LLAMADO A SESIONAR ...

El bloque radical de la Cámara de Diputados definió que aceptará los cambios en la Ley Bases propuestos por el Senado, que incluyen la versión reducida del paquete de privatizaciones.
Fue por la mañana en la reunión de bloque celebrada por Zoom, donde aquellos que pretendían acompañar la voluntad del Gobierno de insistir en la liquidación de Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina aceptaron ceder ante la posición de la mayoría.
En la reforma fiscal, en tanto, las diferencias persisten y es posible que un puñado vote en contra de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias cuando finalmente se trate en el recinto de la Cámara baja, mañana.
La decisión de la UCR en la Cámara de Diputados se conoce después de que tanto Hacemos Coalición Federal (HCF) como Pro decidieron ratificar los cambios que la Cámara alta le introdujo a la Ley Bases, a contrapelo de la idea de la administración libertaria, que apuntaba a sancionar todo el compendio de privatizaciones.
Esto dejó desmarcado al líder de la bancada de la UCR, el diputado Rodrigo de Loredo, quien anticipó en la red X su voto a favor de la venta de las empresas públicas previo a conversarlo con su tropa.
Tal como esgrimió el referente legal de Hacemos Coalición Federal, Oscar Agost Carreño, no se puede insistir sobre los tramos que fueron no tratados por la cámara revisora.
Otros legisla dores del bloque de la UCR tienen una postura contraria.
Como Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina fueron quitadas del artículo de privatizaciones antes de que se votara, no se lo concibe como una modificación del Senado que tenga que ratificarse.
Una alternativa
El argumento jurídico que terció las voluntades de aquellos dispuestos a insistir en el texto de Diputados fue su posible judicialización.
“Si se va a judicializar, que sea solo una ley”, analizan en la UCR. En ese sentido, los radicales podrían proponerle al oficialismo que envíe un proyecto aparte con las tres compañías rezagadas.
Respecto de los cambios en la reforma fiscal, los 34 integrantes del radicalismo todavía no llegaron a un punto de acuerdo.
La mayoría insistirá en restituir la cuarta categoría de Ganancias y las reformas Bienes Personales.
No obstante, hay ocho referentes que rechazarán este tributo, tal como lo votaron en abril.
Se trata de Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Mariela Coletta, Facundo Manes, Pablo Juliano, Martín Tetaz y Danya Tavela.
Es posible que se sumen otros diputados de provincias que no gobiernan.
Si bien algunos de ellos votaron a favor en la media sanción original, no quieren pagar por tercera vez el costo político de votar un impuesto que impacta de lleno a la clase media y beneficia a sus adversarios políticos locales. Sería un punto negativo para su franja de votantes.
Por esta razón, la definición para reponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias se anticipa por demás ajustada.
Los diputados patagónicos, de todas las bancadas, anticiparon su voto en contra y se complejiza la discusión con el Gobierno, que considera este tributo fundamental para su proyecto económico.

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La Cámara baja solo puede aceptar o rechazar lo que aprobó el Senado
La Constitución establece límites, por lo que se espera una sesión más corta, con la revisión de pocos artículos
Gustavo Ybarra
Llegó la hora de las definiciones para la Ley Bases y la reforma fiscal. La última palabra es de la Cámara de Diputados, que tendrá en sus manos la facultad de definir si acepta o rechaza algunos o todos los cambios introducidos a ambas iniciativas durante su paso por el Senado.
Así lo establece el artículo 81 de la Constitución, que le otorga a la cámara iniciadora, es decir a la que primero trató un proyecto, la última palabra a la hora de definir la redacción final que tendrá una ley en el caso de que el texto hubiera sufrido cambios en la cámara revisora.
“La cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria”, sostiene la cláusula constitucional. “A menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes”, continúa el artículo. En este supuesto, se necesitará de una mayoría similar para poder insistir en la sanción original.
Eso sí, la ley fundamental cierra el camino a cualquier nuevo cambio. En otras palabras, Diputados solo podrá optar por un menú cerrado de opciones, ya que no tiene chances de introducirles nuevas modificaciones a los proyectos.
La sesión no será tan engorrosa. Se realizarán un puñado de votaciones, aunque algunas prometen largas y acaloradas discusiones constitucionales y reglamentarias, como el intento del oficialismo por insistir en la restitución de Ganancias y la reducción de Bienes Personales, eliminadas en el Senado.
Si bien de la letra constitucional se puede entender que la aceptación o el rechazo de las modificaciones es en bloque, lo cierto es que un acuerdo entre ambas cámaras interpretó la Carta Magna y abrió la puerta a que se pueda hacer un mix entre ambas redacciones: que se pueden aceptar algunos cambios e insistir en la redacción original en otros.
Esto quedó establecido en un acta firmada en octubre de 1995 por los presidentes de ambas cámaras legislativas, los peronistas Alberto Pierri (Diputados) y Eduardo Menem (Senado), que en su primera cláusula sostiene que “cuando un proyecto de ley vuelve a la cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la cámara revisora, podrá aquella aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones” nuevas.
Esto es lo que ocurrirá esta semana: la Cámara baja terminará haciendo un mix entre ambas sanciones. Así, por ejemplo, aceptaría algunos de los cambios introducidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, en la Ley Bases; pero insistiría en el texto que aprobó el 30 de abril último en los títulos de Ganancias y Bienes Personales de la reforma fiscal, que fueron eliminados en su totalidad por el Senado.

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