Hoteles y bares ya no pagarán a Sadaic
Tampoco lo harán los salones de fiestas por pasar música; rechazo de músicos
Victoria Menghini
Los salones de fiestas, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por pasar música en fiestas privadas. Así lo dispuso el Gobierno a través del decreto 765/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, que establece modificaciones a la ley de propiedad intelectual.
“Se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe –cualesquiera que fueren los fines de la misma– en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”, sostiene el decreto. Así, para la ley, el ámbito privado queda excluido. En consecuencia, “se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo internet”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó el motivo del cambio normativo: “La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aun si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente los servicios”.
Especialistas consultados por coincidieron en la nacion que la quita del impuesto tendráunimpactopositivodentro del rubro, ya que representaba un costo “difícil” de pagar.
“Llevamos muchos años en una lucha importante respecto de lo que es salones de eventos sociales a nivel nacional y provincial, así que recibimos esta novedad con gran satisfacción”, expresó a María la nacion José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiestas de Córdoba (Casafic). Y agregó que, con esta nueva normativa, la realización de este tipo de eventos podrá ser “mucho más barata” para los clientes.
“El mínimo de una reunión de 50 personas era de $70.000. Con la quita de este arancel el cliente ya puede flexibilizar sus gastos”, detalló.
Gustavo Mustoni, vocero de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires (Cedibba), añadió que, para el negocio de los boliches también sería un gran beneficio quedar exento de pagar el impuesto.
“Pagamos el 7% de entradas por Sadaic y otro 14% de AADI-Capif. Era un impuesto muy difícil de pagar, más teniendo en cuenta que la actividad bajó entre un 25% y 30% respecto del año pasado, y sigue en caída”, indicó. Sin embargo, destacó que el decreto aún presenta ambigüedades, por lo que están a la espera de la reglamentación.
consultó a Sadaic la nacion al respecto y desde la entidad negaron los efectos de la regulación. “Los boliches, salones de fiestas, bares y restaurantes deben seguir pagando porque hacen comunicación al público de música en espacios libres de acceso público. Lo único que queda dudoso es el caso de los hoteles”, afirmó Guillermo Ocampo, director general de Sadaic.
Por su parte, los gimnasios también estaban obligados a pagar el impuesto de Sadaic por pasar música en televisores. “Nos parece una muy buena medida, va en la dirección correcta y creemos que va a ser muy bien recibida por el sector”, dijo a la nacion Federico Storchi, presidente de la Cámara de Gimnasios.
En tanto, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) emitió un comunicado en contra del decreto. “No solo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales), sino que su redacción confusa deja abiertas múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales”.
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El Gobierno le traspasa a la Ciudad 31 líneas de colectivos
Sería “inminente”, aunque lo decidió Economía de forma unilateral
Los salones de fiestas, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por pasar música en fiestas privadas. Así lo dispuso el Gobierno a través del decreto 765/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, que establece modificaciones a la ley de propiedad intelectual.
“Se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe –cualesquiera que fueren los fines de la misma– en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”, sostiene el decreto. Así, para la ley, el ámbito privado queda excluido. En consecuencia, “se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo internet”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó el motivo del cambio normativo: “La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aun si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente los servicios”.
Especialistas consultados por coincidieron en la nacion que la quita del impuesto tendráunimpactopositivodentro del rubro, ya que representaba un costo “difícil” de pagar.
“Llevamos muchos años en una lucha importante respecto de lo que es salones de eventos sociales a nivel nacional y provincial, así que recibimos esta novedad con gran satisfacción”, expresó a María la nacion José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiestas de Córdoba (Casafic). Y agregó que, con esta nueva normativa, la realización de este tipo de eventos podrá ser “mucho más barata” para los clientes.
“El mínimo de una reunión de 50 personas era de $70.000. Con la quita de este arancel el cliente ya puede flexibilizar sus gastos”, detalló.
Gustavo Mustoni, vocero de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires (Cedibba), añadió que, para el negocio de los boliches también sería un gran beneficio quedar exento de pagar el impuesto.
“Pagamos el 7% de entradas por Sadaic y otro 14% de AADI-Capif. Era un impuesto muy difícil de pagar, más teniendo en cuenta que la actividad bajó entre un 25% y 30% respecto del año pasado, y sigue en caída”, indicó. Sin embargo, destacó que el decreto aún presenta ambigüedades, por lo que están a la espera de la reglamentación.
consultó a Sadaic la nacion al respecto y desde la entidad negaron los efectos de la regulación. “Los boliches, salones de fiestas, bares y restaurantes deben seguir pagando porque hacen comunicación al público de música en espacios libres de acceso público. Lo único que queda dudoso es el caso de los hoteles”, afirmó Guillermo Ocampo, director general de Sadaic.
Por su parte, los gimnasios también estaban obligados a pagar el impuesto de Sadaic por pasar música en televisores. “Nos parece una muy buena medida, va en la dirección correcta y creemos que va a ser muy bien recibida por el sector”, dijo a la nacion Federico Storchi, presidente de la Cámara de Gimnasios.
En tanto, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) emitió un comunicado en contra del decreto. “No solo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales), sino que su redacción confusa deja abiertas múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales”.
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El Gobierno le traspasa a la Ciudad 31 líneas de colectivos
Sería “inminente”, aunque lo decidió Economía de forma unilateral
Diego Cabot
El traspaso comenzará a regir en una semana
El Gobierno decidió entregarle a la ciudad de Buenos Aires el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la avenida General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. Así, el gobierno nacional dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta para esa porción del transporte público de pasajeros.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía, que maneja Luis Caputo, y de la Ciudad anticiparon ayer a que la nacion el traspaso sería “inminente”, aunque admitieron que es una decisión unilateral del gobierno nacional, sin consultar la opinión de la administración porteña.
La medida no sería aceptada de manera “pacífica” por el gobierno de Jorge Macri, quien ayer también advirtió en declaraciones públicas que “sin subsidios las empresas [de transporte] van a colapsar”. La pelea por la coparticipación está en el trasfondo de la discusión.
El gobierno nacional tomó una decisión: le entregará a la Ciudad el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. De esa manera, dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta.
Sin embargo, la recepción del transporte en la sede porteña, a cargo de Jorge Macri, no será pacífica, ya que sostienen que debería haber un acuerdo y que para ese pasaje es necesario que haya intervención del Congreso y de la Legislatura local. El motivo es simple: el dinero de los subsidios y, sobre todo, la postergada solución por la coparticipación federal de impuestos.
Dos fuentes oficiales que trabajan en el Palacio de Hacienda y una del gobierno porteño confirmaron ayer a que la decisión está tomada y que sería “inminente”. Hasta ahora, de acuerdo con lo que sostuvieron, no habrá ningún tipo de acuerdo entre las dos administraciones, sino una decisión unilateral de los funcionarios que responden al ministro de Economía, Luis Caputo.
De hecho, pese a lo polémico del asunto, deberá ser el propio jefe de la cartera el que firme la resolución, ya que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, tenía previsto volar a Canadá por estas horas, rumbo a un encuentro del mundo aerocomercial.
La medida se tomará horas después de que Caputo firmó una resolución (801/2024), mediante la que decidió absolutamente todo lo que tiene que ver con los colectivos numerados del 1 al 200 (donde están las 31 líneas porteñas), sobre los que tiene jurisdicción. Se trata de una adecuación de los permisos que tienen estas líneas en relación con sus recorridos, cabeceras, ramales y parque móvil, entre otros, que en muchos casos ya no coincidían con la realidad de las líneas.
La norma tiene 100 anexos y en ellos se decidieron los recorridos, las frecuencias, el parque móvil que tiene que tener cada línea, los horarios y las tarifas que puede cobrar. De eso, justamente, se quejan Jorge Macri y los suyos: la Nación decide todo, pero lo paga la Ciudad, y ni siquiera puede disponer que una línea vaya por otra calle. Para saldar el asunto, Caputo entregaría todo el paquete a la Ciudad, eso sí, después de regular toda la actividad.
En las oficinas cercanas al alcalde porteño dicen que no es posible recibir todo el sistema de un día para otro. “Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura”, dijo en una entrevista radial el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.
Cifras
La discusión tiene cifras. Según datos de la ciudad de Buenos Aires, el costo del viaje en el transporte público por colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido solo por dentro de la ciudad es de $863. De ese importe, el pasajero paga $371 mediante el boleto, la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño, el restante $221. ¿Qué pasaría si se retira la Casa Rosada? Si el jefe de gobierno, Jorge Macri, se mantiene en su postura, pues el pasaje debería tener un precio de $642.
En Parque Patricios dicen que la Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar la carga del aporte de subsidios a la Ciudad sin su consentimiento, a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. “Hacerlo es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna. Mucho menos se puede implementar una transferencia mediante un decreto”, advierten en las oficinas cercanas a Jorge Macri.
Dicen que en una carta que envió Caputo a la Ciudad, el ministro nacional reconoció la jurisdicción. “En miras del ordenamiento de las competencias propias de cada jurisdicción y hasta concretarse la transferencia de los servicios de transporte automotor, se insta por este medio a asumir las responsabilidades que le son propias en relación al pago de las compensaciones tarifarias correspondientes al transporte público de pasajeros por automotor con recorrido íntegro dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explica en uno de sus párrafos el ministro nacional. Hasta ahora, el transporte está regulado por el decreto 656 del 29 de abril de 1994.
La cuestión es vieja y se remonta al fallo de la Corte Suprema, cuando decidió que se devuelva a la Ciudad un porcentaje de coparticipación diferente al que había decidido Alberto Fernández para entregársela al gobernador Axel Kicillof. En aquel 2020, el entonces presidente resolvió por decreto, y luego a través de una ley, quitarle a la ciudad de Buenos Aires el 60% de lo que recibía. Así la coparticipación federal pasó de 3,5% a 1,4%. El 21 de diciembre de 2022, la Corte fijó provisionalmente a través de una cautelar un coeficiente de coparticipación de 2,95%, hasta que se resuelva la cuestión de fondo del reclamo. En ese fallo estableció que ese dinero se tenía que girar diariamente al distrito en forma inmediata.
Desde hace cuatro semanas, Caputo decidió entregar por semana $20.000 millones a las cuentas porteñas. Pero nada negoció con el dinero que queda pendiente desde el 21 de diciembre de 2022, cuando la Corte decidió sobre el asunto. Además, dicen en la Ciudad, ese importe es discrecional, no es diario y no se sabe qué sucederá el viernes de la semana que viene. “Acatar el fallo es establecer que al igual que lo que sucede con todas las provincias, se deposite diariamente $2,95 de cada $100 que se recauden, además de empezar a solucionar el retroactivo”, indican en Parque Patricios. ¿De qué se trata ese monto? Según cálculos porteños asciende a una cifra cercana a los $5 billones.
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“Sin subsidios, las empresas van a colapsar”, advirtió Jorge Macri
“Vamos a seguir dialogando política y técnicamente”, añadió; sin ayuda estatal, el boleto podría llegar a valer $1400
Luego de que el gobierno nacional anunciara que dejará de subsidiar las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el jefe porteño, Jorge Macri, advirtió ayer: “Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”.
La medida de la Nación alcanza a 31 líneas de colectivos que realizan su recorrido dentro del perímetro de la ciudad y el conurbano bonaerense, y se ejecutará por medio de la red SUBE, que dejará de ser solventada por el Estado nacional.
Como parte del lanzamiento del plan Ciudad Bilingüe, Macri aseguró que el gobierno porteño seguirá subsidiando su parte (el 55%), pero que le pedirá a la administración de Milei que no retire la suya. “La Ciudad tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con la Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, marcó.
Indicó, además, que la Ciudad conversará con la Nación para que no quite el financiamiento. “Nosotros vamos a seguir haciendo el aporte que venimos haciendo y vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el gobierno nacional para que no retire el subsidio”, dijo el jefe de gobierno porteño.
“Tengamos una mesa de trabajo, eso se puede hacer en un mes. Podemos sentarnos y hacer una transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas”, planteó públicamente Macri. “Es como que me digas ‘cuidame la casa’ pero no me des las llaves para hacerlo”, ejemplificó.
Y cerró con una advertencia: “Esperamos tener un marco de diálogo para que la Nación no se retire del subsidio porque, como decía el Presidente, ‘la ley de gravedad existe’, y si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar y ninguna de las dos cosas es buena”.
La medida anunciada por la Secretaría de Transporte esta semana regirá a partir del 1º de septiembre. El titular de la cartera, Franco Mogetta, insistió a principios de agosto en que la Ciudad asuma las responsabilidades y los costos de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su territorio. “De esta manera, desde septiembre, el Estado nacional dejará de gastar cerca de $7000 millones por mes”, aseguró el funcionario nacional.
Antes de las declaraciones de Macri, la determinación de la gestión mileísta había sido criticada puertas adentro del gobierno porteño. Según pudo saber desde la Ciudad consideraron que la Nación debería definir las tarifas y el boleto de colectivo que, sin subsidios, deberían incrementarse. “No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa.
Una u otra decisión son potestad plena y exclusiva del gobierno nacional”, señalaron.
Además, sostuvieron que “más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación”. Y advirtieron: “Si la discusión fuera solo la ‘ubicación en el mapa’, entonces el puerto debería ser de la Ciudad, o el Aeroparque”. “Las realidades preexistentes a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente”, manifestaron.
Así, el conflicto por los fondos entre la Ciudad y la Nación crece. La decisión del Gobierno de dejar de subsidiar las 31 líneas de colectivo se dio al mismo tiempo en el que la Ciudad anunció que se presentará ante la Corte Suprema para advertir que la Nación no está pagando en forma automática el porcentaje de la coparticipación federal que fue quitado durante la administración anterior.
“El boleto saldrá $1400”
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, confirmó que sin subsidio el valor del pasaje de colectivo podría llegar a los $1400. El titular de la empresa que controla 180 líneas en el AMBA sostuvo: “Lo tiene que subsidiar la provincia (de Buenos Aires) o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires; si no lo subsidia nadie, el boleto saldrá $1400. Hay negociaciones en el medio y cada uno tira de su cuerda, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad”.
En declaraciones radiales, Pasciuto admitió que aún “hay mucho por recorrer” y resaltó que representa “un servicio público que tiene que seguir funcionando”. “No es con extorsión, hay mesas de dialogo y todavía faltan 40 días. Hay un tema político detrás de todo esto que ya se resolverá”, indicó.
Apuntó contra la forma en la manejan los subsidios las empresas de colectivos. “No todas las empresas tienen la misma inversión. Te encontrás con empresas muy desinvertidas que se administraron muy mal, entonces hoy no pueden dar el servicio y se agarran de lo que hay para justificar su inoperancia”, expresó, para agregar: “Nunca invirtieron en nada y ahora quieren que el Estado les pague un colectivo nuevo. El Estado se está regulando, está tratando de subsidiar al pasajero que lo necesita”.
Y se diferenció del resto de las compañías: “Nuestro grupo tiene 12.000 empleados y reinvertimos en el negocio. Si en vez de hacer eso con el subsidio me compraba una casa en Miami, termino no andando. Toda la plata está puesta en el transporte, en la Argentina y en el trabajo”.
“Nunca compartí las medidas de fuerza y los paros porque somos un servicio público. Se tiene que negociar, pero también se tiene que dar. Nuestras líneas van a funcionar normalmente con el servicio regular”, cerró.
El Gobierno decidió entregarle a la ciudad de Buenos Aires el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la avenida General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. Así, el gobierno nacional dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta para esa porción del transporte público de pasajeros.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía, que maneja Luis Caputo, y de la Ciudad anticiparon ayer a que la nacion el traspaso sería “inminente”, aunque admitieron que es una decisión unilateral del gobierno nacional, sin consultar la opinión de la administración porteña.
La medida no sería aceptada de manera “pacífica” por el gobierno de Jorge Macri, quien ayer también advirtió en declaraciones públicas que “sin subsidios las empresas [de transporte] van a colapsar”. La pelea por la coparticipación está en el trasfondo de la discusión.
El gobierno nacional tomó una decisión: le entregará a la Ciudad el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. De esa manera, dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta.
Sin embargo, la recepción del transporte en la sede porteña, a cargo de Jorge Macri, no será pacífica, ya que sostienen que debería haber un acuerdo y que para ese pasaje es necesario que haya intervención del Congreso y de la Legislatura local. El motivo es simple: el dinero de los subsidios y, sobre todo, la postergada solución por la coparticipación federal de impuestos.
Dos fuentes oficiales que trabajan en el Palacio de Hacienda y una del gobierno porteño confirmaron ayer a que la decisión está tomada y que sería “inminente”. Hasta ahora, de acuerdo con lo que sostuvieron, no habrá ningún tipo de acuerdo entre las dos administraciones, sino una decisión unilateral de los funcionarios que responden al ministro de Economía, Luis Caputo.
De hecho, pese a lo polémico del asunto, deberá ser el propio jefe de la cartera el que firme la resolución, ya que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, tenía previsto volar a Canadá por estas horas, rumbo a un encuentro del mundo aerocomercial.
La medida se tomará horas después de que Caputo firmó una resolución (801/2024), mediante la que decidió absolutamente todo lo que tiene que ver con los colectivos numerados del 1 al 200 (donde están las 31 líneas porteñas), sobre los que tiene jurisdicción. Se trata de una adecuación de los permisos que tienen estas líneas en relación con sus recorridos, cabeceras, ramales y parque móvil, entre otros, que en muchos casos ya no coincidían con la realidad de las líneas.
La norma tiene 100 anexos y en ellos se decidieron los recorridos, las frecuencias, el parque móvil que tiene que tener cada línea, los horarios y las tarifas que puede cobrar. De eso, justamente, se quejan Jorge Macri y los suyos: la Nación decide todo, pero lo paga la Ciudad, y ni siquiera puede disponer que una línea vaya por otra calle. Para saldar el asunto, Caputo entregaría todo el paquete a la Ciudad, eso sí, después de regular toda la actividad.
En las oficinas cercanas al alcalde porteño dicen que no es posible recibir todo el sistema de un día para otro. “Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura”, dijo en una entrevista radial el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.
Cifras
La discusión tiene cifras. Según datos de la ciudad de Buenos Aires, el costo del viaje en el transporte público por colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido solo por dentro de la ciudad es de $863. De ese importe, el pasajero paga $371 mediante el boleto, la Nación aporta un subsidio de $271 y el fisco porteño, el restante $221. ¿Qué pasaría si se retira la Casa Rosada? Si el jefe de gobierno, Jorge Macri, se mantiene en su postura, pues el pasaje debería tener un precio de $642.
En Parque Patricios dicen que la Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar la carga del aporte de subsidios a la Ciudad sin su consentimiento, a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. “Hacerlo es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna. Mucho menos se puede implementar una transferencia mediante un decreto”, advierten en las oficinas cercanas a Jorge Macri.
Dicen que en una carta que envió Caputo a la Ciudad, el ministro nacional reconoció la jurisdicción. “En miras del ordenamiento de las competencias propias de cada jurisdicción y hasta concretarse la transferencia de los servicios de transporte automotor, se insta por este medio a asumir las responsabilidades que le son propias en relación al pago de las compensaciones tarifarias correspondientes al transporte público de pasajeros por automotor con recorrido íntegro dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explica en uno de sus párrafos el ministro nacional. Hasta ahora, el transporte está regulado por el decreto 656 del 29 de abril de 1994.
La cuestión es vieja y se remonta al fallo de la Corte Suprema, cuando decidió que se devuelva a la Ciudad un porcentaje de coparticipación diferente al que había decidido Alberto Fernández para entregársela al gobernador Axel Kicillof. En aquel 2020, el entonces presidente resolvió por decreto, y luego a través de una ley, quitarle a la ciudad de Buenos Aires el 60% de lo que recibía. Así la coparticipación federal pasó de 3,5% a 1,4%. El 21 de diciembre de 2022, la Corte fijó provisionalmente a través de una cautelar un coeficiente de coparticipación de 2,95%, hasta que se resuelva la cuestión de fondo del reclamo. En ese fallo estableció que ese dinero se tenía que girar diariamente al distrito en forma inmediata.
Desde hace cuatro semanas, Caputo decidió entregar por semana $20.000 millones a las cuentas porteñas. Pero nada negoció con el dinero que queda pendiente desde el 21 de diciembre de 2022, cuando la Corte decidió sobre el asunto. Además, dicen en la Ciudad, ese importe es discrecional, no es diario y no se sabe qué sucederá el viernes de la semana que viene. “Acatar el fallo es establecer que al igual que lo que sucede con todas las provincias, se deposite diariamente $2,95 de cada $100 que se recauden, además de empezar a solucionar el retroactivo”, indican en Parque Patricios. ¿De qué se trata ese monto? Según cálculos porteños asciende a una cifra cercana a los $5 billones.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
“Sin subsidios, las empresas van a colapsar”, advirtió Jorge Macri
“Vamos a seguir dialogando política y técnicamente”, añadió; sin ayuda estatal, el boleto podría llegar a valer $1400
Luego de que el gobierno nacional anunciara que dejará de subsidiar las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el jefe porteño, Jorge Macri, advirtió ayer: “Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”.
La medida de la Nación alcanza a 31 líneas de colectivos que realizan su recorrido dentro del perímetro de la ciudad y el conurbano bonaerense, y se ejecutará por medio de la red SUBE, que dejará de ser solventada por el Estado nacional.
Como parte del lanzamiento del plan Ciudad Bilingüe, Macri aseguró que el gobierno porteño seguirá subsidiando su parte (el 55%), pero que le pedirá a la administración de Milei que no retire la suya. “La Ciudad tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con la Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, marcó.
Indicó, además, que la Ciudad conversará con la Nación para que no quite el financiamiento. “Nosotros vamos a seguir haciendo el aporte que venimos haciendo y vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el gobierno nacional para que no retire el subsidio”, dijo el jefe de gobierno porteño.
“Tengamos una mesa de trabajo, eso se puede hacer en un mes. Podemos sentarnos y hacer una transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas”, planteó públicamente Macri. “Es como que me digas ‘cuidame la casa’ pero no me des las llaves para hacerlo”, ejemplificó.
Y cerró con una advertencia: “Esperamos tener un marco de diálogo para que la Nación no se retire del subsidio porque, como decía el Presidente, ‘la ley de gravedad existe’, y si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar y ninguna de las dos cosas es buena”.
La medida anunciada por la Secretaría de Transporte esta semana regirá a partir del 1º de septiembre. El titular de la cartera, Franco Mogetta, insistió a principios de agosto en que la Ciudad asuma las responsabilidades y los costos de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su territorio. “De esta manera, desde septiembre, el Estado nacional dejará de gastar cerca de $7000 millones por mes”, aseguró el funcionario nacional.
Antes de las declaraciones de Macri, la determinación de la gestión mileísta había sido criticada puertas adentro del gobierno porteño. Según pudo saber desde la Ciudad consideraron que la Nación debería definir las tarifas y el boleto de colectivo que, sin subsidios, deberían incrementarse. “No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa.
Una u otra decisión son potestad plena y exclusiva del gobierno nacional”, señalaron.
Además, sostuvieron que “más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación”. Y advirtieron: “Si la discusión fuera solo la ‘ubicación en el mapa’, entonces el puerto debería ser de la Ciudad, o el Aeroparque”. “Las realidades preexistentes a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente”, manifestaron.
Así, el conflicto por los fondos entre la Ciudad y la Nación crece. La decisión del Gobierno de dejar de subsidiar las 31 líneas de colectivo se dio al mismo tiempo en el que la Ciudad anunció que se presentará ante la Corte Suprema para advertir que la Nación no está pagando en forma automática el porcentaje de la coparticipación federal que fue quitado durante la administración anterior.
“El boleto saldrá $1400”
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, confirmó que sin subsidio el valor del pasaje de colectivo podría llegar a los $1400. El titular de la empresa que controla 180 líneas en el AMBA sostuvo: “Lo tiene que subsidiar la provincia (de Buenos Aires) o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires; si no lo subsidia nadie, el boleto saldrá $1400. Hay negociaciones en el medio y cada uno tira de su cuerda, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad”.
En declaraciones radiales, Pasciuto admitió que aún “hay mucho por recorrer” y resaltó que representa “un servicio público que tiene que seguir funcionando”. “No es con extorsión, hay mesas de dialogo y todavía faltan 40 días. Hay un tema político detrás de todo esto que ya se resolverá”, indicó.
Apuntó contra la forma en la manejan los subsidios las empresas de colectivos. “No todas las empresas tienen la misma inversión. Te encontrás con empresas muy desinvertidas que se administraron muy mal, entonces hoy no pueden dar el servicio y se agarran de lo que hay para justificar su inoperancia”, expresó, para agregar: “Nunca invirtieron en nada y ahora quieren que el Estado les pague un colectivo nuevo. El Estado se está regulando, está tratando de subsidiar al pasajero que lo necesita”.
Y se diferenció del resto de las compañías: “Nuestro grupo tiene 12.000 empleados y reinvertimos en el negocio. Si en vez de hacer eso con el subsidio me compraba una casa en Miami, termino no andando. Toda la plata está puesta en el transporte, en la Argentina y en el trabajo”.
“Nunca compartí las medidas de fuerza y los paros porque somos un servicio público. Se tiene que negociar, pero también se tiene que dar. Nuestras líneas van a funcionar normalmente con el servicio regular”, cerró.
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