DESDE ADENTRO Y FMI

Empresarios y políticos en acción: lo que viene tras la Ley Bases
Florencia Donovan



La aprobación de la Ley Bases en el Senado trajo alivio a los mercados y revivió una ola de optimismo en el mundo inversor, que había empezado a poner en duda la capacidad del Gobierno para moverse en la arena política. La ley no disipa del todo el interrogante con el que desde un comienzo carga la administración Milei, que llegó al poder casi sin equipos y con un partido armado entre un rejunte de “líberos”, pero sí le da al Gobierno el crédito de estar transitando el camino del aprendizaje.
Entre los empresarios, la votación del Senado disparó llamados y movimientos. Los que apuestan al éxito del Gobierno se apuran por avanzar con inversiones que, creen, en algunos meses podrían terminar siendo mucho más caras. Todavía son los tiempos del “compre barato” y oportunidades sobran. Porque también todavía hay muchos nombres internacionales que no están dispuestos a seguir pagando para ver una Argentina distinta.
El Grupo Petersen, dueño de los bancos de Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos y de Santa Fe, es uno de los que están viendo la oportunidad de crecer en el sistema financiero, e incluso transformarse en un jugador de peso. Las compras de HSBC por parte del Banco Galicia y de Itaú por parte del Macro hacen prever que en el sistema financiero argentino se avecina un fuerte proceso de consolidación. La competencia de Mercado Pago, a su vez, obliga a los grandes bancos locales a apostar con fuerza. Aunque lejos está aún de concretarse, el grupo de la familia Eskenazi aspira a quedarse con la filial argentina del banco BBVA. Hace cuatro meses que hay conversaciones (con viajes incluidos) entre los responsables del grupo nacional, exaccionista de YPF, y de los accionistas del banco español. No es una operación fácil: por un lado, el vendedor se encuentra atareado en España con su propia operación de adquisición del banco catalán Sabadell; por el otro, para el comprador significa un salto más que ambicioso, dado que pasaría de administrar activos por $3,7 billones (según últimos datos del Banco Central) a incorporar –solo con el BBVA– activos por otros $8 billones adicionales. No sería de todas formas la primera vez que el grupo de la familia Eskenazi pica alto. Queda ver si el vendedor se arriesga.
Pero no es el único grupo nacional con vocación de apostar a crecer. También es de esperar movimientos en la industria de consumo masivo. La recesión económica y el cansancio que manejan algunos grandes jugadores internacionales después de años de lidiar con controles de precios, trabas a las importaciones y condiciones macroeconómicas inciertas dieron pie a muchas conversaciones. Algunas están avanzadas.
Entre las empresas de consumo, además, la luz al final del túnel por ahora es solo objeto de momentos de alucinación. Aunque la caída de la demanda de mayo fue inferior a la de abril, no hay señales claras de rebote. Algunos creen que junio podría dar indicios más firmes de hacia dónde va el mercado, dado que muchos supermercados y grandes cadenas que se habían estoqueado a comienzos de año, desconfiando de una desaceleración de la inflación, recién ahora empiezan a poner sobre la mesa nuevas órdenes de compra. Otros todavía no se arriesgan ni si quiera a ilusionarse.
La industria petrolera es, tal vez, una de las que más festejan por estas horas la Ley Bases. YPF decidió acelerar el proyecto con los malayos de Petronas para la planta de licuefacción de gas (necesaria para poder incrementar la exportación de la producción de Vaca Muerta). Mientras otras como Wintershall y PAE están empezando a analizar proyectos propios.
Desconcierto en la minería
En el mundo minero, en tanto, hay compañías desconcertadas por el aumento de las regalías que se decidió incorporar a último momento en la norma a pedido del gobernador santacruceño, Claudio Vidal, el más duro de los negociadores. El sector, uno de los más interesados en que saliera la Ley Bases y de los que más inversiones tienen pendientes de ejecución, había apostado un pleno a las virtudes negociadoras del senador Martín Lousteau, en cuyo dictamen de minoría habían logrado colar su posición. Los mineros estaban confiados en que con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, el dictamen del senador radical terminaría por prevalecer. La curva de aprendizaje político no es exclusiva de los libertarios.
Para el gobernador Vidal –el responsable de los dos noveles senadores díscolos José Carambia y Natalia Gadano, que a último momento amenazaron con boicotear la votación–, el aumento de las regalías mineras del 3 al 5% salva en gran medida las finanzas provinciales. La provincia no la tiene fácil. En el último tiempo sufrió la suspensión de la construcción de las represas Kirchner y Cepernic, que dependían de capitales chinos (habrá que ver si la posible visita del presidente Milei a China termina por destrabar las obras), debió aceptar la decisión de YPF de suspender la actividad petrolera en las áreas convencionales, que no le eran rentables, y además vio cómo se le reducían los flujos de fondos de la Nación hacia Yacimientos Carboníferos Río Turbio (hoy con un plan de ajuste y de retiros voluntarios, como muchas de las empresas públicas). Para peor, la brecha cambiaria, que en los últimos días había escalado hasta superar el 45%, volvió a favorecer la migración de turistas a Chile. Un combo que inevitablemente fortaleció su posición dura.
Y el Gobierno no tiene intenciones de cambiar el capítulo minero en Diputados, como sí piensa hacer con otras modificaciones impuestas por el Senado, como la eliminación de algunas privatizaciones o de las reformas de los impuestos a las ganancias y bienes personales. De hecho, para Federico Sturzenegger, asesor de Milei e ideólogo de la ley, aumentar las regalías es una buena decisión. Su argumento, según explica entre los propios, es que una regalía mayor sirve como disuasor de los movimientos antimineros y supone que la provincia tiene más fondos para volcar en las comunidades. Al mismo tiempo, en otras provincias, terminaría por transparentar gastos que hoy los gobiernos provinciales les exigen a las empresas privadas que hagan, por ejemplo, en infraestructura o escuelas. “En algunas provincias, la regalía resulta tan baja que no tienen fondos para volcar a las comunidades y seducirlas. Así pasa en Chubut, donde el lobby antiminero gana, mientras que con el petróleo en la misma provincia no hay problema”, explica una fuente cercana al asesor presidencial.
También Córdoba obtuvo su ganancia de la Ley Bases, al lograr que el Gobierno quitara desde un comienzo a Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) del listado de las empresas a privatizar. El gobernador Martín Llaryora tiene una idea ambiciosa para Fadea, una empresa con sede en Córdoba hoy todavía a cargo del Estado nacional, que le permitiría incrementar la generación de empleo en la provincia. Llaryora aspira a que la provincia se transforme en un polo de inversiones militares, con Fadea como empresa de servicios para la industria aeronáutica regional, además de posible desarrolladora de drones. Ya empezó a compartir su idea con varios actores del sector privado.
Meses difíciles
La realidad, de todas formas, es que todas las provincias están revisando sus números. La otrora opulenta ciudad de Buenos Aires, tal cual la describió en algún momento Cristina Kirchner, está viendo cómo sus ingresos se recortan a una velocidad preocupante. No solo por la caída en al recaudación producto de la menor actividad económica, sino también porque la decisión de Milei de eliminar las letras del Banco Central (Leliq) amenaza con poner sus cuentas en rojo. Según un informe de Facimex, si no hubiera sido por el impuesto a los ingresos brutos que CABA cobró sobre las Leliq, en 2023 el distrito de Jorge Macri habría incurrido en un déficit del 20% de los ingresos. El año pasado, la CABA fue, según Facimex, la jurisdicción con mayor crecimiento del gasto: 12% real. Es de esperar que, si no recibe los fondos que la Nación le adeuda por coparticipación, la tensión entre el macrismo y el mileísmo escale rápido.
No serán meses fáciles para la administración Milei. Más allá de que ahora tiene logros palpables tanto en el terreno económico como en el político, los desafíos siguen. Los problemas en la gestión todavía pueden empañar las victorias. El abogado y exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías lo explicó claramente en su newsletter de ayer: “El proyecto de ley consta de otros dos ejes: uno apunta a lo fiscal, con los remedios de coyuntura de siempre: moratoria y blanqueo. El otro, a la inversión. Ambos dependen de que se resuelvan mínimamente las debilidades del Gobierno, lo que plantea un problema circular que podría empezar a resolverse: sin política y gestión no hay confianza, y sin ella no hay blanqueo ni inversión”, sentencia.
En lo económico, las expectativas estarán puestas en las negociaciones con el Fondo Monetario por un nuevo acuerdo. En el board del organismo no creen que haya novedades hasta septiembre. Mientras en el plano político la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema no deja de generar polémica. Ayer, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apeló a su mejor oratoria para intentar sortear ante una auditorio plagado de abogados la pregunta de por qué el Gobierno insistía en la postulación del cuestionado juez.
“Es una decisión respecto de la cual sopesamos todas las implicancias políticas e institucionales”, respondió Francos, que participó de un convite organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad. Lo que no dijo fue que al respecto existe una grieta –otra más– que separa al Ejecutivo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, según señalan algunos, estaría trabajando para evitarlo. Pero sí dejó entrever que el Gobierno apunta a incrementar el número de miembros de la Corte, para así poder cumplir con el cupo femenino. Evidentemente esta administración tiene atracción por las grandes batallas.
El grupo Eskenazi aspira a quedarse con la filial local del BBVA
Aunque la caída del consumo masivo fue en mayo inferior a la de abril, no hay señales claras de rebote
En el board del FMI no creen que haya novedades sobre un nuevo acuerdo hasta septiembre

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El FMI aprobó otra revisión del acuerdo y confirmó el envío de US$800 millones
Negociación. El Gobierno ahora irá por un nuevo programa que aporte fondos frescos para acelerar la salida del cepo cambiario

Rafael Mathus Ruiz.Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario

WASHINGTON.– El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer la octava revisión del programa con la Argentina, un avance que dejó otra señal de respaldo de la comunidad internacional al gobierno de Javier Milei y despejó el camino hacia una nueva negociación con el organismo en busca de fondos frescos que permitan afianzar la recuperación de la economía y acelerar la salida del cepo.
El Directorio Ejecutivo del Fondo dio luz verde, en Washington, al acuerdo técnico forjado entre el staff del organismo y las autoridades argentinas el mes pasado y liberó un nuevo giro por alrededor de US$800 millones, informó el organismo en un comunicado, un desembolso que permitirá afrontar los próximos pagos de la deuda sin socavar la recomposición de las reservas del Banco Central.
“El programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo de 2024”, ponderó el Fondo en un comunicado.
Al brindar un nuevo respaldo a la Argentina, el board dejó la misma combinación de elogios y reclamos que ha ofrecido el FMI en sus mensajes públicos sobre el nuevo rumbo del país: destacó los “sólidos avances” que logró el gobierno de Milei, pero a la vez reclamó “mejorar la calidad del ajuste fiscal, iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, e implementar la agenda estructural” para desbloquear la inversión, el crecimiento y la mejora del empleo formal. Además, los directores indicaron que “será necesario proseguir los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, ampliar el apoyo político y garantizar la agilidad en la formulación de las políticas”, según el comunicado.
Más allá de esos llamados de atención, el nuevo hito ratificó la sintonía vigente entre el Fondo Monetario y la administración de Milei, un vínculo que se ha sustentado en el giro en el rumbo económico, el fuerte ajuste fiscal y la determinación del oficialismo de corregir cueste lo que cueste los desequilibrios heredados de los gobiernos anteriores para encarrilar la economía.
Hoja de ruta
El Gobierno ofreció -en un comunicado conjunto del Ministerio de Economía y el Banco Central difundido tras el anuncio del Fondo- una hoja de ruta sobre los próximos pasos de la política económica.
Con la aprobación de la Ley Bases en el Congreso y el efecto pleno sobre las cuentas fiscales de las medidas adoptadas, el Gobierno espera “iniciar una reducción significativa de los impuestos más distorsivos”, comenzando por el impuesto PAIS. Además, el Gobierno reiteró que presentará un nuevo programa monetario a fines de este mes y el Banco Central “continuará conduciendo la política monetaria de manera flexible, prudente y pragmática”. Y ratificó que el Central “contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos” para la estabilización de la economía.
“El proceso lo definirán las propias autoridades de la Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes, quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas”, indicó el comunicado oficial.
Fue la segunda votación favorable que logra el gobierno de Milei en el board del FMI. La primera ocurrió en febrero, cuando el Fondo aprobó los cambios en la política económica implementados por la administración libertaria, que permitieron reflotar el acuerdo firmado por el gobierno de Alberto Fernández.
El comunicado del Fondo estiró los mismos elogios y advertencias que el organismo ha ofrecido sobre la política económica de Milei en los últimos meses, ponderando la determinación del oficialismo con el ajuste y los resultados obtenidos por el cambio de rumbo, pero a la vez recordando la necesidad de hacer retoques en las políticas para darle sustentabilidad a la estabilización de la economía, sin descuidar la protección de la población más débil. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que “el equilibrio fiscal se alcanzó sin descuidar a la población más vulnerable, reforzando en forma significativa los programas sociales que, sin intermediarios, llegan en forma directa a los beneficiarios”.
El nuevo aval llegó justo después de que el Gobierno logró su primer triunfo en el Congreso con la aprobación de la Ley Bases en el Senado. Ese avance, sin embargo, quedó despojado de un capítulo altamente relevante en las discusiones con el Fondo: la decisión de los senadores de estirar el recorte del impuesto a las ganancias para los salarios más altos –una herencia del “plan platita” de Sergio Massa–, una medida que, de haber sido aprobada junto con otras iniciativas fiscales que también fueron dadas de baja por el Senado, le hubiera dado mayor sustentabilidad y equidad al ajuste, tal como reclamó el Directorio.
Con el nuevo respaldo del board, Milei y el equipo económico que comanda el ministro de Economía, Luis Caputo, emprenderán ahora una misión bastante más compleja: lograr que el Fondo apruebe un nuevo programa con fondos frescos para apuntalar el plan económico y acelerar la salida del cepo.
La visión predominante en Estados Unidos es que el board –controlado por los socios del G7, en particular, Estados Unidos– necesita aún más certezas sobre el programa económico de Milei antes de volver a firmar un cheque para la Argentina, algo que ya hizo con el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández sin resultados positivos.
Aunque la aprobación de la Ley Bases le aportó credibilidad a la capacidad política del Gobierno para implementar reformas, la restitución del impuesto a las ganancias era crítica para mejorar el ajuste fiscal, y todavía quedan interrogantes irresueltos sobre el futuro de la política económica, en particular, cómo funcionará la competencia de monedas, si Milei insistirá o no con la dolarización, y cómo será el camino de salida del cepo.
El Fondo ha dicho hasta ahora que cualquier discusión sobre un nuevo programa es “prematura”, un indicativo de que esa discusión puede prolongarse varios meses más.

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