VACANTES SIN OCUPAR Y JUZGAR EN AUSENCIA

Milei acumula propuestas para nombrar jueces
El Consejo de la Magistratura le envió 25 ternas para el fuero federal; ahora cuenta con 141 en su poder; el trámite se completará cuando el Presidente elija a los postulantes y los remita al Senado
Hernán Cappiello
El Poder Ejecutivo ya tiene en su poder la lista de candidatos para cubrir la mitad de las vacantes de jueces que existen en la Justicia Federal. El Consejo de la Magistratura le envió ayer 25 ternas de jueces al Gobierno, con lo cual elevó a 141 -de un total de 249– los puestos que están en condiciones de ser cubiertos si el Ejecutivo avanza.
Para completar el trámite y designar a esos jueces, el presidente Javier Milei debe elegir a un candidato de cada terna y enviar los pliegos al Senado para que les preste acuerdo.
El resto de las vacantes, 151, están en trámite en concursos que se están realizando en el Consejo de la Magistratura y solo dos candidatos tienen sus pliegos paralizados en el Senado. La mayoría de las vacantes que están en el Poder Ejecutivo son las que retiró del Senado el Gobierno apenas asumió para revisar cada propuesta y enviar a sus candidatos. A estas se suman unas 55 que envió el Consejo de la Magistratura desde que está presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Es un récord que no se registra desde 2018.
El Poder Ejecutivo estuvo haciendo un trabajo de revisión de las ternas que retiró del Senado, pero no las reenvió. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, buscó consensuar con senadores de diversos bloques para que los pliegos que enviara el presidente Milei tuvieran apoyo.
Esa tarea la realizó su jefe de Gabinete, Daniel Guerendiain, hasta que renunció el 14 de mayo pasado. Desde entonces está paralizado el trámite, ya que no solo incide en la decisión de qué pliegos se envían el ministro Cúneo Libarona, o su viceministro Sebastián Amerio, sino también funcionarios de la Casa Rosada.
Los pliegos que están en el Poder Ejecutivo se corresponden con vacantes en tribunales cuya cobertura no es conflictiva. Son casos de jueces civiles, laborales, de defensa de la competencia, algunos tribunales orales y jueces federales del interior del país.
No están cubiertas las vacantes más sensibles de Comodoro Py 2002: cuatro juzgados federales de primera instancia; dos cargos en la Cámara Federal y tres cargos en la Cámara de Casación Federal. Los concursos ya se hicieron en la mayoría de los casos, pero no hay acuerdo político para decidir las ternas, que necesitan los votos de dos tercios de los consejeros.
El Consejo de la Magistratura tiene una dinámica diferente este año. El kirchnerismo perdió incidencia a la hora de negociar la cobertura de vacantes y empezaron a tener mayor peso los consejeros jueces y académicos que actúan en ocasiones de manera conjunta y obtienen los apoyos de los consejeros abogados y legisladores no kirchneristas.
El Poder Ejecutivo, que con el kirchnerismo siempre consideró al Consejo de la Magistratura un organismo clave, ahora está disminuido en su alcance, pues hay un solo consejero que le responde al Presidente y es su representante oficial, el viceministro Amerio. Claro que para negociar cuenta con un elemento que nadie posee: la billetera para asignar recursos al funcionamiento de la Justicia.
Las 25 ternas que se aprobaron ayer se corresponden con siete concursos que se suman a las 30 ternas que ya se aprobaron anteriormente en la primera parte del año. Se trata de las ternas para los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Nº 13, 14, 18, 27, 42, 43 y 54; dos cargos de la Cámara Federal de Mendoza, Sala A y Sala B, donde es importante nombrar magistrados ya que a comienzos de agosto entra en vigor en esa provincia el nuevo Código Procesal Penal Federal y los camaristas actuarán como jueces de revisión o de garantías, según las vacantes. También ayer se aprobaron las ternas para los juzgados en lo Criminal y Correccional Nº 1, 3, 23, 30, 37, 38, 45 y 47, el Juzgado Federal de Viedma; cuatro cargos para cubrir juzgados federales de la Seguridad Social, el Juzgado Federal de Dolores, con dos dictámenes y un cargo de juez de tribunal oral de General Roca.
También se aprobó aplicar una multa del 30% de los haberes, por única vez, al juez federal Miguel Ángel Guerrero, de Eldorado, Misiones, por encontrar maltrato a su personal y faltas disciplinarias previstas en la ley 24.937. Los consejeros jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña se abstuvieron.
Por otro lado, avanza la nueva política del Consejo de la Magistratura de convocar concursos anticipados, cuando aún no se produjeron las vacantes, para de este modo tener ternas aprobadas de jueces que funcionen como una suerte de “banco de suplentes” que pueden entrar a cubrir los huecos que se produzcan por la jubilación, renuncia o destitución de sus colegas. Este miércoles se tomaron exámenes de oposición y tal fue el éxito de la convocatoria que rindieron la prueba 761 candidatos en concursos que por la concurrencia se hicieron un inmenso galpón de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal en Villa Lugano.

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El Gobierno presentó la ley de juicio en ausencia: “Nos va a permitir juzgar a los iraníes que volaron la AMIA”
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron en la Casa Rosada el proyecto que se enviará al Congreso
Eduardo Menegazzi
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Patricia Bullrich
“Hace 30 años volaron la AMIA los iraníes. No pueden ir presos porque están prófugos y escondidos, pero no se puede hacer nada. Esta ley nos va a permitir juzgarlos igual. Vamos a hacer el juicio y con todas las pruebas podremos mandar una orden de captura internacional”, expresó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, al presentar en un acto realizado en el Salón Héroes de Malvinas en Casa Rosada junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia, que busca juzgar, principalmente, a los libaneses e iraníes prófugos en la causa por el atentado a la AMIA del que en 8 días se cumplirá un nuevo año. Aquel 18 de julio de 1994 se produjo el ataque con un coche bomba contra la sede de la institución judía ubicada sobre la calle Pasteur que dejó un saldo de 85 muertos y alrededor de 300 heridos.

El objetivo del Gobierno es garantizar que los procesos judiciales avancen, incluso cuando el acusado no comparezca ante el tribunal. “Si el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada”, amplió el funcionario, quien también señaló que “se debe terminar con esa costumbre de los juicios en los cajones y archivos”. Luego agregó que “el sufrimiento de las víctimas y de la sociedad lo demandan y es nuestra responsabilidad”.
Bullrich, por su parte, sostuvo que “esta es una respuesta del presidente Javier Milei a la sociedad argentina que todos los días siente que hay impunidad”, y afirmó que mediante este nuevo mecanismo procesal que proponen “estamos dando un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la Justicia”. Fuentes del ministerio de Justicia, le confirmaron a Infobae que esperan enviarlo al Parlamento en los próximos días y que también se está trabajando para enviar otra propuesta que es la del juicio por jurados. La próxima semana, además, el lunes 15, se realizará una Mesa de Diálogo sobre el tema en la Cámara de Diputados, de la que participarán jueces, legisladores y familiares de las víctimas.
Acompañaron a los ministros, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; Roberto Isaac Churba, de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Sede de la AMIA, y el jefe de Gabinete de Seguridad, Carlos Manfroni.
Según se informó el juicio en ausencia se aplicará en los siguientes delitos:
a) Los previstos en los arts. 6, 7, 8 y 8 bis del Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional (Genocidio, Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crimen de Agresión).
b) De Desaparición Forzada de Personas previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
c) Previstos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

d) De Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva previsto en el art. 306 el Código Penal.
e) A los que les fuera aplicable la agravante de Terrorismo, prevista en el art. 41 quinquies del Código Penal.
De izquierda a derecha: Isaac Roberto Churba, de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA del ministerio de Seguridad, el ministro Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, el subsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni
A este proyecto se suma la convocatoria a la Mesa de Diálogo titulada “La necesidad de instaurar el juicio en ausencia para los crímenes del estatuto de Roma”, que se desarrollará el próximo 15 de julio en la Cámara de Diputados y a la que convocaron los diputados Margarita Stolbizer y Pablo Yedlin, a la que también está invitado Cúneo Libarona. Allí expondrán Miguel Ángel Pichetto –presidente del bloque Hacemos Coalición Federal-, Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador de Sergio Massa), Mariana Stilman (Coalición Cívica, la fuerza de Elisa Carrió) y Luis Czyzewski, padre de Paola una de las víctimas y representante del sector mayoritario de los familiares de la AMIA.
También está prevista la participación de los jueces Carlos Mahiques y Franco Fiumara. Mahiques fue el impulsor del reciente fallo que consideró, por primera vez, a Irán como un estado terrorista, y Fiumara es uno de los primeros magistrados en defender la figura del juicio en ausencia.
Esta tarde en la Rosada, Bullrich también manifestó que “hemos definido para estos casos a los delitos más graves, aquellos que generan una angustia colectiva y un mal a toda la sociedad, como es el financiamiento del terrorismo”, y remarcó que representa “un cambio muy profundo que pone a nuestro Gobierno en la vanguardia en materia penal y criminal”, porque es la primera vez que desde un gobierno argentino se impulsa este tipo de iniciativa.
Cúneo Libarona dijo en el final de su exposición que esperaban “que los señores senadores y diputados reaccionen y nos acompañen”.
El 18 de julio se cumplirán 30 años del ataque a la AMIA
En abril de este 2024 la Cámara Federal de Casación Penal sentenció que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y que ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. El fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.
Se trató de una resolución clave en el marco de la causa AMIA. La sentencia -dictada por los jueces Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma- incluye una trascendente definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán. En su voto, el juez Mahiques sugirió que ese reclamo podría ser emprendido por Argentina, por vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Casación se pronunció así sobre los alcances del delito terrorista internacional yihadista, y establece que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado (como es el caso de Hezbollah).

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