Una economía atrapada por el cepo
La posibilidad de que, desde una oficina estatal, se pueda determinar el precio de un producto estratégico como el dólar, tiene virtudes narcóticas para el equipo económico del massismo austríaco
Carlos Pagni
El ministro de Economía, Luis Caputo
El cepo cambiario tiene atrapada a la economía. Y también la cabeza de los funcionarios. La posibilidad de que, desde una oficina estatal, se pueda determinar el precio de un producto estratégico como el dólar, tiene virtudes narcóticas. Porque habilita también a controlar otras variables estratégicas. Por ejemplo, mantener baja la tasa de interés. Javier Milei y su equipo han caído bajo los efectos de esta pócima. Sería una vulgaridad reprocharles una defección ideológica. Es decir, denunciar la incoherencia de un gobierno que sacraliza la libertad de mercado, pero reserva a la burocracia estatal la facultad de decidir sobre factores determinantes de la vida material. A cada rato se agrega una evidencia de que la dirección del país está en manos hoy de un esotérico massismo austríaco. Mucho más importante es señalar cómo ese intervencionismo está obligando a la política económica a incurrir en inconsistencias cada vez más marcadas. Y de qué manera el oficialismo se expone a riesgos políticos que sus rivales calibran día a día con mayor satisfacción.
El control de cambios genera dos distorsiones. Por un lado, representa un impuesto sobre las exportaciones. Por eso desalienta la oferta de divisas. Por otro lado, constituye un subsidio a las importaciones. Por lo tanto, las estimula, potenciando la demanda de dólares al Banco Central. Hasta ahora, el programa de Luis Caputo venía respondiendo a estos dos estímulos. Pero a partir de septiembre ese juego se acentuará. Como estaba previsto, el Ministerio de Economía decidió reducir en 10 puntos el impuesto PAIS, llevándolo desde 17,5% a 7,5%.
Observada desde el ángulo cambiario, esta decisión significa un incremento en el subsidio a las importaciones. Por lo tanto, al reducir su costo, las alienta todavía más. Algunos expertos recomiendan prestar atención al contexto en el que aparece esta nueva facilidad a la adquisición de bienes extranjeros. Es verdad que el nivel de actividad sufrió un derrumbe catastrófico. El PBI se contrajo 6% en tres trimestres. Pero existen negocios en los que se verifica una tímida reactivación, que tiene como consecuencia un aumento de las importaciones. Esta tendencia hace juego con una mayor oferta de crédito al sector privado. Los bancos han deteriorado la calidad de su riesgo al sustituir los títulos que les ofrecía el Banco Central por otros del Tesoro. Por eso la mayoría prefiere prestar más a empresas e individuos. Ese giro estaría detrás, según los especialistas, del incremento que se verifica en la comercialización de bienes durables. Es otro movimiento que incrementa la corriente importadora. Balance provisional: Caputo aumenta el subsidio a las importaciones en un momento en que estas comienzan a ser más caudalosas.
Hay otra novedad en esta coyuntura. El intervencionismo cambiario convive con el librecambismo comercial. Es una alteración relevante. Si se recuerda la historia, cada vez que hubo cepos cambiarios, hubo también restricciones cuantitativas a los bienes adquiridos en el exterior. El ejemplo más estridente lo aportó la gestión de Sergio Massa, que salpimentó esas limitaciones con un mar de versiones, bastante fundadas, sobre todo tipo de sobornos para poder ingresar mercaderías. Guillermo Michel, Matías Tombolini, Germán Cervantes, son los nombres principales asociados a ese, por llamarlo de algún modo, régimen.
Luis Caputo....Alfredo Sábat
En este terreno se verifica una saludable ruptura. Hoy la Secretaría de Industria y Comercio está a cargo de un funcionario intachable, como Pablo Lavigne, que lleva adelante una sigilosa tarea de liberalización, que coincide con lo que la retórica del Gobierno defiende. Nadie imagina a Lavigne imponiendo cupos. Mucho menos requiriendo alguna contraprestación pecaminosa. Quiere decir que a las facilidades que las importaciones encuentran en el sistema cambiario se agregan las que aparecen en el campo comercial.
La decisión de reducir el impuesto PAIS cobija otras derivaciones. Se trata de una revaluación indirecta del peso que amenaza con una ampliación de la brecha que se abre entre la cotización oficial del dólar y la del contado con liquidación. Son poquísimos los economistas para los que está demostrado que la primera arrastrará en su caída a la segunda. En ese núcleo tan exclusivo milita el ministro Caputo. Él prometió a empresarios de seguros que la diferencia entre los distintos tipos de cambio se irá anulando por la baja en el precio del dólar libre. Es una discusión relevante, porque esa diferencia de precios es otro indicador que induce a retraer la oferta de divisas de los exportadores y aumentar la demanda de los importadores.
Ojalá Caputo tenga razón. Porque a mediados del mes pasado él anunció que el Banco Central intervendría en el mercado para que la cotización del contado con liquidación se parezca más a la del dólar oficial. Es decir, sacrificaría reservas para reducir la brecha, que ayer era del 33%. Si ese desnivel se llegara a agigantar por la reducción del impuesto PAIS, el ministro habría alejado más el objetivo que se había propuesto alcanzar hace 45 días. Dicho de otro modo: debería aplicar mucho más reservas para reducir una brecha que él mismo aumentó. Con una dificultad nueva: a partir del lunes esas reservas estarán más desafiadas por el nuevo incentivo a las importaciones. Estas innovaciones se recortan sobre un paisaje de dificultades preexistentes. Una es el deterioro en el precio de la soja, que está alcanzando mínimos si se toman como referencia los últimos cuatro años. Otro inconveniente es que la segmentación en el pago de importaciones que programó Caputo ya se canceló. El Central comenzó a pagar desde julio el volumen pleno. La energía da un respiro: para los expertos, en lo que resta del año el balance será positivo en alrededor de 1600 millones de dólares. Un alivio, no una solución para el problema general. Por suerte Caputo afirmó ante los aseguradores que no le interesa en absoluto el riesgo país. Porque es probable que, dada la incertidumbre que se proyecta sobre la cantidad de dólares que atesora el Central, ese índice podría empeorar.
La reducción del impuesto PAIS impacta sobre otros frentes del programa. El más obvio es el fiscal. En el gabinete de Milei dan por descontado que, si bien estarán equilibradas, las cuentas fiscales no exhibirán en el segundo semestre el superávit del primero. A este problema se suma que, así como existe una manipulación del tipo de cambio, también el cálculo de la deuda pública está sometido a algunos artificios. El Tesoro emite bonos denominados “cupón cero”, lo que le permite no contabilizar los intereses como deuda. La Oficina de Presupuesto del Congreso consignó que el costo fiscal mensual de esa capitalización de intereses subió de 672.120 millones de pesos en junio a 1.253.423 millones de pesos en julio. La baja del impuesto PAIS, que se adelantó a la eliminación definitiva del gravamen, que ocurrirá a fin de año, debe leerse a la luz de esta ecuación fiscal.
El costo fiscal de la capitalización de intereses
Las inconsistencias y desequilibrios que tiñen la política oficial se sostienen en una premisa: Milei y Caputo piensan todos los aspectos de la economía a la luz de un solo propósito, que es la reducción draconiana de la inflación. Importante: de la inflación actual. Porque esas fragilidades pueden esconder un rebrote inflacionario en el futuro. El ministro explicó que, como consecuencia de la baja del impuesto a las importaciones, debe esperarse un derrumbe de la inflación en septiembre. Por eso se redujo esa tasa. Por eso se sacrifican reservas para tener a raya el contado con liquidación. Por eso no se levanta al cepo.
La gran incógnita es si esta estrategia, tan enfocada en un objetivo particular, tan poco perceptiva del equilibrio general, se pondrá a salvo de problemas cada vez más complejos, sobre todo en el campo cambiario-monetario. Economistas como Nicolás Dujovne calculan que en 2025 habrá un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos de alrededor de 13.800 millones de dólares. Entre este número crítico y el cepo hay una línea recta.
Milei y sus principales asesores se han fijado un criterio político: controlar el mercado cambiario para evitar que se restablezca la inflación. La escasez de dólares que deriva de esa receta puede provocar un salto en la cotización del dólar, que vuelva a lanzar la carrera de los precios. El mayor riesgo: que ese problema se desencadene cuando la carrera electoral del año próximo ya esté lanzada.
Es natural, entonces, que el equipo económico esté inquieto por obtener dólares. Apuesta, por supuesto, al blanqueo de capitales. También a un acuerdo con un grupo de bancos que le provea un crédito respaldado por bopreals, los bonos que emite el Banco Central. Hay además una incursión en las eternas mil y una noches de varios gobiernos: frotar una lámpara en medio oriente para que aparezca algún salvataje financiero. En este caso, el del jeque de Arabia Saudita, Mohammed ben Salman. Mauricio Macri, que se ganó la amistad de ese príncipe cuando lo invitó a la cumbre del G20, olvidando la condena internacional que pesaba sobre él por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, no consiguió lo que sueña Caputo. Cuando pidió plata le reclamaron los proyectos de inversión correspondientes. Pero el ministro de Economía apuesta, de la mano de Karina Milei, a los contactos que el joven Federico Sharif Menem cultivó en esos desiertos.
La otra fuente de recursos que observan en el oficialismo son las inversiones que se vean seducidas por el RIGI. Es una apuesta razonable, por las generosísimas ventajas que ofrece ese sistema. Aunque no hay beneficios que puedan compensar la desconfianza que inspiran los desequilibrios generales. Sin hablar de los malos antecedentes del país.
A este panorama de mutaciones y desafíos se suma otra novedad. La incorporación de José Luis Daza como viceministro de Economía. Daza es un chileno nacido en la Argentina, gracias a que su padre, Pedro Daza Valenzuela, uno de los próceres de la diplomacia de su país, prestaba servicios en Buenos Aires. Reconocido por su gran calidad personal, el nuevo funcionario pasó parte de su vida trabajando en el sistema financiero de los Estados Unidos. Se desempeñó en JP Morgan, donde trabó amistad con muchos colegas argentinos. Y después desarrolló sus propias empresas de inversión, asociados a algunos de ellos.
¿Qué significa su incorporación al gabinete de Caputo? En primer lugar, la presencia de un profesional que profesa el credo clásico de la profesión. Para resumirlo: el fisco debe estar equilibrado, la tasa de interés real debe ser positiva, la economía debe ser abierta, las deudas hay que pagarlas y el tipo de cambio debe ser libre. Por supuesto, hay que subrayar este último dogma de fe.
Daza es un liberal económico, en sentido pleno. También un liberal en lo cultural y lo político. Si se confía en esta caracterización, su aporte va a ser enfatizar la visión macroeconómica que siempre desconfía de la perentoriedad coyuntural. Desde ese punto de partida, Daza tendrá el desafío de recomponer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ese vínculo está dañado por desencuentros técnicos, que desembocaron en conflictos personales. Milei, que tiene una propensión irrefrenable a imaginar conspiraciones, supone que las diferencias con el Fondo se deben a la proximidad del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, a Michelle Bachelet, de quien fue ministro. Esa sospecha está contaminada por una llamativa incomprensión de lo que significan los actores. Para empezar, incurre en el gigantesco error de ver a Bachelet como una líder bolivariana.
El factor chileno puede ser, en este contexto, muy beneficioso. Daza es amigo de Valdés. Ambos, además, piensan parecido. No creen en las recetas idiosincráticas, que suponen que hay sociedades predestinadas a la excepcionalidad. La posibilidad de llegar a un entendimiento con el Fondo es crucial, porque es probable que esa institución sea el proveedor más verosímil de recursos.
El programa de Milei y Caputo fue exitoso en su primer tramo. Logró una caída prodigiosa de la inflación. Chocó contra su propio temor a reanimarla. Porque ese temor paralizó a la gestión. Esa parálisis encarna en el engañoso cepo. Es posible que la principal misión de Daza sea levantar el cepo. No de la economía. De la cabeza de Caputo. Es decir, emancipar al equipo del narcótico.
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Milei apunta al veto total de la reforma jubilatoria
Congreso. Hubo funcionarios que le recomendaban anular el proyecto solo parcialmente; el Presidente rechazó la idea
Maia Jastreblansky
Pese a que propios y ajenos recomendaron que el Presidente dictamine un veto parcial sobre la ley que modifica la fórmula previsional para saldar la cuestión con el Congreso con una “salida salomónica”, Javier Milei insiste con firmar un veto total. Al menos hasta ayer, el jefe del Estado no moderó la postura que explicitó en sus últimas entrevistas, donde se mostró dogmático con el cuidado del equilibrio fiscal.
El Poder Ejecutivo quiere mostrar firmeza frente a un parlamento que, en una de sus dos cámaras, ya exhibió una mayoría opositora de más de dos tercios. Ello pese a que en distintas conversaciones que hubo entre los bloques dialoguistas y los enviados del Gobierno se charló la posibilidad de que Milei vetara solo los artículos con mayor costo fiscal a largo plazo y sostuviera aquel que les ofrece una recomposición a los jubilados de 8,1% por única vez para paliar la inflación de enero. Con ese veto parcial se hubiera intentado persuadir a las Cámaras de que no revirtieran la voluntad presidencial. Es decir se hubiera habilitado una negociación para encontrar un punto de encuentro entre la Casa Rosada y los bloques dialoguistas.
“No hay posibilidad de veto parcial; la vamos a vetar totalmente porque Milei dijo que el veto va a ser total”, señaló un importante ladero del jefe del Estado. Se habla de una “decisión política”, de sostener la palabra presidencial y de “dar un mensaje de fortaleza política” en medio de las derrotas legislativas.
Por estas horas, distintas áreas del Ejecutivo trabajaban en los informes técnicos que tienen que servir de sustento para justificar el veto, que versará sobre el supuesto impacto fiscal de la ley sancionada por el Congreso y sobre el presunto incumplimiento la ley administración financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan gastos.
Un importante colaborador de Balcarce 50 agregó que el mensaje más reciente que el Gobierno les transmitió a algunos interlocutores en el Congreso es que, si la intención de una parte de los legisladores es “salvar” únicamente el artículo que le otorga un 8,1% a los jubilados por única vez, que entonces –luego del veto– los legisladores formulen un nuevo proyecto de ley únicamente con ese propósito. “Si lo que quieren es solo una recomposición, que hagan una ley solo con eso y lo vemos. Pero no esta locura que recalcula toda la fórmula de movilidad”, dijeron en la Casa Rosada.
La decisión de ir por “todo o nada” que ahora plantea Milei se impuso una vez sancionada la ley, el viernes pasado, cuando el Presidente hizo un raid mediático.
Según diversas fuentes, antes había existido otro plan. El vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, fue el emisario de la Casa Rosada para intentar morigerar el impacto de la ley jubilaciones, que tenía holgadas mayorías en ambas cámaras. A sabiendas de que la sanción de la ley previsional era un hecho, Rolandi buscó que un grupo de senadores “amigables” se opusieran, durante la votación en particular de la ley, a los artículos 2, 4 y 10, que tienen mayor impacto fiscal.
Hubo una veintena de senadores que, efectivamente, votaron en contra de esos tres artículos. Algunos de ellos, señalaron que lo hicieron como parte de un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Ello permitiría que si Milei vetaba parcialmente la ley y el tema volvía a ser tratado en el Senado, esos legisladores pudieran aceptar dicha impugnación parcial sin entrar en contradicción con su voto original.
“¿Podíamos evitar que la ley saliera? No. ¿Podíamos juntar una importante cantidad de votos negativos sobre los artículos que desfinanciaban y rompían el equilibrio fiscal? Sí. ¿Para que haríamos semejante tarea si no se evaluaba un veto parcial?”, se preguntó un senador en las últimas horas.
Protesta desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo
Organizaciones de izquierda y kirchneristas participaron ayer de una manifestación contra el anuncio del gobierno de Javier Milei de vetar la reforma de la movilidad jubilatoria. La marcha avanzó desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.
En la avenida Rivadavia, frente al Congreso, la Policía Federal activó el protocolo antipiquetes y desalojó a un puñado de manifestantes que intentaban cortar el tránsito. Las columnas avanzaron luego por la Avenida de Mayo y concluyeron frente a la Casa Rosada .
Pese a que propios y ajenos recomendaron que el Presidente dictamine un veto parcial sobre la ley que modifica la fórmula previsional para saldar la cuestión con el Congreso con una “salida salomónica”, Javier Milei insiste con firmar un veto total. Al menos hasta ayer, el jefe del Estado no moderó la postura que explicitó en sus últimas entrevistas, donde se mostró dogmático con el cuidado del equilibrio fiscal.
El Poder Ejecutivo quiere mostrar firmeza frente a un parlamento que, en una de sus dos cámaras, ya exhibió una mayoría opositora de más de dos tercios. Ello pese a que en distintas conversaciones que hubo entre los bloques dialoguistas y los enviados del Gobierno se charló la posibilidad de que Milei vetara solo los artículos con mayor costo fiscal a largo plazo y sostuviera aquel que les ofrece una recomposición a los jubilados de 8,1% por única vez para paliar la inflación de enero. Con ese veto parcial se hubiera intentado persuadir a las Cámaras de que no revirtieran la voluntad presidencial. Es decir se hubiera habilitado una negociación para encontrar un punto de encuentro entre la Casa Rosada y los bloques dialoguistas.
“No hay posibilidad de veto parcial; la vamos a vetar totalmente porque Milei dijo que el veto va a ser total”, señaló un importante ladero del jefe del Estado. Se habla de una “decisión política”, de sostener la palabra presidencial y de “dar un mensaje de fortaleza política” en medio de las derrotas legislativas.
Por estas horas, distintas áreas del Ejecutivo trabajaban en los informes técnicos que tienen que servir de sustento para justificar el veto, que versará sobre el supuesto impacto fiscal de la ley sancionada por el Congreso y sobre el presunto incumplimiento la ley administración financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan gastos.
Un importante colaborador de Balcarce 50 agregó que el mensaje más reciente que el Gobierno les transmitió a algunos interlocutores en el Congreso es que, si la intención de una parte de los legisladores es “salvar” únicamente el artículo que le otorga un 8,1% a los jubilados por única vez, que entonces –luego del veto– los legisladores formulen un nuevo proyecto de ley únicamente con ese propósito. “Si lo que quieren es solo una recomposición, que hagan una ley solo con eso y lo vemos. Pero no esta locura que recalcula toda la fórmula de movilidad”, dijeron en la Casa Rosada.
La decisión de ir por “todo o nada” que ahora plantea Milei se impuso una vez sancionada la ley, el viernes pasado, cuando el Presidente hizo un raid mediático.
Según diversas fuentes, antes había existido otro plan. El vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, fue el emisario de la Casa Rosada para intentar morigerar el impacto de la ley jubilaciones, que tenía holgadas mayorías en ambas cámaras. A sabiendas de que la sanción de la ley previsional era un hecho, Rolandi buscó que un grupo de senadores “amigables” se opusieran, durante la votación en particular de la ley, a los artículos 2, 4 y 10, que tienen mayor impacto fiscal.
Hubo una veintena de senadores que, efectivamente, votaron en contra de esos tres artículos. Algunos de ellos, señalaron que lo hicieron como parte de un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Ello permitiría que si Milei vetaba parcialmente la ley y el tema volvía a ser tratado en el Senado, esos legisladores pudieran aceptar dicha impugnación parcial sin entrar en contradicción con su voto original.
“¿Podíamos evitar que la ley saliera? No. ¿Podíamos juntar una importante cantidad de votos negativos sobre los artículos que desfinanciaban y rompían el equilibrio fiscal? Sí. ¿Para que haríamos semejante tarea si no se evaluaba un veto parcial?”, se preguntó un senador en las últimas horas.
Protesta desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo
Organizaciones de izquierda y kirchneristas participaron ayer de una manifestación contra el anuncio del gobierno de Javier Milei de vetar la reforma de la movilidad jubilatoria. La marcha avanzó desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.
En la avenida Rivadavia, frente al Congreso, la Policía Federal activó el protocolo antipiquetes y desalojó a un puñado de manifestantes que intentaban cortar el tránsito. Las columnas avanzaron luego por la Avenida de Mayo y concluyeron frente a la Casa Rosada .
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