“Hubo mucho sacrificio en términos de actividad y empleo para bajar más rápido la inflación”
Sofía Diamante
Es licenciado y magíster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT); trabajó más de 15 años en la consultora Ecolatina, de la cual llegó a ser director; actualmente es director de Análisis Macroeconómico en la firma Equilibra; es profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA)
El economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, habló sobre los primeros meses de gestión de Javier Milei y destacó el superávit financiero, pero indicó que la baja de la inflación costó “sangre, sudor y lágrimas” en el nivel de actividad. También advirtió que el tipo de cambio actual no es consistente con los objetivos de acumular reservas y contener la brecha cambiaria.
–¿Qué balance hace de estos primeros seis meses de gobierno?
–Fue un primer semestre que tiene un par de hitos, como el equilibrio fiscal. Podemos cuestionar si fue licuación o motosierra, o algo muy duro para los jubilados, lo cual es válido, pero el Gobierno ahí tiene un hito, que es bueno. Es un camino distinto al que tomó en su momento Mauricio Macri, que levantó el cepo y eligió el gradualismo. Acá se dijo que ya no había crédito y que había que cortar de cuajo el déficit público. Fue un arranque en materia monetaria más ordenada, de tratar de achicar los pasivos remunerados del Banco Central, con un salto cambiario que licuó los pasivos en pesos y con una política agresiva de baja de tasas con el mismo objetivo. Para el Gobierno es clave frenar la emisión y sacar los pasivos remunerados del balance del Banco Central para, eventualmente, liberar el cepo sin tanto riesgo. En materia cambiaria, el Gobierno sorprendió con una devaluación mayor a la que esperábamos, pero también liberó después todos los precios y entró en una pequeña trampa, que es que el tipo de cambio oficial se mueve solo al 2% mensual. Por un tiempo está bien, la inflación bajó rápido, pero al propio Gobierno le costó la liberación de precios, como los de las prepagas. Esto hizo que hoy estemos en una situación en la que el tipo de cambio real, que no sé si está o no atrasado, no alcanza para la situación en la que está el Banco Central. –¿Por qué?
–Porque tiene reservas nulas y hay muchos vencimientos de deuda. El riesgo país todavía está muy alto; por lo tanto, no es que mañana se va a conseguir refinanciar la deuda en moneda dura, sino que habrá que pedirle los dólares al Banco Central. En particular, hay una combinación de que se acumularon bastantes reservas con nueva deuda comercial. El nuevo esquema de flexibilizar las restricciones para importar, que hizo más transparente el régimen, fue correcto, pero, por otro lado, fue un esquema de pago en plazos. Eso hizo que en los primeros cuatro meses del año se ahorraran divisas, porque se generó una diferencia importante entre las importaciones efectivas devengadas y las pagadas. Eso también generó que buena parte de los US$10.000 millones de reservas netas negativas que tenía el Banco Central al asumir Milei, en la actualidad estén en torno a cero, pero una buena parte se va a la nueva deuda comercial. En el mercado cambiario estamos un poco mejor, porque tenemos un tipo de cambio real un poquito más alto del que había a fines del gobierno de Alberto Fernández. Todavía hay un punto de tensión muy importante, porque el Gobierno, para mantener controlada la brecha, aplicó el dólar blend, que permite liquidar el 20% de las exportaciones con el contado con liquidación (CCL). Pero hoy no alcanzan los dólares para acumular reservas en el Banco Central y para mantener la brecha contenida. –¿Y la inflación?
–Bajó más rápido quizás de lo esperado, pero también fue porque hubo mucha recesión, pisaron aumentos de salarios y hubo un cóctel que es complejo, más parecido quizás a las peleas de bajar la inflación en Perú con Fujimori o en Inglaterra con Thatcher. Hubo Sangre, sudor y lágrimas. Hubo mucho sacrificio en términos de actividad y empleo para bajar más rápido la inflación. –¿Puede seguir bajando la inflación o se mantendrá en los niveles de 5% mensual?
–Si el tipo de cambio sigue al 2% y los salarios quieren recuperar un poquito el terreno perdido, incluso si se quieren recuperar los márgenes de las empresas que en algunos casos se han comprimido mucho, y se suma a esto que todavía hay que hacer ajustes de precios regulados, como las tarifas de servicios públicos, todo eso genera más inflación. Con la particularidad de que cuando sube la brecha hay un impacto también. Porque, por ejemplo, los precios de los bienes transables, al ser exportados con un esquema de 80%/20%, el hecho de que suba el CCL hace que suba un poquito más el precio de referencia y que se genere un poquito más de traslado a precios. Es una situación en la que tiene que ir todo muy bien para que la tasa, el tipo de cambio, los salarios, las tarifas y la inflación converjan al 2%. Sobre todo, porque las tarifas de servicios públicos están bastante retrasadas.
– ¿Qué puede hacer el Gobierno para bajar al 2%? ¿O es cuestión de tiempo, hasta que se reacomoden los precios relativos?
–Mientras se reacomodan los precios relativos, hay un piso en la inflación. Si decimos que los precios regulados tienen que ir por arriba del resto, por definición habrá más inflación que el 2% del tipo de cambio oficial. En general, lo que se suele hacer antes de lanzar un plan de estabilización la corrección de precios relativos. Una vez que está más o menos ordenado, se lanza el plan, que puede ser cambiar el signo monetario, cortar la inercia o aplicar la convertibilidad por ley. Lo interesante en los planes de estabilización es que están asociados a una baja muy significativa de la inflación con crecimiento económico, que no es lo que está pasando ahora, que baja fuerte la inflación, pero también el nivel de actividad y aumenta el desempleo. Ese es el trade off al que uno quiere ir, pero para hacer un plan de estabilización no hay que tener atraso cambiario ni tarifario. El atraso tarifario se corrigió parcialmente y el atraso cambiario, que inicialmente se había corregido, al llevar a 2% mensual [el crawling peg] se fue erosionando el colchón de competitividad que había. Hoy está en vías de atrasarse o ya no es lo suficientemente competitivo como para garantizar que se sigan acumulando reservas.
–¿Y cuán sostenible es esta situación?
–Tradicionalmente, hasta agosto hay un nivel de exportaciones mayor por la estacionalidad de la cosecha gruesa, y después baja. Hoy el precio de los productos tampoco están muy bien, porque los valores internacionales de la soja están muy bajos, y el tipo de cambio real se sigue apreciando. Además, cuando empieza a haber incertidumbre y sube la brecha, se posponen las ventas y hay que volver a generar credibilidad. Hoy eso no está garantizado y ahí es cuando uno empieza a ver las tensiones. La brecha está bastante consolidada en torno al 40% y la película de tener un tipo de cambio real que no alcanza la hemos visto muchas veces en la Argentina. Hemos tropezado con esa piedra muchas veces. La clave es cómo están los huesos para aguantar el atraso cambiario, si lo hubiera. Seguimos sin reservas netas significativas en el Banco Central, quizás hay que pagar el swap con China, que no afecta las reservas netas, pero sí las que son en dólares. Y también hay vencimientos de deuda muy grandes de acá a 2025. El riesgo país tiene que bajar mucho, de 1500 a 500 puntos básicos, para que se pueda hacer roll over de esa deuda. Si no se puede, hay que conseguir los dólares por cuenta corriente; es decir, hay exportar de lo que se importa. El año que viene, lamentablemente, hay pronóstico de niña, que puede ser menos lluvia.
–¿Cree que, como dice el Gobierno, lo peor ya pasó, en términos económicos?
–Si hay un incipiente atraso cambiario y no se puede sostener, lo peor no pasó, porque en algún momento habrá que unificar. Si eventualmente la economía argentina requiere una corrección cambiaria adicional, ahí habrá alguna devaluación del dólar oficial y se cerrará finalmente la brecha y se abrirá el cepo. Ahí puede haber nuevamente un escenario en el que vuelve a haber una actividad más contractiva y una aceleración de la inflación. Pero eso no lo sabemos. Sacando eso, sí hay una señal de amesetamiento, tanto en nivel de actividad como de la inflación. En materia de actividad, lo peor probablemente haya sido en marzo, pero la recuperación, hoy por hoy, está principalmente en sectores como el agro. No se ve que estemos en una recuperación generalizada, en una situación en la que se dejan de destruir puestos de trabajo. Y hay consenso de que no va a ser una recuperación en V, sino más en U, más lenta y más gradual. Uno puede ver el vaso medio lleno de que la economía no cae más, pero tampoco es que hoy estamos viendo una recuperación fuerte. Y en materia de inflación ya estamos viendo que mayo fue bastante único, porque las prepagas tuvieron deflación, pero en junio van a subir. Los aumentos de tarifas de energía que se pospusieron en mayo, hubo que hacerlos parcialmente en junio. Nosotros tenemos estimada una inflación de 5,5% para este mes. No está mal, no hay que desesperarse con bajar todos los meses la inflación, porque cuando se hacen ajustes de precios relativos, por definición se va a acelerar un poco la inflación. Pero el Gobierno se complicó al posponer tantos aumentos, porque le va a ser muy difícil repetir el dato de mayo.
–En términos de desempleo, ¿cómo ve el panorama?
–Hay una duda que es justamente la velocidad de la recuperación; las empresas están achicando márgenes porque les cuesta vender, y están con equipos con personal sobrante porque ha caído muy fuerte el nivel de actividad y la demanda. La gran pregunta que se hacen las empresas es la de si aguantar un poquito más. Primero hacen suspensiones, reducen turnos, pero llega un punto en el que tienen que evaluar qué hacer con la dotación que hoy está excedida. Ese es el punto clave, porque si empieza a consolidarse esta idea de que va a ser una recuperación lenta, quizás las empresas tengan que tomar decisiones más difíciles referidas a achicar la planta. No vemos todavía que está terminado ese proceso. Por eso no queda del todo claro cuándo se termina de frenar la pérdida de empleo. Más allá de los sectores en los que todo fue muy rápido, como la construcción, dado que se frenó toda la obra pública. En otras industrias están esperando que efectivamente se recupere la demanda.
–¿Qué desafíos tiene el Gobierno en el segundo semestre?
–Hay un punto importante para el Gobierno en la gestión y en el Congreso, que le ha costado mucho. Eso tiene un impacto, porque muchos de los inversores quieren ver que las cosas funcionen, que se puedan aprobar leyes. Eso me parece un desafío que es parte del arte de la política económica. Después, me parece que tiene que calibrar mejor cómo va a bajar la inflación hacia adelante, sin acumular atrasos cambiario y tarifario, porque sino, en algún momento está el rebote. Y me parece importante también mostrar por dónde crece la economía, porque una economía estancada o con una recuperación muy lenta no favorece la inversión.
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Silvia Stang
Más allá del cambio del piso salarial para empezar a tributar, la iniciativa oficial propone modificar en varias cuestiones el esquema actual; la medición de la capacidad adquisitiva, la actualización y las discriminaciones, sobre el tapete
El Senado de la Nación decidió, por el voto de la mayoría, no aprobar los cambios en el impuesto sobre los ingresos de las personas propuestos por el Gobierno, que habían tenido el visto bueno en Diputados. La iniciativa sobre medidas fiscales, de la cual son parte las modificaciones a Ganancias, volverá a la Cámara Baja, donde el oficialismo prevé insistir con los artículos rechazados.
La propuesta no implica “restituir” la vigencia de un impuesto que grave parte del ingreso laboral de un grupo de personas, porque, en realidad, nunca dejó de existir un régimen de imposición con tal objetivo. Bien lo saben (o lo van recordando) los asalariados que en los últimos meses y luego de alguna recomposición de sus remuneraciones, comenzaron a ver en sus recibos retenciones por la carga fiscal, que para la mayoría de los casos hoy se llama “impuesto cedular sobre los mayores ingresos”. En este sistema, vigente desde enero y creado por la ley 27.725, se tributa a partir de un piso salarial mensual de $2,34 millones en bruto (este mes eso equivale a un neto de $1.954.944) sin importar, por ejemplo, si el empleado tiene o no personas a su cargo.
Más allá de eslóganes y muestras de demagogia que surgieron en tiempos en los que el tributo se distorsionó por falta de una debida actualización y por varias políticas adoptadas, hay un debate para dar sobre el tema. En una sociedad que sufre una enorme problemática social –e incluso si así no fuera– y en la cual pesan fuerte los tributos sobre el consumo, ¿no hay un nivel de ingresos a partir del cual es aceptable y lógico que las personas aporten (que aporten más, es cierto, porque ya lo hacen con otros impuestos) al funcionamiento del Estado?
El esquema del impuesto en cuestión debería evitar distorsiones y ser cobrado a partir de ingresos que respondan a algún criterio, con niveles de imposición progresivos y con un mecanismo de actualización periódico y libre de intervención de funcionarios, que evite que alguien empiece a tributar, o bien que alguien tribute con un alícuota creciente, al mismo tiempo que su ingreso pierde poder adquisitivo o, al menos, solo logra mantenerlo.
El régimen actual fija el umbral para empezar a pagar en un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil (SMVM) multiplicado por 15. Según la ley, en el primer semestre se toma como referencia el valor de ese ingreso básico fijado para enero, en tanto que en julio se lo debe reemplazar por el valor vigente a ese mes y, además, debe recalcularse el tributo cobrado por los sueldos de la primera mitad del año.
El SMVM es una variable sobre la cual hay un margen de acción discrecional de la política y que no necesariamente sigue de cerca la variación de los precios. De hecho, para enero último no hubo actualización, y los $2,34 millones vigentes surgen de multiplicar por 15 la cifra que regía en diciembre. El salario mínimo fue incrementado luego, sin que eso impactara en la base del impuesto (porque así lo establece la ley).
Pero, más allá de ese espacio de discrecionalidad para ir determinando el menor salario gravado, hay otros factores cuestionables en el esquema actual.
Uno es que para definir quiénes tributan y con qué montos no se contempla la situación del empleado en cuanto a si hay personas que dependen económicamente de él, o a si tiene determinados gastos que afectan su capacidad contributiva.
El proyecto de ley busca restituir el esquema de deducciones por hijos y por cónyuge, y por una serie de gastos, como el alquiler de la vivienda, los honorarios médicos o la cuota de la prepaga y del colegio. En las negociaciones en el Senado se había introducido la actualización, demorada por décadas, del monto deducible por intereses de créditos hipotecarios, para llevarlo, por 2024, de $20.000 a $3.091.035.
En el impuesto cedular actual solo están habilitadas las deducciones por los salarios de servicio doméstico y por aportes a sociedades de garantía recíproca. El escaso permiso es una limitante fuerte para la medición del poder de contribución.
Según el proyecto de ley se pagaría Ganancias, hasta agosto, a partir de un salario neto de $1.494.000 si no se tienen deducciones ni por familia ni por gastos, y desde un neto de $1.981.278, por ejemplo, si se trata de alguien que deduce cónyuge y dos hijos. Y, a diferencia del esquema actual que dispone una actualización en julio (según el SMVM), la iniciativa prevé un reajuste por inflación más tardío: en septiembre.
La forma en que se actualizan las bases para tributar es uno de los aspectos a considerar, como también el reajuste de los valores de la tabla de alícuotas, que es el elemento que debería garantizar la progresividad del impuesto y evitar que, por obtenerse una recomposición del ingreso con la cual no se le empate siquiera a la inflación, se empiece a tributar, o se salte a una tasa de imposición bastante más elevada.
Hay otro tema que es fuente histórica de cuestionamientos, y es la situación de los autónomos. Según las reglas vigentes, para los que no tienen cargas de familia el monto deducible (libre del tributo) por todo este año es, como regla general, de $4.902.158. Con el proyecto esa cifra subiría a $13.909.657. Ese es el ingreso neto anual mínimo para tributar, al que se llega tras descontar de lo facturado el aporte previsional y los gastos deducibles; pero, de todas formas, se produce una situación desigual con los asalariados, sin contar con que en los últimos años se los excluyó una y otra vez de medidas de alivio fiscal.
Existen otras discriminaciones: el mencionado impuesto cedular hoy no abarca todos los casos, sino que para un grupo de dependientes rige un esquema más oneroso, en razón del cargo que se ocupa y no del nivel de ingresos percibidos.
Las formas en que, sin mirar el conjunto social, se tomaron muchas veces decisiones, derivaron en otras diferencias, por caso sectoriales, no necesariamente justificadas en la capacidad contributiva.
Y también derivaron en problemas de coyuntura: si el Congreso no aprueba el capítulo de Ganancias, un grupo de empleados tendrá retenciones extras de sus salarios por el impuesto de 2023. Esto ocurriría porque algunos cambios que aliviaron la carga el año pasado, en medio de una campaña electoral que buscó votos antes que crear condiciones para el equilibrio social, fueron dispuestos por decretos y resoluciones, y necesitan ser ratificados por ley. Esa ratificación está entre los artículos rechazados por el Senado.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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