La Iglesia alertó por la suba de la pobreza, en medio del conflicto por los alimentos
Crisis. Camiones del Ejército distribuirán hoy las provisiones del ministerio de Pettovello
Mariano de Vedia
El obispo Tissera, con el equipo de Cáritas
En medio de la crisis que envuelve al Gobierno por las demoras en la distribución de alimentos entre la población carenciada, la Iglesia, a través de un informe de Cáritas, alertó sobre el fuerte crecimiento de las urgencias sociales en los últimos nueve meses. En el primer trimestre de 2024, en coincidencia con la gestión del presidente Javier Milei, la pobreza afectó al 55% de la población, más de 25 millones de personas, y la indigencia trepó al 17,5%, unos ocho millones de personas.
Según el informe “Radiografía de la pobreza en la Argentina”, se estima que cinco millones de personas pasaron a ser pobres, si se toma como referencia el tercer trimestre de 2023, cuando las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina mostraban un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia.
El relevamiento del organismo de la Iglesia muestra que una de cada cuatro personas sufre “inseguridad alimentaria”.
Hoy, los alimentos de los depósitos del Estado comenzarán a ser distribuidos por camiones del Ejército, tras la firma de un nuevo convenio por parte del ministerio de Sandra Pettovello, quien ayer recibió un nuevo respaldo del Presidente.
En medio de la crisis que envuelve al Gobierno por los alimentos que no se distribuyeron entre la población vulnerable, Cáritas presentó el informe “Radiografía de la pobreza en la Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, que marca el fuerte crecimiento de las urgencias sociales registrado en los últimos nueve meses. En el primer trimestre de 2024, en coincidencia con la gestión del presidente Javier Milei, la pobreza afectó al 55% de la población (más de 25 millones de personas) y la indigencia trepó al 17,5% (ocho millones).
Se estima que cinco millones de personas pasaron a ser pobres, si se toma como referencia el tercer trimestre de 2023, cuando las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) mostraban un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia. Frente a los drásticos números, se transmitió la conclusión de que “la pobreza y la indigencia hipotecan vidas”.
El relevamiento del organismo de la Iglesia muestra que una de cada cuatro personas sufre “inseguridad alimentaria”, un déficit que se traduce en alarma ante la investigación judicial que impactó en el Ministerio de Capital Humano.
La “Radiografía de la pobreza”, que expone un serio deterioro en el campo social, se dio a conocer en los días previos a la colecta anual de Cáritas, que se desarrollará el sábado y el domingo próximos en todo el país, para generar conciencia y reunir fondos para sostener programas de comedores, asistencia alimentaria y distintos proyectos de promoción humana que desarrolla la institución. El lema de la colecta, que se hará en las iglesias y colegios, además de la vía digital, es “Tu solidaridad es esperanza”.
Monseñor Tissera presentó el informe en el Centro Comunitario San Pedro Claver, de Cáritas Quilmes, ubicado en el Barrio La Carolina de Ingeniero Allan, en el partido de Florencio Varela. Lo acompañaron Eduardo Donza, investigador y coordinador de Desarrollo de Datos y especialista en áreas de trabajo y desigualdad del Observatorio de la UCA; Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina, y Karen Burgos, a cargo del acompañamiento de la Red de Centros Comunitarios de Itatí, Solano y Quilmes.
El obispo destacó la “presencia capilar” de Cáritas, a través de 3500 centros en todo el país, y dijo que el brazo social de la Iglesia “es como la sangre, que es la primera en acudir a la herida”.
“Esa capilaridad y cercanía nos permite escuchar de primera mano los dolores que tienen tantas personas de todas las edades y todas las regiones”, añadió Zadara.
“En ese universo hay rostros, familias pobres o indigentes que experimentan hambre y tienen mala alimentación, desocupados que no pueden acceder a un trabajo de calidad, trabajadores sobreocupados pobres, madres que no pueden cubrir las necesidades de crianza de sus hijos, por la escasez de recursos y de tiempo de vida que genera la pobreza”, dijo Eduardo Donza.
Inseguridad alimentaria
Una de cada cuatro personas en la Argentina sufre inseguridad alimentaria, categoría en la que ingresan cuando las comidas no son completas. “Deben saltear comidas porque los ingresos no alcanzan”, dijo Donza. Entre los menores de 18 años, el 32% tienen esa carencia.
En tanto, la inseguridad alimentaria severa –cuando se experimenta hambre– afecta al 10% de la población. El porcentaje sube al 15% entre los menores de 18. Frente a esa realidad, Cáritas atiende en los comedores al 50% de los niños menores de edad.
Frente al conflicto suscitado por las fallas en la distribución de alimentos, Cáritas entiende que es urgente ampliar la ayuda alimentaria, tanto por parte del Estado como del sector privado.
El drama social no son solo los alimentos. “La pandemia afectó la concurrencia a la escuela, lo que obliga a realizar acciones para que los niños vuelvan al sistema educativo. El 25% de los niños de 3 a 5 años no asisten al jardín ni al preescolar.
Otro problema es el atraso escolar: el 10% de los alumnos de primaria tienen “sobreedad”: cursan grados inferiores a los que corresponden por su edad.
Se alertó, también, sobre el deterioro que produce el flagelo de la droga, que en los barrios populares es mucho más complejo, porque destruye todo. “El 30% de los vecinos consultados notan un aumento de venta de droga en los barrios”, reveló Donza. Además, Cáritas reveló que el 32% de los trabajadores ocupados residen hoy en hogares en situación de pobreza. “No alcanza con tener un trabajo para salir de la pobreza, dice el relevamiento.
En medio de la crisis que envuelve al Gobierno por las demoras en la distribución de alimentos entre la población carenciada, la Iglesia, a través de un informe de Cáritas, alertó sobre el fuerte crecimiento de las urgencias sociales en los últimos nueve meses. En el primer trimestre de 2024, en coincidencia con la gestión del presidente Javier Milei, la pobreza afectó al 55% de la población, más de 25 millones de personas, y la indigencia trepó al 17,5%, unos ocho millones de personas.
Según el informe “Radiografía de la pobreza en la Argentina”, se estima que cinco millones de personas pasaron a ser pobres, si se toma como referencia el tercer trimestre de 2023, cuando las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina mostraban un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia.
El relevamiento del organismo de la Iglesia muestra que una de cada cuatro personas sufre “inseguridad alimentaria”.
Hoy, los alimentos de los depósitos del Estado comenzarán a ser distribuidos por camiones del Ejército, tras la firma de un nuevo convenio por parte del ministerio de Sandra Pettovello, quien ayer recibió un nuevo respaldo del Presidente.
En medio de la crisis que envuelve al Gobierno por los alimentos que no se distribuyeron entre la población vulnerable, Cáritas presentó el informe “Radiografía de la pobreza en la Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, que marca el fuerte crecimiento de las urgencias sociales registrado en los últimos nueve meses. En el primer trimestre de 2024, en coincidencia con la gestión del presidente Javier Milei, la pobreza afectó al 55% de la población (más de 25 millones de personas) y la indigencia trepó al 17,5% (ocho millones).
Se estima que cinco millones de personas pasaron a ser pobres, si se toma como referencia el tercer trimestre de 2023, cuando las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) mostraban un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia. Frente a los drásticos números, se transmitió la conclusión de que “la pobreza y la indigencia hipotecan vidas”.
El relevamiento del organismo de la Iglesia muestra que una de cada cuatro personas sufre “inseguridad alimentaria”, un déficit que se traduce en alarma ante la investigación judicial que impactó en el Ministerio de Capital Humano.
La “Radiografía de la pobreza”, que expone un serio deterioro en el campo social, se dio a conocer en los días previos a la colecta anual de Cáritas, que se desarrollará el sábado y el domingo próximos en todo el país, para generar conciencia y reunir fondos para sostener programas de comedores, asistencia alimentaria y distintos proyectos de promoción humana que desarrolla la institución. El lema de la colecta, que se hará en las iglesias y colegios, además de la vía digital, es “Tu solidaridad es esperanza”.
Monseñor Tissera presentó el informe en el Centro Comunitario San Pedro Claver, de Cáritas Quilmes, ubicado en el Barrio La Carolina de Ingeniero Allan, en el partido de Florencio Varela. Lo acompañaron Eduardo Donza, investigador y coordinador de Desarrollo de Datos y especialista en áreas de trabajo y desigualdad del Observatorio de la UCA; Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina, y Karen Burgos, a cargo del acompañamiento de la Red de Centros Comunitarios de Itatí, Solano y Quilmes.
El obispo destacó la “presencia capilar” de Cáritas, a través de 3500 centros en todo el país, y dijo que el brazo social de la Iglesia “es como la sangre, que es la primera en acudir a la herida”.
“Esa capilaridad y cercanía nos permite escuchar de primera mano los dolores que tienen tantas personas de todas las edades y todas las regiones”, añadió Zadara.
“En ese universo hay rostros, familias pobres o indigentes que experimentan hambre y tienen mala alimentación, desocupados que no pueden acceder a un trabajo de calidad, trabajadores sobreocupados pobres, madres que no pueden cubrir las necesidades de crianza de sus hijos, por la escasez de recursos y de tiempo de vida que genera la pobreza”, dijo Eduardo Donza.
Inseguridad alimentaria
Una de cada cuatro personas en la Argentina sufre inseguridad alimentaria, categoría en la que ingresan cuando las comidas no son completas. “Deben saltear comidas porque los ingresos no alcanzan”, dijo Donza. Entre los menores de 18 años, el 32% tienen esa carencia.
En tanto, la inseguridad alimentaria severa –cuando se experimenta hambre– afecta al 10% de la población. El porcentaje sube al 15% entre los menores de 18. Frente a esa realidad, Cáritas atiende en los comedores al 50% de los niños menores de edad.
Frente al conflicto suscitado por las fallas en la distribución de alimentos, Cáritas entiende que es urgente ampliar la ayuda alimentaria, tanto por parte del Estado como del sector privado.
El drama social no son solo los alimentos. “La pandemia afectó la concurrencia a la escuela, lo que obliga a realizar acciones para que los niños vuelvan al sistema educativo. El 25% de los niños de 3 a 5 años no asisten al jardín ni al preescolar.
Otro problema es el atraso escolar: el 10% de los alumnos de primaria tienen “sobreedad”: cursan grados inferiores a los que corresponden por su edad.
Se alertó, también, sobre el deterioro que produce el flagelo de la droga, que en los barrios populares es mucho más complejo, porque destruye todo. “El 30% de los vecinos consultados notan un aumento de venta de droga en los barrios”, reveló Donza. Además, Cáritas reveló que el 32% de los trabajadores ocupados residen hoy en hogares en situación de pobreza. “No alcanza con tener un trabajo para salir de la pobreza, dice el relevamiento.
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El Gobierno priorizó a las entidades religiosas y a Castells en el reparto de alimentos
El piquetero recibió 166 toneladas, por encima de Cáritas y Conin; Salta y Pinamar fueron la provincia y el municipio más beneficiados
Camila Dolabjian
Castells dijo desconocer por qué recibió más alimentos
Desde que estalló la polémica por los alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano pese a la crisis económica y los indicadores que señalan un aumento de la pobreza y la indigencia, surgen una serie de inconsistencias entre lo que el Gobierno comunicó sobre la mercadería almacenada en Villa Martelli y Tucumán, lo que se hizo con esos productos y lo que informó a la Justicia. Esta documentación, a la que accedió arroja luz sobre la política que implementó la gestión de Sandra Pettovello alrededor del stock, distinto de lo anunciado en los últimas semanas.
En primer lugar, y pese a que se dijo que los productos guardados allí tenían propósito de emergencias específicas y serían utilizados en situaciones puntuales, lo cierto es que la gestión de Javier Milei sí distribuyó alimentos a instituciones, la mayoría de ellas religiosas, mientras que cortó los envíos a las organizaciones sociales. A todas menos una.
Del listado de egresos de mercadería enviado por el Gobierno al juzgado de Sebastián Casanello surge una primera conclusión: desde el 18 de diciembre hasta el 22 de marzo, Capital Humano hizo entregas periódicas de comida a algunas entidades. Se hicieron 388 distribuciones por “emergencias no gubernamentales”, por un total de 933.861 kilos, y 59 por “emergencias gubernamentales”, con 198.630 kilos. A partir del 23 de marzo, sin embargo, no hay registradas más salidas de los depósitos.
Las entregas hechas por “emergencias no gubernamentales” muestran un punto interesante. Durante estos meses, prácticamente no hubo entregas a organizaciones piqueteras. La mayor parte se hizo a filiales de organizaciones religiosas o ligadas a la Iglesia Católica y otros credos, como Cáritas, la Fundación Conin, parroquias, consejos pastorales, obispados y asociaciones civiles eclesiásticas.
Sin embargo, hay una excepción. Hubo una sola cooperativa de un movimiento social que recibió alimentos y, además, fue individualmente la entidad que más mercadería recibió. Se trata del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), de Raúl Castells.
Las ramificaciones de esa cooperativa percibieron entregas en cuatro oportunidades: el 18 de diciembre, el 12, 22 y 23 de enero. En total, fueron despachados a sus ubicaciones 166.500 kilos de alimentos. se comunicó la nacion con Castells, que confirmó la información, pero dijo desconocer por qué su organización se trataba de una excepción. “Tal vez es porque no tenemos ninguna denuncia en nuestra contra. Nunca me comuniqué con ningún funcionario de este gobierno”, afirmó, e insistió sobre sus diferencias con la administración libertaria.
Castells fue objeto de polémica el año pasado, cuando, durante la campaña presidencial, se dieron una serie de saqueos en todo el país. El dirigente asumió responsabilidad de haberlos fomentado.
Respecto de otras organizaciones civiles, en cantidad le siguen al MIJD el Obispado de Lomas de Zamora y el de Lanús/Avellaneda, con 40.600 kilos cada uno. Por otra parte, de manera directa, solamente enviaron alimentos a tres comedores: Comedor los Niños de Luz y Esperanza (1100 kilos), Comedor Pasito a Pasito por un Mundo Mejor (1500 kilos) y el Comedor San Cayetano (6950 kilos). Como organizaciones enteras, distribuidas en distintas personas jurídicas, Cáritas recibió 218.065 kilos, Conin 43.230 kilos y las distintas parroquias, 161.701 kilos.
En cuanto a las “emergencias gubernamentales”, la provincia que más alimentos recibió fue Salta. Distribuidos en distintos despachos, fueron 41.108 kilos de los 198.000, casi un cuarto del total. Entre Ríos, Jujuy, Corrientes, Santa Fe y Misiones fueron las únicas otras provincias receptoras.
Por otra parte, la intendencia a donde se envió más mercadería no fue ninguna de las más habitadas y pobres del conurbano, sino Pinamar, con 24.370 kilos. Fueron 26 los municipios que recibieron alimentos. Continúan el listado Escobar, San Miguel, Almirante Brown, Berisso, Campana, Rauch, Morón, San Antonio de Areco, Dolores y Humahuaca, entre otros.
En total, el Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son exactamente 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo. Un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi seis mil toneladas de comida.
En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate. Del análisis realizado por se extrae que del total de casi seis toneladas, el 52% corresponde a yerba, el 22% a distintos tipos de aceite, el 16% a leche en polvo, el 6% a legumbres, el 2% a puré de tomate y el 1% a pasta de maní. El resto se distribuye entre locro, arroz, harinas y pasas de uva.
Desde que estalló la polémica por los alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano pese a la crisis económica y los indicadores que señalan un aumento de la pobreza y la indigencia, surgen una serie de inconsistencias entre lo que el Gobierno comunicó sobre la mercadería almacenada en Villa Martelli y Tucumán, lo que se hizo con esos productos y lo que informó a la Justicia. Esta documentación, a la que accedió arroja luz sobre la política que implementó la gestión de Sandra Pettovello alrededor del stock, distinto de lo anunciado en los últimas semanas.
En primer lugar, y pese a que se dijo que los productos guardados allí tenían propósito de emergencias específicas y serían utilizados en situaciones puntuales, lo cierto es que la gestión de Javier Milei sí distribuyó alimentos a instituciones, la mayoría de ellas religiosas, mientras que cortó los envíos a las organizaciones sociales. A todas menos una.
Del listado de egresos de mercadería enviado por el Gobierno al juzgado de Sebastián Casanello surge una primera conclusión: desde el 18 de diciembre hasta el 22 de marzo, Capital Humano hizo entregas periódicas de comida a algunas entidades. Se hicieron 388 distribuciones por “emergencias no gubernamentales”, por un total de 933.861 kilos, y 59 por “emergencias gubernamentales”, con 198.630 kilos. A partir del 23 de marzo, sin embargo, no hay registradas más salidas de los depósitos.
Las entregas hechas por “emergencias no gubernamentales” muestran un punto interesante. Durante estos meses, prácticamente no hubo entregas a organizaciones piqueteras. La mayor parte se hizo a filiales de organizaciones religiosas o ligadas a la Iglesia Católica y otros credos, como Cáritas, la Fundación Conin, parroquias, consejos pastorales, obispados y asociaciones civiles eclesiásticas.
Sin embargo, hay una excepción. Hubo una sola cooperativa de un movimiento social que recibió alimentos y, además, fue individualmente la entidad que más mercadería recibió. Se trata del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), de Raúl Castells.
Las ramificaciones de esa cooperativa percibieron entregas en cuatro oportunidades: el 18 de diciembre, el 12, 22 y 23 de enero. En total, fueron despachados a sus ubicaciones 166.500 kilos de alimentos. se comunicó la nacion con Castells, que confirmó la información, pero dijo desconocer por qué su organización se trataba de una excepción. “Tal vez es porque no tenemos ninguna denuncia en nuestra contra. Nunca me comuniqué con ningún funcionario de este gobierno”, afirmó, e insistió sobre sus diferencias con la administración libertaria.
Castells fue objeto de polémica el año pasado, cuando, durante la campaña presidencial, se dieron una serie de saqueos en todo el país. El dirigente asumió responsabilidad de haberlos fomentado.
Respecto de otras organizaciones civiles, en cantidad le siguen al MIJD el Obispado de Lomas de Zamora y el de Lanús/Avellaneda, con 40.600 kilos cada uno. Por otra parte, de manera directa, solamente enviaron alimentos a tres comedores: Comedor los Niños de Luz y Esperanza (1100 kilos), Comedor Pasito a Pasito por un Mundo Mejor (1500 kilos) y el Comedor San Cayetano (6950 kilos). Como organizaciones enteras, distribuidas en distintas personas jurídicas, Cáritas recibió 218.065 kilos, Conin 43.230 kilos y las distintas parroquias, 161.701 kilos.
En cuanto a las “emergencias gubernamentales”, la provincia que más alimentos recibió fue Salta. Distribuidos en distintos despachos, fueron 41.108 kilos de los 198.000, casi un cuarto del total. Entre Ríos, Jujuy, Corrientes, Santa Fe y Misiones fueron las únicas otras provincias receptoras.
Por otra parte, la intendencia a donde se envió más mercadería no fue ninguna de las más habitadas y pobres del conurbano, sino Pinamar, con 24.370 kilos. Fueron 26 los municipios que recibieron alimentos. Continúan el listado Escobar, San Miguel, Almirante Brown, Berisso, Campana, Rauch, Morón, San Antonio de Areco, Dolores y Humahuaca, entre otros.
En total, el Gobierno distribuyó 1.132.491 kilos de comida entre diciembre y marzo. Esto es cerca de una sexta parte de lo que tiene almacenado en este momento, que son exactamente 3.627.815 kilos en Villa Martelli y 2.275.172 en Tafí Viejo. Un total de 5.902.987 kilos, es decir, casi seis mil toneladas de comida.
En las últimas semanas, sin embargo, se comunicó que el total era de cinco toneladas y que el 60% de lo almacenado era yerba mate. Del análisis realizado por se extrae que del total de casi seis toneladas, el 52% corresponde a yerba, el 22% a distintos tipos de aceite, el 16% a leche en polvo, el 6% a legumbres, el 2% a puré de tomate y el 1% a pasta de maní. El resto se distribuye entre locro, arroz, harinas y pasas de uva.
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