El Gobierno busca acelerar en el Senado la votación de la candidatura de Lijo
Hubo contactos para llamar a audiencias públicas, paso previo al debate en el recinto
Delfina Celichini
A poco más de una semana de su ingreso al Senado, el Gobierno busca acelerar la votación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para convertirlos en jueces de la Corte Suprema.
En el oficialismo reconocieron que hubo contactos con la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro), titular de la estratégica Comisión de Acuerdos, para que se active el mecanismo previo al debate del asno mi naciones en el recinto del Senado.
Por eso, según reconocieron la comisión se apresta a convocara las audiencias públicas en las que deben discutirse los pliegos.
El reglamento fija que se convoquen con 15 días de anticipación y luego la ciudadanía tiene siete días corridos para presentar impugnaciones y adhesiones.
El pliego de Lijo recibió una infinidad de críticas de entidades profesionales, empresariales y judiciales por demorar causas y por su patrimonio. Sin embargo, el oficialismo avanzó con su nominación, con el acuerdo tácito del kirchnerismo.
El plan del Gobierno es lograr la aprobación de la Ley Bases este jueves en la Cámara de Diputados, para luego llevar el pliego de Lijo al recinto del Senado antes de fines de julio.
A más de una semana del ingreso formal de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla al Senado, el Poder Ejecutivo busca acelerar su tratamiento en la Comisión de Acuerdos, que preside la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro).
Tal como estipula la Constitución, las nominaciones de los magistrados que ocuparán un lugar en la Corte Suprema deben ser ratificadas por dos tercios de la Cámara alta, una mayoría difícil de obtener. Sin un plazo reglamentario que cumplir, el Gobierno apunta a tener los consensos cerrados antes de iniciar el procedimiento parlamentario, que incluye un llamado a audiencias públicas antes de que las nominaciones puedan ser sometidas al pleno del recinto.
Si bien aún no están definidas las fechas de las audiencias, cerca de Tagliaferri aseguraron que “no se van a demorar mucho”. Aseveraron, además, que la senadora está en conversaciones con referentes de la Casa Rosada.
“Son dos candidatos del Ejecutivo y es un tema relevante”, indicaron a pesar de las fuertes críticas que pesan sobre la postulación de Lijo.
A falta de un intervalo de tiempo detallado por el estatuto de la cámara, los plazos se consensuarán con la administración libertaria, que espera concluir el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal para emprender este nuevo desafío parlamentario.
Lo que sí estipula la letra chica del reglamento del Senado es que el llamado a las audiencias debe realizarse con 15 días de anticipación. A partir de ese momento, habrá siete días corridos para la presentación de impugnaciones y adhesiones. Con esa definición de tiempos, se especula que Tagliaferri recién tendrá una resolución para finales de julio.
Según pudo saber la nacion, se harán dos audiencias por separado, una por cada nominación y en días distintos, “por la duración que pueden tener”, aseguraron fuentes oficiales.
Para ello, se prevé que, una vez conseguido el quorum de la comisión e iniciado el debate del primer pliego, se pase a un cuarto intermedio y, al otro día, se discuta el otro.
Desde el anuncio de su candidatura, el pasado 20 de marzo, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron tanto a su desempeño como juez y a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera como a su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.
Tras analizar registros públicos, el instituto Inecip lo definió como el magistrado “más ineficaz de Comodoro Py” y el que más demora en resolver las causas por corrupción. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) concluyó que no tiene antecedentes para la Corte. El Colegio de Abogados de la Ciudad subrayó que su formación académica “no trasciende las fronteras de su título de grado”. Y también fue objetado por el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 64 entidades.
Las conversaciones entre el oficialismo y la oposición para que los pliegos pasen el filtro del Senado van por un carril diferente al de la Ley Bases. En esta nueva búsqueda de avales no aparece, por ahora, el ministro político, Guillermo Francos (jefe de Gabinete), una figura clave en el exitoso tejido de alianzas que logró destrabar la discusión de los primeros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
Tampoco figura la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien supo contener los arrebatos de insurrección durante la última sesión y cuya buena sintonía con los distintos espacios políticos del Senado resultó determinante.
A principios de mayo, Villarruel encabezó una reunión para analizar un proyecto que propone sostener el equilibrio de género en la Corte Suprema de Justicia. Se mostró con la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del exgobernador Juan Schiaretti), a quien recibió en su despacho junto a su par de la provincia de Río Negro, Mónica Silva, y las juezas Susana Medina y Teresa Day, que integran la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), una organización que exige al Gobierno una presencia femenina para cubrir los lugares disponibles en el máximo tribunal. El gesto de la vicepresidenta se leyó como una diferenciación de las nominaciones del Presidente.
Esta asociación también presentó una impugnación contra los candidatos, con una carta dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Denunció “desigualdad estructural”. Previamente, la titular de la Cámara alta ya había mostrado su disconformidad con la postulación de Lijo. “No me deslumbra”, deslizó en una entrevista televisiva. Estos gestos no pasaron desapercibidos en la mesa chica que rodea a Milei y es probable que Villarruel tenga poco margen en esta negociación.
Posibles interlocutores
Si bien se podría suponer que Cúneo Libarona es una pieza fundamental en el ajedrez político que definirá la suerte de Lijo y García Mansilla, no es así. Según pudo saber la nacion, su trabajo en este periplo terminó en el mismo momento en el que envió, junto al Presidente, las nominaciones al Senado.
La interlocución de la Casa Rosada con la Cámara alta la lleva una persona del círculo íntimo de Milei. Los reflectores señalan a Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario que carga con acusaciones en la Justicia, pero que mantiene un vínculo de confianza con la secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario, Karina Milei. No obstante, cerca de Viola niegan que esté al frente de esta tarea.
Lo cierto es que la postulación de Lijo genera incomodidad entre propios y ajenos. Como juez federal, lleva causas sensibles para un amplio espectro de dirigentes políticos cuya voluntad podría verse trastocada, a favor del nominado, por estas sutilezas judiciales.
Será clave la postura del bloque kirchnerista, que cuenta con 33 de 72 senadores, fundamentales para obtener los dos tercios necesarios para prestar acuerdo. Hasta ahora, los legisladores que responden a la expresidenta Cristina Kirchner no adelantaron qué postura tomarán.
Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó vacante en el máximo tribunal Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, cuando renunció. García-Mansilla, en tanto, es candidato para suplir la vacante que dejará en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, tras cumplir los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.
A pesar de que en Unión por la Patria no descartan de plano el acompañamiento de la nominación de Lijo, estiman poco probable que sea en reemplazo de la jueza Highton de Nolasco, por el incumplimiento del cupo femenino. García-Mansilla, en cambio, es un candidato indigerible para una buena porción de esta bancada.
No obstante, contó que la nacion Lijo confirmó a sus interlocutores que ya tiene los votos en el Senado para ser miembro de la Corte Suprema. Con terminales políticas en diferentes sectores de la oposición, el Gobierno delegó en el juez nominado la búsqueda de sus propios avales en el Congreso. Antes de pasar el filtro del recinto, sin embargo, deberá someterse a un nuevo escrutinio de la ciudadanía, que podrá volver a presentar, en el marco de la Comisión de Acuerdos, sus impugnaciones.
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Encuentro de último momento para restituir privatizaciones y Ganancias
El oficialismo busca consensuar con los aliados de la Cámara de Diputados para evitar un nuevo revés en los artículos modificados por el Senado
Delfina Celichini
El Gobierno abre una nueva ronda de conversaciones con la oposición dialoguista en Diputados. Con la idea de estamparles este jueves la sanción definitiva a la Ley Bases y el paquete fiscal, el oficialismo se reunirá hoy, a las 17, con Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal para sondear las voluntades respecto de los puntos en los que pretende insistir en la redacción original o aceptar lo que votó el Senado. Fundamentalmente, apuesta a restituir el paquete de privatizaciones, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la reforma en Bienes Personales.
La cumbre, de la que participarán el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, será en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. Allí también se congregarán los referentes de los bloques amigos con los que la Casa Rosada anhela culminar el periplo legislativo de los proyectos fundacionales de Javier Milei, aunque sin perder en ese proceso puntos nodales para su proyecto económico.
Es que tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal hay un sector que se rehúsa a acompañar las intenciones del Ejecutivo sin chistar. Si bien en Pro mantienen la sintonía con el Gobierno, se muestran reticentes a acompañar algunas de las cláusulas que el oficialismo negoció en el Senado, como el incremento del 3% al 5% de las regalías mineras que pactó con los patagónicos. “Tenemos que ver cómo armamos un dictamen de mayoría que exprese un mix de aquello en lo que queremos insistir y qué aceptar”, observó un referente del radicalismo respecto del objetivo de la reunión de esta tarde.
En la Ley Bases, la administración libertaria machaca con volver a incorporar Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina al compendio de privatizaciones. Este punto divide a la UCR en Diputados, con 34 miembros, donde debaten si deben respetar, o no, los acuerdos de sus pares senadores con el Gobierno. Frente a esta disyuntiva, la bancada radical de la Cámara alta solicitó “acompañamiento a los cambios propuestos”. No fue suficiente para aplacar las diferencias dentro del partido centenario, donde el propio presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, votó a contrapelo de sus compañeros de bloque.
En Hacemos Coalición pasa algo similar. Las posiciones sobre este punto son disímiles y hay un sector que buscará salvar de la liquidación a la aerolínea de bandera. “Tenemos que contar fino”, se sinceró uno de los diputados de este espacio que se encarga de puntear los detalles con los referentes del Ejecutivo. Antes de la cumbre con Rolandi e Ibarzábal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto se congregará para pasar en limpio cada una de estas posturas. Será a las 14 cuando se pondrán sobre la mesa estas diferencias.
Respecto de Ganancias, la votación se presume muy ajustada. Si bien en el radicalismo están de acuerdo con la restitución de la cuarta categoría del tributo, muchos de los diputados que no responden a un gobernador se muestran reticentes a votar a favor de un impuesto que engrosará las arcas provinciales en favor de sus adversarios políticos. Recelan del hecho de que mientras ellos asumen el costo político de reimponer un gravamen que afectará a la clase media, los legisladores peronistas alineados con los mandatarios de sus provincias lo evitan.
”Le pedí al Gobierno que busque apoyo para restituir Ganancias entre los diputados kirchneristas. Los gobernadores de este partido se llevan un impuesto coparticipable y no asumen ningún costo, dado que no aportan votos a través de sus legisladores. Es mucho pedirles a diputados que no gobernamos nuestras provincias que seamos nosotros quienes tengamos que hacer los gestos”, señaló la vicepresidenta del bloque de la UCR en Diputados, Karina Banfi. No obstante, no descarta de plano votar en línea con el Poder Ejecutivo.
La bancada de Pichetto también registra diferencias en este punto. Con una composición variopinta, donde conviven liberales con socialistas, sus principales referentes se muestran pragmáticos. “Que el Gobierno empiece a sondear los avales en los bloques que tienen disciplina partidaria y que nos avisen qué necesitan”, indican. No apuntan a torcer todas las voluntades, pero podrían forzar algunas ausencias para allanar los objetivos del oficialismo.
El Gobierno quiere insistir, además, con la versión original de la reforma en Bienes Personales. En este punto pareciera no haber tantos reparos de la oposición dialoguista y esperan contar con los votos sin demasiada dificultad. La propuesta oficial disponía un aumento del mínimo no imponible actual de $27 millones a $100 millones, a la vez que establecía una reducción de las alícuotas en un intervalo de entre 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%).
Los cambios en este punto son claves para hacer más atractivo el blanqueo de capitales. De hecho, también se incluye un régimen especial que permite a los contribuyentes la posibilidad de pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) que congele su patrimonio. Además, promete estabilidad fiscal hasta 2038.
La discusión constitucional
En paralelo al punteo de la letra chica, todavía hay quienes ponen reparos en la posibilidad de que Diputados pueda insistir en aquellos puntos que, en particular, fueron rechazados por el Senado. Se trata de Ganancias, Bienes Personales y la reversión de la moratoria previsional. Su argumento se cimenta en el artículo 81 de la Constitución nacional, que prevé que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Entre otros constitucionalistas de peso, esta postura fue respaldada por el jurista Andrés Gil Domínguez. Un sector del radicalismo, liderado por el exjuez provincial Fernando Carbajal, podría acompañar esta postura.
En tanto, los detractores de esta definición, entre los que se cuentan una porción de la UCR, Pro, Hacemos y el oficialismo, argumentan que el rechazo a un artículo configura en sí una modificación al texto, por lo tanto la cámara de origen puede insistir en la redacción original. A pesar de que la gran mayoría respalda esta interpretación constitucional, es posible que el kirchnerismo complique con ello el debate en el recinto e, incluso, acuda a la Justicia si estos puntos terminan convirtiéndose en ley.
El Gobierno abre una nueva ronda de conversaciones con la oposición dialoguista en Diputados. Con la idea de estamparles este jueves la sanción definitiva a la Ley Bases y el paquete fiscal, el oficialismo se reunirá hoy, a las 17, con Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal para sondear las voluntades respecto de los puntos en los que pretende insistir en la redacción original o aceptar lo que votó el Senado. Fundamentalmente, apuesta a restituir el paquete de privatizaciones, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la reforma en Bienes Personales.
La cumbre, de la que participarán el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, será en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. Allí también se congregarán los referentes de los bloques amigos con los que la Casa Rosada anhela culminar el periplo legislativo de los proyectos fundacionales de Javier Milei, aunque sin perder en ese proceso puntos nodales para su proyecto económico.
Es que tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal hay un sector que se rehúsa a acompañar las intenciones del Ejecutivo sin chistar. Si bien en Pro mantienen la sintonía con el Gobierno, se muestran reticentes a acompañar algunas de las cláusulas que el oficialismo negoció en el Senado, como el incremento del 3% al 5% de las regalías mineras que pactó con los patagónicos. “Tenemos que ver cómo armamos un dictamen de mayoría que exprese un mix de aquello en lo que queremos insistir y qué aceptar”, observó un referente del radicalismo respecto del objetivo de la reunión de esta tarde.
En la Ley Bases, la administración libertaria machaca con volver a incorporar Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina al compendio de privatizaciones. Este punto divide a la UCR en Diputados, con 34 miembros, donde debaten si deben respetar, o no, los acuerdos de sus pares senadores con el Gobierno. Frente a esta disyuntiva, la bancada radical de la Cámara alta solicitó “acompañamiento a los cambios propuestos”. No fue suficiente para aplacar las diferencias dentro del partido centenario, donde el propio presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, votó a contrapelo de sus compañeros de bloque.
En Hacemos Coalición pasa algo similar. Las posiciones sobre este punto son disímiles y hay un sector que buscará salvar de la liquidación a la aerolínea de bandera. “Tenemos que contar fino”, se sinceró uno de los diputados de este espacio que se encarga de puntear los detalles con los referentes del Ejecutivo. Antes de la cumbre con Rolandi e Ibarzábal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto se congregará para pasar en limpio cada una de estas posturas. Será a las 14 cuando se pondrán sobre la mesa estas diferencias.
Respecto de Ganancias, la votación se presume muy ajustada. Si bien en el radicalismo están de acuerdo con la restitución de la cuarta categoría del tributo, muchos de los diputados que no responden a un gobernador se muestran reticentes a votar a favor de un impuesto que engrosará las arcas provinciales en favor de sus adversarios políticos. Recelan del hecho de que mientras ellos asumen el costo político de reimponer un gravamen que afectará a la clase media, los legisladores peronistas alineados con los mandatarios de sus provincias lo evitan.
”Le pedí al Gobierno que busque apoyo para restituir Ganancias entre los diputados kirchneristas. Los gobernadores de este partido se llevan un impuesto coparticipable y no asumen ningún costo, dado que no aportan votos a través de sus legisladores. Es mucho pedirles a diputados que no gobernamos nuestras provincias que seamos nosotros quienes tengamos que hacer los gestos”, señaló la vicepresidenta del bloque de la UCR en Diputados, Karina Banfi. No obstante, no descarta de plano votar en línea con el Poder Ejecutivo.
La bancada de Pichetto también registra diferencias en este punto. Con una composición variopinta, donde conviven liberales con socialistas, sus principales referentes se muestran pragmáticos. “Que el Gobierno empiece a sondear los avales en los bloques que tienen disciplina partidaria y que nos avisen qué necesitan”, indican. No apuntan a torcer todas las voluntades, pero podrían forzar algunas ausencias para allanar los objetivos del oficialismo.
El Gobierno quiere insistir, además, con la versión original de la reforma en Bienes Personales. En este punto pareciera no haber tantos reparos de la oposición dialoguista y esperan contar con los votos sin demasiada dificultad. La propuesta oficial disponía un aumento del mínimo no imponible actual de $27 millones a $100 millones, a la vez que establecía una reducción de las alícuotas en un intervalo de entre 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%).
Los cambios en este punto son claves para hacer más atractivo el blanqueo de capitales. De hecho, también se incluye un régimen especial que permite a los contribuyentes la posibilidad de pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) que congele su patrimonio. Además, promete estabilidad fiscal hasta 2038.
La discusión constitucional
En paralelo al punteo de la letra chica, todavía hay quienes ponen reparos en la posibilidad de que Diputados pueda insistir en aquellos puntos que, en particular, fueron rechazados por el Senado. Se trata de Ganancias, Bienes Personales y la reversión de la moratoria previsional. Su argumento se cimenta en el artículo 81 de la Constitución nacional, que prevé que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Entre otros constitucionalistas de peso, esta postura fue respaldada por el jurista Andrés Gil Domínguez. Un sector del radicalismo, liderado por el exjuez provincial Fernando Carbajal, podría acompañar esta postura.
En tanto, los detractores de esta definición, entre los que se cuentan una porción de la UCR, Pro, Hacemos y el oficialismo, argumentan que el rechazo a un artículo configura en sí una modificación al texto, por lo tanto la cámara de origen puede insistir en la redacción original. A pesar de que la gran mayoría respalda esta interpretación constitucional, es posible que el kirchnerismo complique con ello el debate en el recinto e, incluso, acuda a la Justicia si estos puntos terminan convirtiéndose en ley.
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