Lo que nos trajo hasta acá no nos lleva hasta allá
Hernán Lacunza
Día 180. Hay en plaza trece líneas de créditos hipotecarios. Hace seis meses no se podía alquilar. La falta de vivienda sigue afectando a cuatro millones de familias, pero algunas están mejor que el día 1.
Hubo un plan que abordó la urgencia: inicial corrección del atraso cambiario, severo ajuste fiscal, licuación de excedentes monetarios. Tras el lógico fogonazo inicial, la inflación converge al 5% mensual, la brecha cambiara oscila en un rango de 20-40% (antes 150%), las reservas netas son neutras (antes US$11.000 millones negativas). Si no se hubiera corregido la tendencia previa, hoy no habría créditos UVA, sino riesgos de hiperinflación, default o corralito.
No menos cierto es que en el semestre la actividad se desplomó 4% y el consumo, 8%. Casi todos los trabajadores están peor: unos 100.000 habrían perdido el empleo formal a marzo y el salario real es 25% inferior al de diciembre. En rigor, un sinceramiento: el nivel de actividad y empleo de 2023 era ficticio, apalancado en anabólicos de “planes platita”, subsidios energéticos a ingresos medios y altos, planes sociales a ingresos bajos, bonos electorales a jubilados, rebajas impositivas oportunistas a ingresos altos, subsidios al turismo de ricos. Lo que se regalaba de luz y gas se gastaba en el restaurante, a costa de inflación que pagaban principalmente los pobres. Tan impúdico como el 211% de inflación y el 45% de pobreza (subestimada por retraso tarifario y cambiario) de fines de 2023.
Dada su debilidad parlamentaria, el principal –y casi excluyente– activo político del Gobierno es el apoyo popular, hasta aquí robusto, pese a un programa de ajuste tan necesario como severo. Pero el primer semestre no garantiza el segundo: depende de que la tasa de impaciencia no mate la ilusión.
El repartidor que hace ocho meses entregaba 100 pizzas por día y, atragantado de inflación, privilegios ajenos y “Estado presente”, votó dolarización, anticasta y motosierra hoy sigue cobrando en pesos y reparte 92 pizzas. No habrá rebote en V porque los motores de consumo e inversión no tendrán los suficientes caballos de fuerza. Que sea una U asimétrica, pero que no se estanque en una L. No volverá a las 100 pizzas este año, pero que en diciembre promedie 96, porque la ilusión será decreciente.
Día 360. Lo que nos trajo hasta acá no nos lleva hasta allá. Las teclas que permitieron atemperar un verano que se presumía caliente no necesariamente son las mismas que sirven para mitigar el frío invernal. A veces son opuestas.
Tiene razón el Gobierno: nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Tampoco el Gobierno. Como las productividades relativas y los parámetros externos van cambiando, es difícil probar la existencia de atraso cambiario. También lo contrario. Aunque anecdóticos, siempre hay indicios prematuros pero certeros: tours de compras al exterior, flujo inverso de vehículos en estaciones de servicio fronterizas, turismo emisivo mayor que el receptivo. Si no, ¿por qué devaluó en diciembre?
Tras acumular una inflación de 118% y un deslizamiento cambiario del 12%, el tipo de cambio real bilateral hoy es 45% inferior al de mediados de diciembre. Es cierto, es aritmética. Desconfiaría de un programa económico que subestime la aritmética. o aquel era innecesariamente alto, y entonces costo inflacionario gratuito, o este peligrosamente bajo, con horizonte finito.
No parece tan preocupante el nivel de atraso cambiario, incipiente, como su persistencia. El ritmo devaluatorio en 2% mensual con una inflación inercial del 5% podría confundirse con una complicidad transitoria del mercado: mientras perciban sostenible “la tablita”, los exportadores anticiparán y los importadores esperarán. Con final riesgoso: a medida que se aprecie la moneda, irán revirtiendo sus conductas y angostando el callejón del que cada vez será más difícil salir sin un salto traumático. No es lo mismo un desvío del 10% que uno del 30%.
Es verdad que el desarrollo depende de la productividad y que el tipo de cambio solo atina a corregir por las malas lo que las reformas no hacen por las buenas. Menos impuestos, más comercio, más educación, más infraestructura. No parece haber mejorado 45% en el semestre. El trayecto importa: con un tipo de cambio desalineado es difícil invertir, exportar, emplear. Enfocar en los obvios daños colaterales de acelerar el ritmo depreciatorio del peso es como despreciar un medicamento por sus efectos secundarios: lo que mata es la infección, no el antibiótico.
Más aún, el nivel cambiario está directamente relacionado con la normalización pendiente.Levantar el cepo requiere dos condiciones de stocks y una de flujos: muchos dólares en las reservas (no habrá este año), pocos pesos (allí vamos) y un tipo de cambio competitivo. Los stocks se esfumarán pronto si no hay una oferta voluntaria de divisas porque la paridad no se percibe sostenible. Enhorabuena la prudencia del Gobierno de no saltar al vacío… mientras el cepo no se transforme en zona de confort.
Reprimir la discusión o desacreditar a las voces disonantes solo agrega incertidumbre. En De eso no se habla (Bemberg, 1993) la represión vocal que imponía la protagonista no disimulaba el enanismo de su hija. Con variables en equilibrio, las palabras son superfluas. Las alertas tempranas del mercado serán una oportunidad para recalcular: la brecha, que la semana pasada subió del 25% al 40%, y la acumulación de reservas, todavía robusta aunque con estacionalidad favorable de exportaciones e importaciones con pagos diferidos.
La obsesión desinflacionaria como sostén popular también ha inducido a revertir ajustes que se habían encarado con decisión: desandando su propio cronograma tarifario, en pocas semanas se revirtió la libertad de precios de prepagas, postergó aumentos de transporte público, volvió a congelar tarifas energéticas. El índice de inflación de mayo será menor que el de abril, aunque habrá pateado para adelante unos 6 puntos de inflación, que ya volverán. Mientras tanto tendrá efectos negativos en las cuentas fiscales (subsidios energéticos) y en la inversión: ¿quién invertirá en salud, energía o transporte con un sendero arbitrario de precios regulados? Si hay alguna holgura fiscal, es más sensato una baja –aunque sea simbólica– de algún impuesto distorsivo –hay para hacer dulce– antes que un rebrote de subsidios siempre difícil de desanudar.
Día 720, promediando el mandato. La pista de aterrizaje no es indiferente al itinerario. Los días pares parecemos navegar hacia la dolarización; los impares, hacia la competencia de monedas, que no es necesariamente una escala previa. La convivencia es la normalidad: en Uruguay y Perú, por mencionar vecinos, la moneda local puede canjearse libremente por dólares, euros, reales o criptomonedas. La clave es que vale la pena quedarse en pesos uruguayos o en soles, porque a la consistencia fiscal y monetaria necesaria para la estabilidad se suma un rendimiento (tasa de interés) superior al de quedarse en dólares (devaluación esperada) o en bienes (inflación). En la fase inicial, la tasa negativa puede servir para licuar pasivos monetarios, en la siguiente la tasa positiva aprovecha el aumento de la demanda de moneda típico de un plan de estabilización exitoso.
La dolarización exige una singular combinación astral: repudiar el peso, o hacerlo competir con la cancha inclinada, puede ser peligroso si el público lo percibe como una antesala de su ocaso y colapsa su demanda antes de que desaparezca la oferta, con riesgo de aceleración inflacionaria. Aun sin estampida, la oferta monetaria fija (ni siquiera para comprar reservas) podría inhibir la recuperación si la presunta oferta voluntaria de dólares –y aquí el nivel cambiario no es nada indiferente– fuera más lenta que la demanda de dinero asociada a la mayor actividad.
En suma, hay plan de estabilización de cuatro escalones: equilibrio fiscal, para que no haga falta “maquinita”, para que pueda levantarse el cepo, para recuperar el crédito voluntario. Secuencial, no instantáneo, un año al menos. Tuvo un buen primer semestre. Que la ansiedad no erosione el peldaño fiscal ni aleje la normalización cambiaria, a riesgo de tener que resetear a mitad de camino con sacrificio de credibilidad.
El plan de crecimiento avanzó poco: menos impuestos, apertura comercial, reforma del Estado, laboral, impositiva, previsional, coparticipación Nación-provincias. Es el Pacto de Mayo, la lista de reformas que conocemos desde que somos chicos. Postergado hasta nuevo aviso.
Día 1460. Fin del mandato. Inflación de un dígito bajo, economía creciendo al 3% anual. Dejar atrás el 70% de inflación anual y 35% de pobreza promedio desde la recuperación de la democracia. La pericia en la implementación será tan importante como el diagnóstico y la voluntad de cambio. En un país de ideas pendulares, un error quirúrgico sería fatal, aun para un plan bien concebido.
No parece tan preocupante el nivel de atraso cambiario como su persistencia
La dolarización exige una singular combinación astral: repudiar el peso
No habrá un rebote en V sin fuerza en los motores claves de consumo e inversión
El autor es exministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri
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Pruebas Aprender. Señales de mala praxis en la política educativa
Los resultados de la evaluación nacional que se tomó en sexto grado, en 2023, desnudan la fragilidad del aprendizaje de los alumnos, motorizada por los problemas económicos y sociales
Luciana Vázquez
Los saberes de matemática y lengua siguen estancados en las escuelas argentinas
Los decepcionantes resultados de las pruebas Aprender, que el año pasado se tomaron en sexto grado del primario, mostraron que si bien el país mantiene como política de Estado las mediciones de aprendizaje no logra tener solidez técnica en el procesamiento de los datos. Y desnuda la baja capacidad de la política del sector para cambiar el rumbo del sistema, que está cruzado por los niveles de pobreza en la niñez y la adolescencia como determinantes del desempeño educativo.
Anteayer se conocieron los resultados definitivos de las pruebas Aprender 2023 y, también, un error crítico en la elaboración de los resultados de las Aprender 2021. Hay una sola buena noticia y una acumulación de preocupaciones. La buena noticia es que, en la Argentina, la evaluación educativa se ha convertido en una política de Estado sostenida. Nació hace 30 años cuando se creó el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem; se siguió aplicando en los gobiernos siguientes y se continuó en las pruebas Aprender desde 2016, en la gestión de Mauricio Macri, que introdujo innovaciones en el operativo, y sigue vigente hoy. Las malas noticias son varias y urgentes.
Por un lado, tienen que ver con los resultados que muestran las Aprender 2023, una foto pero también una película de un estancamiento en niveles bajos de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria. Por el otro lado, la información divulgada anteayer muestra implícitamente una serie de cuestiones centrales de la educación argentina: una solidez técnica dudosa de parte de los responsables de la política de evaluación a nivel nacional; una baja capacidad de la política educativa en general, también de las provincias, para modificar el rumbo del sistema educativo; un sistema educativo que navega sin instrumentos, provistos de estadísticas y evaluaciones educativas con problemas técnicos serios; el peso de la pobreza como factor determinante del destino educativo y el poco margen de la escuela pública para minimizar ese impacto y una sociedad en parte desenganchada del compromiso con la educación, más allá de la enunciación pública de esa preocupación y ese interés.
En relación con los resultados en sí, anteayer hubo tres noticias. Primero, que casi el 49% de los alumnos de sexto grado está en los niveles básicos o por debajo del básico en matemática y en lengua, el 33,6% está en esos bajos niveles. Segundo, que los aprendizajes de lengua de 2023 muestran un empeoramiento respecto de 2021: hay un 4,5% más de alumnos con niveles por debajo del básico, un porcentaje que alcanzó el 33,1% el año pasado, pero era del 29,1% en 2021. Y, finalmente, que desde 2000 los aprendizajes están estancados en niveles bajos y que en 2023, incluso, empeoraron.
Corregido el error técnico encontrado en los resultados de 2021, elaborados en la gestión del entonces ministro de Educación Jaime Perczyk, los resultados muestran que la pandemia impactó en los aprendizajes de lengua, pero no tanto como se creyó. El tema no es menor. Sin esa corrección, se podría haber concluido que 2023 traía una mejora educativa cuando en realidad empeoró respecto de 2021. Pero además ese error del informe 2021 producido por la Secretaría de Evaluación Educativa, liderada por el doctor en Ciencia Política Germán Lodola, disparó diagnósticos equivocados y, por lo tanto, políticas también discutibles.
La auditoría que encontró el error en la elaboración de los puntajes de 2021 fue realizada por los consultores externos Augusto Hoszowski, licenciado en Matemática por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en muestreo y análisis de datos, y María Elena Brenla, psicometrista de la Universidad Católica Argentina (UCA), experta en la construcción de los ítems de las pruebas estandarizadas, a pedido de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.
En ese error de la gestión educativa de Alberto Fernández nace una de las malas noticias implícitas en los nuevos resultados. No es la primera vez que la Argentina muestra déficits en el manejo técnico de las evaluaciones educativas.
Sucedió con las muestras de las pruebas PISA 2015 que afectaron la representatividad de los resultados, y que aquel año dejaron los resultados de la Argentina fuera del ranking. Antes de las pruebas Aprender, con las ONE, numerosos especialistas señalaron fallas técnicas que comprometieron la comparación de los resultados a lo largo de los años.
Otro de los datos inquietantes que ofrece la serie de pruebas ONE y Aprender es la baja participación de los alumnos, sobre todo en las escuelas de gestión pública. La participación general de los alumnos, a nivel nacional, fue del 70,8% en 2016, del 78,7% en 2018 y del 82,3%, cuando logró alcanzar una representatividad más consistente, que por debajo del 80% se vuelve problemática. Cuando se ve la participación por cada provincia o jurisdicción, el panorama empeora.
Participación
Neuquén es la provincia que muestra menor participación histórica: apenas un 29,8% de los alumnos en 2016, un 32,5% en 2018 y un 31,3% en 2021. En 2016, la participación de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires fue de apenas el 58,2%; en provincia de Buenos Aires del 69,3%. En 2023, la Capital tuvo una participación del 82,4% entre los alumnos de escuela estatal y del 82,7% entre los de las privadas. En la provincia, fue del 80,8% y 85,9 %, respectivamente. Neuquén mostró niveles de participación todavía más bajos, con apenas 19,5% de los alumnos en las estatales y el 52% en las privadas. En Chubut, los alumnos de escuela pública llegaron al 69,4% y en las privadas, al 86,8%. Misiones también mostró problemas de participación, con un 65,1% de los alumnos estatales.
La cuestión de la participación de los alumnos es clave para garantizar que los resultados obtenidos en las evaluaciones son representativos del total del sistema de cada provincia, y en consecuencia, una foto precisa de los niveles de aprendizaje del sistema educativo nacional. Es todavía más relevante cuando se da un desbalance de nivel de participación de los alumnos que van a la escuela pública comparados con los que van a la privada. En esos casos, con una mayor asistencia a la prueba por parte de los alumnos de gestión privada, los resultados se sesgan al alza. En general, las escuelas privadas, por su composición social, muestran mejores niveles de aprendizaje que las públicas. En ese caso, la política pública termina tomando decisiones con un ojo tapado.
Hay un tercer problema de la política de evaluación de los últimos años que el informe divulgado por la Subsecretaría de Evaluación, bajo la gestión de María Cortelezzi, intenta revertir. Tiene que ver con el cruce entre la condición socioeconómica de los alumnos y el tipo de gestión –estatal o privada– a la que asisten. El conocido “efecto cuna”, es decir, el hogar pobre, de clase media o de nivel alto, de un alumno es un condicionante central de su desempeño.
En la medida en que los sectores más empobrecidos asisten mayoritariamente a las escuelas públicas, de por sí, muestran peores resultados que las privadas. El capital social y cultural de los chicos de la educación privada sesga al alza sus niveles de aprendizaje. El tema central es separar el efecto cuna del aporte que la escuela pública o privada puede hacer, más allá de la inercia que acarrea la condición social de los alumnos.
Entre 2016 y 2018, el último año de publicación de resultados Aprender por parte de la gestión de Cambiemos y de la Secretaría de Educación, a cargo de Elena Duro, los informes de resultados incluyeron el impacto del tipo de gestión, estatal o privado, en los resultados corregido por los niveles socioeconómicos. Es un dato clave que permite analizar cuánto aporta la escuela en sí a un alumno de nivel socioeconómico bajo, no importa si está en escuela pública o privada: es comparar peras con peras.
El famoso y polémico “cayó en la escuela pública” del presidente Macri en el primer informe Aprender de su gestión tuvo que ver con eso. En aquel informe preliminar, se divulgó ese resultado con la brecha escuela pública y privada sin corregir por nivel socioeconómico. Una vez publicada, días después la corrección, quedó claro que la brecha entre los dos sistemas, el privado y el público, existe y afecta los de aprendizaje de todos los niveles socioeconómicos, pero no era tan pronunciada como los resultados mostrados en la conferencia de prensa de Macri. La escuela privada era más eficiente para educar a los más pobres, pero no tanto en muchos casos porque el efecto de los pares de clases medias y altas, y no la escuela, es el factor positivo.
Ese indicador es clave para evaluar con mayor precisión a los gobiernos y sus políticas educativas con relación a la escuela pública: deja expuesto cuán eficiente es la maquinaria escolar para reducir la brecha con los alumnos de bajos recursos que van a la escuela privada. En ese punto, la Argentina sigue mostrando deudas educativas y sociales. No dependen solo de la escuela. Una pobreza del 60% en niños y adolescentes es una restricción casi infranqueable para una mayor eficiencia educativa.
Pero conocer cuán lejos se está de ese objetivo es central. Y ahí una cuestión: durante la gestión de Fernández y Cristina Kirchner, se dejó de elaborar ese cruce entre nivel socioeconómico y de gestión. Por detrás de esa decisión, se repitió una idea: que exponer ese indicador era estigmatizar la escuela pública cuando se trata de todo lo contrario. De mostrar los desafíos que enfrenta la escuela pública donde se educa la mayoría de los más pobres y sus posibilidades de mejora.
Anteayer se conocieron los resultados definitivos de las pruebas Aprender 2023 y, también, un error crítico en la elaboración de los resultados de las Aprender 2021. Hay una sola buena noticia y una acumulación de preocupaciones. La buena noticia es que, en la Argentina, la evaluación educativa se ha convertido en una política de Estado sostenida. Nació hace 30 años cuando se creó el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem; se siguió aplicando en los gobiernos siguientes y se continuó en las pruebas Aprender desde 2016, en la gestión de Mauricio Macri, que introdujo innovaciones en el operativo, y sigue vigente hoy. Las malas noticias son varias y urgentes.
Por un lado, tienen que ver con los resultados que muestran las Aprender 2023, una foto pero también una película de un estancamiento en niveles bajos de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria. Por el otro lado, la información divulgada anteayer muestra implícitamente una serie de cuestiones centrales de la educación argentina: una solidez técnica dudosa de parte de los responsables de la política de evaluación a nivel nacional; una baja capacidad de la política educativa en general, también de las provincias, para modificar el rumbo del sistema educativo; un sistema educativo que navega sin instrumentos, provistos de estadísticas y evaluaciones educativas con problemas técnicos serios; el peso de la pobreza como factor determinante del destino educativo y el poco margen de la escuela pública para minimizar ese impacto y una sociedad en parte desenganchada del compromiso con la educación, más allá de la enunciación pública de esa preocupación y ese interés.
En relación con los resultados en sí, anteayer hubo tres noticias. Primero, que casi el 49% de los alumnos de sexto grado está en los niveles básicos o por debajo del básico en matemática y en lengua, el 33,6% está en esos bajos niveles. Segundo, que los aprendizajes de lengua de 2023 muestran un empeoramiento respecto de 2021: hay un 4,5% más de alumnos con niveles por debajo del básico, un porcentaje que alcanzó el 33,1% el año pasado, pero era del 29,1% en 2021. Y, finalmente, que desde 2000 los aprendizajes están estancados en niveles bajos y que en 2023, incluso, empeoraron.
Corregido el error técnico encontrado en los resultados de 2021, elaborados en la gestión del entonces ministro de Educación Jaime Perczyk, los resultados muestran que la pandemia impactó en los aprendizajes de lengua, pero no tanto como se creyó. El tema no es menor. Sin esa corrección, se podría haber concluido que 2023 traía una mejora educativa cuando en realidad empeoró respecto de 2021. Pero además ese error del informe 2021 producido por la Secretaría de Evaluación Educativa, liderada por el doctor en Ciencia Política Germán Lodola, disparó diagnósticos equivocados y, por lo tanto, políticas también discutibles.
La auditoría que encontró el error en la elaboración de los puntajes de 2021 fue realizada por los consultores externos Augusto Hoszowski, licenciado en Matemática por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en muestreo y análisis de datos, y María Elena Brenla, psicometrista de la Universidad Católica Argentina (UCA), experta en la construcción de los ítems de las pruebas estandarizadas, a pedido de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.
En ese error de la gestión educativa de Alberto Fernández nace una de las malas noticias implícitas en los nuevos resultados. No es la primera vez que la Argentina muestra déficits en el manejo técnico de las evaluaciones educativas.
Sucedió con las muestras de las pruebas PISA 2015 que afectaron la representatividad de los resultados, y que aquel año dejaron los resultados de la Argentina fuera del ranking. Antes de las pruebas Aprender, con las ONE, numerosos especialistas señalaron fallas técnicas que comprometieron la comparación de los resultados a lo largo de los años.
Otro de los datos inquietantes que ofrece la serie de pruebas ONE y Aprender es la baja participación de los alumnos, sobre todo en las escuelas de gestión pública. La participación general de los alumnos, a nivel nacional, fue del 70,8% en 2016, del 78,7% en 2018 y del 82,3%, cuando logró alcanzar una representatividad más consistente, que por debajo del 80% se vuelve problemática. Cuando se ve la participación por cada provincia o jurisdicción, el panorama empeora.
Participación
Neuquén es la provincia que muestra menor participación histórica: apenas un 29,8% de los alumnos en 2016, un 32,5% en 2018 y un 31,3% en 2021. En 2016, la participación de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires fue de apenas el 58,2%; en provincia de Buenos Aires del 69,3%. En 2023, la Capital tuvo una participación del 82,4% entre los alumnos de escuela estatal y del 82,7% entre los de las privadas. En la provincia, fue del 80,8% y 85,9 %, respectivamente. Neuquén mostró niveles de participación todavía más bajos, con apenas 19,5% de los alumnos en las estatales y el 52% en las privadas. En Chubut, los alumnos de escuela pública llegaron al 69,4% y en las privadas, al 86,8%. Misiones también mostró problemas de participación, con un 65,1% de los alumnos estatales.
La cuestión de la participación de los alumnos es clave para garantizar que los resultados obtenidos en las evaluaciones son representativos del total del sistema de cada provincia, y en consecuencia, una foto precisa de los niveles de aprendizaje del sistema educativo nacional. Es todavía más relevante cuando se da un desbalance de nivel de participación de los alumnos que van a la escuela pública comparados con los que van a la privada. En esos casos, con una mayor asistencia a la prueba por parte de los alumnos de gestión privada, los resultados se sesgan al alza. En general, las escuelas privadas, por su composición social, muestran mejores niveles de aprendizaje que las públicas. En ese caso, la política pública termina tomando decisiones con un ojo tapado.
Hay un tercer problema de la política de evaluación de los últimos años que el informe divulgado por la Subsecretaría de Evaluación, bajo la gestión de María Cortelezzi, intenta revertir. Tiene que ver con el cruce entre la condición socioeconómica de los alumnos y el tipo de gestión –estatal o privada– a la que asisten. El conocido “efecto cuna”, es decir, el hogar pobre, de clase media o de nivel alto, de un alumno es un condicionante central de su desempeño.
En la medida en que los sectores más empobrecidos asisten mayoritariamente a las escuelas públicas, de por sí, muestran peores resultados que las privadas. El capital social y cultural de los chicos de la educación privada sesga al alza sus niveles de aprendizaje. El tema central es separar el efecto cuna del aporte que la escuela pública o privada puede hacer, más allá de la inercia que acarrea la condición social de los alumnos.
Entre 2016 y 2018, el último año de publicación de resultados Aprender por parte de la gestión de Cambiemos y de la Secretaría de Educación, a cargo de Elena Duro, los informes de resultados incluyeron el impacto del tipo de gestión, estatal o privado, en los resultados corregido por los niveles socioeconómicos. Es un dato clave que permite analizar cuánto aporta la escuela en sí a un alumno de nivel socioeconómico bajo, no importa si está en escuela pública o privada: es comparar peras con peras.
El famoso y polémico “cayó en la escuela pública” del presidente Macri en el primer informe Aprender de su gestión tuvo que ver con eso. En aquel informe preliminar, se divulgó ese resultado con la brecha escuela pública y privada sin corregir por nivel socioeconómico. Una vez publicada, días después la corrección, quedó claro que la brecha entre los dos sistemas, el privado y el público, existe y afecta los de aprendizaje de todos los niveles socioeconómicos, pero no era tan pronunciada como los resultados mostrados en la conferencia de prensa de Macri. La escuela privada era más eficiente para educar a los más pobres, pero no tanto en muchos casos porque el efecto de los pares de clases medias y altas, y no la escuela, es el factor positivo.
Ese indicador es clave para evaluar con mayor precisión a los gobiernos y sus políticas educativas con relación a la escuela pública: deja expuesto cuán eficiente es la maquinaria escolar para reducir la brecha con los alumnos de bajos recursos que van a la escuela privada. En ese punto, la Argentina sigue mostrando deudas educativas y sociales. No dependen solo de la escuela. Una pobreza del 60% en niños y adolescentes es una restricción casi infranqueable para una mayor eficiencia educativa.
Pero conocer cuán lejos se está de ese objetivo es central. Y ahí una cuestión: durante la gestión de Fernández y Cristina Kirchner, se dejó de elaborar ese cruce entre nivel socioeconómico y de gestión. Por detrás de esa decisión, se repitió una idea: que exponer ese indicador era estigmatizar la escuela pública cuando se trata de todo lo contrario. De mostrar los desafíos que enfrenta la escuela pública donde se educa la mayoría de los más pobres y sus posibilidades de mejora.
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