El Gobierno declaró a Hamas organización terrorista
El grupo islamista palestino será incluido en una lista negra.
El Gobierno incluyó al grupo palestino Hamas en la lista de organizaciones terroristas, lo que obliga a empresas que tengan negocios con personas relacionadas a reportarlos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La medida se conoció en momentos en que el presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos y es parte del alineamiento con Israel en el conflicto de Medio Oriente. Además, se concreta próximo a cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Hamas es un grupo islamista palestino, que se autodenomina de resistencia y es considerado terrorista por Estados Unidos y otros países, que surgió en los años 80 y gobierna el enclave de la Franja de Gaza desde 2007. A diferencia de otros grupos palestinos, niega el derecho a existir de Israel y quiere crear un Estado palestino fundamentelista regido por la ley islámica. A su brazo militar se lo conoce como Brigadas Qassam.
Hamas se presenta como una alternativa radical a la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania y mantiene un diálogo con el Estado de Israel. Entre otros patrocinadores, recibe financiamiento de Irán. Perpetró múltiples ataques terroristas contra Israel, el más sangriento de ellos el 7 de octubre pasado, que desató la actual guerra de Gaza. Siguen hoy secuestrados tras ese ataque ocho argentinos, entre ellos, un bebe.
La declaración de la Argentina se da cuando el país está siendo evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar caer en la lista gris de países favorables al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Registro de Personas y Entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo (Repet) se encuentra en jurisdicción del Ministerio de Justicia y su objetivo es frenar la captación de fondos destinados a las organizaciones que constituyen amenazas a la paz y a la seguridad.
El gobierno argentino considera que si bien el objetivo principal de los grupos terroristas no es económico, detrás de toda acción de violencia extrema existe una red de financiamiento que le da sustento.
El Repet incluye a personas humanas, jurídicas o entidades sobre las que haya recaído una resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que le impute la formalización de una investigación por la comisión de un acto terrorista o por su financiamiento. Y, también, a las que se encuentren incluidas en listas elaboradas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las cuales la UIF haya ordenado el congelamiento administrativo de sus activos.
Según pudo saber la idea de incluir a la agrupación, responsable del brutal ataque perpetrado el último 7 de octubre en territorio israelí, en la lista de organizaciones terroristas era una idea en la que la administración libertaria comenzó a trabajar desde su llegada al poder, en diciembre pasado y por eso se había anunciado en el viaje de Milei a Israel.
En febrero pasado, Hamas condenó el anuncio que en suelo israelí hizo el presidente Milei respecto de su decisión de trasladar la Embajada argentina actualmente en Tel Aviv, a Jerusalén occidental. “Condenamos y deploramos enérgicamente el anuncio del presidente de Argentina sobre su intención de trasladar la embajada de su país en la entidad nazi-sionista (Israel) a Jerusalén”, hicieron saber a través de un comunicado.
Allí agregaron que ese cambio era “una violación de los derechos del pueblo palestino a su tierra, y una vulneración de las normas del derecho internacional”, y llamaron a que Milei “revierta una decisión injusta y equivocada que coloca a Argentina como socio del ocupante sionista”.
Milei celebró ayer este primer paso desde Estados Unidos. Retuiteó un mensaje de la diputada Sabrina Ajmechet, una de las impulsoras de la declaración.
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Denuncias, apuros y traiciones para constituir una comisión estratégica
Inteligencia. Menem intentó conformar de urgencia la bicameral ante el envío inminente de un proyecto para reformar la AFI
Laura Serra
La plana mayor de los diputados de Hacemos Coalición Federal, encabezada por Miguel Pichetto, se retiró el jueves a la noche del despacho del presidente del cuerpo, Martín Menem, mascullando bronca. El riojano, sin aviso previo, había dejado afuera a Emilio Monzó, un hombre de su bancada, quien iba a representar a un conglomerado de 31 legisladores en la estratégica Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Menem había decidido colocar en su lugar a un representante libertario –el diputado César Treffinger– con el objetivo de asegurar el control de ese cuerpo estratégico, que la semana pasada empezó a recibir denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra del área, Patricia Bullrich.
Hace siete meses que está pendiente la conformación definitiva de esta comisión bicameral, uno de los cuerpos de control más importantes que tiene el Congreso. Está integrada por 14 miembros, siete por cada cámara. El lunes último, antes del feriado del 9 de Julio, llegó desde la Casa Rosada un pedido urgente a los presidentes de ambas cámaras, Menem y Victoria Villarruel, para que la comisión se constituyese cuanto antes con los ocho miembros que habían sido designados por La Libertad Avanza, Pro y el radicalismo. Unión por la Patria aún no había nombrado a sus seis representantes, por lo que el oficialismo quiso aprovechar este retardo para apurar el nombramiento de las autoridades, con un representante de Pro como presidente.
El objetivo del oficialismo era claro: tomar las riendas de la comisión y evitar que se active la investigación sobre presuntos interrogatorios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad federales a los detenidos por las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso por la Ley Bases. Dos mujeres se presentaron ante la comisión bicameral la semana pasada y dieron cuenta, con su testimonio, de estos apremios: ambas relataron que fueron sometidas de manera sistemática a interrogatorios sobre sus filiaciones político-partidarias, lo cual está prohibido por la ley de inteligencia.
El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien ejerce todavía la presidencia de la comisión bicameral ante el retraso de Menem y Villarruel en constituirla, recibió a ambas mujeres y declaró admisibles sus denuncias tras receptar también las actuaciones correspondientes del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se instruye la causa, interinamente a cargo del juez Ernesto Kreplak.
De inmediato Moreau se comunicó con Cristian Ritondo (Pro), Daniel Kroneberger (UCR) y Oscar Parrilli (UP), las otras tres autoridades de la comisión, para ponerlos en autos de la situación. Les transmitió que le pidió a la jueza federal María Servini, que instruye la causa sobre las denuncias sobre espionaje ilegal presuntamente cometidas durante la breve gestión del anterior jefe de Gabinete Nicolás Posse, a cuyo cargo tuvo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Los movimientos de Moreau desataron la reacción de los libertarios; de allí el apuro por constituir de apuro la comisión con apenas ocho miembros, sin Unión por la Patria ni Hacemos Coalición Federal, pese a que Menem se había comprometido a darles a estos últimos un lugar. Villarruel y Menem decidieron convocarla para el miércoles pasado, a las 13. Ante el escándalo previsible que iba a desatarse, desde la UCR y Pro pusieron el grito en el cielo y advirtieron que no serían parte de la maniobra que, como era previsible, se filtró a los oídos del kirchnerismo.
De inmediato, el jefe del bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans, envió una nota al secretario parlamentario del Senado y lo conminó a que se dé de baja la convocatoria porque, de lo contrario, sería denunciado penalmente. Finalmente la jugada del oficialismo no se consumó.
El oficialismo no solo fracasó en conformar de urgencia la comisión bicameral; en el camino sembró un conflicto con Hacemos Coalición Federal, que, con otros tres bloques, había reunido 31 integrantes para reclamar un lugar en ese cuerpo. Confiaban en que Menem retribuyera su apoyo a la Ley Bases y al paquete fiscal con la designación de Monzó en ese cuerpo, tal como se había conversado. Pero Menem adujo que, por el sistema D’Hont –el método elegido para repartir los lugares en las comisiones–, Monzó quedaría afuera.
El argumento estuvo lejos de convencer a Pichetto, Monzó, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, quienes, al caer la tarde, se presentaron en el despacho del riojano. “Representamos tres bloques con 30 diputados y nos dejan afuera; no hay un criterio para la integración de las comisiones, todo es arbitrario. Si Menem no revisa esta situación, no descartamos ir al recinto y plantear que sea el pleno, y no el presidente del cuerpo, el que defina cómo deben integrarse las comisiones”, advirtió uno de ellos, visiblemente indignado.
Ninguno de los cuatro diputados que estuvieron con Menem estaban enterados de la fallida maniobra del oficialismo para integrar la comisión. Supieron de ella en las últimas horas. No entendían por qué Menem se negaba a darles un lugar con el argumento –a su juicio poco convicente– de que el sistema D’Hont los dejaba afuera. “Él se había comprometido a darnos un lugar, ese era el acuerdo político. Tenemos la representación de cuatro bloques: Nicolás (Massot) presentó la nota correspondiente. Por eso nos sorprendió el cambio de actitud de Menem. Ahora entendemos todo: quieren controlar la principal comisión de control que tiene el Congreso”, deslizan.
La plana mayor de los diputados de Hacemos Coalición Federal, encabezada por Miguel Pichetto, se retiró el jueves a la noche del despacho del presidente del cuerpo, Martín Menem, mascullando bronca. El riojano, sin aviso previo, había dejado afuera a Emilio Monzó, un hombre de su bancada, quien iba a representar a un conglomerado de 31 legisladores en la estratégica Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Menem había decidido colocar en su lugar a un representante libertario –el diputado César Treffinger– con el objetivo de asegurar el control de ese cuerpo estratégico, que la semana pasada empezó a recibir denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra del área, Patricia Bullrich.
Hace siete meses que está pendiente la conformación definitiva de esta comisión bicameral, uno de los cuerpos de control más importantes que tiene el Congreso. Está integrada por 14 miembros, siete por cada cámara. El lunes último, antes del feriado del 9 de Julio, llegó desde la Casa Rosada un pedido urgente a los presidentes de ambas cámaras, Menem y Victoria Villarruel, para que la comisión se constituyese cuanto antes con los ocho miembros que habían sido designados por La Libertad Avanza, Pro y el radicalismo. Unión por la Patria aún no había nombrado a sus seis representantes, por lo que el oficialismo quiso aprovechar este retardo para apurar el nombramiento de las autoridades, con un representante de Pro como presidente.
El objetivo del oficialismo era claro: tomar las riendas de la comisión y evitar que se active la investigación sobre presuntos interrogatorios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad federales a los detenidos por las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso por la Ley Bases. Dos mujeres se presentaron ante la comisión bicameral la semana pasada y dieron cuenta, con su testimonio, de estos apremios: ambas relataron que fueron sometidas de manera sistemática a interrogatorios sobre sus filiaciones político-partidarias, lo cual está prohibido por la ley de inteligencia.
El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien ejerce todavía la presidencia de la comisión bicameral ante el retraso de Menem y Villarruel en constituirla, recibió a ambas mujeres y declaró admisibles sus denuncias tras receptar también las actuaciones correspondientes del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se instruye la causa, interinamente a cargo del juez Ernesto Kreplak.
De inmediato Moreau se comunicó con Cristian Ritondo (Pro), Daniel Kroneberger (UCR) y Oscar Parrilli (UP), las otras tres autoridades de la comisión, para ponerlos en autos de la situación. Les transmitió que le pidió a la jueza federal María Servini, que instruye la causa sobre las denuncias sobre espionaje ilegal presuntamente cometidas durante la breve gestión del anterior jefe de Gabinete Nicolás Posse, a cuyo cargo tuvo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Los movimientos de Moreau desataron la reacción de los libertarios; de allí el apuro por constituir de apuro la comisión con apenas ocho miembros, sin Unión por la Patria ni Hacemos Coalición Federal, pese a que Menem se había comprometido a darles a estos últimos un lugar. Villarruel y Menem decidieron convocarla para el miércoles pasado, a las 13. Ante el escándalo previsible que iba a desatarse, desde la UCR y Pro pusieron el grito en el cielo y advirtieron que no serían parte de la maniobra que, como era previsible, se filtró a los oídos del kirchnerismo.
De inmediato, el jefe del bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans, envió una nota al secretario parlamentario del Senado y lo conminó a que se dé de baja la convocatoria porque, de lo contrario, sería denunciado penalmente. Finalmente la jugada del oficialismo no se consumó.
El oficialismo no solo fracasó en conformar de urgencia la comisión bicameral; en el camino sembró un conflicto con Hacemos Coalición Federal, que, con otros tres bloques, había reunido 31 integrantes para reclamar un lugar en ese cuerpo. Confiaban en que Menem retribuyera su apoyo a la Ley Bases y al paquete fiscal con la designación de Monzó en ese cuerpo, tal como se había conversado. Pero Menem adujo que, por el sistema D’Hont –el método elegido para repartir los lugares en las comisiones–, Monzó quedaría afuera.
El argumento estuvo lejos de convencer a Pichetto, Monzó, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, quienes, al caer la tarde, se presentaron en el despacho del riojano. “Representamos tres bloques con 30 diputados y nos dejan afuera; no hay un criterio para la integración de las comisiones, todo es arbitrario. Si Menem no revisa esta situación, no descartamos ir al recinto y plantear que sea el pleno, y no el presidente del cuerpo, el que defina cómo deben integrarse las comisiones”, advirtió uno de ellos, visiblemente indignado.
Ninguno de los cuatro diputados que estuvieron con Menem estaban enterados de la fallida maniobra del oficialismo para integrar la comisión. Supieron de ella en las últimas horas. No entendían por qué Menem se negaba a darles un lugar con el argumento –a su juicio poco convicente– de que el sistema D’Hont los dejaba afuera. “Él se había comprometido a darnos un lugar, ese era el acuerdo político. Tenemos la representación de cuatro bloques: Nicolás (Massot) presentó la nota correspondiente. Por eso nos sorprendió el cambio de actitud de Menem. Ahora entendemos todo: quieren controlar la principal comisión de control que tiene el Congreso”, deslizan.
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