INVERSIONES Y EDITORIAL

Novatos, conversos e infieles: el lado oscuro del comedor
La Argentina, dicen en el mundo empresarial, podría atraer inversiones por 20.000 millones de dólares durante los próximos cinco años con incentivos adecuados Francisco Olivera


Si logra que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, algo que empezará a discutirse la semana próxima, Javier Milei podrá corroborar que, tal como anticipó, su administración entra cualitativamente en una segunda etapa. Ambas sanciones marcarán el punto de inflexión a partir del cual el nuevo régimen económico que propone, no exento de costos sociales pero hasta ahora eficaz contra la inflación, cobra respaldo institucional. El paso es decisivo para el establishment económico, desde ya, pero también para una parte de la dirigencia política que entiende que la Argentina solo tendrá futuro si hace un viraje drástico de rumbo.
Hay señales bastante concretas. Sin que todavía se sepan los alcances del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones incluido en uno de los proyectos, por ejemplo, en algunas provincias empiezan a anticiparse a la normativa. La semana pasada, en San Juan, varios gobernadores se unieron en la Mesa del Cobre, un acuerdo que se propone coordinar medidas para la producción del metal. Lo relevante fue que, además de las provincias tradicionalmente mineras, a la iniciativa se sumaron el cordobés Martín Llaryora y hasta Alfredo Cornejo, de Mendoza, un distrito que tiene por ahora restringida gran parte de esta actividad. El documento firmado, que incluyó al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sair (Jujuy), apunta a aprovechar los precios internacionales en un país que, a diferencia de Chile, está subexplotado en la materia. La Argentina, dicen los empresarios, podría atraer inversiones por 20.000 millones de dólares durante los próximos cinco años con incentivos adecuados.
Es indudable que cambió el clima de época. El malhumor por las caídas en las ventas o los despidos no exime a la sociedad de aceptar decisiones que hasta hace poco eran tabú. ¿La minería en Mendoza? Como Menem en su momento o incluso más, Milei no ha esquivado ni siquiera la terminología impopular: se jacta de proponer privatizaciones, de estar haciendo el ajuste más grande la historia y anticipa que seguirán los despidos en el Estado. Su flanco débil reside en todo caso en el largo proceso que lleva a ese propósito: a veces parece faltarle pericia para la transición hasta el nuevo sistema económico.

Lo que acaba de pasarle con el gas podría ser un ejemplo. Envalentonado con la idea de que Vaca Muerta tiene un futuro descomunal que hará viables inversiones privadas en gasoductos y plantas de GNL, el Gobierno olvidó que el suministro es todavía altamente precario, capaz de sucumbir ante cinco días seguidos de frío si no se toma, por ejemplo, la precaución de amarrar un barco. Hasta Cristina Kirchner, responsable de haber perdido en 2010 el autoabastecimiento energético y del festival de subsidios que abulta el déficit fiscal y provoca inflación, se mofó en las redes de los cortes de gas a industrias. Y algo similar podría costarle al Palacio de Hacienda el ensamble con las prepagas, para las que promete precios libres en julio. ¿Va a ocurrir lo mismo que en abril? Difícil saberlo, pero es probable que haya un acuerdo de palabra con los empresarios. Lecciones que dejó para todos ellos la pelea con Belocopitt.
En ese terreno fangoso de cambio de reglas habría que incluir los traspiés en la administración de los subsidios a comedores que derivaron esta semana en el alejamiento de Pablo de la Torre como secretario de la Niñez. Con un detalle que llama la atención: la crisis se produjo justo cuando las denuncias del Gobierno por el mal uso de estos subsidios acababan de asestarle, en pleno ajuste, un golpe mortal a la protesta callejera. Como si, de pronto, el Ministerio de Capital Humano hubiera querido darle argumentos a Grabois.
En realidad, parte de estos movimientos se explican por la preocudel pación que, dicen en el Gobierno, le provoca a Sandra Pettovello la denuncia que le hizo el líder de la UTEP y que investiga el juez Casanello. Es tal vez el motivo por el que la ministra se aferró a los consejos de Leila Gianni, su subsecretaria de Legales, que puso desde entonces una especial atención en hallar culpables en la Secretaría de la Niñez. Según consta en la causa, los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo tienen 5900 toneladas de alimentos, de los cuales 5,6 t tienen diferentes tipos de vencimientos. De ese universo, 3,8 t corresponden a un lote de yerba que el Ministerio de Desarrollo Social había adquirido en 2019, que vencieron el 31 de enero de 2022 y que no fue retirada. “Recambio”, dice el registro. El resto son 1,8 t repartidas en arroz, hortalizas y harina de trigo. Es decir, la mercadería que no está en óptimas condiciones y corría riesgo de repartirse es el 0,03%. Bastó que Grabois denunciara e interviniera Gianni, una funcionaria que viene gobierno anterior y que, hasta el 17 de noviembre, cinco días antes del balotaje, posteaba en las redes a favor de la fórmula Massa-Rossi.
El despido de De la Torre había empezado en realidad a gestarse el martes a las 16, cuando Gianni citó a Federico Fernández, director administrativo de la Secretaría de la Niñez, preocupada por algo que también trascendió a la prensa: 18 contratos que esa dependencia había firmado con la Organización Iberoamericana de Estados (OIE) para comprar alimentos y contratar funcionarios. Un ardid de los gobiernos para contratar rápido que, cada tanto, provoca tensiones entre los 23 países miembros de la OIE. Cuando llegó, por ejemplo, Gustavo Petro denunció en Colombia a Iván Duque por el tema. Pero en la región son bastante comunes en diferentes organismos. Recurrieron a ellos Ricardo Lagos en 2003, Néstor Kirchner en 2004 y Scioli en 2011. No hay que olvidar que el Estado argentino tiene a veces como hábito trabajar mal. Anteayer, casi seis meses después de la asunción de Milei, personal de la Secretaría de Comunicaciones cobró su primer sueldo. Dos meses. Faltan tres.
En aquel primer encuentro con Fernández, Gianni insistió varias veces en una versión que el ministerio también difundió a la prensa: la sospecha de que parte de esos salarios caía en manos de funcionarios. Probablemente el desplazamiento de De la Torre ya hubiera estado decidido. Porque, al día siguiente, a las 15, el pediatra fue el único secretario que no participó de otro encuentro, al que convocaban esta vez dos funcionarios de la Secretaría de Coordinación Administrativa: Guillermo Ezequiel García Eleisequi y Juan Facundo Etchenique. Y, anteayer, Gianni reapareció en las oficinas de la Secretaría de la Niñez acompañada por García Eleisequi, un abogado y personal de seguridad, y volvió a interrogar durante casi dos horas a Fernández.
Preocupado, el empleado consultó por teléfono con su abogado varias veces y decidió retirarse. Cuando llegaba a la planta baja, fue abordado por custodios que lo habrían hecho subir a una camioneta blanca del ministerio con la propuesta de que fuera a la Secretaría de Trabajo a explayarse sobre el tema. Y ahí se dirigió y permaneció alrededor de tres horas, delante de funcionarios que le preguntaban sobre lo mismo y querían saber si firmaría una denuncia en la Oficina Anticorrupción. Dicen que se negó. “Si no estás convencido, no lo firmes”, intervino uno de los anfitriones. Se convino entonces en una alternativa: llamaron a un escribano y le pidieron que certificara la existencia de la esa reunión para incluirlo en una denuncia que presentaría directamente Gianni en la Oficina Anticorrupción.
El conflicto recién empieza y desencadenará seguramente tironeos por el reemplazante. La Secretaría de la Niñez maneja una caja millonaria, múltiples licitaciones de compras de alimentos y hasta un área codiciada internamente: la de Rezagos de Aduana, adonde van a parar los decomisos que el ministerio dona a los más necesitados. Son rincones del Estado que suelen pasar inadvertidos y que representan un desafío para quienes sueñan con una Argentina mejor. A veces, vistos desde lejos, un converso y un infiel pueden tener aspectos similares.
Anteayer, casi 6 meses después de la asunción de Milei, personal de la Secretaría de Comunicaciones cobró su primer sueldo

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Caso YPF: la seguridad jurídica, en peligro
Tan importante como reducir el déficit fiscal y terminar con la inflación es otorgar previsiones legales a quienes están interesados en invertir en el país
Aun en su versión en miniatura respecto de su extensión original, la aprobación de la Ley Bases puede ser un hito. Luego de un semestre de idas y venidas legislativas, entre impericias y egos, sería una muestra de que el Gobierno pudo ser capaz de accionar políticamente.
No es un dato menor. Para dar el paso siguiente al fuerte ajuste ejecutado, es menester crear el marco jurídico para promover la inversión, una señal que se condensa en un concepto: seguridad jurídica.
Hay un capítulo del proyecto de ley que justamente concentra sus esfuerzos en esta materia crítica. Si bien replica algunas soluciones que no resultaron tan oportunas en la década del 90, en términos generales, lo que se conoce como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un buen intento por sentar las bases para la inversión futura, especialmente en áreas que requieren de capitales importantes.
Hay dos tipos de problemas que son imperdonables en política. Uno es el autoinfligido; otro es el que se agranda a resultas de la procrastinación, esa tendencia a creer que la mano invisible, sea del tiempo o del mercado, es capaz de resolverlos. Típica falacia de la imaginación o de la confianza en el absurdo del mesianismo.
Son precisamente problemas de esta índole los que están sembrando dudas en la mirada de cualquier inversor, en dos sectores que son centrales para la ansiada recuperación económica: minería y energía.
En el caso de la energía, todo remite a una sentencia que, cual espada de Damocles, pende sobre las finanzas del país desde el año pasado. Se trata del juicio que costaría más de 16.000 millones de dólares a todos los argentinos, resultado de la torpeza del gobierno kirchnerista, que creyó encontrar en la estatización arbitraria y mal ejecutada de la empresa de energía más grande del YPF, una tangente para evitar honrar lo estipulado en los estatutos de la empresa.
Hasta hoy, la Argentina está técnicamente en default. Si bien apeló, lo cierto y concreto es que la sentencia ya es ejecutable. Y lo es en un ámbito judicial adverso, política y jurídicamente.
Nos encontramos ante una jueza que condenó el comportamiento de las autoridades argentinas de aquel entonces en duros términos, para concluir con una sentencia que pone en jaque todo el esfuerzo fiscal realizado durante estos meses.
No solo eso: dicho juzgado empezó interpretando la cláusula pari passu de modo originalmente adverso al país; siguió luego exigiendo las acciones del Estado en YPF como garantía para frenar la ejecución y ahora analiza aplicar en contra el principio del alter ego, lo que podría poner en riesgo no solo a YPF, sino a todas las empresas argentinas que tengan un punto de contacto con el Estado.
El asunto es grave de gravedad absoluta. Lo más llamativo es que, aun siendo uno de los problemas centrales en la agenda de cualquier gobierno, todo lo que se hizo hasta acá fue ignorarlo. Y como todo problema que no se atiende, fue creciendo como una hidra. Se podrá decir, con razón, que hay muchas otras urgencias que atender. El punto es que para un país que necesita integrarse al mundo para atraer inversiones, lo menos conveniente es estar en default por una sentencia incumplida.
Que quede claro: no estamos auspiciando ni dejar de litigar con todos los recursos disponibles ni tampoco proponer un acuerdo transaccional. Estamos marcando que el asunto es tan grande y grave que no puede ser escondido debajo de la alfombra.
Con una sentencia que ya es ejecutable, por lo pronto se podría poner como condición pública, incluso en algún momento con un pedido formal a la jueza Loretta Preska, que cualquier pago que deba realizar la como consecuencia de este juicio, no podría tener como destino directo o indirecto ni a la familia Eskenazi ni a quiénes tomaron las pésimas decisiones de gobierno que, lamentablemente, terminaron con este costoso papelón.
El segundo problema es autoinfligido. Al principio, la muletilla del gobierno fue no negociar, y terminó en un fracaso rotundo que se pretendió transfigurar en triunfo político. Pero aprendió y negoció. En algunos casos mal, como lo muestra el cambio que puede tener un impacto severamente adverso en la minería, el otro motor, junto con la energía, que se espera que pueda apuntalar la recuperación, participando en las ventajas que ofrecería el RIGI.
La minería es uno de los pocos sectores de la economía del país que tuvieron estabilidad jurídica, lo que favoreció su desarrollo aun en tiempos adversos. Salvo alguna intervención torpe en tiempos de Eduardo Duhalde como presidente, desde 1999 gozó de estabilidad fiscal que puso un tope de 3% a las regalías que se podrían cobrar durante la vigencia de un proyecto. A pedido de algún senador que vaya uno a saber los intereses que estaría representando o el propósito incongruente que estaría buscando, el RIGI vendría a modificar la vieja ley de inversiones mineras, subiendo del 3% al 5% las regalías.
El Gobierno que dijo que se cortaría las manos antes de aumentar un impuesto es el mismo que genera un tembladeral en un sector que estaría a punto de comprometer inversiones millonarias, que asume riesgos de magnitud por retornos igual de cuantiosos, pero lo hace sobre la base de lo que debería ser un tótem tan importante como el equilibrio fiscal o la lucha contra la inflación: la seguridad jurídica.
Al gobernar se cometen errores y se buscan aciertos. Por el bien de todos los argentinos, esperemos que los primeros no empiecen a empañar gravemente a los segundos.

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