“Sellos de goma”: el Gobierno cambió el reparto de fondos a las obras sociales
Sindicalismo. La Superintendencia de Salud detectó problemas en las prestadoras de menos de 5000 afiliados; como contracara, los grandes gremios recibirán más recursos
Camila Dolabjian
El ministro de Salud, Mario Russo, junto a Karina Milei y Martín Menem secretaría de salud
El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, modificó la fórmula con la que se asignan subsidios automáticamente a las obras sociales. ¿La razón? Ir contra las cajas de los sindicatos que operan, según las indagaciones que realizó el área en los últimos meses, como “sellos de goma” para percibir fondos y nunca rendirlos.
Según fuentes oficiales, son 84 obras sociales a las que se les recortó una porción del dinero que tenían que recibir este mes.
La contracara de esta decisión es que por ello se ven beneficiadas otras prestadoras médicas, como las de Camioneros, Uocra, Sanidad y Petroleros.
Entre las afectadas están la del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, con la que ha habido conflicto por paros reiterados; la de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires; la de Actores; la de Farmacéuticos y Bioquímicos; la del Personal de Cementerios de la República Argentina; la de Portuarios Argentinos, y la del Personal de Escribanos, entre otras.
El listado, sin embargo, contiene asociaciones de empresas y no solo de gremios.
La otra consecuencia del recorte es que las obras sociales con más afiliados, como las de Camioneros, Sanidad, Petroleros, Uocra, entre otras, recibirán más subsidios por mes.
Por ejemplo, el gremio de los Moyano pasará de cobrar originalmente $152.774.450 a $172.062.894, un 12% más, y la que dirige Gerardo Martínez, de $503.647.887,01 a $610.654.690,97, un 21% adicional.
Esto se debe a que la decisión modifica el programa Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que se repartía en un 80% proporcionalmente de acuerdo con los afiliados, pero un 20% en una suma fija, por lo que a las obras sociales de mayor tamaño el monto no les representaba una gran porción de sus ingresos, pero en el caso de las de menos de 5000 era la mayor parte de su flujo mensual.
Además, estas percibían una compensación económica, a través del Fondo Solidario de Redistribución (supuestamente destinado a medicamentos de alto costo, tratamiento de discapacidades y prestaciones complejas), si lo que recibían por afiliado era menor que el promedio de lo que recibían por afiliado en todo el sistema.
A partir de ahora, el 100% de la distribución se hará por cantidad de afiliados.
Esto significa que estas obras sociales continuarán recibiendo subsidios, pero menos dinero.
Lo que las distingue es que tienen menos de 5000 afiliados.
Desde el oficialismo dejan trascender que consideran que la gran mayoría estaban armadas solamente para recibir los subsidios y que no crecían en cantidad de usuarios porque la fórmula vigente beneficiaba desproporcionadamente a las más pequeñas.
La Superintendencia auditó entre dos y tres obras sociales por semana y se encontraron múltiples irregularidades generalizadas, según informaron a fuentes la nacion oficiales.
La idea con esta medida es solucionar las desproporcionalidades, pero en el mientras tanto continuar las auditorías y que donde se identifique una irregularidad se solicite la documentación necesaria, independientemente de la cantidad de afiliados.
Las anomalías incluyen, pero no se limitan, a falta de rendición de cuentas, ausencia de cartillas para los afiliados, inconsistencias o una baja cantidad de contratos para prestar servicios, deficiencia o carencia de estos, inexistencia de vínculos con prestadores y sospechas alrededor de quiénes recibían los subsidios, más allá de una general falta de transmisión de información a la entidad regulatoria.
La intervención
Hay una obra social que ya fue intervenida. Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif).
Se debe a que, entre otras cuestiones, identificaron que los fondos se depositaban directamente en la cuenta bancaria del gremio. Ni siquiera entraban vía la obra social, que debía prestar los servicios.
Por ejemplo, la obra social del Personal de Prensa de Bahía Blanca (con 279 afiliados) iba a recibir $4.767.927,61 con el cálculo anterior y ahora percibirá $295.447,84.
“Eran un curro para cobrar subsidios del Estado”, dicen desde la Superintendencia de Salud del ministerio.
También destacan que se trataba de un premio a la ineficiencia, desde su visión, y que generaba una injusticia con el resto de las obras sociales.
En juego, $25.000 millones
En promedio, estas 84 obras sociales debían recibir $24.448.850,10 antes de este cambio.
Ahora, la media será de $2.588.585,03, casi una décima parte. Un estudio del listado da cuenta de que pese a que las transferencias eran automáticas y el cálculo regía para todas por igual, hay números que no cierran.
Por ejemplo, dos obras sociales (la de Prensa de Bahía Blanca y una llamada Cabot Argentina) tienen casi la misma cantidad de afiliados (279 y 272), pero la primera iba a recibir casi $4,8 millones y la segunda, un poco más de $230.000.
En los primeros meses del año se estudió esta situación, en mayo no se repartieron subsidios y en junio aplicarán esta nueva fórmula. Explicaron, además, que no se recortaran los montos totales, sino que se trata de una redistribución.
Las de menos de 5000 iban a percibir $2.053.703.408,65 en conjunto y ahora solamente $217.441.142,25.
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Cuadernos: evalúan apelar el fallo a favor de Calcaterra
El caso podría terminar en la Corte Suprema
El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, modificó la fórmula con la que se asignan subsidios automáticamente a las obras sociales. ¿La razón? Ir contra las cajas de los sindicatos que operan, según las indagaciones que realizó el área en los últimos meses, como “sellos de goma” para percibir fondos y nunca rendirlos.
Según fuentes oficiales, son 84 obras sociales a las que se les recortó una porción del dinero que tenían que recibir este mes.
La contracara de esta decisión es que por ello se ven beneficiadas otras prestadoras médicas, como las de Camioneros, Uocra, Sanidad y Petroleros.
Entre las afectadas están la del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, con la que ha habido conflicto por paros reiterados; la de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires; la de Actores; la de Farmacéuticos y Bioquímicos; la del Personal de Cementerios de la República Argentina; la de Portuarios Argentinos, y la del Personal de Escribanos, entre otras.
El listado, sin embargo, contiene asociaciones de empresas y no solo de gremios.
La otra consecuencia del recorte es que las obras sociales con más afiliados, como las de Camioneros, Sanidad, Petroleros, Uocra, entre otras, recibirán más subsidios por mes.
Por ejemplo, el gremio de los Moyano pasará de cobrar originalmente $152.774.450 a $172.062.894, un 12% más, y la que dirige Gerardo Martínez, de $503.647.887,01 a $610.654.690,97, un 21% adicional.
Esto se debe a que la decisión modifica el programa Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que se repartía en un 80% proporcionalmente de acuerdo con los afiliados, pero un 20% en una suma fija, por lo que a las obras sociales de mayor tamaño el monto no les representaba una gran porción de sus ingresos, pero en el caso de las de menos de 5000 era la mayor parte de su flujo mensual.
Además, estas percibían una compensación económica, a través del Fondo Solidario de Redistribución (supuestamente destinado a medicamentos de alto costo, tratamiento de discapacidades y prestaciones complejas), si lo que recibían por afiliado era menor que el promedio de lo que recibían por afiliado en todo el sistema.
A partir de ahora, el 100% de la distribución se hará por cantidad de afiliados.
Esto significa que estas obras sociales continuarán recibiendo subsidios, pero menos dinero.
Lo que las distingue es que tienen menos de 5000 afiliados.
Desde el oficialismo dejan trascender que consideran que la gran mayoría estaban armadas solamente para recibir los subsidios y que no crecían en cantidad de usuarios porque la fórmula vigente beneficiaba desproporcionadamente a las más pequeñas.
La Superintendencia auditó entre dos y tres obras sociales por semana y se encontraron múltiples irregularidades generalizadas, según informaron a fuentes la nacion oficiales.
La idea con esta medida es solucionar las desproporcionalidades, pero en el mientras tanto continuar las auditorías y que donde se identifique una irregularidad se solicite la documentación necesaria, independientemente de la cantidad de afiliados.
Las anomalías incluyen, pero no se limitan, a falta de rendición de cuentas, ausencia de cartillas para los afiliados, inconsistencias o una baja cantidad de contratos para prestar servicios, deficiencia o carencia de estos, inexistencia de vínculos con prestadores y sospechas alrededor de quiénes recibían los subsidios, más allá de una general falta de transmisión de información a la entidad regulatoria.
La intervención
Hay una obra social que ya fue intervenida. Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif).
Se debe a que, entre otras cuestiones, identificaron que los fondos se depositaban directamente en la cuenta bancaria del gremio. Ni siquiera entraban vía la obra social, que debía prestar los servicios.
Por ejemplo, la obra social del Personal de Prensa de Bahía Blanca (con 279 afiliados) iba a recibir $4.767.927,61 con el cálculo anterior y ahora percibirá $295.447,84.
“Eran un curro para cobrar subsidios del Estado”, dicen desde la Superintendencia de Salud del ministerio.
También destacan que se trataba de un premio a la ineficiencia, desde su visión, y que generaba una injusticia con el resto de las obras sociales.
En juego, $25.000 millones
En promedio, estas 84 obras sociales debían recibir $24.448.850,10 antes de este cambio.
Ahora, la media será de $2.588.585,03, casi una décima parte. Un estudio del listado da cuenta de que pese a que las transferencias eran automáticas y el cálculo regía para todas por igual, hay números que no cierran.
Por ejemplo, dos obras sociales (la de Prensa de Bahía Blanca y una llamada Cabot Argentina) tienen casi la misma cantidad de afiliados (279 y 272), pero la primera iba a recibir casi $4,8 millones y la segunda, un poco más de $230.000.
En los primeros meses del año se estudió esta situación, en mayo no se repartieron subsidios y en junio aplicarán esta nueva fórmula. Explicaron, además, que no se recortaran los montos totales, sino que se trata de una redistribución.
Las de menos de 5000 iban a percibir $2.053.703.408,65 en conjunto y ahora solamente $217.441.142,25.
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Cuadernos: evalúan apelar el fallo a favor de Calcaterra
El caso podría terminar en la Corte Suprema
Hernán Cappiello
El fiscal Raúl Pleé
El fiscal ante la Cámara de Casación, RaúlP leé, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, analizan por estas horas recurrir el fallo de la Cámara de Casación que le permitió al empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, ir a juicio oral y público en el caso de los cuadernos de las coimas al considerar que los pagos que realizó a exfuncionarios del kirchnerismo eran aportes de campaña y no sobornos.
La idea es que sus recursos permitan que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone de considerar que en el caso de Calcaterra sus pagos deben ser analizados por la jueza federal con competencia electoral María Servini, y no por el tribunal oral federal que juzgará a otros empresarios, a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios como parte de una organización que recibía y cobraba sobornos a cambio de mantener los contratos con el Estado.
Pleé y la UIF tienen un plazo de diez días hábiles para plantear la apelación de esta decisión, que vencen el 12 de julio próximo, en plena feria judicial, por lo que el plazo se extiende al lunes 29 de julio.
Calcaterra era el dueño de la empresa Iecsa, dedicada a la realización de obras públicas durante el kirchnerismo. En otra causa paralela se investiga a la firma por el pago de sobornos para mantener el contrato por la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En 2017, Calcaterra vendió a Marcelo Mindlin de Pampa Energía la empresa, pero las investigaciones en contra de Calcaterra siguen abiertas.
Unas 24 horas antes de beneficiar a Calcaterra, los jueces decidieron además abrir el recurso de queja de los empresarios Hugo Dragonetti, Armando Loson y Joreg Balan, que plantearon el mismo argumento: que los pagos que efectuaron a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal fueron una solicitud de fondos para financiar la campaña electoral. De prosperar estos recursos, que deben ser tramitados en la Cámara con audiencias públicas donde las partes exhiban sus argumentos, estos ejecutivos también evitarían el juicio oral, en una seguidilla que puede alcanzar a otros empresarios que hayan sostenido la misma línea de defensa.
Recurrir el fallo de la Casación requiere de decisión política, pero también de una afinada técnica jurídica. Únicamente prosperan los recursos que planteen una cuestión federal. En principio la Corte difícilmente abre un recurso extraordinario en temas de competencia. Y en este caso no se priva a la acusación del fuero federal, porque la Casación dispuso que la competencia es de la Justicia Electoral, que es federal.
En la UIF están analizando la resolución y no están conformes con el fallo, pero estudian si hay alguna posibilidad real de que prospere el recurso extraordinario. Seguramente la Casación va a responder que no es admisible, que no hay cuestión federal ni gravamen irreparable. Queda como camino la queja ante la Corte, que difícilmente el tribunal de casación abra al entender que no hay un caso federal. “Es un tema de cierta complejidad procesal para tener éxito en el planteo”, dijo una fuente judicial. No es un secreto la postura del fiscal Pleé acerca de si el caso debe pasar a la Justicia Electoral. Ya argumentó que los 16 pagos que realizó Calcaterra en el garaje del Hotel Hilton y en su empresa no deben considerarse aportes de campaña, más allá de lo que diga el acusado. Cuando se tramitó el incidente de competencia entre los jueces Barroetaveña, Petrone y Mahiques, Pleé presentó un escrito en el que se opuso a que la causa pase a manos de la jueza electoral María Servini.
“El recurso es un intento de la defensa para eludir el juicio y convalidar su hipótesis fáctica bajo la forma de una cuestión de competencia”, dijo Pleé y con una mirada premonitoria sobre lo que sobrevendría señaló el 18 de abril pasado que un fallo de Casación dándole la razón a Calcaterra sería una sentencia “gravemente arbitraria y de una inusitada gravedad institucional”.
Sostuvo el fiscal que era inadmisible el recursos de queja ante Casación para intentar sacarle el caso al tribunal oral. En esa oportunidad Pleé recordó que “es criterio de todas las Salas de esta Cámara [de Casación] que las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia no resultan, en principio, revisables en la instancia”. Y señaló que el planteo no se efectúa contra una sentencia definitiva.
Pleé recordó otro argumento que hace que llame la atención el fallo de Casación que le evitó el juicio a Calcaterra. El caso ya pasó por la etapa de instrucción, los procesamientos de los acusados fueron confirmados por la Cámara Federal, la causa fue elevada a juicio, con una acusación fiscal y se encuentra en etapa de preparación el debate oral.
Además para Pleé está claro que la acusación fiscal “se basa en que Calcaterra y Sánchez Caballero realizaron dieciséis presuntos pagos en representación de la empresa Iecsa y ODS SA a funcionarios nacionales, con el fin de obtener beneficios acordados en el marco de un pacto venal concertado entre los mencionados empresarios y los integrantes de la asociación criminal”.
“Puntualmente, la imputación señala que, según las pruebas reunidas en el proceso, los pagos fueron efectuados en sintonía con acuerdos contractuales que las compañías de su grupo tenían con el Estado nacional”, escribió el fiscal.
Pleé describió así la maniobra de plantear la incompetencia, como una manera de enviar la causa a la Justicia Electoral de modo de conseguir por esta vía lo que debe definirse en el juicio oral, es decir, si los pagos fueron coimas o aportes de campaña. Concretamente escribió:” Es un solapado intento de hacer valer la hipótesis fáctica de la defensa por fuera del juicio oral y público”.
La defensa de Calcaterra mencionó que ya el juez Julián Ercolini [sucesor de Claudio Bonadio en la causa tras su fallecimiento] había enviado a la Justicia Electoral los casos de los empresarios Hugo Eurnekian, Alejandro Ivanissevich y Manuel Santos Uribelarrea, que alegaron haber efectuado aportes de campaña.
Pero Pleé dijo que esos casos son diferentes al de Calcaterra, a tal punto que hasta el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo. Se trata de casos donde los pagos de Hugo Eurnekian, Alejandro Ivanisecich y Manuel Santos Uribelarrea no se relacionaron con contratos de obras públicas.
“Si bien la hipótesis fáctica de la defensa es que los pagos efectuados por Calcaterra y Sánchez Caballero tampoco tuvieron vínculo alguno con contrataciones públicas, lo cierto es que, insistimos, el requerimiento de elevación a juicio sostiene lo contrario, y ello será objeto del juicio a realizarse”, dijo Pleé. En síntesis, es en el juicio oral donde debería establecerse el objetivo de esos 16 pagos: si fueron sobornos o aportes de campaña ilegales y no registrados.
El fiscal ante la Cámara de Casación, RaúlP leé, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, analizan por estas horas recurrir el fallo de la Cámara de Casación que le permitió al empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, ir a juicio oral y público en el caso de los cuadernos de las coimas al considerar que los pagos que realizó a exfuncionarios del kirchnerismo eran aportes de campaña y no sobornos.
La idea es que sus recursos permitan que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone de considerar que en el caso de Calcaterra sus pagos deben ser analizados por la jueza federal con competencia electoral María Servini, y no por el tribunal oral federal que juzgará a otros empresarios, a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios como parte de una organización que recibía y cobraba sobornos a cambio de mantener los contratos con el Estado.
Pleé y la UIF tienen un plazo de diez días hábiles para plantear la apelación de esta decisión, que vencen el 12 de julio próximo, en plena feria judicial, por lo que el plazo se extiende al lunes 29 de julio.
Calcaterra era el dueño de la empresa Iecsa, dedicada a la realización de obras públicas durante el kirchnerismo. En otra causa paralela se investiga a la firma por el pago de sobornos para mantener el contrato por la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En 2017, Calcaterra vendió a Marcelo Mindlin de Pampa Energía la empresa, pero las investigaciones en contra de Calcaterra siguen abiertas.
Unas 24 horas antes de beneficiar a Calcaterra, los jueces decidieron además abrir el recurso de queja de los empresarios Hugo Dragonetti, Armando Loson y Joreg Balan, que plantearon el mismo argumento: que los pagos que efectuaron a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal fueron una solicitud de fondos para financiar la campaña electoral. De prosperar estos recursos, que deben ser tramitados en la Cámara con audiencias públicas donde las partes exhiban sus argumentos, estos ejecutivos también evitarían el juicio oral, en una seguidilla que puede alcanzar a otros empresarios que hayan sostenido la misma línea de defensa.
Recurrir el fallo de la Casación requiere de decisión política, pero también de una afinada técnica jurídica. Únicamente prosperan los recursos que planteen una cuestión federal. En principio la Corte difícilmente abre un recurso extraordinario en temas de competencia. Y en este caso no se priva a la acusación del fuero federal, porque la Casación dispuso que la competencia es de la Justicia Electoral, que es federal.
En la UIF están analizando la resolución y no están conformes con el fallo, pero estudian si hay alguna posibilidad real de que prospere el recurso extraordinario. Seguramente la Casación va a responder que no es admisible, que no hay cuestión federal ni gravamen irreparable. Queda como camino la queja ante la Corte, que difícilmente el tribunal de casación abra al entender que no hay un caso federal. “Es un tema de cierta complejidad procesal para tener éxito en el planteo”, dijo una fuente judicial. No es un secreto la postura del fiscal Pleé acerca de si el caso debe pasar a la Justicia Electoral. Ya argumentó que los 16 pagos que realizó Calcaterra en el garaje del Hotel Hilton y en su empresa no deben considerarse aportes de campaña, más allá de lo que diga el acusado. Cuando se tramitó el incidente de competencia entre los jueces Barroetaveña, Petrone y Mahiques, Pleé presentó un escrito en el que se opuso a que la causa pase a manos de la jueza electoral María Servini.
“El recurso es un intento de la defensa para eludir el juicio y convalidar su hipótesis fáctica bajo la forma de una cuestión de competencia”, dijo Pleé y con una mirada premonitoria sobre lo que sobrevendría señaló el 18 de abril pasado que un fallo de Casación dándole la razón a Calcaterra sería una sentencia “gravemente arbitraria y de una inusitada gravedad institucional”.
Sostuvo el fiscal que era inadmisible el recursos de queja ante Casación para intentar sacarle el caso al tribunal oral. En esa oportunidad Pleé recordó que “es criterio de todas las Salas de esta Cámara [de Casación] que las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia no resultan, en principio, revisables en la instancia”. Y señaló que el planteo no se efectúa contra una sentencia definitiva.
Pleé recordó otro argumento que hace que llame la atención el fallo de Casación que le evitó el juicio a Calcaterra. El caso ya pasó por la etapa de instrucción, los procesamientos de los acusados fueron confirmados por la Cámara Federal, la causa fue elevada a juicio, con una acusación fiscal y se encuentra en etapa de preparación el debate oral.
Además para Pleé está claro que la acusación fiscal “se basa en que Calcaterra y Sánchez Caballero realizaron dieciséis presuntos pagos en representación de la empresa Iecsa y ODS SA a funcionarios nacionales, con el fin de obtener beneficios acordados en el marco de un pacto venal concertado entre los mencionados empresarios y los integrantes de la asociación criminal”.
“Puntualmente, la imputación señala que, según las pruebas reunidas en el proceso, los pagos fueron efectuados en sintonía con acuerdos contractuales que las compañías de su grupo tenían con el Estado nacional”, escribió el fiscal.
Pleé describió así la maniobra de plantear la incompetencia, como una manera de enviar la causa a la Justicia Electoral de modo de conseguir por esta vía lo que debe definirse en el juicio oral, es decir, si los pagos fueron coimas o aportes de campaña. Concretamente escribió:” Es un solapado intento de hacer valer la hipótesis fáctica de la defensa por fuera del juicio oral y público”.
La defensa de Calcaterra mencionó que ya el juez Julián Ercolini [sucesor de Claudio Bonadio en la causa tras su fallecimiento] había enviado a la Justicia Electoral los casos de los empresarios Hugo Eurnekian, Alejandro Ivanissevich y Manuel Santos Uribelarrea, que alegaron haber efectuado aportes de campaña.
Pero Pleé dijo que esos casos son diferentes al de Calcaterra, a tal punto que hasta el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo. Se trata de casos donde los pagos de Hugo Eurnekian, Alejandro Ivanisecich y Manuel Santos Uribelarrea no se relacionaron con contratos de obras públicas.
“Si bien la hipótesis fáctica de la defensa es que los pagos efectuados por Calcaterra y Sánchez Caballero tampoco tuvieron vínculo alguno con contrataciones públicas, lo cierto es que, insistimos, el requerimiento de elevación a juicio sostiene lo contrario, y ello será objeto del juicio a realizarse”, dijo Pleé. En síntesis, es en el juicio oral donde debería establecerse el objetivo de esos 16 pagos: si fueron sobornos o aportes de campaña ilegales y no registrados.
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