El empleo público en las provincias septuplica el de la Nación
Buenos Aires es la que mayor dotación posee; en La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego y Santa Cruz, una de cada 10 personas trabaja para el Estado provincial
Ignacio Grimaldi
El presidente Javier Milei puso la lupa sobre los gobernadores y el tamaño de sus administraciones: “El 44% del gasto del Estado corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado nacional, hay cinco provinciales”, advirtió anteanoche en Tucumán.
Según el Mapa de Empleo Público provincial oficial, las 24 jurisdicciones tienen 2.185.880 trabajadores a su cargo. Ese número en la administración nacional (con empresas y sociedades del Estado) es de 316.255, según el Indec. Es decir, las provincias tienen casi siete veces más empleados públicos que la Nación.
Los recortes en el sector público nacional aparecen de manera recurrente en el discurso del presidente Javier Milei, pero decirles a los gobernadores que la motosierra también debería pasar por “su casa” configura toda una novedad.
Anteanoche, en la firma del Acta de Mayo, Milei puso la lupa sobre la billetera de los gobernadores y el tamaño de sus estructuras: “El 44% del gasto del Estado corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado nacional, hay cinco provinciales. Llegar a un peso del Estado razonable de 25 puntos del PBI requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte”.
Según el Mapa de Empleo Público provincial, las 24 jurisdicciones del país tienen 2.185.880 trabajadores a su cargo, cifra que incluye al personal docente, de salud y de seguridad. En paralelo, ese número en la administración nacional es de 213.334 personas y si se consideraran las empresas y sociedades del Estado, asciende a 316.255, según el Indec con datos a mayo. Por eso, más allá de los números que dio el Presidente anteanoche, esto muestra que las provincias tienen casi siete veces más empleados públicos que la Nación.
De acuerdo con los datos del Indec, la cifra nacional no incluye la Policía Federal (sí a las otras fuerzas de seguridad) ni al personal de universidades nacionales. Sí al personal de salud de los hospitales nacionales.
Para el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Económico Argentino (Idesa), esos números son razonables dado que “las provincias tienen a cargo la mano de obra intensiva que brindan los servicios sociales, como por ejemplo, docentes y médicos”. En consecuencia, sobre el recorte del gasto público a través del empleo opinó: “El Gobierno tiene más para hacer en recorte mientras que las provincias deberían encarar una mejora del gasto para darle más al que verdaderamente va a trabajar”.
Esta estadística necesita algunas aclaraciones relevantes porque el cuadro de situación varía según la provincia y porque la publicación de datos oficiales sobre este tema carece de periodicidad.
A nivel nacional, no existen datos actualizados al mes de junio sobre empleo público provincial. La última cifra la difundió la Jefatura de Gabinete con números correspondientes a octubre del año pasado, una ventana de tiempo considerable aunque no lo suficientemente grande para provocar enormes cambios.
De hecho, las cifras del Indec sobre el empleo público nacional también sufren un rezago, dado que describen la foto del Estado de mayo. Para graficar cuánto pudo haber cambiado la ecuación en tantos meses: en noviembre los empleados públicos nacionales eran 343.353. Es decir, el número varió 7,9%.
Con respecto a la situación de las provincias, el tamaño de la administración bonaerense, que dirige Axel Kicillof, es el más grande. Según los datos del Mapa de Empleo Público provincial, asciende a 609.498 personas. El podio de las provincias con la mayor cantidad de empleados lo completan la ciudad de Buenos Aires, con 197.473 empleados, y Santa Fe, con 138.903. En este punto se observa un componente demográfico, dado que dichas jurisdicciones están entre las más pobladas. De hecho, las que les siguen en el ranking son Córdoba, con 125.329 empleados, y Tucumán, con 90.516.
En sintonía con la cuestión poblacional, el listado de las tres provincias con menos empleados lo conforman Tierra del Fuego, cuyo número de empleados asciende a 19.632; La Pampa, que totaliza 26.441, y Santa Cruz, con 34.548.
Otra perspectiva sobre estas últimas tres provincias muestra la contracara del dato. Por ejemplo, si bien en Tierra del Fuego la cantidad de empleados provinciales resulta baja, su proporción es alta. Los casi 20.000 empleados representan el 10,2% de su población. También hay otras provincias donde se repite el axioma de “una de cada 10 personas es empleado público provincial”, como lo expresó el Presidente. Tal caso se registra en Santa Cruz, La Rioja y Catamarca.
Según Colina, en estas provincias “hay poco empleo privado formal”. El director de Idesa sostuvo que “viven de la coparticipación, y si no se cambia eso, no se van a poner las pilas para atraer empresas”.
De hecho, donde la proporción de empleados públicos provinciales ostenta los niveles más bajos en función al tamaño de su población es en Córdoba (3,1%), provincia de Buenos Aires (3,4%) y Santa Fe (3,9%). En la ciudad de Buenos Aires, sus empleados públicos equivalen al 6,3% del total de habitantes, según la información publicada por la Jefatura de Gabinete.
Desde una óptica más general, el empleo público da trabajo a casi una de cada siete personas ocupadas en la Argentina. Las cifras del Indec sobre mercado laboral reflejan que en el país hay 13,1 millones de personas ocupadas. Por lo tanto, al sumar el empleo público provincial (2.185.880) y el nacional (316.255) se llega al número de 2,5 millones de trabajadores que representan al 19% del universo de ocupados. Si se considerara el empleo municipal, dicha proporción crecería
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Empieza la desregulación del mercado aerocomercial
El Presidente firmó tres decretos; se termina el monopolio de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra
Diego Cabot
En medio de los viajes y festejos patrios, el presidente Javier Milei se hizo tiempo para firmar tres decretos con los que empezará la desregulación del mercado aerocomercial.
El corazón de la iniciativa pasa por quitar barreras de ingreso a las nuevas empresas que quieran operar en la Argentina. Y aquí la novedad: no solo se aplicará a las líneas aéreas sino también a las compañías que hacen soporte en tierra. Es decir, terminará el monopolio de Intercargo, la empresa pública que realiza todos los servicios para las compañías aéreas, locales e internacionales.
Como se dijo, son tres normas las que se publicarán. La primera avanza sobre la apertura del mercado y básicamente rescata algunas de las regulaciones que ya habían sido parte del decreto 70, aquella primera norma que quedó cuestionada en la Justicia y que la Corte Suprema jamás trató.
Desde entonces, los reguladores del área trabajaron en la implementación. Pero claro, la posibilidad de que el decreto pueda ser derrumbado y tachado de inconstitucional entregaba una cierta debilidad al andamiaje jurídico. Entonces, optaron por un decreto específico que entregue mayor certeza, ahora que el Presidente tiene facultades amplias, delegadas por el Congreso en la Ley Bases.
El primero de los decretos, por caso, borrará de los requisitos para operar en el país la solicitud de audiencias. Es decir, ya no habrá ese permiso necesario, aunque discrecional, que entregaba el Estado. De hecho, la última se celebró durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue el que entregó las licencias con las que vuelan Jetsmart y Flybondi.
“Habrá que esperar que se reglamente el decreto para establecer cuál va a ser el procedimiento y el grado de apertura que tendrá el mercado, pero será un proceso mucho más rápido”, dijo una fuente oficial que participó en la redacción de la batería de reformas. Sin audiencias, las rutas se solicitarán por un sistema digital y mucho más ágil.
Esta decisión estaba descontada entre las empresas, pero la novedad pasa por otras desregulaciones que también estarán en la norma.
La más importante, sin dudas, es la apertura necesaria como para que otros jugadores compitan con Intercargo, encargada de todo lo que tiene que ver con servicios de rampa, asistencia y equipaje para todas las líneas aéreas que operan en el país, con excepción de Aerolíneas Argentinas y American Airlines, que operan su propia prestación.
Los gremios del sector tienen capacidad de fuego como para realizar medidas de fuerza que paralicen la operación. Habrá que estar atentos a los movimientos gremiales cuando avance la liberalización.
De acuerdo con la regulación vigente hasta que salga el decreto, las aerolíneas tienen la obligación de contratar a Intercargo salvo que se presten ellas mismas el servicio. American siempre tuvo su personal de tierra ya que opera un puñado de aeropuertos. Y la línea aérea de bandera tiene para ese trabajo a Aerohandling, una sociedad del grupo que les da servicios a sus aviones.
Ahora podrían entrar otros jugadores, o incluso Aerohandling tendría la posibilidad de ofrecer sus servicios a otras compañías y fortalecer esta línea de negocios. Lo cierto es que semejante golpe a un monopolio podría generar conflictividad.
El segundo de los tres decretos tiene que ver con la reglamentación del artículo 110 del Código Aeronáutico, y con la delimitación de las funciones de los varios entes públicos que intervienen en la operación. El tercero, finalmente, apunta a igualar los derechos de todas las empresas en horarios pico, especialmente, en Aeroparque. Básicamente, se terminarán algunos privilegios que tiene la línea aérea estatal.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
En medio de los viajes y festejos patrios, el presidente Javier Milei se hizo tiempo para firmar tres decretos con los que empezará la desregulación del mercado aerocomercial.
El corazón de la iniciativa pasa por quitar barreras de ingreso a las nuevas empresas que quieran operar en la Argentina. Y aquí la novedad: no solo se aplicará a las líneas aéreas sino también a las compañías que hacen soporte en tierra. Es decir, terminará el monopolio de Intercargo, la empresa pública que realiza todos los servicios para las compañías aéreas, locales e internacionales.
Como se dijo, son tres normas las que se publicarán. La primera avanza sobre la apertura del mercado y básicamente rescata algunas de las regulaciones que ya habían sido parte del decreto 70, aquella primera norma que quedó cuestionada en la Justicia y que la Corte Suprema jamás trató.
Desde entonces, los reguladores del área trabajaron en la implementación. Pero claro, la posibilidad de que el decreto pueda ser derrumbado y tachado de inconstitucional entregaba una cierta debilidad al andamiaje jurídico. Entonces, optaron por un decreto específico que entregue mayor certeza, ahora que el Presidente tiene facultades amplias, delegadas por el Congreso en la Ley Bases.
El primero de los decretos, por caso, borrará de los requisitos para operar en el país la solicitud de audiencias. Es decir, ya no habrá ese permiso necesario, aunque discrecional, que entregaba el Estado. De hecho, la última se celebró durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue el que entregó las licencias con las que vuelan Jetsmart y Flybondi.
“Habrá que esperar que se reglamente el decreto para establecer cuál va a ser el procedimiento y el grado de apertura que tendrá el mercado, pero será un proceso mucho más rápido”, dijo una fuente oficial que participó en la redacción de la batería de reformas. Sin audiencias, las rutas se solicitarán por un sistema digital y mucho más ágil.
Esta decisión estaba descontada entre las empresas, pero la novedad pasa por otras desregulaciones que también estarán en la norma.
La más importante, sin dudas, es la apertura necesaria como para que otros jugadores compitan con Intercargo, encargada de todo lo que tiene que ver con servicios de rampa, asistencia y equipaje para todas las líneas aéreas que operan en el país, con excepción de Aerolíneas Argentinas y American Airlines, que operan su propia prestación.
Los gremios del sector tienen capacidad de fuego como para realizar medidas de fuerza que paralicen la operación. Habrá que estar atentos a los movimientos gremiales cuando avance la liberalización.
De acuerdo con la regulación vigente hasta que salga el decreto, las aerolíneas tienen la obligación de contratar a Intercargo salvo que se presten ellas mismas el servicio. American siempre tuvo su personal de tierra ya que opera un puñado de aeropuertos. Y la línea aérea de bandera tiene para ese trabajo a Aerohandling, una sociedad del grupo que les da servicios a sus aviones.
Ahora podrían entrar otros jugadores, o incluso Aerohandling tendría la posibilidad de ofrecer sus servicios a otras compañías y fortalecer esta línea de negocios. Lo cierto es que semejante golpe a un monopolio podría generar conflictividad.
El segundo de los tres decretos tiene que ver con la reglamentación del artículo 110 del Código Aeronáutico, y con la delimitación de las funciones de los varios entes públicos que intervienen en la operación. El tercero, finalmente, apunta a igualar los derechos de todas las empresas en horarios pico, especialmente, en Aeroparque. Básicamente, se terminarán algunos privilegios que tiene la línea aérea estatal.
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