LAS PALABRAS Y EDITORIALES

Mordiscos y rugidos en el zoo de la política
Graciela Guadalupe
Era una audiencia judicial por el conflicto de los alimentos en poder del Gobierno, pero se transformó en una pelea de depredadores del lenguaje y de las formas. “Kuka ladrona”, le gritó Juan Grabois a Leila Gianni, del Ministerio de Capital Humano, en la Cámara Federal, donde se debatió el destino del grueso de la comida que la gente con hambre y sin recursos ve solo por TV. “Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera”, le gritó el abogado cercanoalkukismo–siguiendo su alegoría– a la abogada cuya piel y vestimenta parecen un compendio de historia argentina. También le dijo “cerdo” a un colaborador de Gianni.
“Al pingüino se lo comió el león, tarado. Dejá de extorsionar gente mandándola a los actos por una bolsa de comida”, le respondió la letrada borocotista (militó en el Frente de Todos, en Cambiemos, para Massa y ahora es funcionaria de Milei).
Más allá de la comida, que parece que no se venció, y de todas las cosas que sí se vencieron antes cuando arreciaba un raro tipo de ceguera selectiva, es llamativo cómo se sigue apelando a animales para calificar en política. Claro está que no siempre se invoca a esos nobles amigos para denostar. Decirle pingüino a Néstor por su procedencia patagónica, a quien también llamaban lupo (lobo, en italiano), le resultaba simpático. No le debe haber caído igual a la arquitecta egipcia que, por extensión, la llamaran lupina.
Ya se sabe que Milei ruge de alegría cuando lo llaman león y que el propio Macri usó alguna vez el mote de gato a la hora de rasguñarle las heridas a algún contendiente en desgracia. Pero fue muy injusto llamar tortuga a Illia y todavía está por verse cuán tigre fue Massa y cuán leona María Eugenia Vidal.
En la escala zoológica de nuestra historia política están, entre otros, el peludo Yrigoyen; el sapo Rivadavia; el bisonte Alende; la lechuza Uriburu; el perro Santillán; la morsa Aníbal Fernández (mote que también portaba Onganía); el bulldog López Murphy; el mono Farrell; el zorro Roca; el chingolo Avellaneda, y Juárez Celman, el burrito cordobés. Todos ellos sumados a los gorilas, halcones y palomas de todas las épocas.
Si hasta hoy no hubo quejas de las asociaciones defensoras delosderechosdelanimal,que podrían haber puesto el grito en el cielo porque muchos dirigentes degradan la nobleza de esos bichos, debe ser por lo que sostenía el querido profesor Julio Mafud: “Los motes, la viveza y la cachada son la creación más peculiar del arte popular argentino”.
“Al pingüino se lo comió el león”
(De Leila Gianni, funcionaria del gobierno nacional)

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Medio siglo de irritantes privilegios
La propensión a las prerrogativas reaparece cuando los gobiernos pierden el rumbo y se facilita la apropiación de lo público: el peor agravio al principio de igualdad republicana
El tránsito de una monarquía a una república es siempre un desafío, pues el poder embriaga y quienes lo ostentan no quieren bajarse de su pedestal. Recordemos el decreto de supresión de honores que dispuso la Primera Junta de Gobierno el 10 de diciembre de 1810, a instancias de Mariano Moreno y en repudio a un brindis dedicado a la esposa de Cornelio Saavedra cuando se llamó a este “primer rey y emperador de América”. En su artículo 4° el decreto decía: “Ni el Presidente ni algún otro individuo de la Junta revestirán carácter público ni tendrán comitivas, escoltas o aparato que los distinga de los demás ciudadanos”.
La Asamblea del año XIII reafirmó esa tradición republicana al disponer “la supresión de los títulos y signos de nobleza y la eliminación de los mayorazgos”, entre otras medidas de índole social, como la libertad de vientres. Finalmente, la Constitución nacional de 1853 establece, en su artículo 16°, un principio que los argentinos tenemos grabado a fuego en nuestra memoria, por haberlo aprendido en la escuela primaria: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Sin embargo, la propensión a las prerrogativas reaparece de tiempo en tiempo cuando los gobiernos pierden el rumbo y la apropiación de lo público se facilita al ocurrir descalabros económicos e institucionales.
Así fue hace casi medio siglo, el 4 de junio de 1975, cuando el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, aplicó un ajuste feroz liberando precios, tarifas y el tipo de cambio, con lo que la inflación trepó al 777 por ciento anual. El recordado Rodrigazo fue a instancias del ministro de Bienestar Social, José López Rega, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El 7 y 8 de julio siguiente, la CGT, liderada por Casildo Herreras y Lorenzo Miguel, desbordada por los acontecimientos, declaró una huelga general. López Rega huyó del país el 19 de julio y Celestino Rodrigo renunció dos días más tarde.
Durante esas semanas de caos político y económico, en el Congreso de la Nación se vivía otro clima. Entre gallos y medianoche, la mayoría prefirió pelucas empolvadas a calzarse el gorro frigio, emulando a Raúl Lastiri, yerno de López Rega y presidente de la Cámara de Diputados, destacado por su colección de corbatas lujosas. En un corto período se dictaron dos leyes, aún vigentes, sin que ningún escrupuloso diputado conservador, ningún representante de la izquierda jacobina o del progresismo nacional y popular hayan propuesto, desde entonces, derogarlas en homenaje a los próceres austeros cuyos retratos lucen en los imponentes recintos legislativos.
El 3 de julio de aquel año, quizás por las dificultades que provocaban las marchas populares, se dictó la ley 20.959 que dispuso lo siguiente: “Los senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras del Congreso de la Nación tendrán derecho al uso de una credencial que los habilitará para la libre circulación y el libre estacionamiento de los automotores que utilicen en todo el territorio de la República”.
Casi 50 años más tarde, pueden observarse todavía vehículos mal estacionados en la ciudad de Buenos Aires exhibiendo ese permiso sobre el panel y detrás del parabrisas, para que ninguna autoridad se atreva a exigirles cumplir con las normas que rigen para el resto de los ciudadanos. Como la picardía existe hasta en las mejores familias, esos automóviles “extraterritoriales” suelen resolver urgencias de parientes cuando necesitan hacer trámites donde no está permitido estacionar.
El peor agravio al principio de igualdad republicana ocurrió un mes después, el 13 de agosto, al sancionarse la ley 20.984, que creó el Circulo de Legisladores como organismo del Congreso para “agrupar en una institución que posibilite y estimule la consolidación permanente del vínculo entre los que ejercieron y los que ejerzan la función legislativa, sin discriminaciones partidistas”.
Gracias a esa norma los exlegisladores tienen “libre acceso a las dependencias del Congreso Nacional” y gozan “de las franquicias que les acuerde la reglamentación. Podrán continuar utilizando el título que corresponFundado de al cargo legislativo que ejercieron, con el aditamento de las letras M. C., que significan mandato cumplido”. A diferencia de los exalumnos de un colegio, de los graduados de una profesión o de quienes tienen intereses artísticos, científicos o deportivos comunes, que deben constituir asociaciones civiles y mantenerlas de su peculio, el Círculo de Legisladores se financia, en su mayor parte, con recursos públicos. Y así, los centenares de exlegisladores que han bajado al llano pueden superar el síndrome del jubilado, mantener elevada su autoestima y reducir sus gastos personales accediendo a las magníficas instalaciones del Congreso sin molestar en su casa. Pueden deambular por la biblioteca, el comedor, la peluquería, los salones, los recintos y paraninfos, y hasta presenciar las sesiones desde los sitios reservados para las autoridades. Amén de otras comodidades a su disposición bajo el amparo de las seis Victorias Aladas que los protegen de los rigores de la calle.
En la página web del organismo se describen las múltiples actividades que despliega esa repartición estatal, incluyendo “estudios, asesoramiento, conferencias, cursos, cursillos, publicaciones y demás medios de divulgación para el afianzamiento e incremento del prestigio de la institución parlamentaria” (artículo 1, inciso b, de la ley 20.984).
Lo más irritante de esa norma es el permiso a los exlegisladores para continuar utilizando el título del cargo que ejercieron seguido de las letras M. C. Nada más parecido a las imposturas que condenaba el decreto de supresión de honores de 1810 y que motivó la ira de Mariano Moreno.
Es probable que la mayor parte no haya abusado de esa prerrogativa, por considerarla poco ética. Pero algunos habrán exhibido su credencial con el críptico M. C. para impresionar a agentes de tránsito, inspectores de la AFIP, vistas de aduanas y a personas, comunes y corrientes, que les dan precedencia para no polemizar con jerarcas documentados.
Durante los ocho años siguientes (19761983) el Congreso estuvo clausurado por la dictadura militar. Recién con el advenimiento de la democracia esas normas fueron redescubiertas por las nuevas camadas de representantes, las que les dieron vigencia efectiva. En tiempos cuando la política es denostada por dirigentes populistas con tendencias autoritarias, es necesario reafirmarla como única forma de alcanzar consensos duraderos para reconstruir los cimientos de nuestro orden social. Por la misma razón y para honrarla, debe ser depurada de privilegios irritantes como los descriptos, que distorsionan la tradición republicana distintiva de la Argentina desde su origen como nación independiente.
A diferencia de los exalumnos de un colegio, de los graduados de una profesión o de quienes tienen intereses artísticos, científicos o deportivos comunes, que constituyen asociaciones mantenidas con su dinero, el Círculo de Legisladores se financia, en su mayor parte, con recursos públicos

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De cara a la migración

BOGOTÁ.– Suele pasar en un país como el nuestro que fenómenos sociales con impacto considerable en la gente se desarrollen casi en silencio. Un informe reciente de este diario le dio cifras y rostros al tema de quienes se van del país para no volver.
Los números son impactantes y dan cuenta de una dura realidad que debe verse en toda su complejidad. Un fenómeno que tal vez por no ser tan visible como el de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos no ha recibido la misma atención. Justamente, uno de los hallazgos más sorprendentes pasa por la comparación de ambas situaciones: el número de personas que abandonaron el país entre 2015 y 2022, y no regresaron, se acerca al de venezolanos que llegaron a Colombia en el mismo período. El dato más revelador es que cada día se despiden por vía aérea, para no volver, 1244 colombianos.
Son los adultos de entre 30 y 39 años el grupo etario que en mayor medida está decidiendo partir. Y llama la atención que la tendencia ahora apunte hacia una prevalencia de la migración llamada sur-sur, es decir, con destino a países de la región: Perú, Brasil, Chile y Panamá, principalmente. Aun así, dos de cada seis connacionales que se fueron lo hicieron con la intención de establecerse en los Estados Unidos. No obstante, expertos coinciden en la dificultad para rastrear el destino final de muchos de los migrantes. El caso es que son más de tres millones de colombianos que viven fuera de nuestras fronteras, pero de ellos, apenas 539.000 figuran en los registros consulares. Todo un reto para la política exterior del país, que debe velar por el bienestar de todas estas personas.

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