Una madrugada de sorpresas y cambios de último momento
El Gobierno logró salvar la delegación de facultades al Presidente, pero a lo largo del debate resignó puntos que impulsaba en privatizaciones, impuestos y RIGI, entre otros ítems
Delfina Celichini
Senadores del radicalismo y de Pro, durante la sesión en la que la Cámara alta aprobó la Ley Bases, impulsada por el Gobierno
A fuerza de múltiples concesiones, el Gobierno se anotó un triunfo parlamentario y logró que el Senado le diera luz verde a la Ley Bases. El trámite legislativo dejó en su final una gran cantidad de cambios en el texto de la iniciativa y varias definiciones que permanecieron.
Ley Bases
En cuanto a la delegación de facultades, se logró aprobar la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Los senadores radicales Maximiliano Abad y Martín Lousteau votaron en contra. En tanto, su compañero de bancada Pablo Blanco modificó su postura inicial y avaló el texto. Fueron claves las ausencias de los santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, quienes evitaron el rechazo y allanaron el camino para el oficialismo.
En el artículo 3, donde se detalla el alcance de la desregulación administrativa, se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se sumó, a último momento, la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Entre otros, los entes que no podrán disolverse son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Administración de Parques Nacionales (APN), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Además, se mantuvo el párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Del paquete original de 41 empresas a privatizar, quedaron solo 9. No obstante, en el recinto de la Cámara alta el miembro informante de la Ley Bases, Bartolomé Abdala (San Luis-LLA), anunció que se excluiría a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino. Quedaron, entonces, Energía Argentina SA (Enarsa) e Intercargo sujetas a privatización total; mientras que permanecieron en el listado de empresas para concesionar o privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas y Logística; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), y Corredores Viales SA.
Una de las últimas modificaciones que el Gobierno aceptó introducir con la firma del dictamen de mayoría fue sobre empleo público. Es que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
En el título III, que alude a las características que deberán tener las contrataciones celebradas por el Estado nacional en materia de obra pública, servicios y licitaciones, se introdujo una modificación relevante: aquellas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional, no serán frenadas. Es parte de lo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negoció con varios gobernadores.
Este título fue aprobado con el apoyo de los radicales Abad y Lousteau, así como con la ayuda de Carambia y Gadano, que se ausentaron para evitar sumarse al rechazo. El marcador arrojó 37 votos a favor y 33 en contra.
En cuanto al empleo registrado, uno de los principales cambios que se plantean (y que recibió críticas de la oposición) es la eliminación de las multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a sus empleados.
Cuando los senadores tuvieron que fijar una posición, se dio una particularidad: la primera votación quedó igualada en 35, pero en la segunda logró aprobarse por 37 a 35. Abad y Blanco rectificaron su voto por la afirmativa y torcieron el resultado en favor del oficialismo. Lousteau, que había reclamado cambios, también jugó a favor.
A pesar de que un sector de la UCR había retomado su pedido para limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, se quitó el artículo que establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, solo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciendo contra su voluntad. Además, sobrevivió el punto que define a la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
En el recinto, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) no consiguió quitar el artículo 96, que apuntaba a derogar la ley 14.546, sobre el convenio especial de viajantes. La propuesta quedó rechazada por dos tercios. El resto del título se aprobó con mayoría simple.
El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) se aprobó con 38 votos favorables. Varias modificaciones introducidas en el despacho de mayoría sobrevivieron.
Se mantuvo la reformulación del artículo 163, que declara “nula de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI. También permaneció la introducción de un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
Se sostuvo la limitación del margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería solo a la provisión de la empresa dentro del régimen.
También, se mantuvo la incorporación de incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales. Y la eliminación de la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
El régimen sufrió cambios propuestos por el miembro informante. Ya no podrá ser aplicado a “cualquier sector que cumpla los requisitos previos”, sino que se acotó a forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Se modificaron también los plazos para el cobro de exportaciones: se podrá recaudar el 20% luego de dos años de iniciada la inversión (el texto anterior definía que se podía hacer pasado un año); el 40% después de tres años (era después de dos años), y el 100% a partir de los cuatro años (se podía después de tres).
Se eliminó de la Ley Bases la reconfiguración de la moratoria previsional. Fue un pedido de la cordobesa Alejandra Vigo, quien logró quitar del texto el Título VIII, a través del que se derogaba la posibilidad de requerir la moratoria previsional hasta marzo/2025. Al excluirse, quedó vigente.
Además, también se eliminó el punto que pretendía crear la “prestación de retiro proporcional” para aquellas personas que hubieran ya alcanzado los 65 años y que no hayan cumplido con los 30 de servicios, pudiendo acceder a un haber mínimo equivalente a la PUAM mientras cumplan sus requisitos.
El controvertido capítulo que modifica los impuestos internos al tabaco y al precio de los cigarrillos no sufrió modificaciones. Dispone la eliminación del componente fijo del impuesto a los cigarrillos y elevar la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%.
Paquete fiscal
En el blanqueo, si bien sobrevivieron las modificaciones que la oposición logró en comisión, se agregaron otras, a pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien pidió eliminar las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar al régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad está a nombre de empresas.
Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. Respecto del dinero regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó que el Poder Ejecutivo pueda promover “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años; a los hermanos de los funcionarios públicos; se sumaron los cónyuges, convivientes, padres e hijos. Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038. Y se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo (la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%).
A pesar de los cambios en Ganancias, el Gobierno no pudo evitar un revés y se rechazó de plano su reimposición. Diputados podrá sostenerlo por mayoría simple.
Con 37 votos en contra y 35 a favor, fracasaron las modificaciones que el oficialismo planteaba para Bienes Personales. Planteaba una modificación del piso a partir del cual se empezaría a pagar el tributo, así como cambios en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible se incrementaría de $27 a $100 millones.
Con acuerdo oficialista, se borró el artículo 111 –introducido por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López– que instruía al Poder Ejecutivo a aumentar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos.
El monotributo social se mantiene con un esquema diferente. Quien adhiera, pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
Se volvió a modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor “boca mina”. Este incremento solo aplicará para proyectos que no hayan iniciado la explotación una vez que entre en vigor la norma.
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Nueva etapa y nuevos desafíos
Claudio Jacquelin
Javier Milei
Después de semanas de incertidumbre y mercados atemorizados, una combinación de noticias positivas para el Gobierno le permitió al Presidente llegar a la cumbre del G-7 con una sonrisa sustentada en hechos concretos. En 24 horas se enhebraron tres objetivos que durante seis meses resultaron más que esquivos.
Son motivos suficientes para minimizar los muchos matices de esos logros con los que se quieran (y se pueden) morigerar los festejos oficiales.
Como ocurre desde que llegó a la presidencia, los logros de Javier Milei se potencian por los contrafácticos.
La pregunta retórica acerca de qué hubiera pasado si el Senado no aprobaba la Ley Bases, si el préstamo de China no hubiera sido renovado y si la inflación no hubiera descendido en mayo por debajo del cinco por ciento permiten relativizar al extremo las muchas concesiones hechas, los costos generados, las consecuencias no deseadas (quizás, evitables) y la letra chica de cada una de las tres metas alcanzadas en solo 24 horas. El escenario de lo que pudo ocurrir y no ocurrió juega muy a favor.
Haber hilvanado esa trilogía magnifica aún más cada uno de los resultados obtenidos. Pero también potencia demandas y aumenta expectativas, por lo que se considera el comienzo de una nueva y mejor etapa. Beneficios y desafíos de victorias que, siempre, son puntos de partida.
Las dificultades que precedieron y que se reprodujeron a la largo del debate hacen de la sanción de la Ley Bases un hito que el Gobierno puede revestir de tonos épicos. No solo por ser la primera norma que el oficialismo logra sacar del Parlamento después de seis mes de mandato.
Más aún en medio de la virulenta protesta que desde la calle expresaba la oposición a ese proyecto y procuraba modificar la decisión de los senadores no oficialistas que estaban dispuestos a darle su voto al proyecto. Ni siquiera la dura represión sin miramientos de manifestantes violentos (y no tanto) consiguió alterar los acuerdos alcanzados en general. Las piedras y las bombas molotov, la destrucción del móvil de una radio y que no haya habido heridos de gravedad también son elementos que el Gobierno hizo jugar en su favor ante la opinión pública, que mayoritariamente lo apoya.
Las dificultades que a lo largo de su primer semestre tuvo el oficialismo para obtener la herramienta legal mínima y necesaria para llevar adelante su plan de gobierno habían generado suficientes prevenciones y temores que habilitaban análisis sombríos. Aunque el clima social dominante, favorable a Milei, más la fragilidad y fragmentación objetiva de la oposición permitían cuestionar a las voces que antes de ayer ponían en duda la gobernabilidad.
La sanción, aun en su versión adelgazada y corregida, revierte esas percepciones y da pie para que muchos piensen y afirmen que Milei superó con éxito su test de gobernabilidad. Ni era tan poco ni es tanto.
Lo logrado en el Congreso sí es un paso sustantivo de un largo camino, que ahora asoma más alisado. Y en ello mucho tuvo que ver un cambio radical en la forma en la que el Gobierno encaró el tramo final hacia la sanción. De aquel “no nos importa que nos aprueben la ley” a este “es mejor una ley limitada que ninguna ley” pasaron demasiadas cosas.
Aunque no cesaran las descalificaciones e insultos presidenciales a legisladores y dirigentes que no se enrolan en las “fuerzas del cielo”, se habilitaron canales de diálogo y negociación con los agnósticos.
Podría decirse que la curva de aprendizaje oficialista, extremadamente empinada en un principio, hacia una cima que parecía difícil de alcanzar, empezó a aplanarse (a los golpes). El tiempo dirá si se trata de una excepción motivada por la urgencia o de un cambio de fondo en la praxis.
El ascenso del moderado y siempre negociador Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete operó como una señal hacia adentro y hacia afuera. Pero no solo eso.
Fue también la consagración (por ahora provisional) de un nuevo modo de abordar y de comprender la tarea de gobernar y de lo que significa “hacer política”.
Máximas en revisió
Es posible que siga vigente el axioma “es ahora o nunca”, pero parece haber sido herido duramente el lema bullrichista-mileísta: “si no es todo es nada”. Gobernadores y senadores pueden dar fe de ello. Obras públicas, aportes del Tesoro, atención de situaciones particulares (provinciales o regionales) son legítimos casos testigo. Para no hablar de la polémica oferta de destinos glamorosos. Dogmatismo en la narrativa, pragmatismo en la práctica.
El anuncio de un próximo viaje presidencial a la China comunista se inscribe en la misma lógica.
Quienes conocen las peculiaridades de ese país así como de su hiperpoderoso y susceptible presidente Xi Jinping lo consideran el cumplimiento de una condición que debió aceptar Milei para lograr la renovación del swap. El rechazo a tratar con países “no democráticos” y dejar las relaciones comerciales con esas regiones en manos exclusivamente privadas es otra máxima revisada. En todos lados hay marxistas de la línea Groucho. Mucho más cuando las necesidades y las urgencias aprietan.
También por todo eso, la angustiosa votación en el Senado tuvo un eco favorable inmediato en los mercados.
Después de casi dos semanas de indicadores negativos, la baja de la cotización de los dólares alternativos y del riesgo país, así como la recuperación de las acciones de las empresas argentinas y de los bonos soberanos es la demostración cabal de que había demasiadas prevenciones y dudas respecto de que el Gobierno pudiera atravesar con éxito la barrera de la Cámara alta. Pero sobre todo, de los temores existentes por las consecuencias que podría tener otra derrota en el Congreso. Los actores económicofinancieros recuperaron el habla. Los contrafácticos juegan.
“Los inversores externos consideran, a grandes rasgos, que Milei es un presidente reformista y el resto es la cara de la antirreforma. Por eso, que haya logrado la sanción es considerado un triunfo sobre los antirreformistas, más aún porque se trata de una ley. Si no salía hubieran pensado lo contrario. Blanco o negro. Pero eso no quiere decir que se acabaron los problemas, ni que habrá una lluvia de inversiones”, advierte un economista con una amplia cartera de contactos y clientes en los principales mercados financieros.
“Por otro lado hay que tener en cuenta que muchos han hecho ganancias de más del 40% en dólares con el carry trade, comprando bonos del Tesoro, pero no eran inversiones genuinas, que es lo que falta. El problema no era solo de índole política, también es económico-financiera. Faltan dólares”, advierte el especialista.
En el mismo sentido, Martín Redrado advierte que “es muy importante que lleguen dólares para ser invertidos (enterrados) en la economía real y para despejar el horizonte financiero. El Gobierno tiene ahora tres fuentes posibles para que eso ocurra: el blanqueo y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por un lado, y a través de un nuevo programa con el FMI, por el otro”. El desafío es que nada de eso ocurre de un momento para el otro y que sobre lo que hará el organismo respecto de fondos frescos sigue siendo la gran incógnita por despejar. Una carrera desigual entre el bolsillo y el calendario.
Además, para empezar la nueva etapa que el Gobierno promete, la Ley Bases es un primer paso que todavía no despejó todas las dudas, advierten los economistas. No solamente porque el paquete fiscal haya quedado comprometido con el rechazo a la reposición de Ganancias para los sueldos superiores a 1.800.000 pesos. Aunque es un tema que inquieta a todos. Más todavía porque no estaba en los cálculos esa derrota luego de las concesiones hechas a las provincias patagónicas.
El regreso de la Ley Bases y del paquete fiscal a la Cámara de Diputados en revisión, tras la modificaciones hechas, ya no es considerado un simple trámite administrativo parlamentario.
Ese curso tan poco transitado por el Congreso adquiere ahora una nueva significación, sobre todo por lo que pueda ocurrir con ese impuesto.
De su restitución dependen fondos para las provincias, tanto como para la Nación, que los esperaba para avanzar con la disminución del distorsivo impuesto PAIS, que hoy es un pilar de la recaudación y del tan ponderado superávit fiscal, pero no es coparticipable y, además, encarece la importación de bienes de capital. No fue una buena señal y se abre una nueva puerta a la incertidumbre.
El mayor problema para reimponerlo es que Diputados solo podría insistir con el proyecto que fue votado en esa Cámara y ese texto es rechazado por las provincias patagónicas, porque no contempla la situación salarial de sus habitantes. Allí cobran un piso más alto que en el resto del país, por lo que el porcentaje de asalariados (léase votantes) afectados sería mucho mayor. Se imponen nuevas negociaciones. ¿Y concesiones? La manta sigue siendo muy corta.
Por otra parte, tras la aprobación de la Ley de Bases, a las demandas de una recuperación económica más robusta se suma la expectativa de que la pronunciada desaceleración de la inflación (hito máximo del Gobierno) continúe. Sin embargo, sobran los economistas que advierten sobre un amesetamiento en torno del 4 o 5 por ciento, sin descartar algún rebote, impulsado por nuevos aumentos de tarifas y la recuperación de la actividad.
En el plano político también se abrieron nuevas expectativas. Del Gobierno se aguarda que a la gobernabilidad le sume gobernanza. Es decir, que haga funcionar el Gobierno y ponga a andar la rueda de la administración, que muestra demasiados problemas. Para ello debe despejar las dudas sobre la integración del gabinete.
A los megadesbarajustes protagonizados por el megaministerio de Capital Humano, que piden a gritos una reformulación, se suman las incógnitas que abre el anunciado y postergado ingreso formal del reformador Federico Sturzenegger. Desde el primer piso de la Casa Rosada se había anunciado que habría novedades tras la aprobación de la Ley Bases. Se esperan.
Fuera del oficialismo también se prevé una reorganización que podría tener efectos sobre el mapa político y la arquitectura del poder.
En primer lugar, Mauricio Macri esperaba este paso parlamentario para reposicionar su espacio. Pro ha sido hasta aquí el verdadero soporte parlamentario del Gobierno, con una disciplina que ni los libertarios han exhibido.
No cabría esperar que esa dinámica, que ha diluido al macrismo en las aguas del mileísmo, se mantenga sin cambios. El expresidente y los suyos no ven beneficios en la fusión o absorción. Además, varios dirigentes de Pro mantienen dudas sobre el éxito del oficialismo, que por ahora es el catalizador excluyente de la demanda de cambio o, mejor dicho, del reseteo del sistema que expresó la mayoría de los argentinos con su voto a Milei.
También para el peronismo y el radicalismo se abre un nuevo y complejo horizonte.
La sanción de la Ley Bases es para el Gobierno y para los inversores una muy buena noticia, que da al Presidente suficientes motivos para celebrar. Sin embargo, todos saben que es un punto de partida. El comienzo de una etapa que abre nuevas expectativas y más demandas. Ni más ni menos.
Milei llegó a la cumbre del G-7 con una trilogía de buenas noticias
Un nuevo modo de gestionar permitió sacar la ley; la duda es si se mantendrá
El anuncio del viaje a China expresa tanto pragmatismo como necesidad
Ley Bases
En cuanto a la delegación de facultades, se logró aprobar la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Los senadores radicales Maximiliano Abad y Martín Lousteau votaron en contra. En tanto, su compañero de bancada Pablo Blanco modificó su postura inicial y avaló el texto. Fueron claves las ausencias de los santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, quienes evitaron el rechazo y allanaron el camino para el oficialismo.
En el artículo 3, donde se detalla el alcance de la desregulación administrativa, se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se sumó, a último momento, la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Entre otros, los entes que no podrán disolverse son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Administración de Parques Nacionales (APN), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Además, se mantuvo el párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Del paquete original de 41 empresas a privatizar, quedaron solo 9. No obstante, en el recinto de la Cámara alta el miembro informante de la Ley Bases, Bartolomé Abdala (San Luis-LLA), anunció que se excluiría a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino. Quedaron, entonces, Energía Argentina SA (Enarsa) e Intercargo sujetas a privatización total; mientras que permanecieron en el listado de empresas para concesionar o privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas y Logística; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), y Corredores Viales SA.
Una de las últimas modificaciones que el Gobierno aceptó introducir con la firma del dictamen de mayoría fue sobre empleo público. Es que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
En el título III, que alude a las características que deberán tener las contrataciones celebradas por el Estado nacional en materia de obra pública, servicios y licitaciones, se introdujo una modificación relevante: aquellas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional, no serán frenadas. Es parte de lo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negoció con varios gobernadores.
Este título fue aprobado con el apoyo de los radicales Abad y Lousteau, así como con la ayuda de Carambia y Gadano, que se ausentaron para evitar sumarse al rechazo. El marcador arrojó 37 votos a favor y 33 en contra.
En cuanto al empleo registrado, uno de los principales cambios que se plantean (y que recibió críticas de la oposición) es la eliminación de las multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a sus empleados.
Cuando los senadores tuvieron que fijar una posición, se dio una particularidad: la primera votación quedó igualada en 35, pero en la segunda logró aprobarse por 37 a 35. Abad y Blanco rectificaron su voto por la afirmativa y torcieron el resultado en favor del oficialismo. Lousteau, que había reclamado cambios, también jugó a favor.
A pesar de que un sector de la UCR había retomado su pedido para limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, se quitó el artículo que establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, solo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciendo contra su voluntad. Además, sobrevivió el punto que define a la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
En el recinto, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) no consiguió quitar el artículo 96, que apuntaba a derogar la ley 14.546, sobre el convenio especial de viajantes. La propuesta quedó rechazada por dos tercios. El resto del título se aprobó con mayoría simple.
El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) se aprobó con 38 votos favorables. Varias modificaciones introducidas en el despacho de mayoría sobrevivieron.
Se mantuvo la reformulación del artículo 163, que declara “nula de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI. También permaneció la introducción de un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
Se sostuvo la limitación del margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería solo a la provisión de la empresa dentro del régimen.
También, se mantuvo la incorporación de incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales. Y la eliminación de la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
El régimen sufrió cambios propuestos por el miembro informante. Ya no podrá ser aplicado a “cualquier sector que cumpla los requisitos previos”, sino que se acotó a forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Se modificaron también los plazos para el cobro de exportaciones: se podrá recaudar el 20% luego de dos años de iniciada la inversión (el texto anterior definía que se podía hacer pasado un año); el 40% después de tres años (era después de dos años), y el 100% a partir de los cuatro años (se podía después de tres).
Se eliminó de la Ley Bases la reconfiguración de la moratoria previsional. Fue un pedido de la cordobesa Alejandra Vigo, quien logró quitar del texto el Título VIII, a través del que se derogaba la posibilidad de requerir la moratoria previsional hasta marzo/2025. Al excluirse, quedó vigente.
Además, también se eliminó el punto que pretendía crear la “prestación de retiro proporcional” para aquellas personas que hubieran ya alcanzado los 65 años y que no hayan cumplido con los 30 de servicios, pudiendo acceder a un haber mínimo equivalente a la PUAM mientras cumplan sus requisitos.
El controvertido capítulo que modifica los impuestos internos al tabaco y al precio de los cigarrillos no sufrió modificaciones. Dispone la eliminación del componente fijo del impuesto a los cigarrillos y elevar la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%.
Paquete fiscal
En el blanqueo, si bien sobrevivieron las modificaciones que la oposición logró en comisión, se agregaron otras, a pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien pidió eliminar las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar al régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad está a nombre de empresas.
Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. Respecto del dinero regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó que el Poder Ejecutivo pueda promover “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años; a los hermanos de los funcionarios públicos; se sumaron los cónyuges, convivientes, padres e hijos. Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038. Y se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo (la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%).
A pesar de los cambios en Ganancias, el Gobierno no pudo evitar un revés y se rechazó de plano su reimposición. Diputados podrá sostenerlo por mayoría simple.
Con 37 votos en contra y 35 a favor, fracasaron las modificaciones que el oficialismo planteaba para Bienes Personales. Planteaba una modificación del piso a partir del cual se empezaría a pagar el tributo, así como cambios en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible se incrementaría de $27 a $100 millones.
Con acuerdo oficialista, se borró el artículo 111 –introducido por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López– que instruía al Poder Ejecutivo a aumentar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos.
El monotributo social se mantiene con un esquema diferente. Quien adhiera, pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
Se volvió a modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor “boca mina”. Este incremento solo aplicará para proyectos que no hayan iniciado la explotación una vez que entre en vigor la norma.
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Nueva etapa y nuevos desafíos
Claudio Jacquelin
Después de semanas de incertidumbre y mercados atemorizados, una combinación de noticias positivas para el Gobierno le permitió al Presidente llegar a la cumbre del G-7 con una sonrisa sustentada en hechos concretos. En 24 horas se enhebraron tres objetivos que durante seis meses resultaron más que esquivos.
Son motivos suficientes para minimizar los muchos matices de esos logros con los que se quieran (y se pueden) morigerar los festejos oficiales.
Como ocurre desde que llegó a la presidencia, los logros de Javier Milei se potencian por los contrafácticos.
La pregunta retórica acerca de qué hubiera pasado si el Senado no aprobaba la Ley Bases, si el préstamo de China no hubiera sido renovado y si la inflación no hubiera descendido en mayo por debajo del cinco por ciento permiten relativizar al extremo las muchas concesiones hechas, los costos generados, las consecuencias no deseadas (quizás, evitables) y la letra chica de cada una de las tres metas alcanzadas en solo 24 horas. El escenario de lo que pudo ocurrir y no ocurrió juega muy a favor.
Haber hilvanado esa trilogía magnifica aún más cada uno de los resultados obtenidos. Pero también potencia demandas y aumenta expectativas, por lo que se considera el comienzo de una nueva y mejor etapa. Beneficios y desafíos de victorias que, siempre, son puntos de partida.
Las dificultades que precedieron y que se reprodujeron a la largo del debate hacen de la sanción de la Ley Bases un hito que el Gobierno puede revestir de tonos épicos. No solo por ser la primera norma que el oficialismo logra sacar del Parlamento después de seis mes de mandato.
Más aún en medio de la virulenta protesta que desde la calle expresaba la oposición a ese proyecto y procuraba modificar la decisión de los senadores no oficialistas que estaban dispuestos a darle su voto al proyecto. Ni siquiera la dura represión sin miramientos de manifestantes violentos (y no tanto) consiguió alterar los acuerdos alcanzados en general. Las piedras y las bombas molotov, la destrucción del móvil de una radio y que no haya habido heridos de gravedad también son elementos que el Gobierno hizo jugar en su favor ante la opinión pública, que mayoritariamente lo apoya.
Las dificultades que a lo largo de su primer semestre tuvo el oficialismo para obtener la herramienta legal mínima y necesaria para llevar adelante su plan de gobierno habían generado suficientes prevenciones y temores que habilitaban análisis sombríos. Aunque el clima social dominante, favorable a Milei, más la fragilidad y fragmentación objetiva de la oposición permitían cuestionar a las voces que antes de ayer ponían en duda la gobernabilidad.
La sanción, aun en su versión adelgazada y corregida, revierte esas percepciones y da pie para que muchos piensen y afirmen que Milei superó con éxito su test de gobernabilidad. Ni era tan poco ni es tanto.
Lo logrado en el Congreso sí es un paso sustantivo de un largo camino, que ahora asoma más alisado. Y en ello mucho tuvo que ver un cambio radical en la forma en la que el Gobierno encaró el tramo final hacia la sanción. De aquel “no nos importa que nos aprueben la ley” a este “es mejor una ley limitada que ninguna ley” pasaron demasiadas cosas.
Aunque no cesaran las descalificaciones e insultos presidenciales a legisladores y dirigentes que no se enrolan en las “fuerzas del cielo”, se habilitaron canales de diálogo y negociación con los agnósticos.
Podría decirse que la curva de aprendizaje oficialista, extremadamente empinada en un principio, hacia una cima que parecía difícil de alcanzar, empezó a aplanarse (a los golpes). El tiempo dirá si se trata de una excepción motivada por la urgencia o de un cambio de fondo en la praxis.
El ascenso del moderado y siempre negociador Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete operó como una señal hacia adentro y hacia afuera. Pero no solo eso.
Fue también la consagración (por ahora provisional) de un nuevo modo de abordar y de comprender la tarea de gobernar y de lo que significa “hacer política”.
Máximas en revisió
Es posible que siga vigente el axioma “es ahora o nunca”, pero parece haber sido herido duramente el lema bullrichista-mileísta: “si no es todo es nada”. Gobernadores y senadores pueden dar fe de ello. Obras públicas, aportes del Tesoro, atención de situaciones particulares (provinciales o regionales) son legítimos casos testigo. Para no hablar de la polémica oferta de destinos glamorosos. Dogmatismo en la narrativa, pragmatismo en la práctica.
El anuncio de un próximo viaje presidencial a la China comunista se inscribe en la misma lógica.
Quienes conocen las peculiaridades de ese país así como de su hiperpoderoso y susceptible presidente Xi Jinping lo consideran el cumplimiento de una condición que debió aceptar Milei para lograr la renovación del swap. El rechazo a tratar con países “no democráticos” y dejar las relaciones comerciales con esas regiones en manos exclusivamente privadas es otra máxima revisada. En todos lados hay marxistas de la línea Groucho. Mucho más cuando las necesidades y las urgencias aprietan.
También por todo eso, la angustiosa votación en el Senado tuvo un eco favorable inmediato en los mercados.
Después de casi dos semanas de indicadores negativos, la baja de la cotización de los dólares alternativos y del riesgo país, así como la recuperación de las acciones de las empresas argentinas y de los bonos soberanos es la demostración cabal de que había demasiadas prevenciones y dudas respecto de que el Gobierno pudiera atravesar con éxito la barrera de la Cámara alta. Pero sobre todo, de los temores existentes por las consecuencias que podría tener otra derrota en el Congreso. Los actores económicofinancieros recuperaron el habla. Los contrafácticos juegan.
“Los inversores externos consideran, a grandes rasgos, que Milei es un presidente reformista y el resto es la cara de la antirreforma. Por eso, que haya logrado la sanción es considerado un triunfo sobre los antirreformistas, más aún porque se trata de una ley. Si no salía hubieran pensado lo contrario. Blanco o negro. Pero eso no quiere decir que se acabaron los problemas, ni que habrá una lluvia de inversiones”, advierte un economista con una amplia cartera de contactos y clientes en los principales mercados financieros.
“Por otro lado hay que tener en cuenta que muchos han hecho ganancias de más del 40% en dólares con el carry trade, comprando bonos del Tesoro, pero no eran inversiones genuinas, que es lo que falta. El problema no era solo de índole política, también es económico-financiera. Faltan dólares”, advierte el especialista.
En el mismo sentido, Martín Redrado advierte que “es muy importante que lleguen dólares para ser invertidos (enterrados) en la economía real y para despejar el horizonte financiero. El Gobierno tiene ahora tres fuentes posibles para que eso ocurra: el blanqueo y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por un lado, y a través de un nuevo programa con el FMI, por el otro”. El desafío es que nada de eso ocurre de un momento para el otro y que sobre lo que hará el organismo respecto de fondos frescos sigue siendo la gran incógnita por despejar. Una carrera desigual entre el bolsillo y el calendario.
Además, para empezar la nueva etapa que el Gobierno promete, la Ley Bases es un primer paso que todavía no despejó todas las dudas, advierten los economistas. No solamente porque el paquete fiscal haya quedado comprometido con el rechazo a la reposición de Ganancias para los sueldos superiores a 1.800.000 pesos. Aunque es un tema que inquieta a todos. Más todavía porque no estaba en los cálculos esa derrota luego de las concesiones hechas a las provincias patagónicas.
El regreso de la Ley Bases y del paquete fiscal a la Cámara de Diputados en revisión, tras la modificaciones hechas, ya no es considerado un simple trámite administrativo parlamentario.
Ese curso tan poco transitado por el Congreso adquiere ahora una nueva significación, sobre todo por lo que pueda ocurrir con ese impuesto.
De su restitución dependen fondos para las provincias, tanto como para la Nación, que los esperaba para avanzar con la disminución del distorsivo impuesto PAIS, que hoy es un pilar de la recaudación y del tan ponderado superávit fiscal, pero no es coparticipable y, además, encarece la importación de bienes de capital. No fue una buena señal y se abre una nueva puerta a la incertidumbre.
El mayor problema para reimponerlo es que Diputados solo podría insistir con el proyecto que fue votado en esa Cámara y ese texto es rechazado por las provincias patagónicas, porque no contempla la situación salarial de sus habitantes. Allí cobran un piso más alto que en el resto del país, por lo que el porcentaje de asalariados (léase votantes) afectados sería mucho mayor. Se imponen nuevas negociaciones. ¿Y concesiones? La manta sigue siendo muy corta.
Por otra parte, tras la aprobación de la Ley de Bases, a las demandas de una recuperación económica más robusta se suma la expectativa de que la pronunciada desaceleración de la inflación (hito máximo del Gobierno) continúe. Sin embargo, sobran los economistas que advierten sobre un amesetamiento en torno del 4 o 5 por ciento, sin descartar algún rebote, impulsado por nuevos aumentos de tarifas y la recuperación de la actividad.
En el plano político también se abrieron nuevas expectativas. Del Gobierno se aguarda que a la gobernabilidad le sume gobernanza. Es decir, que haga funcionar el Gobierno y ponga a andar la rueda de la administración, que muestra demasiados problemas. Para ello debe despejar las dudas sobre la integración del gabinete.
A los megadesbarajustes protagonizados por el megaministerio de Capital Humano, que piden a gritos una reformulación, se suman las incógnitas que abre el anunciado y postergado ingreso formal del reformador Federico Sturzenegger. Desde el primer piso de la Casa Rosada se había anunciado que habría novedades tras la aprobación de la Ley Bases. Se esperan.
Fuera del oficialismo también se prevé una reorganización que podría tener efectos sobre el mapa político y la arquitectura del poder.
En primer lugar, Mauricio Macri esperaba este paso parlamentario para reposicionar su espacio. Pro ha sido hasta aquí el verdadero soporte parlamentario del Gobierno, con una disciplina que ni los libertarios han exhibido.
No cabría esperar que esa dinámica, que ha diluido al macrismo en las aguas del mileísmo, se mantenga sin cambios. El expresidente y los suyos no ven beneficios en la fusión o absorción. Además, varios dirigentes de Pro mantienen dudas sobre el éxito del oficialismo, que por ahora es el catalizador excluyente de la demanda de cambio o, mejor dicho, del reseteo del sistema que expresó la mayoría de los argentinos con su voto a Milei.
También para el peronismo y el radicalismo se abre un nuevo y complejo horizonte.
La sanción de la Ley Bases es para el Gobierno y para los inversores una muy buena noticia, que da al Presidente suficientes motivos para celebrar. Sin embargo, todos saben que es un punto de partida. El comienzo de una etapa que abre nuevas expectativas y más demandas. Ni más ni menos.
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