Paciencia social y oxígeno político, claves de la gobernabilidad
Sustento. Pese a un cierto desgaste en la imagen presidencial, el ordenamiento de las cuentas públicas le otorga margen de acción al Gobierno y explica el clima de relativa tranquilidad que impera en el país
Sergio Berensztein
El presidente Javier Milei y Néstor Kirchner
Entre las dificultades de gestión, la mala praxis, los errores no forzados y los problemas de coordinación que rozan el absurdo, el Gobierno viene sufriendo derrotas frecuentes y significativas: desde la designación de Martín Lousteau al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia hasta el rechazo de los diputados a asignar vía DNU una partida precisamente para la SIDE. Desde la aprobación de la movilidad jubilatoria –que impacta en las ecuaciones presupuestarias– hasta la implosión de sus bloques de senadores y diputados. La gestión encabezada por Javier Milei encuentra a cada paso obstáculos para alcanzar sus objetivos, sufre cada vez que necesita negociar por su condición de minoría y hasta instala piedras en su propio camino. Ejemplo: Guillermo Francos, el personaje con más muñeca política de LLA, terminó siendo un desgastado fusible. Pasó de ser catalizador de la demanda de los principales actores políticos del país a responsable en las quejas de los gobernadores aliados por la acumulación de promesas incumplidas.
“¿Milei es un kirchnerista de derecha?”, preguntó hace días un prestigioso intelectual italiano, académico de renombre en las ciencias sociales. “Sus ideas son extremas, ataca a la prensa y no muestra interés alguno en la calidad de las instituciones”, elaboró su interrogante. “Y se perfila como un típico hiperpresidente con vocación de acumular poder y cambiar el país desde arriba”.
Un análisis comparativo permite entenderlasdiferenciasentreambos fenómenos. Néstor Kirchner tenía una larga experiencia política, había sido gobernador y jefe de su partido en Santa Cruz y supo aprovechar el aparato del peronismo. Cuando confrontó con Eduardo Duhalde en 2005, pretendía monopolizar el control de la estructura partidaria. Tuvo tanto éxito que las sorprendentes críticas del senador José Mayans nada menos que a CFK se explican por su dilatado dominio del debilitado PJ, por el que nunca sintió afecto, pero del que no puede ni ahora quiere prescindir. Milei carece de trayectoria en la política, a la que desprecia y busca reinventar con la cuestionable hipótesis de que la motosierra y la licuadora constituyen instrumentos efectivos. Al contrario que los Kirchner, es un militante antiestatista y ve (o imagina) comunistas por todos lados, como si viviéramos en pleno macartismo. Sin embargo, al igual que Néstor (no tanto que Cristina), demostró siempre un enorme pragmatismo: al margen de sus convicciones económicas, una versión extrema del credo libertario, no tuvo inconvenientes en trabajar para un grupo empresarial hiperregulado ni colaborar en la campaña del por entonces candidato oficialista Daniel Scioli. Ese mismo atributo emerge hoy en su programa económico, mucho más gradual e intervencionista de lo esperado. El Milei economista y candidato sería extremadamente crítico del Milei presidente, que a su vez lo acosaría por las redes sociales por “libertonto”.
Otra penosa coincidencia del actual mandatario con el kirchnerismo es la obsesión por los medios de comunicación críticos, la lógica de confrontación permanente y el desdén por las formas. Su narrativa ignora los valores fundamentales y la retórica de la democracia y reivindica la Constitución de 1853, que no está vigente y tiene diferencias ideológicas y conceptuales muy importantes con la de 1994, comenzando por el artículo 14 bis. Más aún, como argumentó el doctor GarcíaMansilla el miércoles pasado en su solvente audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, no puede desconocerse la legislación vigente en materia de identidad de género (ley 27.643), cosa que el Gobierno preferiría ignorar.
A propósito de la dinámica de confrontación, Milei se asemeja a sus predecesores kirchneristas (Menem siempre sostuvo un discurso de unidad nacional) y tiende a imitar a sus congéneres globales de la antipolítica, como Bolsonaro y Trump. Esto debería ser un motivo de reflexión, si no de alarma, en el campo libertario: estos últimos fracasaron en sus reelecciones y algunas de sus principales iniciativas sufrieron reversiones absolutas, al margen de las complejas causas que enfrentan en la Justicia. Tal vez por eso decidió ceder ante la preocupación de Mauricio Macri y desplazar a los abogados de la “nueva” SIDE, que pretendían impulsar algunos expedientes complejos, como la vieja causa del Correo. Cerca del expresidente argumentan que “armaron una opereta berreta para tener algo que negociar”, mientras continúa la puja por recursos, la “madre de todas las batallas”, entre la Nación y la CABA. A pesar del fallo y de los esfuerzos de la Corte Suprema para que las partes lleguen a un acuerdo, el Poder Ejecutivo continúa retaceando el dinero que le corresponde a la ciudad. La sucesión de encuentros en la quinta de Olivos no impidió que los desacuerdos persistieran. La razón es tan sencilla como estructural: ambos compiten por el mismo electorado, en la ciudad y en toda la Argentina “del medio”, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y parte de Buenos Aires. Como indicó Álvaro González, si a LLA le va bien, Pro tenderá a desaparecer.
“Haría lo mismo, pero más rápido”, afirmó Macri cuando le preguntaron cuál sería su nuevo programa de gobierno. El espacio para la diferenciación es casi nulo. Esto lo entienden muy bien algunos gobernadores radicales, como Alfredo Cornejo: en Mendoza el electorado que apoya a Milei es casi el mismo que valora positivamente su gestión.
Ambicioso, el gobierno nacional dobla la apuesta y pretende seducir a intendentes del Gran Buenos Aires. No solo a los “afines” (como Diego Valenzuela o Ramón Lanús), sino incluso a varios ¿ex? integrantes del universo K, pragmáticos y más que dispuestos a acompañar. Como la “transversalidad” y la “concertación plural” que permitieron a Kirchner cooptar a tantos líderes radicales, ahora el objeto del deseo son los sobrevivientes del último naufragio K. Parece sencillo puentear a Kicillof para avanzar con obras públicas a punto de terminarse cediendo la responsabilidad de la ejecución. Un juego “ganar-ganar” en el que Milei fortalece su gobernabilidad y los intendentes locales se llevan el rédito político.
El clima de relativa tranquilidad que impera en el país se explicaría no solo por este compromiso o sesgo progobernabilidad que predomina en el sistema político: un porcentaje no menor de sus integrantes consideran que el ordenamiento de las cuentas públicas que hace el Gobierno y otras reformas estructurales necesarias, como el RIGI, le permitirán más margen de acción. “No hubiéramos podido ir tan a fondo”, reconoce un integrante del equipo económico de Sergio Massa. Además, si bien un sondeo reciente de D’Alessio-IROL/ Berensztein sugiere un cierto desgaste en la imagen presidencial y en la consideración que la sociedad tiene del Gobierno, incluyendo la confianza en la recuperación de la economía, los datos que reportó el Indec sobre el EMAE (estimador mensual de la actividad económica) permiten conjeturar que la caída del PBI habría sido bastante inferior a lo que muchos observadores esperaban: alrededor del 2%. Esto explicaría parcialmente la “paciencia social” que a tantos sorprende. El analista debe contener la ansiedad, esperar el dato duro y basar sus reflexiones en la evidencia empírica, no en las impresiones anecdóticas que se recogen en la vida cotidiana
Ambicioso, el gobierno nacional dobla la apuesta y pretende seducir a intendentes del Gran Buenos Aires. No solo a los afines
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Prescindir del Parlasur
Teniendo en cuenta sus competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a un cuerpo que no legisla y cuya eficacia es muy pobre
Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de denegar el pedido de cuatro legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que habían sido elegidos en los comicios generales de 2015 y reclamaban el cobro de dietas, quedó cerrado un capítulo. De haberse decidido lo contrario, le hubiera significado al Estado nacional una fuerte y ridícula erogación. Se trata de representantes de un oneroso organismo que no es legislativo, pues no dicta leyes, sino que elabora propuestas para lo que se pensaba que sería una alianza de países que avanzara hacia un mercado común fortalecido, pero que hasta hoy ha demostrado ser apenas una unión comercial imperfecta.
Teniendo en cuenta sus actuales competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a ese cuerpo, que sesiona una vez al mes en Montevideo.
Si bien se necesita del acuerdo de todos sus miembros para dar de baja a este improductivo organismo, bien podría la Argentina liderar en el Mercosur la voluntad de disolverlo, pues han quedado demostradas su ineficacia y su descarada finalidad para una parte no desdeñable de la dirigencia política local que lo usa como depósito de lujo donde alojar a algunos personajes en conflicto con la Justicia, como se hizo, entre otros, con Milagro Sala y José López. Sala, que nunca llegó a asumir, pretendía ampararse en presuntos fueros del Parlasur para huir de su destino de condenada por los diversos delitos que se le imputan. La Justicia determinó que los parlasurianos no pueden ampararse en fueros porque no los tienen. El caso de López resultó igualmente escandaloso. Fue expulsado del Parlasur en agosto de 2016, tras su detención en el convento bonaerense donde pretendía ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares, armas y joyas. Pretendieron y siguen pretendiendo muchos dirigentes convertir el Parlasur en una descarada bolsa de empleo destinada a exfuncionarios, exmandatarios, exlegisladores, parientes y amigos.
Ante los planteos judiciales promovidos por Claudia Fernanda Gil Lozano, Alejandro Hernán Karlen, Cecilia Britto y Alberto Asseff –todos elegidos en 2015–, la Corte Suprema, en distintos fallos, determinó que el Estado argentino no tiene a su cargo el pago de esas remuneraciones, que deben ser afrontadas por el Mercosur como persona jurídica diferente de los Estados que lo integran: la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sumado recientemente este último como miembro pleno, aunque contará con cuatro años para adaptarse a las normativas del grupo regional.
La polémica sobre los cargos, fueros y dietas de los parlasurianos es de antigua data. Si bien el Parlasur funciona desde 2006, se fue completando por etapas. La Argentina eligió a sus miembros solo en 2015. Esos cargos nacieron con fueros, similares a los de un legislador nacional. Sin embargo, una iniciativa judicial, que encabezó la entonces candidata a diputada Silvia Lospennato, logró anular semejantes privilegios. Fue así como dos sentencias dejaron sin fueros a los parlamentarios del Mercosur.
Siendo Mauricio Macri presidente, se amparó en una declaración conjunta de los Estados miembros para no convocar a elecciones de parlasurianos en 2019 a la espera de que se corrigieran las asimetrías provocadas por las diferencias en la forma de elegirlos en los diversos países. Eso derivó en que una cámara, en un fallo sin precedente, extendiera los mandatos de 2015 por un nuevo período, tras lo cual sobrevino la judicialización de las dietas hasta ahora, en que la Corte dio por tierra con el reclamo para que el Estado se hiciera cargo de pagarlas.
A todo ello hay que agregar que, desde 2016, por una decisión administrativa del gobierno de Cambiemos, a los parlasurianos ya no se les pagan dietas, sino solamente pasajes, viáticos y el alojamiento en Uruguay cada vez que viajan a la reunión mensual.
En los comicios de 2023 volvieron a elegirse los 43 miembros argentinos del Parlasur. En diciembre último, asumieron por Unión por la Patria Teresa Parodi, exministra de Cultura; Victoria Donda, exlegisladora y extitular del incompetente y hoy desaparecido Inadi; José Cáceres, exvicegobernador de Entre Ríos; Ricardo Branda, exsenador; Mariano Arcioni, exgobernador de Chubut; Gustavo Arrieta, exadministrador de Vialidad Nacional, y Gustavo Fuks, exsubsecretario de la Cancillería. Por Juntos por el Cambio, el escritor Federico Andahazi, el actor y exlegislador Luis Brandoni, y los exdiputados Álvaro Lamadrid, Lilia Puig y Laura Sesma. Por La Libertad Avanza asumieron varias personas del entorno de Javier Milei sin experiencia previa en la política. Acaso una de las más conocidas sea el exdiputado nacional Alfredo Olmedo. Cabe aclarar que, al haber coincidido esta elección con la primera vuelta electoral, en la que se impuso el kirchnerismo, la mayor representación en el Parlasur corresponde a representantes de ese sector. Todos ellos cumplirán mandato hasta 2027.
Es hora de que la Argentina tome la delantera y reclame su inmediata eliminación. Nada de peso ha aportado ese cuerpo hasta ahora. Solo ha venido sumando declaraciones, creando comisiones, elaborando documentos y, lamentablemente, protagonizando escándalos, reclamos judiciales, gastos de dinero y de tiempo.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Suicidios en aumento
El Ministerio de Seguridad reportó un aumento de “muertes violentas” del orden del 5% entre 2022 y 2023. Bajo esa categoría se ubican los suicidios. La Organización Panamericana de la Salud lo considera una enfermedad crónica no transmisible.
Ese porcentaje no refleja acabadamente la realidad, cuando solo el 1% de los hospitales y clínicas informan los casos que alimentan las bases nacionales. El programa de notificación, que obliga a reportarlos semanalmente, comenzó a funcionar en 2022, y lejos está aún de incluir al total de instituciones. A medida que se suman, aumentan los casos registrados. La media nacional para 2023 fue de 9,8, con 4195 suicidios registrados para el Ministerio de Seguridad.
Cuando una persona ingresa a un hospital, solo personal debidamente capacitado puede reconocer si el daño es autoinfligido; muchos lo pasan por alto. La importancia de entrenar a los distintos involucrados es clave.
Entre Ríos es la provincia con la mayor tasa de suicidios del país, En 2022, alcanzó los 11,2 suicidios por cada 100.000 personas, según el Ministerio de Salud, pero para el de Seguridad fueron 18,3. La diferencia radica en que la cartera de Salud no contempla los fallecimientos que no llegaron a alguno de sus 65 hospitales. Las mayores subas en esa provincia se registran entre mayores de 65 años y en jóvenes.
En Córdoba también se presentaban diferencias similares. En 2023 se contabilizaron 198 intentos de suicidio, pero el Ministerio de Seguridad nacional hablaba de 289. En 2024, con más instituciones involucradas en el programa, ya suman 390.
Trabajar para unificar los registros lleva su tiempo, pues supone acuerdos interministeriales, pero solo así los números permitirán reflejar con mayor grado de fidelidad la realidad, primer paso para intervenir tempranamente.
A junio pasado, el Ministerio de Seguridad daba cuenta de unas 39.000 instituciones públicas y privadas inscriptas en el programa. Lamentablemente, solo 422, esto es, el 1%, reportaban semanalmente los intentos de suicidio, concretados o no.
No hay dudas respecto de que el aislamiento impuesto por la pandemia de Covid-19 profundizó la crisis global de salud mental. Se habla por ello de la “cuarta ola” del Covid. Unicef reveló que el 72% de los adolescentes necesitaron apoyo emocional en pandemia. Hablemos de Suicidio es una valiosa propuesta de la Fundación La Nación. Según datos oficiales, en la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte adolescente; la primera son los siniestros viales. No hay soluciones mágicas, pero todos podemos prevenir situaciones evitando estigmatizar y hablando abiertamente con quienes buscan respuestas.
Entre las dificultades de gestión, la mala praxis, los errores no forzados y los problemas de coordinación que rozan el absurdo, el Gobierno viene sufriendo derrotas frecuentes y significativas: desde la designación de Martín Lousteau al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia hasta el rechazo de los diputados a asignar vía DNU una partida precisamente para la SIDE. Desde la aprobación de la movilidad jubilatoria –que impacta en las ecuaciones presupuestarias– hasta la implosión de sus bloques de senadores y diputados. La gestión encabezada por Javier Milei encuentra a cada paso obstáculos para alcanzar sus objetivos, sufre cada vez que necesita negociar por su condición de minoría y hasta instala piedras en su propio camino. Ejemplo: Guillermo Francos, el personaje con más muñeca política de LLA, terminó siendo un desgastado fusible. Pasó de ser catalizador de la demanda de los principales actores políticos del país a responsable en las quejas de los gobernadores aliados por la acumulación de promesas incumplidas.
“¿Milei es un kirchnerista de derecha?”, preguntó hace días un prestigioso intelectual italiano, académico de renombre en las ciencias sociales. “Sus ideas son extremas, ataca a la prensa y no muestra interés alguno en la calidad de las instituciones”, elaboró su interrogante. “Y se perfila como un típico hiperpresidente con vocación de acumular poder y cambiar el país desde arriba”.
Un análisis comparativo permite entenderlasdiferenciasentreambos fenómenos. Néstor Kirchner tenía una larga experiencia política, había sido gobernador y jefe de su partido en Santa Cruz y supo aprovechar el aparato del peronismo. Cuando confrontó con Eduardo Duhalde en 2005, pretendía monopolizar el control de la estructura partidaria. Tuvo tanto éxito que las sorprendentes críticas del senador José Mayans nada menos que a CFK se explican por su dilatado dominio del debilitado PJ, por el que nunca sintió afecto, pero del que no puede ni ahora quiere prescindir. Milei carece de trayectoria en la política, a la que desprecia y busca reinventar con la cuestionable hipótesis de que la motosierra y la licuadora constituyen instrumentos efectivos. Al contrario que los Kirchner, es un militante antiestatista y ve (o imagina) comunistas por todos lados, como si viviéramos en pleno macartismo. Sin embargo, al igual que Néstor (no tanto que Cristina), demostró siempre un enorme pragmatismo: al margen de sus convicciones económicas, una versión extrema del credo libertario, no tuvo inconvenientes en trabajar para un grupo empresarial hiperregulado ni colaborar en la campaña del por entonces candidato oficialista Daniel Scioli. Ese mismo atributo emerge hoy en su programa económico, mucho más gradual e intervencionista de lo esperado. El Milei economista y candidato sería extremadamente crítico del Milei presidente, que a su vez lo acosaría por las redes sociales por “libertonto”.
Otra penosa coincidencia del actual mandatario con el kirchnerismo es la obsesión por los medios de comunicación críticos, la lógica de confrontación permanente y el desdén por las formas. Su narrativa ignora los valores fundamentales y la retórica de la democracia y reivindica la Constitución de 1853, que no está vigente y tiene diferencias ideológicas y conceptuales muy importantes con la de 1994, comenzando por el artículo 14 bis. Más aún, como argumentó el doctor GarcíaMansilla el miércoles pasado en su solvente audiencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, no puede desconocerse la legislación vigente en materia de identidad de género (ley 27.643), cosa que el Gobierno preferiría ignorar.
A propósito de la dinámica de confrontación, Milei se asemeja a sus predecesores kirchneristas (Menem siempre sostuvo un discurso de unidad nacional) y tiende a imitar a sus congéneres globales de la antipolítica, como Bolsonaro y Trump. Esto debería ser un motivo de reflexión, si no de alarma, en el campo libertario: estos últimos fracasaron en sus reelecciones y algunas de sus principales iniciativas sufrieron reversiones absolutas, al margen de las complejas causas que enfrentan en la Justicia. Tal vez por eso decidió ceder ante la preocupación de Mauricio Macri y desplazar a los abogados de la “nueva” SIDE, que pretendían impulsar algunos expedientes complejos, como la vieja causa del Correo. Cerca del expresidente argumentan que “armaron una opereta berreta para tener algo que negociar”, mientras continúa la puja por recursos, la “madre de todas las batallas”, entre la Nación y la CABA. A pesar del fallo y de los esfuerzos de la Corte Suprema para que las partes lleguen a un acuerdo, el Poder Ejecutivo continúa retaceando el dinero que le corresponde a la ciudad. La sucesión de encuentros en la quinta de Olivos no impidió que los desacuerdos persistieran. La razón es tan sencilla como estructural: ambos compiten por el mismo electorado, en la ciudad y en toda la Argentina “del medio”, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y parte de Buenos Aires. Como indicó Álvaro González, si a LLA le va bien, Pro tenderá a desaparecer.
“Haría lo mismo, pero más rápido”, afirmó Macri cuando le preguntaron cuál sería su nuevo programa de gobierno. El espacio para la diferenciación es casi nulo. Esto lo entienden muy bien algunos gobernadores radicales, como Alfredo Cornejo: en Mendoza el electorado que apoya a Milei es casi el mismo que valora positivamente su gestión.
Ambicioso, el gobierno nacional dobla la apuesta y pretende seducir a intendentes del Gran Buenos Aires. No solo a los “afines” (como Diego Valenzuela o Ramón Lanús), sino incluso a varios ¿ex? integrantes del universo K, pragmáticos y más que dispuestos a acompañar. Como la “transversalidad” y la “concertación plural” que permitieron a Kirchner cooptar a tantos líderes radicales, ahora el objeto del deseo son los sobrevivientes del último naufragio K. Parece sencillo puentear a Kicillof para avanzar con obras públicas a punto de terminarse cediendo la responsabilidad de la ejecución. Un juego “ganar-ganar” en el que Milei fortalece su gobernabilidad y los intendentes locales se llevan el rédito político.
El clima de relativa tranquilidad que impera en el país se explicaría no solo por este compromiso o sesgo progobernabilidad que predomina en el sistema político: un porcentaje no menor de sus integrantes consideran que el ordenamiento de las cuentas públicas que hace el Gobierno y otras reformas estructurales necesarias, como el RIGI, le permitirán más margen de acción. “No hubiéramos podido ir tan a fondo”, reconoce un integrante del equipo económico de Sergio Massa. Además, si bien un sondeo reciente de D’Alessio-IROL/ Berensztein sugiere un cierto desgaste en la imagen presidencial y en la consideración que la sociedad tiene del Gobierno, incluyendo la confianza en la recuperación de la economía, los datos que reportó el Indec sobre el EMAE (estimador mensual de la actividad económica) permiten conjeturar que la caída del PBI habría sido bastante inferior a lo que muchos observadores esperaban: alrededor del 2%. Esto explicaría parcialmente la “paciencia social” que a tantos sorprende. El analista debe contener la ansiedad, esperar el dato duro y basar sus reflexiones en la evidencia empírica, no en las impresiones anecdóticas que se recogen en la vida cotidiana
Ambicioso, el gobierno nacional dobla la apuesta y pretende seducir a intendentes del Gran Buenos Aires. No solo a los afines
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Prescindir del Parlasur
Teniendo en cuenta sus competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a un cuerpo que no legisla y cuya eficacia es muy pobre
Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de denegar el pedido de cuatro legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que habían sido elegidos en los comicios generales de 2015 y reclamaban el cobro de dietas, quedó cerrado un capítulo. De haberse decidido lo contrario, le hubiera significado al Estado nacional una fuerte y ridícula erogación. Se trata de representantes de un oneroso organismo que no es legislativo, pues no dicta leyes, sino que elabora propuestas para lo que se pensaba que sería una alianza de países que avanzara hacia un mercado común fortalecido, pero que hasta hoy ha demostrado ser apenas una unión comercial imperfecta.
Teniendo en cuenta sus actuales competencias, resulta inaceptable que haya que seguir destinando dinero a ese cuerpo, que sesiona una vez al mes en Montevideo.
Si bien se necesita del acuerdo de todos sus miembros para dar de baja a este improductivo organismo, bien podría la Argentina liderar en el Mercosur la voluntad de disolverlo, pues han quedado demostradas su ineficacia y su descarada finalidad para una parte no desdeñable de la dirigencia política local que lo usa como depósito de lujo donde alojar a algunos personajes en conflicto con la Justicia, como se hizo, entre otros, con Milagro Sala y José López. Sala, que nunca llegó a asumir, pretendía ampararse en presuntos fueros del Parlasur para huir de su destino de condenada por los diversos delitos que se le imputan. La Justicia determinó que los parlasurianos no pueden ampararse en fueros porque no los tienen. El caso de López resultó igualmente escandaloso. Fue expulsado del Parlasur en agosto de 2016, tras su detención en el convento bonaerense donde pretendía ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares, armas y joyas. Pretendieron y siguen pretendiendo muchos dirigentes convertir el Parlasur en una descarada bolsa de empleo destinada a exfuncionarios, exmandatarios, exlegisladores, parientes y amigos.
Ante los planteos judiciales promovidos por Claudia Fernanda Gil Lozano, Alejandro Hernán Karlen, Cecilia Britto y Alberto Asseff –todos elegidos en 2015–, la Corte Suprema, en distintos fallos, determinó que el Estado argentino no tiene a su cargo el pago de esas remuneraciones, que deben ser afrontadas por el Mercosur como persona jurídica diferente de los Estados que lo integran: la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sumado recientemente este último como miembro pleno, aunque contará con cuatro años para adaptarse a las normativas del grupo regional.
La polémica sobre los cargos, fueros y dietas de los parlasurianos es de antigua data. Si bien el Parlasur funciona desde 2006, se fue completando por etapas. La Argentina eligió a sus miembros solo en 2015. Esos cargos nacieron con fueros, similares a los de un legislador nacional. Sin embargo, una iniciativa judicial, que encabezó la entonces candidata a diputada Silvia Lospennato, logró anular semejantes privilegios. Fue así como dos sentencias dejaron sin fueros a los parlamentarios del Mercosur.
Siendo Mauricio Macri presidente, se amparó en una declaración conjunta de los Estados miembros para no convocar a elecciones de parlasurianos en 2019 a la espera de que se corrigieran las asimetrías provocadas por las diferencias en la forma de elegirlos en los diversos países. Eso derivó en que una cámara, en un fallo sin precedente, extendiera los mandatos de 2015 por un nuevo período, tras lo cual sobrevino la judicialización de las dietas hasta ahora, en que la Corte dio por tierra con el reclamo para que el Estado se hiciera cargo de pagarlas.
A todo ello hay que agregar que, desde 2016, por una decisión administrativa del gobierno de Cambiemos, a los parlasurianos ya no se les pagan dietas, sino solamente pasajes, viáticos y el alojamiento en Uruguay cada vez que viajan a la reunión mensual.
En los comicios de 2023 volvieron a elegirse los 43 miembros argentinos del Parlasur. En diciembre último, asumieron por Unión por la Patria Teresa Parodi, exministra de Cultura; Victoria Donda, exlegisladora y extitular del incompetente y hoy desaparecido Inadi; José Cáceres, exvicegobernador de Entre Ríos; Ricardo Branda, exsenador; Mariano Arcioni, exgobernador de Chubut; Gustavo Arrieta, exadministrador de Vialidad Nacional, y Gustavo Fuks, exsubsecretario de la Cancillería. Por Juntos por el Cambio, el escritor Federico Andahazi, el actor y exlegislador Luis Brandoni, y los exdiputados Álvaro Lamadrid, Lilia Puig y Laura Sesma. Por La Libertad Avanza asumieron varias personas del entorno de Javier Milei sin experiencia previa en la política. Acaso una de las más conocidas sea el exdiputado nacional Alfredo Olmedo. Cabe aclarar que, al haber coincidido esta elección con la primera vuelta electoral, en la que se impuso el kirchnerismo, la mayor representación en el Parlasur corresponde a representantes de ese sector. Todos ellos cumplirán mandato hasta 2027.
Es hora de que la Argentina tome la delantera y reclame su inmediata eliminación. Nada de peso ha aportado ese cuerpo hasta ahora. Solo ha venido sumando declaraciones, creando comisiones, elaborando documentos y, lamentablemente, protagonizando escándalos, reclamos judiciales, gastos de dinero y de tiempo.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Suicidios en aumento
El Ministerio de Seguridad reportó un aumento de “muertes violentas” del orden del 5% entre 2022 y 2023. Bajo esa categoría se ubican los suicidios. La Organización Panamericana de la Salud lo considera una enfermedad crónica no transmisible.
Ese porcentaje no refleja acabadamente la realidad, cuando solo el 1% de los hospitales y clínicas informan los casos que alimentan las bases nacionales. El programa de notificación, que obliga a reportarlos semanalmente, comenzó a funcionar en 2022, y lejos está aún de incluir al total de instituciones. A medida que se suman, aumentan los casos registrados. La media nacional para 2023 fue de 9,8, con 4195 suicidios registrados para el Ministerio de Seguridad.
Cuando una persona ingresa a un hospital, solo personal debidamente capacitado puede reconocer si el daño es autoinfligido; muchos lo pasan por alto. La importancia de entrenar a los distintos involucrados es clave.
Entre Ríos es la provincia con la mayor tasa de suicidios del país, En 2022, alcanzó los 11,2 suicidios por cada 100.000 personas, según el Ministerio de Salud, pero para el de Seguridad fueron 18,3. La diferencia radica en que la cartera de Salud no contempla los fallecimientos que no llegaron a alguno de sus 65 hospitales. Las mayores subas en esa provincia se registran entre mayores de 65 años y en jóvenes.
En Córdoba también se presentaban diferencias similares. En 2023 se contabilizaron 198 intentos de suicidio, pero el Ministerio de Seguridad nacional hablaba de 289. En 2024, con más instituciones involucradas en el programa, ya suman 390.
Trabajar para unificar los registros lleva su tiempo, pues supone acuerdos interministeriales, pero solo así los números permitirán reflejar con mayor grado de fidelidad la realidad, primer paso para intervenir tempranamente.
A junio pasado, el Ministerio de Seguridad daba cuenta de unas 39.000 instituciones públicas y privadas inscriptas en el programa. Lamentablemente, solo 422, esto es, el 1%, reportaban semanalmente los intentos de suicidio, concretados o no.
No hay dudas respecto de que el aislamiento impuesto por la pandemia de Covid-19 profundizó la crisis global de salud mental. Se habla por ello de la “cuarta ola” del Covid. Unicef reveló que el 72% de los adolescentes necesitaron apoyo emocional en pandemia. Hablemos de Suicidio es una valiosa propuesta de la Fundación La Nación. Según datos oficiales, en la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte adolescente; la primera son los siniestros viales. No hay soluciones mágicas, pero todos podemos prevenir situaciones evitando estigmatizar y hablando abiertamente con quienes buscan respuestas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.