El origen de la maniobra que sacude el caso más grande de sobornos
Fue una presentación ante el fiscal González y la jueza María Servini, que acogieron el pedido
Hernán Cappiello
El origen de la decisión tomada por la Cámara de Casación que evitó que el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, sea juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas hay que buscarlo dos años atrás, cuando el fiscal federal electoral Ramiro González y la jueza federal María Servini le creyeron que no había pagado coimas al kirchnerismo, sino que había realizado aportes electorales ilegales.
La postura del fiscal y la jueza motivaron un feroz enfrentamiento con la fiscal de juicio Fabiana León, quien descalificó sus planteos hasta el punto de considerar “curioso” el alineamiento de la jueza y del fiscal con los intereses del empresario de la construcción, al abrir esa causa paralela. León fue más allá y puso el asunto en conocimiento del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en caso de que correspondiera tomar medidas.
“Me resulta muy curiosa la convergencia de aquel representante de la acusación [Ramiro González] con los intereses de dos empresarios de renombre nacional. Pues con inusitada rapidez tomó por sí una hipótesis de la defensa y clamó competencia”, escribió la fiscal León, quien dijo que la posición del fiscal choca con la posición que venían teniendo todos los fiscales que intervinieron desde 2018 en ese caso.
Es una práctica habitual de los defensores con experiencia buscar abrir una causa lateral en un tribunal más receptivo y desde allí atraer el expediente principal, aunque sea en parte, o atacarlo y buscar su nulidad.
La defensa de Calcaterra, a cargo del abogado Ricardo Rosental, planteó el 14 de septiembre de 2022 en la secretaría electoral del juzgado de Servini (la jueza que controla las elecciones presidenciales), que el empresario no había pagado sobornos, sino realizado aportes a la campaña electoral para la campaña de las PASO en 2013, las elecciones de legisladores del 27 de octubre de ese año, las primarias y las presidenciales de 2015.
Le corrieron vista al fiscal González, que dictaminó que el caso Calcaterra debía ir a la Justicia Electoral por su especialidad. Destacó la necesidad de fortalecer tanto la excepcionalidad como la especialización” de la jurisdicción electoral en temas de financiamiento de los partidos y que esos hechos deben analizarse “en la especialidad electoral”, pues “… los imputados hicieron manifestaciones claras cuando se ratificaron la entrega, el destinatario y la finalidad del dinero”. Les creyó.
Este planteo de la defensa de Calcaterra llegó en momentos en que la causa de los cuadernos ya estaba elevada a juicio, se habían confirmado en Cámara y en Casación su procesamiento por 16 casos de cohecho activo y los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 estaban seleccionando la prueba y los testigos del juicio.
La jueza Servini, el 28 de diciembre de 2022, último día hábil en los tribunales, le planteó al Tribunal Oral Federal N° 7 que se inhiban de seguir investigando a Calcaterra y que le manden todo lo relacionado con los pagos que dijo haber realizado. Los jueces del tribunal oral Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el pedido de Servini en un fallo que no deja dudas acerca de que el asunto debía dirimirse en un juicio oral y no desmembrando la causa para favorecer a Calcaterra.
Los jueces de tribunal oral, antes de resolver, le pidieron opinión a la fiscal de juicio Fabiana León. La funcionaria fue durísima con Servini y Ramiro González, a quien señaló ante el procurador Casal. Lo grave, dijo León, no es la estrategia de los abogados defensores, sino “que una jueza y un fiscal de la Nación, a sabiendas de que existe otro proceso en trámite donde se discute la significancia de esa secuencia fáctica –los “aportes”–, hayan tomado posición y clamen para sí” parte de la causa.
“Que existan una jueza y un fiscal que se pongan a disposición de esa –o algunas– parte/s para que estas desarrollen elípticamente sus prácticas, obviando las reglas procesales que indican que esos debates deben darse ante un mismo tribunal, es algo que ya hemos visto y de lo que corresponde –de una vez– atender”, se indignó la fiscal León.
Y dijo que de este modo “no solo se sesga la pieza de acusación al comprar barato una posición –la de los empresarios–, sino que además se soslaya una ingente investigación, con su prueba”, como el caso cuadernos, con más de 100 cuerpos y 160 acusados. Sin tener en cuenta que, más allá de estos 16 pagos que dice Calcaterra que fueron aportes de campaña, hay otros 4 pagos, realizados en otra causa, para obtener contratos de obra pública. León dijo que mirar de manera aislada los 16 pagos y “adoptar una tesis a precio de saldo” prescinde de la mirada en conjunto de toda la prueba.
Los jueces del tribunal oral tomaron en cuenta las expresiones de León en su fallo y rechazaron la pretensión de Servini y el fiscal Ramiro González para que les envíen la parte de la causa referida a Calcaterra.
La defensa del empresario recurrió a la Cámara de Casación con una queja. Los jueces de la Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone abrieron la queja a fin del año pasado. Este año hicieron audiencias públicas donde escucharon al fiscal Raúl Pleé, que se opuso a que le manden a Servini los pagos de Calcaterra.
Hasta que finalmente los tres camaristas resolvieron ayer, en víspera de un feriado extralargo, que suelen ponerles una sordina a los fallos más incómodos, separar a Calcaterra del juicio del caso cuadernos y enviar a la jueza Servini y al fiscal Ramiro González los 16 pagos que dicen que fueron para el financiamiento electoral del kirchnerismo.
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Quiénes son los tres jueces que beneficiaron a Angelo Calcaterra
Sorprendieron con el argumento de que los pagos al kirchnerismo no eran coimas, sino aportes no declarados para la campaña
Carlos Mahiques
Conocido como Coco, Carlos Mahiques fue ministro de Justicia durante un tramo de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Luego llegó por un traslado a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte. Había concursado y asumido en 2013 como juez de la Cámara de Casación porteña. Como camarista de casación penal federal intervino en casos de alta trascendencia política tales como el que investigaba a Mauricio Macri por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.
Es uno de los jueces que participaron del polémico viaje de dos días a la mansión que el empresario británico Joe Lewis montó a orillas de Lago Escondido, cerca de El Bolsón. Ese viaje, del que participaron otros jueces y exfuncionarios junto a empresarios el Grupo Clarín, motivó la apertura de un expediente judicial para investigar si los funcionarios habían incurrido en una conducta delictiva al aceptar la invitación a Lago Escondido. El viaje de los jueces se conoció en octubre de 2022, pero cobró gran relevancia política en diciembre de ese año, cuando se filtraron presuntos chats en los que los participantes de la excursión al sur conversaban sobre la difusión que había tenido su viaje, sobre cómo instalar públicamente otra versión de lo sucedido y sobre cómo frenar el avance de la causa penal que finalmente fue anulada.
Carlos Mahiques es padre de familia judicial. Su hijo, Juan Bautista, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Cambiemos y ahora es el jefe de los fiscales porteños.
Su otro hijo, Ignacio, fue fiscal federal y juró en 2022 como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Barroetaveña
Barroetaveña hizo toda su carrera en el Poder Judicial. Primero, en la Justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y luego juez de garantías. Como tal, tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. En ese caso tuvo fuertes diferencias con el fiscal Diego Molina Pico. Barroetaveña no avanzó como pretendía el fiscal contra Carlos Carrascosa, el viudo de García Belsunce, que estuvo preso y procesado como supuesto coautor del asesinato. Barroetaveña fue cuestionado por Molina Pico y acusado de haberse negado a cumplir un fallo de cámara que había ordenado la detención de Carrascosa.
Barroetaveña fue juez en San Isidro desde 1998 hasta 2005, cuando asumió como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21. En ese tribunal participó en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Fue uno de los jueces que condenaron al sindicalista ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión, como partícipe necesario del homicidio. Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta que intentó cortar las vías del tren Roca con trabajadores tercerizados de las cooperativas ferroviarias, que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.
Después de su paso por el TOC 21 y antes de llegar a la Casación, Barroetaveña se desempeñó en un tribunal oral federal de San Martín, donde juzgó casos de lesa humanidad. Integra la Asociación de Magistrados, de la que fue tesorero, y es dirigente de la lista Bordó. Desde noviembre de 2022, por el fallo de la Corte Suprema que modificó su conformación, Barroetaveña integra el Consejo de la Magistratura en representación de los jueces.
Daniel Petrone
Petrone siempre buscó cultivar el bajo perfil. Tanto a nivel académico como en su función judicial se presentó en unos 20 concursos: en varias ternas quedó primero. Hijo de dos inmigrantes italianos, es el cuarto de seis hermanos. Su carrera judicial comenzó en 1991 como meritorio en el juzgado de instrucción de Carlos Gerome. Juró como juez de Casación en 2018, junto a sus colegas Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Antes, fue juez de instrucción en el fuero penal económico, donde le tocó un caso de gran sensibilidad política: el de la valija de Antonini Wilson, en el que le dictó la falta de mérito al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), bautizado como “embajador paralelo en Venezuela”, Claudio Uberti.
De carrera judicial, integra desde hace 20 años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dentro de esa agrupación fue uno de los fundadores de la lista Bordó, que suele ser crítica de las medidas adoptadas por el kirchnerismo en el ámbito institucional. También presidió el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En los inicios de su carrera, P et ron e fue cinco años director de las investigaciones sobre cárceles y sistema penitenciario en Unidos por la Justicia, un think tank que orientó el empresario Francisco de Narváez cuando se involucró en política en 2009.
En la Cámara de Casación, Petrone suele fallar en sintonía con su colega Barroetaveña. En diciembre de 2020, los dos votaron por convalidar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas. Ese fallo robusteció la acusación, que ahora quedó debilitada por la decisión de Petrone y sus dos colegas de que los empresarios que confesaron pagos a los funcionarios kirchneristas no deben responder en un juicio penal por esos hechos, sino en la Justicia Electoral.
El origen de la decisión tomada por la Cámara de Casación que evitó que el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, sea juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas hay que buscarlo dos años atrás, cuando el fiscal federal electoral Ramiro González y la jueza federal María Servini le creyeron que no había pagado coimas al kirchnerismo, sino que había realizado aportes electorales ilegales.
La postura del fiscal y la jueza motivaron un feroz enfrentamiento con la fiscal de juicio Fabiana León, quien descalificó sus planteos hasta el punto de considerar “curioso” el alineamiento de la jueza y del fiscal con los intereses del empresario de la construcción, al abrir esa causa paralela. León fue más allá y puso el asunto en conocimiento del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en caso de que correspondiera tomar medidas.
“Me resulta muy curiosa la convergencia de aquel representante de la acusación [Ramiro González] con los intereses de dos empresarios de renombre nacional. Pues con inusitada rapidez tomó por sí una hipótesis de la defensa y clamó competencia”, escribió la fiscal León, quien dijo que la posición del fiscal choca con la posición que venían teniendo todos los fiscales que intervinieron desde 2018 en ese caso.
Es una práctica habitual de los defensores con experiencia buscar abrir una causa lateral en un tribunal más receptivo y desde allí atraer el expediente principal, aunque sea en parte, o atacarlo y buscar su nulidad.
La defensa de Calcaterra, a cargo del abogado Ricardo Rosental, planteó el 14 de septiembre de 2022 en la secretaría electoral del juzgado de Servini (la jueza que controla las elecciones presidenciales), que el empresario no había pagado sobornos, sino realizado aportes a la campaña electoral para la campaña de las PASO en 2013, las elecciones de legisladores del 27 de octubre de ese año, las primarias y las presidenciales de 2015.
Le corrieron vista al fiscal González, que dictaminó que el caso Calcaterra debía ir a la Justicia Electoral por su especialidad. Destacó la necesidad de fortalecer tanto la excepcionalidad como la especialización” de la jurisdicción electoral en temas de financiamiento de los partidos y que esos hechos deben analizarse “en la especialidad electoral”, pues “… los imputados hicieron manifestaciones claras cuando se ratificaron la entrega, el destinatario y la finalidad del dinero”. Les creyó.
Este planteo de la defensa de Calcaterra llegó en momentos en que la causa de los cuadernos ya estaba elevada a juicio, se habían confirmado en Cámara y en Casación su procesamiento por 16 casos de cohecho activo y los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 estaban seleccionando la prueba y los testigos del juicio.
La jueza Servini, el 28 de diciembre de 2022, último día hábil en los tribunales, le planteó al Tribunal Oral Federal N° 7 que se inhiban de seguir investigando a Calcaterra y que le manden todo lo relacionado con los pagos que dijo haber realizado. Los jueces del tribunal oral Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el pedido de Servini en un fallo que no deja dudas acerca de que el asunto debía dirimirse en un juicio oral y no desmembrando la causa para favorecer a Calcaterra.
Los jueces de tribunal oral, antes de resolver, le pidieron opinión a la fiscal de juicio Fabiana León. La funcionaria fue durísima con Servini y Ramiro González, a quien señaló ante el procurador Casal. Lo grave, dijo León, no es la estrategia de los abogados defensores, sino “que una jueza y un fiscal de la Nación, a sabiendas de que existe otro proceso en trámite donde se discute la significancia de esa secuencia fáctica –los “aportes”–, hayan tomado posición y clamen para sí” parte de la causa.
“Que existan una jueza y un fiscal que se pongan a disposición de esa –o algunas– parte/s para que estas desarrollen elípticamente sus prácticas, obviando las reglas procesales que indican que esos debates deben darse ante un mismo tribunal, es algo que ya hemos visto y de lo que corresponde –de una vez– atender”, se indignó la fiscal León.
Y dijo que de este modo “no solo se sesga la pieza de acusación al comprar barato una posición –la de los empresarios–, sino que además se soslaya una ingente investigación, con su prueba”, como el caso cuadernos, con más de 100 cuerpos y 160 acusados. Sin tener en cuenta que, más allá de estos 16 pagos que dice Calcaterra que fueron aportes de campaña, hay otros 4 pagos, realizados en otra causa, para obtener contratos de obra pública. León dijo que mirar de manera aislada los 16 pagos y “adoptar una tesis a precio de saldo” prescinde de la mirada en conjunto de toda la prueba.
Los jueces del tribunal oral tomaron en cuenta las expresiones de León en su fallo y rechazaron la pretensión de Servini y el fiscal Ramiro González para que les envíen la parte de la causa referida a Calcaterra.
La defensa del empresario recurrió a la Cámara de Casación con una queja. Los jueces de la Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone abrieron la queja a fin del año pasado. Este año hicieron audiencias públicas donde escucharon al fiscal Raúl Pleé, que se opuso a que le manden a Servini los pagos de Calcaterra.
Hasta que finalmente los tres camaristas resolvieron ayer, en víspera de un feriado extralargo, que suelen ponerles una sordina a los fallos más incómodos, separar a Calcaterra del juicio del caso cuadernos y enviar a la jueza Servini y al fiscal Ramiro González los 16 pagos que dicen que fueron para el financiamiento electoral del kirchnerismo.
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Quiénes son los tres jueces que beneficiaron a Angelo Calcaterra
Sorprendieron con el argumento de que los pagos al kirchnerismo no eran coimas, sino aportes no declarados para la campaña
Carlos Mahiques
Conocido como Coco, Carlos Mahiques fue ministro de Justicia durante un tramo de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Luego llegó por un traslado a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte. Había concursado y asumido en 2013 como juez de la Cámara de Casación porteña. Como camarista de casación penal federal intervino en casos de alta trascendencia política tales como el que investigaba a Mauricio Macri por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.
Es uno de los jueces que participaron del polémico viaje de dos días a la mansión que el empresario británico Joe Lewis montó a orillas de Lago Escondido, cerca de El Bolsón. Ese viaje, del que participaron otros jueces y exfuncionarios junto a empresarios el Grupo Clarín, motivó la apertura de un expediente judicial para investigar si los funcionarios habían incurrido en una conducta delictiva al aceptar la invitación a Lago Escondido. El viaje de los jueces se conoció en octubre de 2022, pero cobró gran relevancia política en diciembre de ese año, cuando se filtraron presuntos chats en los que los participantes de la excursión al sur conversaban sobre la difusión que había tenido su viaje, sobre cómo instalar públicamente otra versión de lo sucedido y sobre cómo frenar el avance de la causa penal que finalmente fue anulada.
Carlos Mahiques es padre de familia judicial. Su hijo, Juan Bautista, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Cambiemos y ahora es el jefe de los fiscales porteños.
Su otro hijo, Ignacio, fue fiscal federal y juró en 2022 como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Barroetaveña
Barroetaveña hizo toda su carrera en el Poder Judicial. Primero, en la Justicia de San Isidro, donde fue defensor oficial y luego juez de garantías. Como tal, tuvo a su cargo la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce. En ese caso tuvo fuertes diferencias con el fiscal Diego Molina Pico. Barroetaveña no avanzó como pretendía el fiscal contra Carlos Carrascosa, el viudo de García Belsunce, que estuvo preso y procesado como supuesto coautor del asesinato. Barroetaveña fue cuestionado por Molina Pico y acusado de haberse negado a cumplir un fallo de cámara que había ordenado la detención de Carrascosa.
Barroetaveña fue juez en San Isidro desde 1998 hasta 2005, cuando asumió como juez del Tribunal Oral en lo Criminal 21. En ese tribunal participó en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. Fue uno de los jueces que condenaron al sindicalista ferroviario José Pedraza a 15 años de prisión, como partícipe necesario del homicidio. Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta que intentó cortar las vías del tren Roca con trabajadores tercerizados de las cooperativas ferroviarias, que fueron atacados por una patota de la Unión Ferroviaria.
Después de su paso por el TOC 21 y antes de llegar a la Casación, Barroetaveña se desempeñó en un tribunal oral federal de San Martín, donde juzgó casos de lesa humanidad. Integra la Asociación de Magistrados, de la que fue tesorero, y es dirigente de la lista Bordó. Desde noviembre de 2022, por el fallo de la Corte Suprema que modificó su conformación, Barroetaveña integra el Consejo de la Magistratura en representación de los jueces.
Daniel Petrone
Petrone siempre buscó cultivar el bajo perfil. Tanto a nivel académico como en su función judicial se presentó en unos 20 concursos: en varias ternas quedó primero. Hijo de dos inmigrantes italianos, es el cuarto de seis hermanos. Su carrera judicial comenzó en 1991 como meritorio en el juzgado de instrucción de Carlos Gerome. Juró como juez de Casación en 2018, junto a sus colegas Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Antes, fue juez de instrucción en el fuero penal económico, donde le tocó un caso de gran sensibilidad política: el de la valija de Antonini Wilson, en el que le dictó la falta de mérito al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), bautizado como “embajador paralelo en Venezuela”, Claudio Uberti.
De carrera judicial, integra desde hace 20 años la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y dentro de esa agrupación fue uno de los fundadores de la lista Bordó, que suele ser crítica de las medidas adoptadas por el kirchnerismo en el ámbito institucional. También presidió el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En los inicios de su carrera, P et ron e fue cinco años director de las investigaciones sobre cárceles y sistema penitenciario en Unidos por la Justicia, un think tank que orientó el empresario Francisco de Narváez cuando se involucró en política en 2009.
En la Cámara de Casación, Petrone suele fallar en sintonía con su colega Barroetaveña. En diciembre de 2020, los dos votaron por convalidar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas. Ese fallo robusteció la acusación, que ahora quedó debilitada por la decisión de Petrone y sus dos colegas de que los empresarios que confesaron pagos a los funcionarios kirchneristas no deben responder en un juicio penal por esos hechos, sino en la Justicia Electoral.
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