. Otra es su casi perfecto estado de conservación. Una tercera, entre otras posibles, es el grado de conocimiento que nos permiten alcanzar acerca de culturas desaparecidas.
Cada una de ellas es ejemplo paradigmático de la cooperación cultural –o de la falta de ella– entre sus países de origen y donde hoy se las exhibe.
El busto de Nefertiti fue hallado por una expedición alemana, que contó con las necesarias autorizaciones del gobierno egipcio. Una vez culminada su tarea, en 1913, un funcionario gubernamental de ese país estableció qué piezas permanecerían allí y cuáles podían ser transportadas a Alemania para quedar en manos de James Simon, el filántropo alemán que financió la expedición. Este terminó donando las suyas a las autoridades de su país. Gracias a la sensatez de estas conductas, Nefertiti celebra en estos días el centenario de su pacífica exhibición en el Neues Museum de Berlín.
La historia del Atleta es casi la contracara de la anterior. La escultura fue extraída del fondo del mar Adriático por pescadores italianos, que la vendieron en el mercado negro a quienes luego la exportaron ilegalmente de Italia. El J. Paul Getty Museum de Malibu la adquirió en 1977 por varios millones de dólares. El gobierno italiano recurrió a todos los recursos diplomáticos y judiciales para que le fuera restituida.
El último episodio fue una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos a raíz de una apelación contra una decisión de la Justicia italiana de 2018 planteada por el museo estadounidense entendiendo que la restitución de la obra al gobierno italiano constituiría una violación de sus derechos de propiedad. La Corte Europea sostuvo que no solo no existía tal violación, sino que el museo había sido negligente, en el mejor de los casos, al haber adquirido una obra de arte de semejante importancia sin haber agotado una investigación razonable acerca de su procedencia.
Estos hechos muestran la necesidad imperiosa de que cada país cuente con una política cultural atinada y sensata, que debe tener en cuenta la necesidad de que exista un mercado transparente, de fronteras claras y precisas, donde coleccionistas y comerciantes puedan negociar libremente las piezas obtenidas legítimamente. Monopolizar la posesión de las obras de arte que integran el patrimonio cultural de un país en manos de sus respectivas autoridades –como pretenden gobiernos como los de China, Turquía y Marruecos– mediante la modificación de la Convención de la Unesco de 1970 sobre bienes culturales puede ser una herramienta eficaz para cancelar las expresiones artísticas de ciertas minorías culturales.
La Argentina atraviesa un momento muy difícil en términos democráticos, como ocurre en tantos otros países, gobernados por (así llamados) “populistas”, de derecha o de izquierda. Amparados por el respaldo mayoritario recibido inicialmente, tales presidentes se dedican a gobernar a su antojo y buscan socavar el esquema constitucional de controles, descalificando cualquier crítica a su accionar como “golpista”. Se trata de males bien conocidos en nuestro país, donde, durante una década, el kirchnerismo se defendió de muchos de sus críticos atacándolos como “destituyentes”. El resultado es idéntico: tenemos que mantenernos en silencio frente a cualquier ocurrencia del poderoso de turno, a riesgo de ser acusados de antidemocráticos. Una extorsión atroz.
En todo caso, ninguna respuesta a los problemas que enfrentamos va a resultar exitosa si previamente no clarificamos la discusión conceptual que allí subyace: la discusión sobre la democracia. A tales efectos, en lo que sigue, voy a presentar algunas breves reflexiones sobre el modo en que, en la Argentina, hemos estado articulando nuestras discusiones sobre la democracia con nuestros debates políticos. Lo haré teniendo en mente las notas básicas que define la Constitución sobre democracia: un sistema estricto de controles, protagonismo del Congreso, rechazo al hiperpresidencialismo y compromiso con modos diversos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.
Algunas referencias al gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983. Entonces, y junto con muchos otros teóricos del derecho y cientistas políticos, Carlos Nino propuso pensar la democracia en términos ideales para, desde allí, someter a crítica los arreglos y prácticas institucionales existentes. De modo decisivo, Nino sostuvo que las normas públicas se justificaban solo si, y en la medida en que, ellas fueran el producto de una discusión amplia e incluyente –habló entonces de una idea deliberativa de la democracia–. Esta idea, que parece una mera abstracción, sirvió para dotar de sentido a varios de los proyectos más importantes de la transición democrática. Por ejemplo, ese ideal democrático sirvió para invalidar la ley de “autoamnistía” que los militares habían escrito antes de dejar el poder y para favorecerse a sí mismos. El gobierno de Alfonsín, siguiendo los consejos de juristas como Nino, derogó la “autoamnistía” militar, sosteniendo que, en ausencia completa de debate público y participación ciudadana (los partidos estaban entonces proscriptos, las periodistas eran perseguidos, etc.), esas normas eran directamente “inválidas”: su grado de “contenido democrático” era igual a cero. Los ideales abstractos, a veces, resultan cruciales para actuar en democracia.
Tiempo después, durante los años 90, Guillermo O’Donnell describió el modo altamente imperfecto en que se encontraban funcionando las democracias en países como el nuestro. Habló entonces de una concepción delegativa de la democracia, a la que caracterizó con una idea fundamental. O’Donnell sostuvo entonces que en las democracias delegativas quien “gana una elección presidencial” asume que “está autorizado a gobernar el país como le parezca conveniente... El presidente es la encarnación de la nación, el principal fiador del interés nacional, lo cual cabe a él definir... Típicamente, los candidatos presidenciales victoriosos se presentan como estando por encima de todo, esto es, de los partidos políticos y de los intereses organizados”. La importante definición de O’Donnell pudo servir para entender mejor –y a partir de allí criticar– democracias de poder concentrado, como la que condujo Carlos Menem. Esa definición nos sigue sirviendo en la actualidad para describir y criticar a gobiernos “populistas”, como el que hoy tenemos (un gobierno que se reivindica como continuación del de Menem). Por lo demás, la descripción de la democracia que propuso O’Donnell era por completo afín a la lectura abstracta ofrecida por Nino, un autor con quien O’Donnell conversaba al respecto.
Durante los tiempos siguientes –la década kirchnerista– muchos disputamos, también, la idea de democracia que parecía dominante. Todos recordamos de qué forma, más de una vez, alguno de los dos integrantes del matrimonio presidencial buscó defenderse de sus críticos proponiendo una concepción limitada –más bien vacía– de la democracia. Los Kirchner nos decían: “Si no les gusta lo que hacemos, armen su propio partido político, y gánennos las próximas elecciones”. Entonces, muchos argumentamos contra ellos que la democracia era otra cosa y que de ninguna manera merecía ser reducida a las elecciones. No se trataba, como ellos proponían, de una serie de eventos electorales que se sucedían cada cuatro años, sino, fundamentalmente, de “lo que ocurría en el medio, entre elección y elección”. Reconociendo que la democracia tenía que ver con nuestras disputas de todos los días, lo que debíamos hacer era manifestarnos sobre el gobierno (a favor o en contra), tanto como fuera necesario, para obligarlo a tomar en serio las demandas y necesidades de la ciudadanía. Caractericé esa lectura de la democracia como conversacional o dialógica, aclarando que ese diálogo incluía no solo “palabras” y “escritos”, sino también enojosas protestas en las calles.
En la actualidad, durante el gobierno de Javier Milei, la discusión sobre la democracia vuelve a ganar fuerza. Como Menem, Milei pretende gobernar por las suyas, con un completo desdén por las instituciones (como la Corte Suprema) y de espaldas a las promesas que anunció antes de ser elegido (el gobierno del pueblo contra la “casta” se nutre de la “casta” para imponer un “ajuste sin precedente en la historia” sobre el pueblo). Como los Kirchner, el Presidente considera enemigos a sus críticos y descubre conspiraciones en cualquier objeción que recibe. Más: Milei es denunciado por usar fondos públicos para giras privadas, rompe relaciones diplomáticas como si el país fuera suyo y despliega su cotidiano odio como si fuera el nuestro. Nos avergüenza en público humillando a líderes prominentes y ciudadanos de a pie. Dice vivir en “un país de zurdos” e insulta con groserías diarias a esos “socialistas” que, según él, somos todos nosotros. El punto es: nadie lo ha autorizado a nada de eso; él no tiene ningún derecho a hacer lo que hace con impunidad y a su antojo. Nuestra república democrática no constituye un reinado, no admite privilegios, no reconoce prerrogativas ni fueros personales. No vivimos en una democracia “delegativa”, en donde el mandatario puede hacer lo que quiere y actuar como se le antoje. Nuestra democracia constitucional, por lo demás, está íntimamente comprometida con la “justicia social” que él repudia (el art. 75, inc. 19 pide proveer al “progreso económico con justicia social”); obliga a que el presidente se someta a controles, y le ordena (aunque a él no le importe) que pida permiso al Congreso antes de salir del país (art. 99, inc. 18); define que las leyes sean exclusivo producto del Congreso, y considera nulas “de nulidad absoluta e insanable” las normas legislativas que emita el Ejecutivo (art. 99, inc. 3). Más: nuestra Constitución consagra una forma “deliberativa” (arts. 78, 83, 100, inc. 9, 106) y favorable a la participación popular en el proceso de toma de decisiones (arts. 37, 39, 40). Aunque no lo quiera entender, aunque nos cueste hacérselo entender, el Presidente no puede actuar como un niño caprichoso: nuestra democracia es otra cosa, y nuestra Constitución le exige que se comporte de otro modo.
Lo que debíamos hacer era manifestarnos sobre el gobierno tanto como fuera necesario para obligarlo a tomar en serio las demandas y necesidades de la ciudadanía
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Santa Cruz: se robaban hasta el agua
El actual gobernador santacruceño reconoció graves irregularidades en la empresa encargada del suministro de ese vital elemento en Caleta Olivia
La provincia de Santa Cruz, cuna de los peores males que azotaron a este país, vuelve a ser el centro de las miradas. El sindicalista petrolero Claudio Vidal puso fin a 32 años de dominio kirchnerista al ganar la gobernación el año último, tras haber sido él mismo aliado estratégico de dicha fuerza hasta julio de 2021.
La localidad patagónica de Caleta Olivia, cercana al límite con Chubut, es la segunda más poblada detrás de Río Gallegos. Desde el descubrimiento de petróleo en la región en 1944, su movimiento comercial y petrolífero la hermana con Comodoro Rivadavia, con la que comparte su condición de manantial de oro negro. Pero donde sobra el petróleo y el azul intenso del océano es una invitación, falta históricamente el agua potable. “Acá hubo negocios con el agua toda la vida”, declaró el gobernador Vidal.
La primera planta de ósmosis inversa para desalinizar el agua de mar para abastecimiento de los habitantes de la ciudad se inauguró en 2015. Sin avisar, Vidal se hizo presente en los cargaderos de agua de Caleta Olivia y encontró en tres escuelas las válvulas de agua estranguladas. Denunció estas irregularidades públicamente y pidió la renuncia de altos funcionarios de la empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Afirmó que existen fundadas sospechas de que se buscó afectar el normal suministro de agua en la ciudad con el fin de cargarla en camiones para su posterior venta particular. “Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales”, denunció, fogoneando un escándalo político que involucra a su antecesora en el cargo, Alicia Kirchner.
Las maniobras de boicot tendrían varios años de antigüedad, como surge de informes del Tribunal de Cuentas difundidos ya en 2019, con detalle de pagos documentados por contrataciones directas. “Acá hubo negocios con el agua toda la vida. Basta de tapar las cosas. La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción”, declaró el gobernador, quien ordenó a los funcionarios en cuestión que hicieran la correspondiente denuncia.
El gerente de SPSE zona norte, Alejandro Mamani, máximo responsable de conducir desde hace seis meses la empresa en Caleta, sigue en funciones aun cuando es el personal a su cargo el acusado de las maniobras. Si la intención es terminar con la matriz de corrupción instalada en torno de la provisión de agua, se debería garantizar que no se proponga simplemente un pase de manos.
El mandatario ordenó a la policía regional el control total y la custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los trabajadores de la empresa. Asimismo, pidió un estudio de las inversiones para mejorar el servicio.
Los funcionarios tienen la potestad de denunciar cualquier irregularidad en sus áreas. El gobernador Vidal, en seis meses de gestión, ha promovido más denuncias que el kirchnerismo en tres décadas. No es algo menor considerando que en Santa Cruz nunca había ocurrido que un funcionario se presentase a denunciar corrupción en su propio ámbito, pero cuando los funcionarios fueron a hacer la denuncia en Caleta Olivia se encontraron con que no había fiscal.
Quienes han jugado por años con las necesidades de los caletenses deben ser penalizados. Si realmente el viento santacruceño ha cambiado de dirección, se deberá avanzar con las investigaciones que limpien a la provincia de tanta corrupción enquistada por años.
“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”, declaró el gobernador Vidal
Si el viento santacruceño ha cambiado de dirección, se deberá avanzar con las investigaciones que limpien a la provincia de tanta corrupción
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Problemas del arte universal
Dos episodios vinculados con trascendentes obras del arte universal reclamaron la atención mundial. Una de ellas es el busto de Nefertiti, del siglo XIV a. C., encontrado en Amarna, Egipto, en 1912 y que desde hace un siglo es exhibido en Berlín. La otra es el Atleta de Fano, un bronce griego quizás realizado por el escultor Lisipo, artista personal de Alejandro el Grande, entre los siglos III y II a. C. y encontrado en 1964 en el mar frente a la pequeña ciudad italiana de la que ahora toma su nombre.
Ambas piezas comparten ciertas características. Quizás la más relevante sea la de ser notables ejemplos de la capacidad artística y creativa de quienes las concibieron. Otra es su casi perfecto estado de conservación. Una tercera, entre otras posibles, es el grado de conocimiento que nos permiten alcanzar acerca de culturas desaparecidas.
Cada una de ellas es ejemplo paradigmático de la cooperación cultural –o de la falta de ella– entre sus países de origen y donde hoy se las exhibe.
El busto de Nefertiti fue hallado por una expedición alemana, que contó con las necesarias autorizaciones del gobierno egipcio. Una vez culminada su tarea, en 1913, un funcionario gubernamental de ese país estableció qué piezas permanecerían allí y cuáles podían ser transportadas a Alemania para quedar en manos de James Simon, el filántropo alemán que financió la expedición. Este terminó donando las suyas a las autoridades de su país. Gracias a la sensatez de estas conductas, Nefertiti celebra en estos días el centenario de su pacífica exhibición en el Neues Museum de Berlín.
La historia del Atleta es casi la contracara de la anterior. La escultura fue extraída del fondo del mar Adriático por pescadores italianos, que la vendieron en el mercado negro a quienes luego la exportaron ilegalmente de Italia. El J. Paul Getty Museum de Malibu la adquirió en 1977 por varios millones de dólares. El gobierno italiano recurrió a todos los recursos diplomáticos y judiciales para que le fuera restituida.
El último episodio fue una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos a raíz de una apelación contra una decisión de la Justicia italiana de 2018 planteada por el museo estadounidense entendiendo que la restitución de la obra al gobierno italiano constituiría una violación de sus derechos de propiedad. La Corte Europea sostuvo que no solo no existía tal violación, sino que el museo había sido negligente, en el mejor de los casos, al haber adquirido una obra de arte de semejante importancia sin haber agotado una investigación razonable acerca de su procedencia.
Estos hechos muestran la necesidad imperiosa de que cada país cuente con una política cultural atinada y sensata, que debe tener en cuenta la necesidad de que exista un mercado transparente, de fronteras claras y precisas, donde coleccionistas y comerciantes puedan negociar libremente las piezas obtenidas legítimamente. Monopolizar la posesión de las obras de arte que integran el patrimonio cultural de un país en manos de sus respectivas autoridades –como pretenden gobiernos como los de China, Turquía y Marruecos– mediante la modificación de la Convención de la Unesco de 1970 sobre bienes culturales puede ser una herramienta eficaz para cancelar las expresiones artísticas de ciertas minorías culturales.
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