DOS FALLOS, REVÉS JUDICIAL PARA ROBERTO NAVARRO Y CAPUTI CON JORGE MACRI (BESITO )

Otro freno de la Corte a los abusos en fallos laborales
Rechazó una indemnización inflada en un 20.000% y una multa
La Corte Suprema de Justicia volvió a limitar las decisiones de la Cámara Federal del Trabajo en juicios laborales, ante una jurisprudencia ignorada por ese tribunal. En una causa redujo sensiblemente la indemnización de un trabajador que aumentaba en un 20.000%, producto de la aplicación de intereses desmedidos. En otra demanda, anuló una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa por un empleado que había trabajado 20 meses. Votaron en ese sentido Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
En dos nuevas causas que buscan poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos a la sentencias de juicios laborales, la Corte Suprema redujo en un fallo una indemnización que se incrementó en un 20.000 por ciento y en otro anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa en beneficio de un trabajador que se había desempeñado solo durante 20 meses.
Estos fallos son la continuidad de un criterio de la Corte establecido en la sentencia Oliva, donde prohibió la aplicación de intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.
La Cámara del Trabajo está dividida y algunas salas comparten el criterio de la Corte, pero otras, controladas por el sindicalismo, y donde tienen ascendencia Hugo Moyano y Héctor Recalde, son proclives a aplicar estos intereses que la Corte entiende que son desproporcionados y no guardan relación con el reclamo de los trabajadores.
Ahora, en la causa “Lacuadra, Jonatan Daniel c/DirecTV Argentina SA y otros s/despido”, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara que ordenaba el pago de más de $137 millones de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000 por ciento el monto de condena de primera instancia.
Jonatan Daniel Lacuadra demandó a DirecTV Argentina, Santa Fe Celular SRL, Verónica Paula Boccuzzi y Carolina Giselle Andueza por diferencias salariales e indemnizaciones por un despido indirecto ocurrido el 11 de julio de 2013.
En primera instancia se hizo lugar a su reclamo, se estableció que los codemandados debían responder de manera solidaria y se los condenó a pagar $687.735 como capital, e intereses de acuerdo con la tasa activa prevista en actas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
La Sala X de la cámara laboral confirmó el fallo y ordenó que al monto de la condena se le adicionaran los accesorios previstos en el acta 2783/2024. Esto implica imponer, desde la fecha de exigibilidad de los créditos laborales, el coeficiente de estabilización de referencia (CER) sobre el capital de condena, más una tasa de interés pura del 6% anual, con una única capitalización –exclusivamente sobre esa tasa pura– a la fecha de notificación de la demanda.
DirecTV Argentina SA cuestionó la decisión con un recurso extraordinario, invocando la arbitrariedad de la sentencia. Su denegación motivó la presentación de un recurso de queja.
La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, recordó que en su reciente precedente Oliva “descalificó por arbitrario” el criterio de la cámara laboral en su anterior acta 2764/2022 (aplicar tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda) porque no estaba respaldado por el Código Civil y Comercial y, además, “arrojaba un resultado económico desproporcionado”.
En Oliva, la Corte había dejado sin efectounasentenciaqueordenabala capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”.
Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que “arroja resultados igualmente irrazonables”.
El capital del caso Lacuadra, en primera instancia, era de 687.735 pesos al 11 de julio de 2013, en tanto que, en la liquidación del 30 de mayo de 2024, aplicando los intereses que dijo la cámara laboral, se elevaba la condena a $137.013.897, lo que representa un aumento del 19.822,48 por ciento. “Un resultado manifiestamente desproporcionado, que excede cualquier parámetro de ponderación razonable sin el debido sustento legal”, dijo la Corte.
Por eso, descalificó la sentencia apelada por arbitrariedad y ordenó que la causa vuelva al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento.
En otro fallo y con el mismo criterio, la Corte en la causa “Domínguez, Yanina Vanesa c/ Muresco SA s/despido”, revocó una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
En primera instancia, el juez había condenado a Muresco SA al pago de la multa por retención de aportes, prevista en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. La Sala X de la cámara laboral confirmó, en lo principal, esa sentencia. Y por haber omitido aportes por un valor cercano a los $11.400, se impuso a la demandada una multa de $194.775.
Ante la queja, y por unanimidad, la Corte consideró inadmisible el planteo. Sin embargo, respecto de la inconstitucionalidad del artículo cuestionado (el132bis), entendióque “la irrazonabilidad de la aplicación a este caso concreto de la norma cuestionada queda puesta de manifiesto, sin más, por la evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal”.

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Revés judicial para Roberto Navarro en una causa que le inició Eduardo Feinmann
La Corte rechazó revisar un pedido para recusar al juez Mahiques en el caso por incitación a la violencia
La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo del periodista Roberto Navarro en un incidente de una causa por incitación a la violencia en la que fue denunciado por su colega Eduardo Feinmann.
La causa se inició el 17 de agosto de 2022 a partir de las denuncias presentadas por Feinmann y la abogada Silvina Martínez, colaboradora de los programas de Luis Majul, porque Navarro dijo en su programa en la radio El Destape, el 15 de agosto de 2022, que generaban violencia con sus afirmaciones, que alguien “debía frenarlos” y que debían tener miedo por ello.
Navarro –según la denuncia– expresó: “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara”.
“El Estado debe cuidarlo a Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también”, agregó.
El periodista ultrakirchnerista dijo que en esa época advirtió sobre los discursos de odio y que a las pocas semanas se dio el atentado contra Cristina Kirchner
El 12 de octubre de 2022, la jueza federal María Eugenia Capuchetti desestimó la denuncia por inexistencia de delito, tras considerar que las expresiones formuladas por Navarro, por más reprochables que pudiesen resultar, se encontraban al amparo de la libertad de prensa, expresión y pensamiento. Esa decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.
La querella a cargo de Silvina Martínez apeló esa decisión y el caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.
La defensa de Navarro recusó al juez Mahiques, por considerar que las opiniones del juez sobre su programa El Destape eran hostiles y tenía temor de que actuara con parcialidad. Pero la Sala rechazó sin más trámite ese planteo de recusación y decidió reabrir el caso.
“Los argumentos desplegados son insuficientes para sustentar la confirmación de la desestimación de la denuncia”, dijo el juez Petrone, voto al que adhirió Barroetaveña. Agregó: “La libertad de expresión y de prensa debe ser prudentemente evaluada en armonía con las conductas socialmente disvaliosas”.
Mahiques señaló que “el corazón de la libertad de expresión lo constituye el intercambio de ideas como vector de la opinión pública y es por tanto el interés general allí implicado el que cuenta con la protección de la ley y de los magistrados. La imputación efectuada por la parte querellante abarcó varias posibles conductas punibles. La denuncia en efecto, alude a la incitación a la violencia, figura que en nuestra legislación penal tutela el orden público como un bien propio del conjunto de la población”,
Contra el rechazo in limine a la recusación de Mahiques, la defensa de Navarro presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado. Finalmente, tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó a la Corte, que con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimó el pedido de recusación.

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El tribunal convocó a Caputo y Jorge Macri para que se pongan de acuerdo por los fondos
Hernán Cappiello
La Corte Suprema citó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a una audiencia a realizarse en los tribunales para que se pongan de acuerdo sobre la manera en que la Nación le va a devolver a la Ciudad lo establecido por el máximo tribunal cuando le restituyó parte de los fondos coparticipables que le había quitado el expresidente Alberto Fernández.
Por indicación de los jueces de la Corte Suprema, Alejandro Rodríguez, secretario encargado de juicios originarios, es decir, los que tramitan directamente ante el máximo tribunal, citó a Caputo y a Macri para el 22 de agosto próximos a las 11 de la mañana. Los ministros de la Corte Suprema no van a estar presentes, dijeron fuentes de los tribunales 
En diciembre de 2022, la Corte estableció que la Nación debía pagarle a la Ciudad el 2,95% de los recursos federales en lugar del 1,4% que le venía enviando hasta el 1° de agosto. Caputo y Macri ya se reunieron el 19 de julio pasado y tras ese encuentro se estableció que la Nación iba a empezar a girarle a la Ciudad el dinero que correspondía para cumplir con el fallo de la Corte. Hubo pagos, pero no de forma automática como se reparte la coparticipación.
Antes de dictar una sentencia definitiva en el caso, los jueces convocaron ahora a otra audiencia para buscar que ambos acerquen posiciones y se cumpla el fallo del máximo tribunal.
Durante el Gobierno de Alberto Fernández, la Nación le quitó a la Ciudad en 2021 parte de la coparticipación para pagarle un aumento a la policía bonaerense que rodeaba en una insólita asonada la quinta de Olivos. La deuda que acumula la Nación con la Ciudad es de unos 4800 millones de pesos, según los cálculos porteños.
La Corte fijó que la Nación debe pagar el 2,95% de la coparticipación a manera de goteo diario de los recursos coparticipables.
La Ciudad reclama el 3,5% del Consenso Fiscal, ratificado y se ordene la restitución de los fondos “ilegítimamente” retraídos, con intereses. El 19 de julio pasado, Jorge Macri, había anunciado que, a partir del 1º de agosto, la ciudad de Buenos Aires iba a recibir el 2,95% de coparticipación, como lo estableció la Corte tras una reunión con Caputo. Hubo celebración, anuncios y foto compartida.
Apenas llegaron la mitad de los fondos y no hubo más avances. La Ciudad presentó entonces una nota reclamando la ejecución de la sentencia y eso fue lo que motivó esta convocatoria a una audiencia de conciliación. La Corte viene intentando este mecanismo desde el principio de modo que la política solucione sus problemas. Así hubo audiencia de conciliación entre el entonces ministro Eduardo Wado de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta, en el gobierno anterior, pero no avanzó.

Presentan el juicio por jurados

PRESIDENCIA

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó el proyecto de juicio por jurados en el Palacio Libertad. Asistieron el presidente Javier Milei y Amalia “Yuyito” González, que se besaron en público por primera vez. Se expuso la obra de teatro La noche del 16 de enero, escrita por Ayn Rand, que ilustra la responsabilidad del jurado en un juicio.

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