La oposición busca subir el gasto y amenaza el equilibrio fiscal de Milei
Los proyectos que recomponen las jubilaciones y garantizan el financiamiento de las universidades cuentan con el aval de una buena parte de los bloques en el Senado
Delfina Celichini
El kirchnerismo y sus aliados intentarán esta semana elevar las jubilaciones en el Senado, sin acuerdo del oficialismo
El Senado deberá abocarse al tratamiento de dos iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados y que desafían el equilibrio fiscal que cuida celosamente Javier Milei. Los proyectos que buscan recomponer los haberes jubilatorios y garantizar el financiamiento de las universidades cuentan con el aval de una significativa porción de la oposición y condicionan los planes de la administración libertaria. Si ambos se convierten en ley tal como salieron de la Cámara baja, supondrán un costo fiscal de más de medio punto del PBI, la mitad del superávit logrado a lo largo de los primeros seis meses de gobierno.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf ), dirigido por Nadin Argañaraz, el superávit primario del primer semestre –sin contabilizar el pago de la deuda– asciende a $7 billones, lo que equivaldría al 1,1% del producto.
El incremento de los haberes jubilatorios tuvo dictamen del plenario de comisiones a principios de agosto y ya está en condiciones de ser discutido en el recinto. Fue acompañado por radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales. El oficialismo y Pro, en tanto, se opusieron.
Esta iniciativa fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero que no fue incluido en la actualización que el Presidente determinó por decreto en abril. Sumado a esto, define al índice de precios al consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.
Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales ascienden a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente al 0,13% del producto.
Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por Ripte. La legisladora indicó a que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula de “explosiva”: “Este agregado es asimétrico, ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista.
Por su parte, el proyecto de financiamiento universitario que la semana pasada tuvo el aval de Diputados todavía no ingresó al Senado ni tampoco fue abordado por las comisiones pertinentes antes de su desembarco en el recinto. No obstante, ya hay indicios que muestran que la iniciativa cuenta con una base sólida de adhesiones, suficientes para una mayoría simple. Basta con el kirchnerismo, un puñado de radicales y algunos referentes de bloques provinciales. Es probable, incluso, que la propuesta sea acompañada por la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Pro, quien con esta decisión se diferenciará de su bloque, férreo aliado del oficialismo. La senadora cercana al exalcalde de la Capital Federal Horacio Rodríguez Larreta defiende la universidad pública sin tapujos.
La iniciativa que prosperó, impulsada por la UCR, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar –cada dos meses y por inflación– los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios, además de reconocer la inflación acumulada desde enero.
Para informar el gasto que, de aprobarse, supondrá el proyecto para el Estado, el legislador radical Martín Tetaz chicaneó: “Tendrá un costo similar a los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) más la pauta presupuestaria de YPF”. A través del decreto de necesidad y urgencia 656/2024, Milei destinó $100.000 millones para fondos reservados del órgano de inteligencia.
“El señalamiento de Tetaz es muy gráfico para explicar que el Gobierno usa selectivamente y con mucha arbitrariedad el argumento de ‘no hay plata’ o de ‘degenerados fiscales’ para lo que no le asigna prioridad, pero no tiene la menor reserva en disponer de gasto para lo que sí considera prioritario”, indicó un referente de la UCR.
La respuesta de Tetaz se funda en una estimación elaborada por la miembro informante del dictamen Danya Tavela, que sitúa en $160.000 millones el cumplimiento de los cometidos de la iniciativa. Considera que hay que descontar lo que ya se pagó en términos de funcionamiento –270% en mayo– y de aumentos salariales, y que los incrementos podrán ser cuotificados. Según el análisis del legislador radical Lisandro Nieri, esto representa un costo de 0,03% del PBI.
Para Isidro Guardarucci, economista asociado a la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL), estas estimaciones son austeras. Guardarucci toma como base las transferencias a universidades en 2023, que fueron de $1,4 billones, de los cuales alrededor de un 80% supone el pago de salarios. “Según las cuentas, el deterioro real de los sueldos está en el orden del 39%, y eso es lo que van a recomponer. Esto te da un gasto del 0,23% del producto”, precisó.
La OPC informó que las partidas destinadas a las casas de estudios cayeron un 31% interanual a lo largo de los primeros siete meses del año. Los fondos para el pago de salarios de personal docente y autoridades superiores sumaron $0,9 billones (-30,6%) y los de salarios de personal no docente, $0,53 billones (-26,9%). La asistencia financiera para el funcionamiento universitario insumió $110.000 millones (-35,4%) y la asistencia financiera a hospitales universitarios, $40.000 millones (-25,3%).
La apuesta del Gobierno
Los proyectos cuentan en el Senado con un piso de avales suficiente para convertirse en ley. Sin embargo, hay dos variables que podrían jugar a favor del Gobierno: el tiempo y las mayorías.
“Tendrá apoyo, pero no sabemos si con cambios o no”, indicó un senador dialoguista sobre el proyecto de financiamiento universitario en la Cámara baja. Así como con la recomposición de los haberes jubilatorios, el oficialismo intentará negociar con la oposición la introducción de cambios a las iniciativas para devolverlas en segunda revisión a la Cámara baja y demorar la sanción definitiva.
Como plan B, Milei también podría utilizar el veto presidencial para impugnar las leyes. El primer mandatario ya advirtió al Congreso que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal, a pesar de que es probable que ir contra la voluntad de la mayoría suponga un costo político. Serán determinantes los avales con los que las propuestas resulten aprobadas en ambas Cámaras. En principio, Diputados le garantizó a la recomposición jubilatoria una mayoría especial de 160 voluntades difícil de revertir. El financiamiento de las universidades, en tanto, no logró ese caudal de adhesiones: se aprobó con 143 votos a favor, 77 negativos y una abstención.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó el viernes que “no está en agenda vetar” la ley de financiamiento universitario en caso de que sea aprobada en el Senado, siempre y cuando no “afecte el equilibrio fiscal”. “Del Poder Legislativo somos respetuosos. En el caso del presupuesto universitario le falta su promulgación definitiva. Hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al diálogo y jamás estuvo en riesgo la educación pública, menos aún las universidades”, explicó.
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Uno por uno, los senadores que definirán si Ariel Lijo da un primer paso hacia la Corte Suprema
Son los miembros de la Comisión de Acuerdos, que este miércoles deberán decidir si permiten que el pliego del juez federal llegue al recinto de la Cámara alta; se necesitan nueve firmas
Gustavo Ybarra
El juez Ariel Lijo
Son nueve firmas. Eso es lo que necesitarán Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para obtener la luz verde de la Comisión de Acuerdos del Senado y que su pliego pueda llegar al recinto de la Cámara alta, donde los esperará la prueba definitiva y más exigente, que es reunir el voto de los dos tercios de los presentes que le abrirá la puerta para ingresar a la Corte Suprema de Justicia.
Con siete miembros, el kirchnerismo es la primera minoría en la comisión que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) y que recibirá en audiencia pública a Lijo el próximo miércoles 21. Una semana después, será el turno de García-Mansilla de someterse a las preguntas de los senadores.
La segunda fuerza con más representantes es la UCR, con cuatro, seguida por los dos de Pro. El oficialismo sólo tiene un miembro, al igual que los bloques menores Unidad Federal, Cambio Federal y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.
La controvertida candidatura de Lijo sumó 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación en el Senado. La cifra marca una participación mucho menor a la registrada cuando un proceso similar se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia, cuando el juez federal recibió más de 350 cuestionamientos a su postulación. Las objeciones contra el juez apuntan tanto a su escasa formación académica para acceder al máximo tribunal como al manejo y los tiempos que como magistrado le imprimió a las causas sensibles para el poder, además de su evolución patrimonial y el hecho de es postulado para ocupar la vacante que dejó una mujer, Helena Highton de Nolasco.
La nómina de los integrantes de la Comisión de Acuerdos, es la siguiente:
LOS 17 SENADORES QUE DEFINIRÁN LA SUERTE DE LIJO
EL JUEZ FEDERAL NECESITA EL VOTO DE NUEVE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ACUERDOS
Guadalupe Tagliaferri
PRO-CAPITAL
Es la presidenta de la Comisión de Acuerdos. Integrante de la línea que responde a Horacio Rodríguez Larreta de la escudería amarilla, versiones periodísticas la ubicaron anticipando su apoyo al pliego de Lijo en reuniones privadas, pero ella desmintió categóricamente haber adelantado su voto
Anabel Fernández Sagasti
UXP-MENDOZA
Es vicepresidenta de la comisión. Miembro de La Cámpora, responde de manera mecánica a los mandatos de Cristina Kirchner. Como todo el kirchnerismo, no anticipó cómo votará. Su apoyo al pliego de Lijo podría leerse como una confirmación de las sospechas de que la candidatura del juez federal fue acordada con la expresidenta
Beatriz Ávila
PRO-TUCUMÁN
Está integrada al bloque que conduce el cordobés Luis Juez como extrapartidaria, aunque está bastante alineada con el sector que responde a Mauricio Macri. Su fuerza política es el Partido por la Justicia Social, una franquicia peronista enfrentada con el PJ local que lideraba Juan Manzur y que ahora conduce Osvaldo Jaldo. Hasta ahora apoyó las iniciativas de la administración libertaria
Martín Lousteau
UCR-CAPITAL
Presidente a nivel nacional del centenario partido es un declarado opositor a Javier Milei. A pesar de su enfrentamiento con la Casa Rosada, no ha expresado como votará el pliego de Lijo. Es aliado de Emiliano Yacobitti y, por lo tanto, socio de Daniel Angelici y Enrique “Coti” Nosiglia, a quienes se sindica como promotores de la candidatura del juez federal
Pablo Blanco
UCR-TIERRA DEL FUEGO
Un auténtico líbero en la bancada radical, es lo que se conoce como un “sin techo”, ya que pertenece a una provincia en manos de otro partido. Apoyó al Gobierno en algunos debates, aunque se ha desmarcado de su bloque votando el rechazo al DNU 70/23, junto con Lousteau, y avaló el proyecto de movilidad jubilatoria que Milei dijo que vetará
Mariana Juri
UCR-MENDOZA
Responde al gobernador de su provincia, Alfredo Cornejo, que encabeza el lote de mandatarios radicales que se mantiene alineado en apoyo a la Casa Rosada. Es activa participante de las negociaciones con el oficialismo en el Senado y fue una de los arquitectas del acuerdo que le permitió a Victoria Villarruel, en diciembre, a derrotar al kirchnerismo por el control de la Cámara alta
Carolina Losada
UCR-SANTA FE.
La experiodista es la única senadora de su partido que anticipó su rechazo a la nominación de Lijo. Si bien ha sido orgánica con las posturas de la conducción del bloque y, por lo tanto, proclive a apoyar las propuestas legislativas del Gobierno, es una declarada antikirchnerista y una feroz crítica de las aptitudes morales y profesionales del juez federal para ser nombrado en la Corte Suprema.
Carlos Espínola
UNIDAD FEDERAL-CORRIENTES
En diciembre de 2022, abandonó el bloque kirchnerista cansado del verticalismo que imponía Cristina Kirchner. El cambio de manos del poder lo puso, junto a sus dos compañeros de bancada, en una situación de privilegio ya que son tres votos esenciales para Villarruel. Desde esa postura de fortaleza y de independencia del oficialismo ha negociado su apoyo cada vez que el Gobierno, como ocurrió con la Ley Bases, lo necesitó
Carlos Arce
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA-MISIONES
Es un orgánico del partido provincial que lidera el peronista Carlos Rovira y que gobierna la provincia desde hace dos décadas. Por lo tanto, su voto está íntimamente ligado a la relación financiera entre el gobierno de su provincia y la Nación que, hasta el momento y después de la crisis por el salario de los docentes, marcha por buenos carriles
Ezequiel Atauche
LA LIBERTAD AVANZA-JUJUY
Es el jefe de la bancada y único oficialista en la Comisión. En los últimos meses se ha alineado de manera clara con las directicas de Santiago Caputo, el asesor todo terreno del Gobierno, lo que lo ha llevado a mantener algunas discrepancias con Victoria Villarruel a la hora de definir la estrategia legislativa del oficialismo en la Cámara alta
Juan Carlos Romero
CAMBIO FEDERAL-SALTA
Este histórico dirigente peronista mantiene una estrecha sintonía con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, al que viene apoyando sin cortapisas. Es, además, un antikirchnerista declarado. En un reportaje con LA NACION, dijo que si el bloque de Unión por la Patria lo apoya no tendría inconvenientes en votar el pliego de Lijo
Alicia Kirchner
UXP-SANTA CRUZ
La hermana de Néstor Kirchner asumió en diciembre y está en su segunda etapa como senadora nacional. Aunque nunca hizo una bandera de su respaldo a Cristina Kirchner, su apellido la ubica en el sector que responde a la exvicepresidenta y la pone en un lugar destacado del bloque, al punto que fue elegida para integrar la estratégica comisión de Acuerdos.
Juliana Di Tullio
UXP-BUENOS AIRES
Preside el bloque de Unidad Ciudadana, la fracción “más kirchnerista” del interbloque de Unión por la Patria. Es una incondicional de Cristina Kirchner y una de las voces opositoras más duras en el Senado. No adelantó su voto, pero le será difícil explicar un apoyo a los candidatos propuestos por Javier Milei después de que el Gobierno nacional eligió a Río Negro, en detrimento de su provincia, para la millonaria inversión por el puerto de GNL.
Lucía Corpacci
UXP-CATAMARCA
Exgobernadora de Catamarca, está alineada con la conducción política de Cristina Kirchner y desde ese lugar es una del Gobierno. Con juego político provincial propio, tuvo la suficiente espalda para resistir el pedido del gobernador Raúl Jalil, que mandó al otro senador peronista, Guillermo Andrada, a votar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases.
Sergio Uñac
UXP-SAN JUAN
El sanjuanino perdió en diciembre el poder de su provincia a manos de la oposición y desde que llegó al Senado ha mantenido un estricto bajo perfil. Negoció con el Gobierno cambios a la Ley Bases, aunque en el momento de la votación en particular del RIGI se alineó en el rechazo de la mayoría de su bloque para sorpresa del oficialismo.
Claudia Ledesma
UXP-SANTIAGO DEL ESTERO
Es la esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que mantiene una buena relación con la Casa Rosada. Si bien terminará alineándose a lo que ordene el mandatario, tiene una fuerte inclinación por Cristina Kirchner, quien la designó como presidenta provisional del Senado durante los cuatro años de la administración de Alberto Fernández.
José Mayans
UXP-FORMOSA
Presidente de la bancada kirchnerista desde diciembre de 2019, fue una de las poleas de transmisión de las órdenes de Cristina Kirchner. Todavía abreva de las directivas del Instituto Patria, pero su terminal política última es el gobernador Gildo Insfrán, quien se vio beneficiado por la decisión de Lijo de remitir la causa The Old Fund a la justicia federal de la provincia norteña.
El Senado deberá abocarse al tratamiento de dos iniciativas que ya tienen media sanción de Diputados y que desafían el equilibrio fiscal que cuida celosamente Javier Milei. Los proyectos que buscan recomponer los haberes jubilatorios y garantizar el financiamiento de las universidades cuentan con el aval de una significativa porción de la oposición y condicionan los planes de la administración libertaria. Si ambos se convierten en ley tal como salieron de la Cámara baja, supondrán un costo fiscal de más de medio punto del PBI, la mitad del superávit logrado a lo largo de los primeros seis meses de gobierno.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf ), dirigido por Nadin Argañaraz, el superávit primario del primer semestre –sin contabilizar el pago de la deuda– asciende a $7 billones, lo que equivaldría al 1,1% del producto.
El incremento de los haberes jubilatorios tuvo dictamen del plenario de comisiones a principios de agosto y ya está en condiciones de ser discutido en el recinto. Fue acompañado por radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales. El oficialismo y Pro, en tanto, se opusieron.
Esta iniciativa fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero que no fue incluido en la actualización que el Presidente determinó por decreto en abril. Sumado a esto, define al índice de precios al consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.
Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales ascienden a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente al 0,13% del producto.
Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por Ripte. La legisladora indicó a que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula de “explosiva”: “Este agregado es asimétrico, ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista.
Por su parte, el proyecto de financiamiento universitario que la semana pasada tuvo el aval de Diputados todavía no ingresó al Senado ni tampoco fue abordado por las comisiones pertinentes antes de su desembarco en el recinto. No obstante, ya hay indicios que muestran que la iniciativa cuenta con una base sólida de adhesiones, suficientes para una mayoría simple. Basta con el kirchnerismo, un puñado de radicales y algunos referentes de bloques provinciales. Es probable, incluso, que la propuesta sea acompañada por la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Pro, quien con esta decisión se diferenciará de su bloque, férreo aliado del oficialismo. La senadora cercana al exalcalde de la Capital Federal Horacio Rodríguez Larreta defiende la universidad pública sin tapujos.
La iniciativa que prosperó, impulsada por la UCR, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar –cada dos meses y por inflación– los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios, además de reconocer la inflación acumulada desde enero.
Para informar el gasto que, de aprobarse, supondrá el proyecto para el Estado, el legislador radical Martín Tetaz chicaneó: “Tendrá un costo similar a los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) más la pauta presupuestaria de YPF”. A través del decreto de necesidad y urgencia 656/2024, Milei destinó $100.000 millones para fondos reservados del órgano de inteligencia.
“El señalamiento de Tetaz es muy gráfico para explicar que el Gobierno usa selectivamente y con mucha arbitrariedad el argumento de ‘no hay plata’ o de ‘degenerados fiscales’ para lo que no le asigna prioridad, pero no tiene la menor reserva en disponer de gasto para lo que sí considera prioritario”, indicó un referente de la UCR.
La respuesta de Tetaz se funda en una estimación elaborada por la miembro informante del dictamen Danya Tavela, que sitúa en $160.000 millones el cumplimiento de los cometidos de la iniciativa. Considera que hay que descontar lo que ya se pagó en términos de funcionamiento –270% en mayo– y de aumentos salariales, y que los incrementos podrán ser cuotificados. Según el análisis del legislador radical Lisandro Nieri, esto representa un costo de 0,03% del PBI.
Para Isidro Guardarucci, economista asociado a la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL), estas estimaciones son austeras. Guardarucci toma como base las transferencias a universidades en 2023, que fueron de $1,4 billones, de los cuales alrededor de un 80% supone el pago de salarios. “Según las cuentas, el deterioro real de los sueldos está en el orden del 39%, y eso es lo que van a recomponer. Esto te da un gasto del 0,23% del producto”, precisó.
La OPC informó que las partidas destinadas a las casas de estudios cayeron un 31% interanual a lo largo de los primeros siete meses del año. Los fondos para el pago de salarios de personal docente y autoridades superiores sumaron $0,9 billones (-30,6%) y los de salarios de personal no docente, $0,53 billones (-26,9%). La asistencia financiera para el funcionamiento universitario insumió $110.000 millones (-35,4%) y la asistencia financiera a hospitales universitarios, $40.000 millones (-25,3%).
La apuesta del Gobierno
Los proyectos cuentan en el Senado con un piso de avales suficiente para convertirse en ley. Sin embargo, hay dos variables que podrían jugar a favor del Gobierno: el tiempo y las mayorías.
“Tendrá apoyo, pero no sabemos si con cambios o no”, indicó un senador dialoguista sobre el proyecto de financiamiento universitario en la Cámara baja. Así como con la recomposición de los haberes jubilatorios, el oficialismo intentará negociar con la oposición la introducción de cambios a las iniciativas para devolverlas en segunda revisión a la Cámara baja y demorar la sanción definitiva.
Como plan B, Milei también podría utilizar el veto presidencial para impugnar las leyes. El primer mandatario ya advirtió al Congreso que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal, a pesar de que es probable que ir contra la voluntad de la mayoría suponga un costo político. Serán determinantes los avales con los que las propuestas resulten aprobadas en ambas Cámaras. En principio, Diputados le garantizó a la recomposición jubilatoria una mayoría especial de 160 voluntades difícil de revertir. El financiamiento de las universidades, en tanto, no logró ese caudal de adhesiones: se aprobó con 143 votos a favor, 77 negativos y una abstención.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó el viernes que “no está en agenda vetar” la ley de financiamiento universitario en caso de que sea aprobada en el Senado, siempre y cuando no “afecte el equilibrio fiscal”. “Del Poder Legislativo somos respetuosos. En el caso del presupuesto universitario le falta su promulgación definitiva. Hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al diálogo y jamás estuvo en riesgo la educación pública, menos aún las universidades”, explicó.
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Uno por uno, los senadores que definirán si Ariel Lijo da un primer paso hacia la Corte Suprema
Son los miembros de la Comisión de Acuerdos, que este miércoles deberán decidir si permiten que el pliego del juez federal llegue al recinto de la Cámara alta; se necesitan nueve firmas
Gustavo Ybarra
El juez Ariel LijoSon nueve firmas. Eso es lo que necesitarán Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para obtener la luz verde de la Comisión de Acuerdos del Senado y que su pliego pueda llegar al recinto de la Cámara alta, donde los esperará la prueba definitiva y más exigente, que es reunir el voto de los dos tercios de los presentes que le abrirá la puerta para ingresar a la Corte Suprema de Justicia.
Con siete miembros, el kirchnerismo es la primera minoría en la comisión que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) y que recibirá en audiencia pública a Lijo el próximo miércoles 21. Una semana después, será el turno de García-Mansilla de someterse a las preguntas de los senadores.
La segunda fuerza con más representantes es la UCR, con cuatro, seguida por los dos de Pro. El oficialismo sólo tiene un miembro, al igual que los bloques menores Unidad Federal, Cambio Federal y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.
La controvertida candidatura de Lijo sumó 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación en el Senado. La cifra marca una participación mucho menor a la registrada cuando un proceso similar se llevó a cabo en el Ministerio de Justicia, cuando el juez federal recibió más de 350 cuestionamientos a su postulación. Las objeciones contra el juez apuntan tanto a su escasa formación académica para acceder al máximo tribunal como al manejo y los tiempos que como magistrado le imprimió a las causas sensibles para el poder, además de su evolución patrimonial y el hecho de es postulado para ocupar la vacante que dejó una mujer, Helena Highton de Nolasco.
La nómina de los integrantes de la Comisión de Acuerdos, es la siguiente:
LOS 17 SENADORES QUE DEFINIRÁN LA SUERTE DE LIJO
EL JUEZ FEDERAL NECESITA EL VOTO DE NUEVE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ACUERDOS
Guadalupe Tagliaferri
PRO-CAPITAL
Es la presidenta de la Comisión de Acuerdos. Integrante de la línea que responde a Horacio Rodríguez Larreta de la escudería amarilla, versiones periodísticas la ubicaron anticipando su apoyo al pliego de Lijo en reuniones privadas, pero ella desmintió categóricamente haber adelantado su voto
Anabel Fernández Sagasti
UXP-MENDOZA
Es vicepresidenta de la comisión. Miembro de La Cámpora, responde de manera mecánica a los mandatos de Cristina Kirchner. Como todo el kirchnerismo, no anticipó cómo votará. Su apoyo al pliego de Lijo podría leerse como una confirmación de las sospechas de que la candidatura del juez federal fue acordada con la expresidenta
Beatriz Ávila
PRO-TUCUMÁN
Está integrada al bloque que conduce el cordobés Luis Juez como extrapartidaria, aunque está bastante alineada con el sector que responde a Mauricio Macri. Su fuerza política es el Partido por la Justicia Social, una franquicia peronista enfrentada con el PJ local que lideraba Juan Manzur y que ahora conduce Osvaldo Jaldo. Hasta ahora apoyó las iniciativas de la administración libertaria
Martín Lousteau
UCR-CAPITAL
Presidente a nivel nacional del centenario partido es un declarado opositor a Javier Milei. A pesar de su enfrentamiento con la Casa Rosada, no ha expresado como votará el pliego de Lijo. Es aliado de Emiliano Yacobitti y, por lo tanto, socio de Daniel Angelici y Enrique “Coti” Nosiglia, a quienes se sindica como promotores de la candidatura del juez federal
Pablo Blanco
UCR-TIERRA DEL FUEGO
Un auténtico líbero en la bancada radical, es lo que se conoce como un “sin techo”, ya que pertenece a una provincia en manos de otro partido. Apoyó al Gobierno en algunos debates, aunque se ha desmarcado de su bloque votando el rechazo al DNU 70/23, junto con Lousteau, y avaló el proyecto de movilidad jubilatoria que Milei dijo que vetará
Mariana Juri
UCR-MENDOZA
Responde al gobernador de su provincia, Alfredo Cornejo, que encabeza el lote de mandatarios radicales que se mantiene alineado en apoyo a la Casa Rosada. Es activa participante de las negociaciones con el oficialismo en el Senado y fue una de los arquitectas del acuerdo que le permitió a Victoria Villarruel, en diciembre, a derrotar al kirchnerismo por el control de la Cámara alta
Carolina Losada
UCR-SANTA FE.
La experiodista es la única senadora de su partido que anticipó su rechazo a la nominación de Lijo. Si bien ha sido orgánica con las posturas de la conducción del bloque y, por lo tanto, proclive a apoyar las propuestas legislativas del Gobierno, es una declarada antikirchnerista y una feroz crítica de las aptitudes morales y profesionales del juez federal para ser nombrado en la Corte Suprema.
Carlos Espínola
UNIDAD FEDERAL-CORRIENTES
En diciembre de 2022, abandonó el bloque kirchnerista cansado del verticalismo que imponía Cristina Kirchner. El cambio de manos del poder lo puso, junto a sus dos compañeros de bancada, en una situación de privilegio ya que son tres votos esenciales para Villarruel. Desde esa postura de fortaleza y de independencia del oficialismo ha negociado su apoyo cada vez que el Gobierno, como ocurrió con la Ley Bases, lo necesitó
Carlos Arce
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA-MISIONES
Es un orgánico del partido provincial que lidera el peronista Carlos Rovira y que gobierna la provincia desde hace dos décadas. Por lo tanto, su voto está íntimamente ligado a la relación financiera entre el gobierno de su provincia y la Nación que, hasta el momento y después de la crisis por el salario de los docentes, marcha por buenos carriles
Ezequiel Atauche
LA LIBERTAD AVANZA-JUJUY
Es el jefe de la bancada y único oficialista en la Comisión. En los últimos meses se ha alineado de manera clara con las directicas de Santiago Caputo, el asesor todo terreno del Gobierno, lo que lo ha llevado a mantener algunas discrepancias con Victoria Villarruel a la hora de definir la estrategia legislativa del oficialismo en la Cámara alta
Juan Carlos Romero
CAMBIO FEDERAL-SALTA
Este histórico dirigente peronista mantiene una estrecha sintonía con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, al que viene apoyando sin cortapisas. Es, además, un antikirchnerista declarado. En un reportaje con LA NACION, dijo que si el bloque de Unión por la Patria lo apoya no tendría inconvenientes en votar el pliego de Lijo
Alicia Kirchner
UXP-SANTA CRUZ
La hermana de Néstor Kirchner asumió en diciembre y está en su segunda etapa como senadora nacional. Aunque nunca hizo una bandera de su respaldo a Cristina Kirchner, su apellido la ubica en el sector que responde a la exvicepresidenta y la pone en un lugar destacado del bloque, al punto que fue elegida para integrar la estratégica comisión de Acuerdos.
Juliana Di Tullio
UXP-BUENOS AIRES
Preside el bloque de Unidad Ciudadana, la fracción “más kirchnerista” del interbloque de Unión por la Patria. Es una incondicional de Cristina Kirchner y una de las voces opositoras más duras en el Senado. No adelantó su voto, pero le será difícil explicar un apoyo a los candidatos propuestos por Javier Milei después de que el Gobierno nacional eligió a Río Negro, en detrimento de su provincia, para la millonaria inversión por el puerto de GNL.
Lucía Corpacci
UXP-CATAMARCA
Exgobernadora de Catamarca, está alineada con la conducción política de Cristina Kirchner y desde ese lugar es una del Gobierno. Con juego político provincial propio, tuvo la suficiente espalda para resistir el pedido del gobernador Raúl Jalil, que mandó al otro senador peronista, Guillermo Andrada, a votar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases.
Sergio Uñac
UXP-SAN JUAN
El sanjuanino perdió en diciembre el poder de su provincia a manos de la oposición y desde que llegó al Senado ha mantenido un estricto bajo perfil. Negoció con el Gobierno cambios a la Ley Bases, aunque en el momento de la votación en particular del RIGI se alineó en el rechazo de la mayoría de su bloque para sorpresa del oficialismo.
Claudia Ledesma
UXP-SANTIAGO DEL ESTERO
Es la esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que mantiene una buena relación con la Casa Rosada. Si bien terminará alineándose a lo que ordene el mandatario, tiene una fuerte inclinación por Cristina Kirchner, quien la designó como presidenta provisional del Senado durante los cuatro años de la administración de Alberto Fernández.
José Mayans
UXP-FORMOSA
Presidente de la bancada kirchnerista desde diciembre de 2019, fue una de las poleas de transmisión de las órdenes de Cristina Kirchner. Todavía abreva de las directivas del Instituto Patria, pero su terminal política última es el gobernador Gildo Insfrán, quien se vio beneficiado por la decisión de Lijo de remitir la causa The Old Fund a la justicia federal de la provincia norteña.
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