PROTECCIÓN POLÍTICA Y REVÉS JUDICIAL

Le reclaman al kirchnerismo reactivar las denuncias contra Ariel Lijo y nadie sale en defensa del juez
La consejera De la Torre, cercana a Pro, le recriminó a Recalde que las presentaciones contra el juez están frenadas y él le contestó: “Coincido con Usted, vamos a revisar”
Hernán Cappiello
Ariel Lijo, en la audiencia del Senado
Las denuncias contra el juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno para la Corte Suprema, se tramitan con demoras en el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo viene pisando esos expedientes que no avanzan.
Quien denunció esa situación en el Consejo de la Magistratura es la consejera Jimena de la Torre, representante de los abogados y cercana a Pro. Cuatro denuncias contra Lijo están en manos del presidente de la Comisión de Disciplina, el kirchnerista Héctor Recalde, quien aún no las sorteó, según denunció De la Torre. Son una presentación del diputado del ARI Juan Manuel López, de agosto de 2023; una presentación de diciembre de ese año de Manuel Lozina; otra del 14 de marzo pasado de Pedro Amarillo Paye, y una del 10 de abril pasado, de Elisa Carrió.
Héctor Recalde
La denuncia más vieja se relaciona con el expediente que investiga presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. La Coalición Cívica acusó al juez de haber beneficiado al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, enemigo de Elisa Carrió.
En la última reunión de la Comisión de Disciplina, De la Torre insistió con Recalde por este tema y el consejero respondió: “Coincido con Usted, vamos a revisar, pero quiero un informe por secretaría. Coincido con usted. ¿Qué pasa con esa demora?”.
De la Torre dijo en la sesión: “Desde la vocalía, hemos presentado dos notas en su momento para pedir que se pongan en el orden del día y se sortee el consejero instructor o se decida las desestimaciones in limine de varias denuncias que están en la órbita de la presidencia, viendo si corresponde su desestimación o sorteo”.
Y se quejó: “Llevan más de un año y lo cierto es que nos está corriendo un plazo”. La última vez se decidió postergar el tratamiento, pero no se volvió a poner el asunto en el orden del día para designar a un consejero que sea el instructor que investigue el caso, elabore un dictamen para acusar o archivar la denuncia y lo someta a la votación de sus colegas.
“Le pido si podemos revisar lo que está en la órbita de presidencia -le dijo De la Torre a Recalde- para que sean puestas en el próximo orden del día todas aquellas denuncias que están en el Consejo de la Magistratura, en la comisión de Disciplina, y se decida su desestimación o darle curso al expediente.”
Jimena de la Torre, el día de su jura como consejera de la Magistratura en el Palacio de Tribunales
E insistió: “No podemos tener paradas durante más de un año algunas denuncias cuando hay un plazo de tres años [para investigar cada una] que está corriendo”. Si no se tratan en ese lapso, las denuncias deben desestimarse porque así lo dispone el reglamento del propio Consejo.
El silencio del kirchnerismo sobre las denuncias contra Lijo es interpretado en Pro como una protección que opera sobre el magistrado federal y un adelanto de la posición que va a tener el bloque liderado por Cristina Kirchner cuando le toque votar el pliego de Lijo en el Senado.
El trámite en el Senado
Por ahora y tras su audiencia pública de la semana pasada, el pliego de Lijo debe superar la votación de la Comisión de Acuerdos. Hace falta que lo voten nueve senadores y no alcanzan los votos de los integrantes de la Libertad Avanza.
En el Gobierno están dispuestos a hablar de ampliar la Corte Suprema de Justicia y negociar otras vacantes, incluso la del Procurador General de la Nación, siempre y cuando el kirchnerismo les de los votos en la Comisión de Acuerdos. Pero los senadores quieren un compromiso anterior a ese momento.
Para el Gobierno está vigente la idea de que el pliego de Lijo debe ir acompañado del de Manuel García-Mansilla, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral, que es el otro candidato que Javier Milei propuso para la Corte. Hoy superó la prueba de la audiencia pública y en el Ministerio de Justicia afirman que el plan sigue siendo que avancen “los dos pliegos o ninguno”.

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Revés judicial para Alberto Fernández en su intento de que no se publiquen imágenes de su celular
La jueza Capuchetti rechazó dictar una cautelar pedida por el expresidente; dijo que se viola la libertad de expresión; mandó la denuncia por violación de secretos contra su exmujer a la justicia ordinaria
Hernán Cappiello
María Eugenia Capuchetti
Mientras intenta un contraataque en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez, expresidente Alberto Fernández recibió hoy un nuevo revés judicial: la jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó su pretensión de dictar una medida cautelar e impedir que los medios de comunicación publiquen imágenes de su teléfono, como los videos conocidos con la periodista Tamara Petinatto.
La magistrada dijo que implicaría una violación de la libertad de expresión. Asimismo, rechazó investigar una denuncia de Alberto Fernández contra su exmujer por violación de secretos, al difundir el contenido de su celular, y determinó que el caso debe ser investigado por la justicia nacional ordinaria y no la federal.
Capuchetti rechazó por impreciso el pedido de Fernández para que los medios no reproduzcan las imágenes del celular que le entregó a Yañez para que juegue su hijo Francisco. Fue en esa circunstancia que –dijo Yañez–, advirtió que en ese teléfono había videos de su entonces pareja con otras mujeres.
Alberto Fernández, espera la llegada del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a Buenos Aires, el 18 de abril de 2022
“El peticionante no ha logrado demostrar la verosimilitud en el derecho invocado, ya que, al momento de realizar su presentación, no indicó cuál sería el objeto de la medida cautelar, sino que tan solo se limitó a expresar manifestaciones genéricas en torno a que no se divulgue información personal que involucre a mujeres”, sostuvo la jueza.
Dijo la jueza que de prohibir la difusión de las imágenes “se estarían cercenando diversos derechos de raigambre constitucional, como lo son la libertad de prensa y la libertad de expresión, lo que representaría una censura previa”.
“Vale la pena mencionar que tanto el honor, como la intimidad y otros derechos inherentes a la persona no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios. De admitirse la medida cautelar solicitada, se estaría llevando a cabo una censura previa, afectándose, de esa manera, el derecho constitucional de libertad de expresión, el cual constituye uno de los principios básicos de toda sociedad democrática”, sostuvo.
Tamara Pettinato en la Casa Rosada
Asimismo, la jueza envió el caso a la justicia nacional de instrucción, al entender que no se trata de un delito federal, sino un conflicto entre particulares donde no están afectados los intereses del Estado nacional ni las telecomunicaciones.
Alberto Fernández presentó esta denuncia cuando se hizo público un video de Tamara Petinatto en el despacho presidencial, tomando cerveza con el expresidente y escribiéndole una carta de amor en papel membretado de la presidencia de la Nación.

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