ESTRATEGIA Y DEMORA

Una estrategia que apunta a los fiscales, a la Corte Suprema y a foros internacionales
El planteo de Villarruel intentará desactivar una prohibición del exprocurador Righi; se esperan definiciones en los casos Larrabure y Viola
Mariano de Vedia
Los reclamos de la vicepresidenta Victoria Villarruel para impulsar la reapertura de las causas judiciales contra las organizaciones guerrilleras por la violencia desatada en los años 70 apuntan en una triple dirección: la Procuración General de la Nación, que fija las estrategias de los fiscales; la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si el secuestro y asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure fue un crimen de lesa humanidad, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene un planteo similar por el atentado contra el capitán Humberto Viola y su hija de tres años, en 1974, en Tucumán.
“El primer obstáculo para remover es la resolución 158/07, firmada por el entonces procurador general Esteban Righi, que ordenó a los fiscales no investigar los crímenes de las organizaciones guerrilleras como delitos de lesa humanidad”, explicó a un abogado que la nacion tramitó varias causas penales de este calibre en los tribunales.
Ministro del Interior durante los 49 días del gobierno de Héctor Cámpora y artífice de la amnistía dictada en 1973, Righi firmó la resolución el 29 de noviembre de 2007, en los días finales de la presidencia de Néstor Kirchner, luego de que el fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, considerara prima facie que el secuestro, tortura y crimen de Larrabure se encuadraba en la categoría de lesa humanidad.
El militar Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en agosto de 1974, cuando se produjo el ataque a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y asesinado luego de permanecer un año en cautiverio, en una “cárcel del pueblo”, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
La medida de Righi
La resolución del procurador Righi, quien falleció en 2019, fue interpretada como una “mordaza” a los fiscales para no avanzar en los procesos penales contra los cabecillas de las organizaciones guerrilleras y “es el primer escollo por superar si realmente se quieren llevar adelante las investigaciones de los crímenes de Montoneros y del ERP, como viene predicando la vicepresidenta”, dijo la fuente letrada.
La causa de Larrabure se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que desde 2020 tiene en estudio un recurso para que el crimen sea considerado de lesa humanidad, luego de que la petición fuera rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal. Fuentes judiciales revelaron que el expediente ya pasó por la vista de los ministros del alto tribunal, que estarían en condiciones de fallar.
En ese expediente se pidió la aplicación del informe 55/97 de la CIDF, emitido al analizar el caso del ataque a La Tablada. El organismo internacional concluyó que el alzamiento guerrillero, que duró solo 36 horas, desató un conflicto armado interno que tornó aplicable el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949, que impiden torturar y asesinar a los prisioneros de guerra o atentar contra civiles. Ese mismo criterio se intenta ahora aplicar a los enfrentamientos que provocaron las organizaciones guerrilleras en los cruentos sucesos de los 70.
“Podría ser aplicable en los casos Rucci y Viola”, anticiparon fuentes letradas, en referencia a los asesinatos del líder metalúrgico y jefe de la CGT en 1973, cuya investigación fue archivada por el juez federal Ariel Lijo, y del capitán Humberto Viola, ultimado por el ERP cuando llegaba con su familia a la casa de sus padres, en diciembre de 1974.
El caso Rucci
En su reciente exposición en el Senado, en la audiencia convocada para analizar su ingreso en la Corte Suprema, el juez Lijo descartó que el crimen de Rucci fuera de lesa humanidad, pues, si bien admitía la posible participación de Montoneros, no existían pruebas que demostraran la responsabilidad del Estado.
Pero fuentes cercanas a la familia Rucci recuerdan que el expediente tiene el testimonio de Mario Oscar García, quien en ese tiempo era el jefe del penal de Sierra Chica y se amotinó con otros miembros de la fuerza para “impedir que el gobierno bonaerense de Oscar Bidegain siguiera entregando armas a la guerrilla desde los arsenales del establecimiento penitenciario”. En enero del año siguiente, el ERP lideró el intento de copamiento del regimiento de Azul, que provocó la reacción del presidente Juan Domingo Perón, quien dispuso en represalia el relevo del gobernador peronista.
El caso Viola, en tanto, es el que tiene en sus manos la CIDH, que corrió traslado al Estado argentino del alegato que en su momento expuso la familia Viola, a través del testimonio de María Fernanda Viola, hija del militar asesinado y hermana de María Cristina, la niña de tres años que murió en el ataque del ERP.
En su momento, intervenía en el caso el gobierno de Alberto Fernández. Pero las alternativas políticas hacen que el descargo deba presentarlo la gestión de Javier Milei, por lo que “el Estado argentino tiene ahora la posibilidad de reconocer que existió una guerra revolucionaria en la década del 70 y comprometerse a llevar adelante las investigaciones”, estimó la fuente consultada.
Paradójicamente, la respuesta del Estado argentino a la CIDH podría allanar ahora el camino para avanzar en las pretensiones expresadas por Villarruel.

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Se demora la investigación sobre los diputados que se reunieron con represores
Las comisiones de la Cámara de Diputados todavía no definieron el ámbito en que debe realizarse y si corresponde una sanción

Laura SerraPérez Esquivel (primero a la derecha) expuso ante los legisladores en la Comisión de Peticiones x
A más de un mes de la controvertida visita de seis diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde se entrevistaron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, oficialistas y opositores coincidieron en que el episodio debe ser investigado, aunque todavía no logran resolver en qué ámbito debería realizarse y si, en definitiva, a los diputados involucrados les debe caber alguna sanción.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato, recibió ayer a media decena de organismos de derechos humanos que, de manera unánime, reclamaron la urgente creación de una comisión investigadora ad hoc y que los seis libertarios reciban la máxima sanción.
Los legisladores aceptaron que el hecho se investigue, aunque todavía no tienen claro si esa tarea debería recaer en una comisión especial por crearse o en un plenario de las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales.
Esta última comisión tiene amplias atribuciones reglamentarias para dictaminar si corresponde impartir una sanción ante una eventual inconducta de un miembro de la Cámara de Diputados.
Oficialistas y opositores esperan resolver esta cuestión la semana próxima, por lo que la investigación del episodio propiamente dicha todavía no tiene fecha de arranque.
De todas maneras, los diputados de Unión por la Patria, que desde el principio reclamaron que los seis libertarios sean investigados y juzgados por sus pares, sostienen que se dio un paso importante.
“Cuando se conoció el episodio sobre la visita a los represores a Ezeiza no todos los bloques estaban convencidos de la necesidad de investigar. Nosotros lo planteamos al principio y no tuvimos eco. Después fueron apareciendo hechos que empeoraron el cuadro: ahora nadie quiere bancarse el costo político de no investigar”, confían en el bloque que conduce Germán Martínez.
Los “hechos que empeoraron el cuadro” al que hacen alusión en el bloque kirchnerista se relacionan con las últimas declaraciones de la diputada Lourdes Arrieta, una de las participantes de la excursión a Ezeiza.
La mendocina, que anteayer pegó un portazo en el bloque de La Libertad Avanza –antes de que la expulsaran de su seno–, denunció que un grupo de diputados libertarios pretendían impulsar un proyecto para beneficiar a los represores detenidos, ya fuera con la prisión domiciliaria o con un indulto.
Asimismo, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber facilitado los medios para realizar la visita al penal y enfatizó que en el bloque todos estaban al tanto.
Ante la escalada del escándalo, oficialistas y oposición acordaron investigar el hecho.
El diputado Juan Brugge (Encuentro Federal) propuso circunscribirlo a dos cuestiones concretas: primero, la visita a Ezeiza en sí misma y las sospechas de que desde el Ministerio de Seguridad se habría facilitado el acceso irregular de los diputados al penal.
Segundo, si esto configura una inconducta y qué sanción cabría. Propuso que sea el plenario de las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales el que se aboque a esta tarea, moción que fue aceptada por el resto de las bancadas.
La diputada Lospennato adelantó que en la próxima reunión –que llevarán adelante las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales– no se discutirá sobre el episodio propiamente dicho, sino sobre qué inconducta es la que debería juzgarse y qué tipo de sanción impartir.
“Va a ser una discusión enriquecedora porque vamos a sentar precedentes importantes: en esta Cámara se han usado facultades disciplinarias para expulsar a un legislador por manifestaciones políticas contra un presidente (aludió a Ricardo Balbín). Esto en una democracia madura no puede suceder. No podemos darles a las mayorías circunstanciales herramientas para expulsar a quienes tienen representación popular”, sostuvo.
Todo indica que, a la postre, no se conformará una comisión especial investigadora del hecho como pretendían los organismos de derechos humanos, que reclamaron la expulsión de los legisladores involucrados.
“Son una lacra, traicionan al pueblo argentino”, fustigó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. En representación de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el abogado y nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit también reclamó que se sancione a los legisladores libertarios.
“Resulta doloroso que haya legisladores que nieguen la verdad histórica y que conspiren a espaldas de la sociedad para otorgar impunidad a quienes tienen tanta información sobre el destino de nuestros desaparecidos, de nuestros nietos y nietas –sostuvo–. La visita de estos seis diputados oficialistas a los represores no puede quedar en el olvido, deben ser sancionados por sus pares para que el negacionismo no avance en la Argentina”.

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