Obligan a la Argentina a pagar US$142 millones por el default de 2001
La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino que cancele obligaciones con 12 fondos
La deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 sigue siendo un dolor de cabeza para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado pagar US$142 millones a 12 fondos institucionales que litigaron contra el país, según publicó el economista Sebastián Maril, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.
Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Son menos del 3% del total de tenedores de deuda argentina que quedó remanente luego de los sucesivos canjes.
El año pasado, la jueza Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por el monto de US$95,8 millones para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el mismo litigio. El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central (BCRA) en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady. Estos títulos, emitidos en la década del 90, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense Nicholas Brady para descomprimir la deuda de los países de la región.
Preska ahora falló de nuevo a favor de una serie de holdouts, entre los que se encuentran los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master. Los primeros dos estaban representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana en 2012, cuando asesoraba al fondo NML-Elliott Capital Management.
En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el gobierno pagó US$9300 millones a parte de los holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que en 2020 el entonces ministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarles al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.
Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.
Pese a que la Argentina había logrado con los sucesivos canjes más de un 97% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001, que hubiese fondos buitres que seguían litigando contra el país popularizó luego en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC). Este instrumento establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática.
Otros juicios
En paralelo, el Estado argentino tiene otros frentes judiciales abiertos. El más importante es la apelación por el fallo en contra en el proceso de expropiación de YPF. A mitad de año, los abogados de la Argentina y de la petrolera presentaron sus respectivos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Allí se lleva adelante la revisión de la sentencia en primera instancia que declaró inocente a YPF, pero falló en contra de la Argentina y la obligó a pagar una indemnización por US$16.100 millones más intereses.
La defensa argentina está liderada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell, mientras que YPF está defendida por Debevoise & Plimpton. Ambas partes siguen estrategias separadas.
EL RIESGO PAÍS PERFORÓ LOS 1500 PUNTOS
La tasa de riesgo país perforó ayer los 1500 puntos, para alcanzar su menor valor en un mes, en una buena jornada para los bonos y las acciones argentinas, que subieron hasta 6% en la Bolsa de Nueva York. En una rueda otra vez favorable para los mercados, en especial, los emergentes, la nueva baja del 1,65% en este sensible indicador( cedió en 25 puntos) fue impulsada, según los analistas, por el anuncio realizado por el presidente Javier Milei respecto de un presupuesto con déficit total cero para el año que viene, lo que implica que el Gobierno no está pensando en sumar deuda. A eso suman la tranquilidad que genera que el BCRA esté volviendo a comprar reservas y el dato de inflación, que confirmó una tendencia a la baja que había quedado en pausa un mes antes. “Ayuda esta cierta estabilidad cambiaria y apoya al proceso de desinflación, todo esto en medio de un mejor humor global”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).
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La Rioja, en cesación de pagos: los bonistas piden un juicio sumario
Lo hicieron ante la Justicia de Nueva York; hay nuevos vencimientos la próxima semana
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Los bonistas acreedores de La Rioja –provincia que no pagó intereses en febrero pasado– solicitaron ayer ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) el inicio de un juicio sumario para tratar de obtener el pago.
El 24 de febrero, la provincia, que emitió una cuasimoneda –conocida como “Chachos”–, debía abonar US$16 millones de capital de un bono en moneda extranjera que fue emitido en 2017 para financiar un parque eólico, que terminó vendiendo. Poco después, tampoco pagó los intereses.
La próxima semana hay nuevos vencimientos y los bonistas plantean que también podrían incumplirse.
En febrero, el gobierno de Ricardo Quintela argumentó que enfrentaba “desafíos económicos sin precedente” debido a “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio”.
A su vez, culpó a la deuda de fondos coparticipables por parte de la Nación, a la que responsabilizó de provocar que los ingresos de La Rioja sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales.
Un reclamo que escala
En abril, el grupo de bonistas AHG emplazó a la provincia a cancelar la totalidad de la deuda en 14 días. Era un pago de US$26,3 millones, del cual no tuvieron novedades. En el texto presentado ante la Justicia, los bonistas –representados por el estudio Quinn Emanuel y Urquhart y Sullivan– señalan que el distrito tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento de sus obligaciones financieras”.
El documento repasa que fue una de las primeras provincias en incumplir un pago, en agosto de 2020 [también era de pagos del bono verde], por lo que los acreedores emprendieron acciones legales en ese momento,
Califica ese incumplimiento de “oportunista”, señalando particularmente que la provincia no abonó “a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos”.
Los datos además muestran que La Rioja fue la última en la Argentina en alcanzar una reestructuración negociada con sus acreedores.
Este año, en febrero, “se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US$16 millones de capital adeudado”.
En ese contexto, agrega que este default fue “particularmente escandaloso”.
Me endeudo, vendo y no pago
La provincia de La Rioja utilizó la mayor parte de los ingresos que obtuvo con los bonos “verdes” para financiar la construcción de parques eólicos a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco SA.
Luego procedió a concretar la venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables por US$171 millones a Pampa Energía SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos.
El gobernador Quintela y el presidente Javier Milei protagonizaron varios cruces.
La provincia reclamó a la Casa Rosada una deuda $9300 millones y el caso llegó hasta la Corte Suprema.
Ese también fue el fundamento del gobernador para pedir la autorización para emitir hasta $25.000 millones en cuasimonedas.
Hasta ahora pagó un porcentaje del sueldo con esos instrumentos a funcionarios y anunció que entregará un bono de $50.000 a todos los empleados estatales.
La Rioja está “notoriamente sola como la única provincia de la Argentina que no cumple con sus obligaciones internacionales”, resaltan los bonistas ante la Justicia, y lo grafican con un cuadro de cómo siguen los distritos que reestructuraron deuda en el período 2020-2021.
“Con excepción de La Rioja, todas las provincias han cumplido oportunamente con todos los pagos y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes”, añaden, con objeto de hacer notar una conducta reiterada.
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La deuda pública total marcó en julio un nuevo máximo
Trepó durante ese mes el equivalente a US$9566 millones por el traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro; bajó la contraída en divisas
CÓRDOBA.– Los bonistas acreedores de La Rioja –provincia que no pagó intereses en febrero pasado– solicitaron ayer ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) el inicio de un juicio sumario para tratar de obtener el pago.
El 24 de febrero, la provincia, que emitió una cuasimoneda –conocida como “Chachos”–, debía abonar US$16 millones de capital de un bono en moneda extranjera que fue emitido en 2017 para financiar un parque eólico, que terminó vendiendo. Poco después, tampoco pagó los intereses.
La próxima semana hay nuevos vencimientos y los bonistas plantean que también podrían incumplirse.
En febrero, el gobierno de Ricardo Quintela argumentó que enfrentaba “desafíos económicos sin precedente” debido a “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio”.
A su vez, culpó a la deuda de fondos coparticipables por parte de la Nación, a la que responsabilizó de provocar que los ingresos de La Rioja sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales.
Un reclamo que escala
En abril, el grupo de bonistas AHG emplazó a la provincia a cancelar la totalidad de la deuda en 14 días. Era un pago de US$26,3 millones, del cual no tuvieron novedades. En el texto presentado ante la Justicia, los bonistas –representados por el estudio Quinn Emanuel y Urquhart y Sullivan– señalan que el distrito tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento de sus obligaciones financieras”.
El documento repasa que fue una de las primeras provincias en incumplir un pago, en agosto de 2020 [también era de pagos del bono verde], por lo que los acreedores emprendieron acciones legales en ese momento,
Califica ese incumplimiento de “oportunista”, señalando particularmente que la provincia no abonó “a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos”.
Los datos además muestran que La Rioja fue la última en la Argentina en alcanzar una reestructuración negociada con sus acreedores.
Este año, en febrero, “se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US$16 millones de capital adeudado”.
En ese contexto, agrega que este default fue “particularmente escandaloso”.
Me endeudo, vendo y no pago
La provincia de La Rioja utilizó la mayor parte de los ingresos que obtuvo con los bonos “verdes” para financiar la construcción de parques eólicos a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco SA.
Luego procedió a concretar la venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables por US$171 millones a Pampa Energía SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos.
El gobernador Quintela y el presidente Javier Milei protagonizaron varios cruces.
La provincia reclamó a la Casa Rosada una deuda $9300 millones y el caso llegó hasta la Corte Suprema.
Ese también fue el fundamento del gobernador para pedir la autorización para emitir hasta $25.000 millones en cuasimonedas.
Hasta ahora pagó un porcentaje del sueldo con esos instrumentos a funcionarios y anunció que entregará un bono de $50.000 a todos los empleados estatales.
La Rioja está “notoriamente sola como la única provincia de la Argentina que no cumple con sus obligaciones internacionales”, resaltan los bonistas ante la Justicia, y lo grafican con un cuadro de cómo siguen los distritos que reestructuraron deuda en el período 2020-2021.
“Con excepción de La Rioja, todas las provincias han cumplido oportunamente con todos los pagos y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes”, añaden, con objeto de hacer notar una conducta reiterada.
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La deuda pública total marcó en julio un nuevo máximo
Trepó durante ese mes el equivalente a US$9566 millones por el traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro; bajó la contraída en divisas
Javier Blanco
La deuda pública total o bruta marcó en julio un nuevo récord al superar levemente un equivalente a los US$452.000 millones tras ampliarse en otros US$9566 millones durante ese mes.
En esta oportunidad fue impulsada por el traspaso final de los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional.
La cifra se conoció ayer al actualizar la estadística mensual la Secretaría de Finanzas y publicar el informe en el que reporta que el total regularizado alcanza los US$449.617 millones (99,5% del total registrado) y mostró un nuevo aumento del 2,2% respecto del saldo que mostraba a fin de junio.
De este modo, este stock alcanza un nivel superior ya en US$26.777 millones al anterior récord histórico de deuda pública total, equivalente a US$425.294 millones, que había alcanzado en noviembre de 2023, último mes completo de gestión del gobierno de Alberto Fernández.
“El 80,9% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 17,2% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 1% corresponde a Adelantos Transitorios 2 y el 0,9% restante a otros instrumentos”, detalla el informe oficial.
En cuanto a la legislación, 68% (US$305.523 millones) está bajo ley local y el 32% restante (US$144.094 millones), bajo ley extranjera.
Un impulso “central”
La nueva suba se explica exclusivamente por el aumento del pasivo en moneda nacional por un equivalente a US$10.231 millones, toda vez que los asumidos en moneda extranjera volvieron a disminuir en US$665 millones durante el mes pasado.
El “salto” está directamente vinculado con el “pasamanos” de deuda antes mencionado, dato que queda aún más evidencia cuando se observa que lo que se llama deuda bruta o total consolidada (incluyendo la denominada cuasi fiscal), que escalan en este caso hasta un equivalente a US$456.267 millones, se redujeron por segundo mes consecutivo, esta vez, en unos US$1850 millones.
No en vano, durante julio (mes de extinción final de los pasivos remunerados) la ex “bola” de deuda del BCRA se redujo en un equivalente a US$11.519 millones.
“La deuda pública bruta nacional creció y llegó a un nuevo máximo histórico por la apreciación cambiaria, los intereses capitalizables y el saneamiento del BCRA”, explicó en un posteo por la red X el economista Nicolás Gadano, aludiendo a los distintos factores que la impulsan.
Entre ellos, como menciona Gadano, el efecto contable del diferencial existente entre la tasa de inflación (4%) en el período y la de ajuste del tipo de cambio oficial (2%), ya que el dato final de este pasivo (constituido 44% en divisas y 56% en moneda local y 27% indexado por CER) se convierte en dólares para los fines estadísticos al tipo de cambio oficial.
De hecho, en julio las “diferencias de cambio” explicaron casi un tercio de la suba registrada al aportar al pasivo total unos US$3500 millones.
La deuda pública total o bruta marcó en julio un nuevo récord al superar levemente un equivalente a los US$452.000 millones tras ampliarse en otros US$9566 millones durante ese mes.
En esta oportunidad fue impulsada por el traspaso final de los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional.
La cifra se conoció ayer al actualizar la estadística mensual la Secretaría de Finanzas y publicar el informe en el que reporta que el total regularizado alcanza los US$449.617 millones (99,5% del total registrado) y mostró un nuevo aumento del 2,2% respecto del saldo que mostraba a fin de junio.
De este modo, este stock alcanza un nivel superior ya en US$26.777 millones al anterior récord histórico de deuda pública total, equivalente a US$425.294 millones, que había alcanzado en noviembre de 2023, último mes completo de gestión del gobierno de Alberto Fernández.
“El 80,9% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 17,2% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 1% corresponde a Adelantos Transitorios 2 y el 0,9% restante a otros instrumentos”, detalla el informe oficial.
En cuanto a la legislación, 68% (US$305.523 millones) está bajo ley local y el 32% restante (US$144.094 millones), bajo ley extranjera.
Un impulso “central”
La nueva suba se explica exclusivamente por el aumento del pasivo en moneda nacional por un equivalente a US$10.231 millones, toda vez que los asumidos en moneda extranjera volvieron a disminuir en US$665 millones durante el mes pasado.
El “salto” está directamente vinculado con el “pasamanos” de deuda antes mencionado, dato que queda aún más evidencia cuando se observa que lo que se llama deuda bruta o total consolidada (incluyendo la denominada cuasi fiscal), que escalan en este caso hasta un equivalente a US$456.267 millones, se redujeron por segundo mes consecutivo, esta vez, en unos US$1850 millones.
No en vano, durante julio (mes de extinción final de los pasivos remunerados) la ex “bola” de deuda del BCRA se redujo en un equivalente a US$11.519 millones.
“La deuda pública bruta nacional creció y llegó a un nuevo máximo histórico por la apreciación cambiaria, los intereses capitalizables y el saneamiento del BCRA”, explicó en un posteo por la red X el economista Nicolás Gadano, aludiendo a los distintos factores que la impulsan.
Entre ellos, como menciona Gadano, el efecto contable del diferencial existente entre la tasa de inflación (4%) en el período y la de ajuste del tipo de cambio oficial (2%), ya que el dato final de este pasivo (constituido 44% en divisas y 56% en moneda local y 27% indexado por CER) se convierte en dólares para los fines estadísticos al tipo de cambio oficial.
De hecho, en julio las “diferencias de cambio” explicaron casi un tercio de la suba registrada al aportar al pasivo total unos US$3500 millones.
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