ESPECIES Y EDITORIAL

La “ley Conan” y el riesgo de caer en los extremos
Hay una causa noble en la defensa y la protección animal, pero una suerte de activismo radicalizado tiende a instalar el debate en un plano de simplificación y dogmatismo
Luciano Román
¿ Se crearán tribunales de “familia multiespecie” que diriman litigios sobre la tenencia, el régimen de visitas y la cuota alimentaria de perros, conejos y gatos? ¿Habrá jueces del trabajo que regulen la “jornada laboral” de los animales? ¿Se prohibirán las domas en el campo y se considerará un abuso ordeñar a las vacas o a las cabras contra su propia voluntad? ¿Se obligará a los propietarios de ganado a instalar calefacción o aire acondicionado en los potreros para que los animales no sufran el frío o el calor? ¿Se considerará “privación ilegítima de la libertad” tener un canario enjaulado o un pez en una pecera? ¿Habrá que construir monoblocks para evitar el “hacinamiento” en los criaderos de pollos? ¿Y se prohibirán las exhibiciones de perros como se prohibieron los concursos de belleza para no “cosificar” a un “ser sintiente”? Puede parecer una extensa colección de disparates, pero son preguntas que surgen ante el avance de una militancia anima lista que ahora asoma en el Congreso de la Nación de la mano de la “ley Conan”.
Es cierto: ese proyecto no llega tan lejos. Pero abre la puerta para una interpretación muy amplia de lo que se considera “maltrato” o “crueldad” animal y les permite a los jueces, muchas veces inclinados a la extravagancia y a fallar con ideologismo, hacer su propia “lectura” de un texto legal que es lo suficientemente ambiguo como para no distinguir con precisión entre la ciudad y el campo, ni entre animales domésticos y animales de trabajo.
La iniciativa se inscribe en una tendencia cada vez más pronunciada a la humanización de los animales. No hace falta decir que el respeto, el cuidado y la valoración de todas las especies son parte de la vida civilizada, y es saludable que, en muchos aspectos, haya habido una evolución cultural a partir de una mayor conciencia sobre el bienestar animal. No hay discusión sobre el hecho de que la crueldad y el maltrato animal deben ser penados, como de hecho lo son ya desde el siglo pasado. Hay una causa noble, sin duda, en la defensa y la protección animal. Pero una suerte de activismo radicalizado, equivalente a otras formas de fanatismo, tiende a instalar el debate en un plano de simplificación y dogmatismo que llega incluso al extremode juzgar costumbres y hábitos ancestrales desde un supuesto púlpito de superioridad moral.
Hay una cultura urbana que tiende a equiparar a los animales con las personas, tanto en el trato como en el cuidado, la alimentación y hasta la vestimenta. Es cada vez más frecuente ver perros con zapatillas o servicios despapara mascotas, así como la celebración de fiestas de cumpleaños para perros y gatos. En los edificios se ha invertido la carga de la prueba: hasta hace pocas décadas, un inquilino o un propietario debían pedir permiso para convivir con un animal de cierto porte. Hoy, si un consorcista se queja del llanto o de los ladridos del perro del 4º B, correrá el riesgo de ser “cancelado” por su chocante insensibilidad. Cada vez más personas se refieren a sus mascotas como “mis hijos” y consideran una ofensa que se los trate “como animales”.
Nada hay para objetar sobre el amor incondicional por otras especies si no interfiere en la vida, la economía o la tranquilidad de terceros. De hecho, el vínculo del hombre con el animal es uno de los más nobles y conmovedores, además de haber sido, a lo largo de la historia, una asociación fundamental para la supervivencia y el progreso. ¿Cuánto le debe la civilización occidental al caballo? ¿Cuánto al buey y a la compañía y al olfato caninos? Pero la cosa empieza a complicarse cuando ese vínculo queda atravesado por una militancia fundamentalista que borronea la distinción entre animales y humanos, y cuando se pasa al plano de la legislación y la intervención estatal con el afán de establecer prohibiciones, obligaciones y criterios que exceden la razonabilidad para rozar la desproporción o el absurdo.
La “ley Conan” da un primer paso en falso desde su propia denominación. Las leyes con nombre propio generalmente constituyen una suerte de homenaje a alguien que, por distintas circunstancias (desde un acto de coraje o de creatividad hasta un hecho trágico o desgraciado), ha inspirado la iniciativa legal. Bautizarla, como en este caso, con el nombre del perro del Presidente podría interpretarse como un gesto de oportunismo y obsecuencia. Si se trataba de ser original, se la podría haber llamado la“ley Ch o ni no ”. Ch o ni no fue, al fin y al cabo, un ovejero alemán que perteneció a la Policía Federal y fue el único perro policial muerto en un heroico acto de servicio. En homenaje a él se celebra, con justicia, el Día del Perro el 2 de junio.
Pero el nombre es lo de menos: la ley amplía los encuadres del “maltrato” y la “crueldad” animal. Considera, por ejemplo, un acto de maltrato “no alimentar en cantidad y calidad suficientes” a un animal. O “dejarlo en una situación de abandono, exponiéndolo a condiciones de desamparo”. Son aspiraciones naturalmente atendibles, pero ¿cómo se interpreta eso en contextos sociales en los que una familia no llega a cubrir sus necesidades alimentarias básicas y sufre una extrema fragilidad habi tac ion al? ¿Cómo debe leer se esa exigencia legal en condiciones de sequía extrema o de inundaciones, en lasques eh avisto llorar a los productores por la muerte de sus animales? ¿Qué es una alimentación de calidad? ¿Serán obligatorias las viandas saludables para las mascotas?
La ley Con an también establece penas de prisión y multas por“no proporciona r atención médica y veterinaria adecuada cuando los animales estén bajo su responsabilidad”. Otra vez: puede ser un objetivo ideal, pero ¿cuántas personas deberían ser penadas por la “desatención” de perros y gatos en zonas vulnerables donde tampoco se garantiza la salud y la escolaridad de los niños y donde han crecido a niveles dramáticos los cuadros de malnutrición infantil?
Otro artículo del proyecto prohíbe provocar sensaciones dolorosas a los animales. ¿Un diputado de la ciudad de Buenos Aires quiere establecer por ley cómo debe usar el rebenque o las espuelas un jinete de la pampa húmeda? La iniciativa legisla también en materia laboral: prohíbe “imponerles jornadas de esfuerzo excesivas o tareas inapropiadas de acuerdo con su aptitud o emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado”. ¿Con qué parámetros se determina cuál es un esfuerzo “excesivo” o una “tarea inapropiada”? La respuesta remite, una vez más, a la discrecionalidad interpretativa de jueces que podrán aplicar la “sensibilidad de Palermo Hollywood” a cuestiones del ámbito rural o de zonas suburbanas, donde las costumbres, pero también las necesidades, las prioridades y las urgencias suelen ser muy diferentes.
La ley todavía no se aprobó, pero ya hay voces que se apoyan en el espíritu de esa iniciativa para pedir la prohibición de las carreras de caballos, con el impacto que eso tendría en una industria que genera cientos de miles de puestos de trabajo en todo el país. ¿Cuánto tardarán deportes nobles, como el polo y la equitación, en quedar a tiro de la ley Conan? La iniciativa, además, tiende a imitarse y aun exacerbarse en legislaturas provinciales y concejos deliberantes. En el ámbito bonaerense ya se apuraron a presentar la “ley carpincho”, que castiga a los vecinos de Nordelta que quieran alejar a esos “habitantes originarios” de sus casas y jardines. Todo esto ocurre en una época en la que la ultracorrección política ha promovido auténticos despropósitos: Pérez-Reverte nos ha recordado que el feminismo radical cuestiona la producción de miel con el argumento de que las abejas también son “hembras explotadas”. Y grupos de militantes veganos han promovido en España la separación de gallos y gallinas para evitar el “abuso sexual”. Cada vez es más fuerte, mientras tanto, una suerte de “activismo cool” que combate la producción porcina desde las redes sociales o que considera que el consumo de huevos potencia el maltrato animal.
El proyecto que ya debate la Cámara de Diputados establece penas más severas para el maltrato animal (entre seis meses y cinco años de prisión) que las que el Código contempla para las lesiones en humanos, que van de un mes a un año de prisión en suspenso. Se abren entonces nuevos interrogantes: ¿no estamos frente a cierta desproporción legislativa? ¿No hay un componente de exageración y demagogia? Tal vez sean preguntas incómodas, o quizás a contra corriente.Pero no pueden dejar de hacerse en una Argentina acosada por la inseguridad extrema, donde ocurren casos como el de Loan en Corrientes, donde hay ciudades, como Rosario, asoladas por el narcotráfico, y donde solo en la provincia de Buenos Aires se denuncian más de 500 delitos por día contra la integridad física de las personas. La ley Conan se debate, además, en un país con un sistema de salud colapsado, en el que la mortalidad por determinados tipos de cáncer duplica a la de países vecinos.
La cuestión tiene aspectos prácticos, pero también teóricos y conceptuales. Fernando Savater, por ejemplo, afirma que, desde el punto de vista jurídico y filosófico, “los animales no tienen derechos porque no tienen deberes, es decir, no están en el mundo de las obligaciones morales”. Esto no significa, por supuesto, que el ser humano no tenga obligaciones con ellos, a los que les debe cuidado y buen trato. El filósofo francés Francis Wolff, a quien cita Quintín en una interesante columna sobre las corridas de toros, afirma que “los seres humanos son los únicos que tienen derechos inviolables, ligados a los valores de justicia, equidad, generosidad y fraternidad que hacen a la convivencia, mientras que los animales merecen respeto y buen trato, pero no una valoración absoluta cuyas consecuencias acaban en el ridículo”.
Valgan estos apuntes para recordar que el tema tiene complejidades culturales, filosóficas, económicas, jurídicas y científicas. Una legislación seria, precisa y equilibrada debería contemplar esos matices sin dejarse tentar por el animalismo urbano que hoy parece tan de moda y que se refleja en el bastón presidencial. Querer a los animales talvez empiece por reconocer su propia naturaleza, sin creer, con soberbia y esnobismo, que deben ser asimilados a la imperfecta familia de los seres humanos

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Jubilados: será justicia
Es hora de que quienes aportaron toda su vida cobren lo que les deben en tiempo y forma; no hay más espacio para dilatorios enfrentamientos políticos
Director: Fernán Saguier
La decisión del gobierno nacional de empezar a pagar las deudas con los jubilados que hayan obtenido sentencia firme a sus reclamos constituye un acto de justicia. En situaciones normales, en países donde la ley se respeta, que un gobierno la acate no debería ser una noticia. Sin embargo, lo es en el nuestro, donde en muchas ocasiones llegan a ser desoídos hasta los fallos de la Corte Suprema.
En el caso de las demandas de los jubilados se agrega un condimento extra que no puede ser subvalorado: se trata de gente de edad avanzada que merece que se le restituya lo más rápido posible lo que le pertenece.
Los juicios resultaron ya larguísimos como para seguir haciéndoles esperar todavía más. Muchos de los querellantes han fallecido antes de que la Justicia o el gobierno de turno se abocaran a resolverles sus situaciones, basados generalmente en problemas de caja de la Anses, uno de los organismos más saqueados por los gobiernos kirchneristas para usar esos fondos en cuestiones totalmente desvinculadas de lo previsional. Nada más inhumano y triste que jugar con la vida de las personas.
Según trascendió, el Ministerio de Capital Humano estudia la forma en que se hará efectivo lo más rápido posible el abono por reajuste a jubilados dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Admiten, no obstante, que el pago de retroactivos no será inmediato.
Anteayer, mediante un comunicado, la Anses aseguró que ese nuevo plan optimiza el proceso de actualización “reduciendo significativamente el tiempo de resolución, que era de 650 días hábiles, a un máximo de 120”. En rigor, lo que ahora se anuncia oficialmente es que se cumplirá con el plazo tope que está dispuesto por la ley actualmente vigente y que se vino incumpliendo durante larguísimos años.
Como se sabe, existe en el Congreso un proyecto sobre jubilaciones aprobado por la Cámara de Diputados a instancias del kirchnerismo, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, que ha sido severamente cuestionado por el Poder Ejecutivo por entender que resulta inviable.
Como informóesa iniciativa produciría como efecto inmediato un aumento del 7,2% de todos los haberes previsionales del sistema general de la Anses, con efecto retroactivo a abril último. También derivaría en el pago de una garantía, por la cual el ingreso más bajo del sistema sería –si la eventual norma rigiera este mes– de $300.315, una cifra 5,16% más elevada que el monto efectivamente garantizado para julio, de $285.580,82.
De ser aprobada por el Senado en esos términos, el Presidente anunció que la vetaría, razón por la cual se está negociando algún tipo de atenuación de su contenido para evitar que atente contra la meta del equilibrio fiscal que se ha venido logrando, en los dos primeros meses de 2024, como consecuencia del congelamiento, precisamente, de esos haberes jubilatorios, entre otras cuestiones tendientes a lograr ese objetivo.
La pulseada por las jubilaciones se había trasladado la semana pasada al recinto de la Cámara alta, donde el apuro –especialmente el kirchnerista– sufrió un duro revés. Por iniciativa del radicalismo, la propuesta solo podrá ser llevada a una sesión con el pronunciamiento previo de las comisiones.
Sin embargo, el apoyo de la oposición dialoguista empezó a mostrar grietas en las últimas horas, sobre todo después de que el Gobierno anunció que pagarán los juicios previsionales que tengan sentencia firme. “El Gobierno dice que va a pagar los juicios y después nos piden que seamos nosotros los que paguemos el costo político de quedar demorando la recomposición de las jubilaciones”, se quejó ante un legislador de la UCR.
Como en otros muchos temas, hay más de una variable por tener en cuenta. Nadie lo va a decir en voz alta, pero en el Senado no son pocos los que aseguran que la discusión recién se retomará en agosto. ¿Por disidencias insalvables?, ¿sufrirá cambios la norma, lo que obligará a que vuelva a Diputados?, ¿preocupa la mayoría con que eventualmente se hagan esas modificaciones de modo de que Diputados no pueda insistir en su versión original? Tal vez la respuesta haya que buscarla en la preferencia por desacelerar el paso para aprovechar el receso de invierno. Mientras tanto, los jubilados siguen esperando.
La buena noticia de que finalmente se cumplirá en el plazo legal con el pago de las sentencias firmes sobre los reajustes es apenas una pequeña parte de las soluciones que se adeudan a los jubilados. Importante, pero pequeña comparada con la verdadera, seria y duradera reforma del sistema para que nunca más quienes aportaron debidamente en su vida activa tengan que mendigar que se lo reconozcan a la hora de jubilarse.
Si cumplir con la ley es una obligación, el pago de los reajustes a jubilados dispuesto por la Corte no debería ser noticia, pero lo es en nuestro país, donde durante décadas de gobiernos dilapidadores se usó la plata de la Anses para solventar cuestiones totalmente ajenas al sistema previsional

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