LA RENOVACIÓN DE LA CORTE

El kirchnerismo cuestionó a García-Mansilla y puso más condiciones para votar a Lijo
Exige más cargos en la Justicia para el sector que responde a la exvicepresidenta

Delfina CelichiniEl catedrático Manuel García-Mansilla, ayer, en la audiencia del Senado por su postulación a la Corte Suprema
El kirchnerismo descargó ayer fuertes críticas contra el catedrático Manuel García-Mansilla, quien se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia.
El tono furibundo de los cuestionamientos contrastó con la postura amable que había adoptado ese sector de la oposición la semana pasada, en la audiencia con el juez federal Ariel Lijo, el otro candidato del Gobierno para la Corte.
En el medio, los negociadores del kirchnerismo le transmitieron nuevas condiciones al Gobierno para votar a favor de Lijo. Una es retirar la candidatura de García-Mansilla y que lo reemplace un postulante elegido por la exvicepresidenta. La otra propuesta es apoyar a ambos, pero a cambio de un paquete de cargos para el kirchnerismo, que incluiría más miembros de la Corte en una eventual ampliación, la Procuración General y decenas de juzgados.
En medio de un clima enrarecido por las internas en el oficialismo y en el kirchnerismo, el catedrático Manuel García-Mansilla se presentó ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia, cargo para el que fue propuesto por el presidente Javier Milei. Se expresó en contra de las reelecciones indefinidas y, en lo relativo al aborto, sugirió separar la penalización de la legalización. También se refirió a una eventual dolarización en el país. La audiencia duró cerca de siete horas.
Sobre su vínculo con la Casa Rosada, indicó que la nominación para ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia se lo ofreció el asesor presidencial Santiago Caputo, y dijo: “No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono”. García-Mansilla precisó, además, que el vínculo con el Poder Ejecutivo lo lleva actualmente con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el Ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona.
A diferencia del tono amable que mostraron con el juez federal Ariel Lijo –el otro candidato del Poder Ejecutivo para integrar la Corte–, los senadores del kirchnerismo lanzaron fuertes objeciones a GarcíaMansilla. De hecho, el rionegrino Oscar Parrilli (Unión por la Patria) lo acusó de tener un “marcado sesgo antiperonista y liberal”. “Usted no es un juez independiente, es un juez que viene a defender a un sector político, que es el macrismo, para que tenga una mayoría automática en la Corte”, le achacó Parrilli al nominado. Además, le pidió que se expidiera sobre la posibilidad de excusarse en el caso en que le toque revisar el expediente de algunas de las empresas petroleras para las que trabajó.
“En los casos que corresponda que me excuse, lo voy a hacer”, respondió García-Mansilla a la pregunta de Parrilli. Destacó además que publicó trabajos académicos en los que criticó la proscripción del peronismo, así como la prohibición de utilizar símbolos justicialistas. Y sumó: “Cuestioné la ampliación de la Corte en el gobierno de Arturo Frondizi”.
La postura combativa contra el candidato se repitió entre los principales referentes kirchneristas. Este bloque cuenta con 33 de los 72 senadores, fundamentales para que los nominados logren reunir los dos tercios de los votos que la Constitución exige para convertirse en juez de la Corte.
El radical Martín Lousteau (CABA) se sumó al examen minucioso de García-Mansilla, a quien interrogó sobre su postura sobre el cambio climático, cuestiones de diversidad y género, una posible dolarización de la economía y su concepción sobre el control de los decretos de necesidad y urgencia. “Me llama mucho la atención que el cargo no se lo haya ofrecido el Presidente, sino un monotributista que no es funcionario público”, señaló el titular del Comité Nacional de la UCR sobre el ofrecimiento de Caputo.
El académico también se refirió a su postura sobre pagar Ganancias o no. Fue tras una pregunta de Parrilli, sobre la que destacó que trabaja en el ámbito privado desde hace muchos años, por lo que ya paga este tributo. Indicó que no tiene “ningún inconveniente” en seguir abonándolo. Actualmente, solo son alcanzados por este impuesto los magistrados que ingresaron al Poder Judicial después de 2017.
Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) interrogó al candidato sobre su postura sobre el protocolo antipiquetes, que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Como está judicializado, no puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, respondió GarcíaMansilla. La senadora kirchnerista también le pidió una definición sobre “el negacionismo” y le consultó si los delitos cometidos en la década del 70 son prescriptibles. “Entiendo que sí”, dijo el postulante. La consulta se da un día después de que la vicepresidenta Victoria Villarruel comunicó que está dispuesta a reabrir las causas contra Montoneros.
Si bien García-Mansilla habló de “respetar el federalismo”, también indicó que “la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”. Sobre el aborto, destacó que ve “un conflicto entre normas de distintas jerarquías” y dijo que se tiene que “considerar la dimensión humana en juego”.
La definición sobre la reelección la dio como respuesta a una pregunta del senador formoseño Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), quien cuestionó la permanencia en el poder del gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, que lleva 32 años al frente de Formosa. “Ya se fueron 120.000 formoseños, es la Venezuela argentina”, indicó Paoltroni, que precisó que en Tierra del Fuego está la segunda comunidad formoseña más grande del país. “Son los exiliados del feudo de Gildo Insfrán”, sentenció.
“Hay que respetar el federalismo, que está en la Constitución nacional”, señaló el postulante a ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia. También consideró que el control de las constituciones provinciales lo debe hacer el Poder Judicial local. No obstante, sumó: “El régimen republicano se creó para combatir las monarquías y la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”.
Respecto del aborto, el catedrático estimó que para analizar este tema “se debería separar entre legalización y penalización”. “Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”, consideró. Y explicó: “Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones”, para agregar, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene fuerza de ley: “Veo un conflicto entre normas de distintas jerarquías”.
Dolarización
Al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral se lo interrogó sobre su posición respecto de la dolarización. La pregunta la hizo el senador porteño Martín Lousteau (UCR), que consultó sobre su análisis constitucional. Como respuesta, García-Mansilla subrayó que, como académico, una de sus funciones es “contribuir al debate público”.
Por eso, indicó que analizó el tema a través de un trabajo. “Quienes dijeron que era inconstitucional obturaron una discusión sobre un tema importante, y desecharla de plano no fue correcto, sobre todo cuando los argumentos a los que apelaba no eran argumentos necesariamente atendibles. De hecho, una de las cuestiones que planteamos es que hay que tener una teoría sobre cómo interpretar las atribuciones y los mandatos de la Constitución nacional”, consideró, a la vez que opinó: “Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos, es inconstitucional”.

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El peronismo le pone más condiciones al Gobierno para avalar a sus candidatos
Enviados de Cristina Kirchner reclamaron más lugares en la Justicia a cambio de votos

Gustavo Ybarra
La suerte del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla como futuros jueces de la Corte Suprema se negocia en conversaciones reservadas entre el Gobierno y representantes del kirchnerismo, que ya plantearon un primer pliego de exigencias a cambio de permitirle al presidente Javier Milei designar a dos miembros en el máximo tribunal de Justicia del país.
Las negociaciones avanzan a paso lento y todavía no hay definiciones. Lo demuestra el hecho de que a una semana de haberse presentado en audiencia pública, la nominación de Lijo todavía sigue sin tener dictamen, al menos de manera oficial. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).
Sin embargo, durante esta semana comenzó a circular entre los miembros de la Comisión de Acuerdos un despacho favorable a la designación del polémico juez que, hasta este momento, apenas ha cosechado tres firmas. Necesita nueve, sobre un total de 17 miembros, para obtener dictamen favorable y poder avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
Alertado de la existencia del diálogo entre el kirchnerismo y el Gobierno, la UCR decidió abstenerse de apoyar a cualquiera de los candidatos hasta tener un panorama más claro. Otro tanto decidió hacer el peronista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta), quien reiteró que firmará los dictámenes una vez que lo haya hecho Unión por la Patria.
Según pudo saber de la nacion fuentes legislativas, el kirchnerismo planteó dos opciones en la discusión con el Poder Ejecutivo a través de un senador que mantiene línea directa con Cristina Kirchner. El Gobierno, hasta el momento, no dio respuesta a las propuestas.
Una de las alternativas que ofrecieron los interlocutores del Instituto Patria es que el Gobierno sacrifique la candidatura de GarcíaMansilla y que lo reemplace por un postulante elegido por el sector que lidera la exvicepresidenta. El postulante no es del gusto de los halcones kirchneristas de la bancada de Unión por la Patria (UP), como lo dejaron en claro con las preguntas que le realizaron al jurista durante su presentación en el Senado.
La otra propuesta es la idea de un acuerdo mucho más amplio, que implicaría la aprobación de ambos candidatos a cambio de un paquete de cargos judiciales. En este caso, se incluirían las nuevas poltronas de una eventual ampliación de la Corte –el número de futuros miembros que tendría el tribunal es una incógnita– y otros sitiales que requieren también el voto de una mayoría agravada de dos tercios, como el procurador general y el defensor del pueblo, y la designación de los 140 cargos de la Justicia Federal que se encuentran vacantes en todo el país y cuyos pliegos el Poder Ejecutivo debe enviar a la Cámara alta.
El sacrificio de la candidatura de García-Mansilla se presenta como un callejón sin salida si se tiene en cuenta el énfasis con el que Santiago Caputo sostiene la necesidad para la administración libertaria de que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral ingrese en el tribunal. De hecho, en su exposición en el Senado el postulante dijo que no conoce a Javier Milei y reveló que fue el asesor presidencial quien le ofreció la postulación. Más aún, según el joven Caputo el deseo de ascender al catedrático a la máxima judicatura de la Nación es lo que justifica el costo político que pagaría el Gobierno, incluso ante muchos de sus votantes, por convertir a un personaje tan controvertido como Lijo en juez de la Corte. Es la idea que subyace detrás de la exigencia de “los dos o ninguno” que el asesor se encargó de enviarles a los diferentes bloques políticos del Senado.
Una versión del dictamen que impulsa la designación de Lijo comenzó a circular esta semana, aunque nadie pudo precisar quién fue el encargado de redactarla y cuáles son los fundamentos usados para respaldar la nominación. El jefe de la bancada libertaria en el Senado, Ezequiel Atauche, fue uno de los que intentaron sumar voluntades al despacho mientras en el Salón Azul del Congreso se desarrollaba la audiencia pública de GarcíaMansilla. A pesar de la enjundia del senador, la recolección de firmas no tuvo demasiado éxito. Por el momento, el pliego de Lijo solo reúne tres firmas. Una de ellas es la del provincial Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones), quien confirmó a la nacion su apoyo a la postulación. Se estima que otra rúbrica es la del propio Atauche, aunque el legislador negó haber puesto su firma cuando fue consultado.

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