EL ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ,

La Corte será diseñada por Cristina
Joaquín Morales Solá
Es uno de los jueces más conocidos del país. Su nombre debe reservarse, pero nunca fue discutido por kirchneristas ni antikirchneristas. Tampoco nunca fue acusado de hechos deshonestos. ¿Coincide con la necesidad de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema?, se le pregunta.
Contesta con la velocidad de un rayo: “La ampliación de la Corte es una imposición de Cristina Kirchner al Presidente”. Pero ¿le gustaría una Corte de 7 o de 9 miembros en lugar de los 5 actuales?, volvemos a preguntarle. Respuesta: “Quizás una de 7, pero no en las condiciones actuales y menos a cualquier precio”. Ahí está el problema del Presidente.
Radica en la profunda desconfianza que rodea su proyecto de reforma judicial, sobre todo a la ampliación de la Corte Suprema. Para el mundo en el que habitan jueces, abogados y políticos esa decisión fue producto de una fuerte presión de la expresidenta a Alberto Fernández, que este no pudo eludir sin correr el riesgo de un peligroso enfrentamiento con su principal socia política.
Los que frecuentan al Presidente señalan que esa desconfianza existe por la lectura sesgada de sus anuncios que hizo gran parte del periodismo. No es cierto. La certeza de que detrás de la ampliación de la Corte se esconde Cristina está en los antecedentes del propio Presidente, que siempre dijo que él prefería quedarse con un máximo tribunal de solo cinco miembros. Y en la presencia descollante del abogado personal de Cristina, Carlos Beraldi, en la comisión que asesorará al jefe del Estado sobre qué hacer con la Corte, entre otros temas. Para muchos, esos otros temas no son más que el cotillón que adorna el propósito esencial de cambiar el número de jueces de la Corte. Nunca hay momentos ideales para hacer reformas, pero hay tiempos malos, menos malos y peores. Con una curva enorme de infectados por el Covid-19 y con una crisis económica cuya profundidad se desconoce todavía, este es el peor momento para poner a la política a discutir sobre cuántos jueces son mejores. Notable divorcio entre los dirigentes y la sociedad.
Beraldi y Alberto Fernández se conocen desde hace más de 30 años; el Presidente suele argumentar en esa historia el nombramiento de Beraldi en la comisión. El conflicto no está en la historia de esa relación, ni en la de Beraldi, ni en las condiciones personales y profesionales de este. Se explica exclusivamente en la condición de Beraldi como abogado defensor de quien es la segunda figura del Estado y está imputada en no menos de 20 causas, la mayoría por supuestos hechos de grave corrupción cuando controló la administración pública. Que haya cuatro penalistas (que es la disciplina del derecho que juzga, defiende o acusa sobre la corrupción) en una comisión de 11 miembros significa que casi el 50 por ciento del cuerpo está ocupado por los abogados que le importan a Cristina. Los únicos que le importan.
La decisión de ampliar la Corte Suprema está tomada. Tal vez hasta las reformas del fuero federal sean solo una manera de disimular esa decisión política de monumental trascendencia. Sería la tercera vez en 20 años que la política resuelve modificar el número de jueces que integran la Corte. Solo se sabe por ahora que el Presidente estuvo analizando la posibilidad de una Corte dividida por salas, aunque no por fueros. Es decir, cualquier caso, sea penal, civil o comercial, sería sorteado y caería en una sala que no necesariamente tendrá jueces especializados en la materia que juzgarán. “Ese tipo de Corte existe en Francia y en España, pero no es la Corte argentina. No lo fue nunca ni se corresponde con el espíritu de la Constitución”, dicen funcionarios de la actual Corte Suprema. La Constitución habla de “una Corte”, no de varias.
¿Por qué el Presidente cambió de opinión sobre el número de jueces que debe tener la Corte? Salgamos por un momento de la presión (o de la “imposición”, según aquel magistrado) de Cristina. Alberto Fernández sostiene que la Corte está paralizada en su funcionamiento y que eso se debe a los problemas internos del cuerpo. La supuesta paralización de la Corte era una afirmación que el Presidente venía haciendo en diálogos reservados, hasta que hace unos días la hizo formalmente pública. Carece de veracidad. Una Corte que dictó 7200 sentencias el año pasado (que resolvió 29.000 casos) no es un tribunal paralizado, ni mucho menos. En 2018 dictó 6800 sentencias. ¿Dónde está la hemiplesecta jía? ¿Con qué datos se la prueba?
En cuanto a los conflictos internos de la Corte, que realmente existen, alguien debería advertirle cortésmente al Presidente que ese tema no es de su incumbencia. El principio sagrado de la república sobre la división de poderes debería eyectar al jefe del Ejecutivo de cualquier situación interna en el Poder Judicial. Con el mismo criterio, la Corte Suprema podría dedicarse a resolver los problemas internos de la coalición peronista gobernante, que también existen. Si las discordias internas en la Corte llegaran a afectar el funcionamiento del Estado, cosa que no sucede ahora, lo único que podría hacer el Presidente sería intentar una conversación institucional con el presidente del tribunal para trasmitirle su preocupación por la situación. Solo puede llegar hasta ahí. Nunca más allá.
Un argumento al que se acude poco, pero que está en el corazón del problema, es que Cristina Kirchner tiene alrededor de 10 recursos planteados ante la Corte Suprema, que esta no los resuelve. Son recursos que se refieren a juicios que se hacen en instancias inferiores. Reclama, por ejemplo, que se realice una auditoría de la obra pública desde 2003 hasta 2015 (una manera elegante de tirar hasta el nunca jamás el juicio por el direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez) o que se declare cosa juzgada a un tramo del mismo juicio porque ya un caso parecido fue juzgado y terminado en Santa Cruz. Son chicanas de abogados penalistas (Beraldi es un genio) para mandar los juicios a la eternidad. Llegará el momento en que un tribunal dirá que no se puede dictar sentencia porque transcurrió el “tiempo razonable”. Menem está en libertad porque los tribunales decidieron que había pasado en los propios tribunales el “tiempo razonable” para juzgarlo. Nada nuevo.
Esos recursos de Cristina Kirchner están todavía en oficinas de funcionarios judiciales de la Corte. Solo uno llegó a manos de todos los jueces. Cristina está ansiosa. ¿Es esa la parálisis de la Corte? La vicepresidenta necesita a la Corte no solo para el debate final sobre sus causas, sino también para que vaya resolviendo (y enmendando) lo que hacen los tribunales inferiores. La resolución final de los casos de Cristina llegará a la Corte dentro de 7 u 8 años, dicen en el Gobierno para explicar que ese no puede ser un motivo cristinista para ampliar la Corte. ¿Por qué no? ¿Acaso la expresidenta no piensa vivir hasta envejecer, como cualquier otro ser humano? Entre los recursos actuales ante la Corte, para que esta modifique la posición de los jueces que están juzgando a Cristina, y la perspectiva cierta de que todas sus causas terminarán en el máximo tribunal, debe encontrarse la razón verdadera de la decisión de aumentar los miembros de la Corte.
Cuatro de los cinco jueces actuales decidieron no aceptar la invitación del Presidente para escuchar sus anuncios sobre la Justicia. Son Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. La única excepción fue Elena Highton de Nolasco, también el único miembro de la Corte que estuvo siempre en la Justicia. Fue jueza de instancias inferiores y actúa como los jueces. La comprendió a Cristina, lo comprendió a Macri y lo está comprendiendo a Alberto Fernández. Cuidado: podría estar gestándose embrionariamente una nueva mayoría en la Corte. Hay una mayoría en ese tribunal, en efecto, que defendió siempre sus márgenes de independencia, más allá de las diferencias entre los jueces y sus propias características personales. Algo bueno debió hacer la Corte actual para que haya sido criticada con igual intensidad por Cristina Kirchner, por Mauricio Macri y por Alberto Fernández, por razones y con formas distintas. Ninguno la pudo manejar a su antojo.
Que haya cuatro penalistas en una comisión de 11 miembros significa que casi el 50 por ciento del cuerpo está ocupado por los abogados que le importan a Cristina