EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

Cuando la muerte acecha
Joaquín Morales Solá
Nadie sabe nunca cómo empieza un estallido social. ¿Asalto a supermercados? Ya los hubo, en otro tiempo. ¿Un aumento exponencial de la violencia criminal? Es lo que está sucediendo ahora. Argentinos que se arman para matar a otros argentinos. Ya sean los delincuentes que entran en casas ocupadas por sus dueños o los propios dueños armados también para matar a delincuentes. Cuando el conflicto del delito con la ley se resuelve entre particulares es porque el Estado está perdiendo el monopolio de la fuerza. El enfrentamiento civil deja de ser un riesgo eventual para convertirse en una perspectiva próxima. Sergio Berni suele hablar de lo que en el oficialismo no se habla.ya que la crisis económica provocada por la pandemia promovió un aumento significativo del robo y la violencia. El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, un exjuez federal que milita en el macrismo, coincidió con él y señaló que está cansado de leer informes que señalan que los delincuentes, autores de actos criminales en su distrito, son reincidentes que deberían estar presos. Coincidencias de los que caminan la calle, donde suceden las cosas. La sociedad vive entre dos temores: el del contagio y la muerte o el del robo violento y la muerte. La muerte es ahora un vecino demasiado cercano.
La crisis económica hará caer la producción argentina de este año entre un 12 y un 15 por ciento, según se extienda la pandemia. La caída de un año significará el retroceso acumulado del PBI de los años 2001 y 2002, los de la gran crisis de principios de siglo. Solo el trimestre pasado acopió la caída de la economía del último trimestre de 2001 y del primero de 2002. En un solo trimestre la economía se derrumbó en la misma medida que en dos trimestres del momento más malo del peor colapso que recordamos. Temas de economistas. Importa el día a día. El consumo general, que incluye los alimentos, cayó hasta ahora cerca de un 15 por ciento. La compra de bienes no imprescindibles se desplomó un 43 por ciento. Esos datos reflejan el estado de una sociedad que, encima, debe convivir con miedo a la pandemia y con pánico ante la violencia criminal.
La dirigencia política decidió, en ese contexto, que el problema más serio del país es el número de jueces que tiene, no la calidad de ellos. La reforma judicial que se anunciará probablemente mañana intentará modificar las dos instancias que juzgan a la política: los tribunales federales de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia. Los actuales 12 juzgados federales de la Capital, que investigan la corrupción política y el tráfico de drogas, podrían convertirse en 36 o en 46 juzgados. La cifra no estaba decidida hasta el fin de semana. El propósito es claro: licuar el poder de esos 12 jueces. La Capital tendría varias docenas de jueces federales en un distrito en el que viven casi 3 millones de personas. El conurbano bonaerense, en el que habitan casi 11 millones de personas, tiene solo 15 jueces federales. Pero la política se juzga en la Capital, no en el conurbano.
Nada es seguro nunca. ¿Por qué los nuevos jueces no tendrán tanto poder como los actuales? En cuanto a uno de ellos le toque una eventual causa de los cuadernos (para poner un ejemplo enorme y reciente) se transformará en el acto en el juez federal más poderoso. Por algo se le atribuye a Máximo Kirchner una frase simple y pragmática: “Prefiero tratar con 12 y no con 36”. Su madre opina otra cosa. Ninguna reforma judicial podría salir sin el consentimiento de la poderosa vicepresidenta. Es ella la que subordina cualquier prioridad a su propia prioridad.
Es cierto que la mayoría de los jueces de Comodoro Py, los famosos 12, es realmente objetable. Relaciones políticas insanas. Protagonistas de tantos giros que provocan remolinos en los tribunales. Promiscuidad célebre con los servicios de inteligencia y con los personajes marginales del espionaje. Prácticas corruptas que hicieron de algunos jueces hombres ricos. Hay varias excepciones –cómo no–, pero si no se modifica el núcleo del problema, la corrupción y la volatilidad política seguirán existiendo. El Consejo de la Magistratura no pudo hacer en su historia más que uno o dos juicios políticos por corrupción.
Ni Norberto Oyarbide ni Rodolfo Canicoba Corral fueron juzgados por causas de corrupción, a pesar de que hicieron ostentación de una riqueza inexplicable. Canicoba Corral consiguió hasta renunciar y jubilarse (lo concretará el próximo miércoles) cuando tenía en el Consejo cinco causas por supuesta corrupción. Podrá irse exhibiendo sin pudor sus favoritismos y su arbitrariedad. Sobreseyó al kirchnerista Ricardo Echegaray (con la complicidad de la Oficina Anticorrupción) y procesó a los exfuncionarios macristas Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías sin darles la posibilidad de examinar las pruebas que tenía en su contra.
Canicoba Corral dejará de ser juez, después de haberlo sido durante casi 30 años, con los peores desatinos que puede cometer un juez. Ser parcial y negar el derecho a la defensa. Son garantías constitucionales. Violarlas es la apostasía de un juez. ¿Por qué no prueban sancionando a los jueces malos, arbitrarios o corruptos antes de proponer una ampliación de su número, que requerirá de millones de pesos en personal e infraestructura?
Por ampliar, es posible que terminen ampliando el número de jueces de la Corte Suprema. Más millones de pesos para una prioridad que no es prioritaria. Una comisión de supuestos notables estudiará qué Corte es necesaria. Habrá más amigos que independientes en esa comisión. Alberto Fernández suele decir que no sabe qué problemas que no se resuelven con 5 jueces podrán resolverse con 9 o con 12. Tiene razón. Pero es él mismo el que propone luego una Corte con más atribuciones que la actual, más metida en el curso de los procesos. La necesitará más numerosa porque tendrá más trabajo. Entonces el debate es otro: la Corte Suprema dejará de ser, en ese caso, un tribunal constitucional para ser una cuarta instancia penal más en los procesos en la Justicia. ¿Una Corte de 12, dividida en cuatro salas de tres jueces cada una para cada fuero? Si así fuera, hay una mala noticia. El poder actual designará a los tres jueces del fuero penal (el que decide sobre casos de corrupción), porque ahora no hay ningún miembro de la Corte especializado en derecho penal. No son necesarios. La actual Corte resuelve casos en los que se afectan cuestiones o garantías constitucionales o cuando se viola el debido proceso. La Corte requiere solo de constitucionalistas. Los penalistas en la Corte los necesita Cristina, no el país.
¿Cómo se decidirá en la Corte? ¿Cada sala podrá resolver por mayoría de dos jueces? Entonces todos los procesos sobre la supuesta corrupción del gobierno kirchnerista necesitarán solo del voto de dos jueces de la sala penal de esa Corte eventual. Los dos los habrá nombrado el actual gobierno. La Constitución no prohíbe ni promueve una Corte dividida en salas. Pero habla de “una Corte”; es decir, que los casos deberían resolverse por el voto de la mayoría de esa Corte, de 9 o 12 jueces. Cabe ahí la tesis del Presidente: es mejor tener 5 jueces que 9 o 12. Sin embargo, es probable otra lectura de parte de los legisladores. Y también es posible que esos artículos de la ley de ampliación sean declarados inconstitucionales por la propia Corte Suprema.
Hay mucho de hipocresía en la dirigencia política. Las arbitrariedades, los cajoneos y las corrupciones de Comodoro Py los podría resolver la política en el Consejo de la Magistratura. ¿Quieren una Corte Suprema más ágil y rápida? Podrían fijarle plazos para sus sentencias (que ahora no los tiene) y podrían, también, legislar sobre la doctrina del precedente o la jurisprudencia. Un solo fallo sobre una cuestión debería servir para no ir más a la Corte con el mismo tema. El año pasado, el máximo tribunal recibió 7000 recursos iguales del Gobierno por diferencias salariales de policías. El Ejecutivo litiga eternamente en la Corte por el salario de los jubilados cuando todos saben cuál es la jurisprudencia.
El tiempo pasa mientras discuten otra cosa. Y el tiempo es lo único que no se puede perder cuando el fuego está cerca.
La dirigencia política decidió, en el actual contexto social, que el problema más serio del país es el número de jueces que tiene, no la calidad de ellos