DE UN MUNDO A OTRO Y EDITORIALES

 El lenguaje violento, una grave amenaza para las democracias

De un mundo a otro. La intolerancia verbal que circula por las redes alimenta los discursos de odio de la política y convierte a internet en un nuevo campo de batalla Carlos A. Mutto
PARíS Especialista en inteligencia económica y periodista

Después que terminó de coleccionar diplomas en las universidades de Harvard, Brown y Oxford, el historiador norteamericano Timothy D. Snyder consagró más de 30 años a estudiar las desdichas que azotaron esas “tierras de sangre” de Europa Central que fueron martirizadas por Adolf Hitler y Josef Stalin. Especializado en la historia de ese volcán político azotado por sucesivos ciclos de guerras y totalitarismo, en 2017 reunió “20 lecciones aprendidas de los regímenes tiránicos del siglo XX”, que aún siguen vigentes y continúan amenazando a las democracias contemporáneas. En ese volumen de 128 páginas, sobriamente titulado Sobre la tiranía, recuerda que “la historia no se repite, pero sí alecciona”. Por eso, vive aterrado por la polarización política y el lenguaje violento que emplean –cada vez con más frecuencia y mayor vehemencia– los principales dirigentes occidentales para zapar las instituciones e instaurar regímenes autoritarios. En la práctica, esas 20 lecciones son un catálogo de consejos para “evitar convertirse en cómplices de un proceso político que puede derivar en una autocracia”. Snyder completó esa reflexión tres años después con The Road to Unfreedom (traducido como “El camino hacia la no libertad”), una radiografía sobre los riesgos que presenta la pérfida utilización de internet, como demostraron el Brexit y el ascenso al poder de Donald Trump.
La ola de violencia política y agresiones verbales que se extiende por todo Occidente –y amenaza con anegarlo por completo– preocupa seriamente a los políticos democráticos, organizaciones internacionales e instituciones de defensa de las libertades porque constituye el desafío más serio que debieron enfrentar desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
“Cuando se estandariza el lenguaje de odio, abre la vía a la supresión de los derechos cívicos y al establecimiento de regímenes opresivos que estimulan un resurgimiento del fascismo a escala mundial con consecuencias devastadoras para las democracias”, advirtió la exsecretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright en su libro Fascismo. Una advertencia.
No es descabellado percibir el futuro de esa manera y adivinar los tornados que aparecen en el horizonte como consecuencia del comportamiento generalmente autoritario e intolerante y, por lo general, resultado de una progresiva reclusión en torres de cristal, lo que acentúa su aislamiento de la realidad. Ese encierro físico y psicológico se agrava cuando esos líderes se dejan arrastrar progresivamente por el torbellino de las redes sociales, que algunos psicólogos, como Sherry Turkle, consideran como una sublimación de la guerra.
Un informe de la Unesco de 2020 reveló un aumento del 20% de “discursos odiosos” en las expresiones públicas, particularmente en las principales plataformas sociales, como resultado del anonimato en línea, la polarización política y los algoritmos que amplifican los contenidos convertibles de las redes. Esa dinámica de acción-reacción terminó por generar una extraña patología conocida como “nomofobia” (abreviatura “no-mobile-phone phobia”) que afecta a no menos de 3000 millones de usuarios compulsivos de las redes cuando deben prescindir del celular. La epidemia –menos letal que el Covid-19, pero igualmente peligrosa para la salud mental– es una adicción fuerte, tan peligrosa como una droga, que constriñe a los adictos más graves a dedicar 4 horas y 48 minutos por día a consultar su pantalla. Los más frágil es desarrollan un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que consiste en mirar su teléfono210 veces y tocarlo, en promedio, otras 2617 veces para scrollear y manipular el aparato, según un estudio realizado con la aplicación DScout entre 94 voluntarios. En los casos de patología elevada, esa cifra puede llegar a 5427 interacciones por día.
Los seguidores de esas plataformas viven en un estado de angustia, pánico, inquietud y fragilidad nerviosa que los coloca en situación de extrema fertilidad frente a la obsesiva siembra de fake news, comentarios odiosos y ataques que destilan las redes sociales y también los ingenieros del odio que operan por radio, televisión e incluso en la prensa escrita para capitalizar el malestar de la gente. “El core business que explotan los pirómanos sociales es la rabia”, sostiene la filósofa suiza Marianne Hänseler.
Si bien Hannah Arendt murió en 1975, sus análisis conservan vigencia en el siglo XXI. Sus advertencias sobre la manipulación y la propagación del lenguaje para preparar el terreno a los regímenes totalitarios, formuladas en 1951 en Los orígenes del totalitarismo, confirman la célebre sentencia de Jean-Paul Sartre: “Las palabras se convierten en instrumentos de poder”.
John Suler, profesor de psicología en la Rider University, explicó en su libro The Online Disinhibition Effect que “el anonimato y la distancia psicológica por internet pueden conducir a comportamientos extremos, incluyendo una mayor agresividad”. Ese efecto de desinhibición opera tanto para el emisor como para el receptor de los mensajes.
Después de estudiar el comportamiento de Trump, el psicólogo John Gartner, exprofesor en la Universidad Johns Hopkins, y su colega Bandy Lee, psiquiatra en Yale, llegaron a la conclusión de que presentaba síntomas de disturbios de personalidad narcisista, así como una “necesidad constante de validación”, que fomentan una fuerte tendencia agresiva. La psiquiatra Mary Trump –sobrina del expresidente– describió en su libro Too Much and Never Enough (Demasiado y nunca suficiente) que Trump “combina elementos de narcisismo, psicopatía y actitudes paranoicas”. Ese cuadro de “narcisismo perverso” puede resultar extremadamente peligroso cuando se trata de una persona que posee autoridad y poder, no solo como Trump o Putin, sino como otros líderes políticos de Occidente. El mejor ejemplo lo aporta el experiodista Bob Woodward en su libro Fear: Trump in The White House (“Miedo: Trump en la Casa Blanca”) cuando enumera decisiones importantes que adoptó cuando era presidente en forma impulsiva, con frecuencia sin consultar a sus consejeros o expertos, como el retiro del Tratado de París sobre el Clima o el abandono del Acuerdo Nuclear con Irán. En varias ocasiones, asegura, sus principales colaboradores debieron intervenir para evitar crisis mayores. Sobre ese tema, existen bibliotecas de psicología política, ciencias comportamentales y estudios de liderazgo que describen los riesgos asociados que pueden tener las decisiones impulsivas e imprevisibles adoptadas por un jefe de Estado que presenta síntomas de desorden de personalidad narcisista (NPD, en inglés). “Esos riesgos se agudizan en contexto de crisis, estrés o percepción de amenazas o frustración”, confirma El peligroso caso de Donald Trump, un trabajo en el que Lee reunió la opinión de 27 expertos en salud mental que abordan específicamente las reacciones impulsivas o las actitudes erráticas del exocupante de la Casa Blanca.
La aceleración de la vida política, la polarización de las ideologías, las crisis económicas y sociales y –sobre todo– la radicalización del populismo en ascenso terminaron por convertir las redes sociales en auténticos campos de batalla que fragilizan peligrosamente las instituciones. En How Democracies Die (“Cómo mueren las democracias”), S. Levitsky y D. Ziblatt pronostican un aumento de esas tendencias explosivas que están cavando la tumba de las sociedades democráticas de Occidente.
Los insultos y agresiones por internet son una sublimación de la guerra
Si bien Hannah Arendt murió en 1975, sus análisis conservan vigencia

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La polémica por las visitas a una cárcel
La presencia de legisladores oficialistas en una unidad penal que aloja a exmilitares ha sido objeto de ideologizadas e injustas críticas
La visita efectuada semanas atrás por cinco diputados oficialistas a la unidad carcelaria donde se encuentran alojados militares ya ancianos, acusados o condenados por delitos de lesa humanidad –en algunos casos, desde hace 25 años–, ha seguido provocando reacciones, incluyendo una vergonzosa disputa en el propio bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja. En lo esencial, ese eco ha puesto en evidencia cómo una sociedad política cuya dirigencia se encuentra en no pocos casos anclada en lo peor del pasado se yergue en censora de quien piensa diferente y actúa de manera ajena a las convenciones por ella establecida. Cunde así la cultura del desencuentro y la cancelación y, lo que resulta aún más grave, desconoce normas que han regido con el propósito de que nos comportemos civilizadamente.
Los diputados de diversos bloques que pretenden sancionar a aquel grupo de legisladores han olvidado que fue el propio Poder Legislativo, en noviembre de 2022, el que confirió jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa convención obliga al Estado argentino a proteger sin distingos a la ancianidad, prescribiendo una serie de privilegios, cuidados y beneficios especiales en favor de los mayores de 65 años, tanto en lo administrativo como en lo legislativo y judicial. Del mismo modo, la ley 24.660, reformada en 2008, contempla el derecho a la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años.
Las disposiciones de la citada convención, elevada por el Congreso a la jerarquía constitucional, disponen que las medidas que se adopten deben favorecer a todos los adultos mayores sin discriminación alguna.
Varias de las alternativas que se produzcan en ese sentido están previstas entre las reglas sancionadas recientemente en el Código Procesal Federal. Los legisladores hacen normas que no cumplen y determinados jueces y fiscales no las aplican cuando se trata de acusados o condenados por delitos de lesa humanidad. Lo hacen con fundamentos sesgados e inadmisibles que infieren una inocultable y arbitraria discriminación. Esta se advirtió cuando se encargaron de beneficiar con la libertad o la detención domiciliaria en fastuosas mansiones a imputados o condenados por la escandalosa corrupción del gobierno kirchnerista. La lista es larga y abarca a ciudadanos que ni siquiera están protegidos por la citada convención: van desde vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado hasta familiares de estos y cómplices de toda laya.
El segundo y todavía más imperdonable olvido de nuestros dirigentes concierne a la letra del artículo 18 de la Constitución nacional, según el cual las cárceles de la nación son para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que bajo pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice.
Esta cláusula fue ratificada por los tratados internacionales humanitarios que la dirigencia política incorporó a la Constitución 140 años después de que entrara a regir. ¿Cuándo perdió el Poder Judicial el rumbo de la legalidad y la igualdad ante la ley? ¿Cuándo renunció nuestra clase política al deber docente de que la ley se cumpla sin excepciones? ¿Quién se atreve a levantar la mano?
Es absolutamente cierto que muchas víctimas y familiares dañados para siempre por las conductas de no pocos de estos presos se encuentran vivos y las visitas de legisladores nacionales pueden ofenderlos o lasEl timarlos moralmente. Hay que computar con amplitud y comprensión la naturaleza de esos sentimientos.
Pero es importante recordar que la Argentina no solo tiene vigentes normas que deben ser respetadas sin distingo, sino que es heredera de la cultura del perdón expresado tantas veces en el historial argentino desde la Asamblea General de 1813. Ese historial es también parte de una cultura de la misericordia, manifestada en actos concretos humanitarios y de caridad, como lo es la visita a los presos, que podría ser vista como un aporte a la concordia.
Nuestros dirigentes han pretendido limitar la actividad de legisladores elegidos democráticamente a través de pedidos de sanciones o denuncias penales que carecen de todo sustento. Tienen un fin amedrentador para cualquiera que se atreva a desafiar el perverso relato maniqueísta que divide nuestro pasado entre buenos y malos. Parecería que en los años 70 solo hubo jóvenes subversivos que levantaban ideales patrióticos, mientras que la represalia contra ellos no provenía más que de quienes respondían a inexplicables afanes asesinos. La verdad es que ambas partes utilizaron medios terroristas inaceptables desde cualquier punto de vista humanitario, doblemente agravados cuando para hacerlo de tal modo una parte apeló a la complicidad de otros Estados –Cuba, entre otros–, en tanto el Estado argentino se deshonró con su propia metodología terrorista en la represión, cuando tenía, por ser precisamente el Estado, una responsabilidad superior en la preservación de las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Es un debate en el que nadie puede tirar la primera piedra y todos debemos aportar lo mejor de nuestro discernimiento en favor de la reconciliación nacional.

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Niños sin jardines
Apoco de conocerse el informe de Unicef que reportó que un millón de niños argentinos se van a dormir sin haber comido, el Observatorio del Desarrollo Humano y Vulnerabilidad de la Universidad Austral aportó datos sobre otras variables que también condicionan el bienestar infantil.
Si bien la ley nacional de educación, de 2006, garantiza el acceso a la educación inicial a partir de los 45 días y hasta los 5 años de edad, el observatorio universitario reveló que más de un tercio de los chicos de entre 3 y 4 años nunca recibieron ningún tipo de educación formal. Casi 6 de cada 10 chicos dentro de ese rango etario asisten 4 horas a la escuela y el 67 por ciento lo hacen en establecimientos de gestión pública.
cerebro humano alcanza el 90% de su tamaño en los primeros cinco años. Invertir en el desarrollo de la primera infancia es la estrategia probadamente más efectiva para obtener mejores retornos.
Un estudio de Argentinos por la Educación del año pasado daba cuenta de que en la Argentina aún quedan por construir al menos 24.202 aulas para llegar a la cobertura total de sala de 3, 4 y 5 años.
Distintos países evidencian efectos concluyentes de las intervenciones en educación a temprana edad. La construcción de jardines de infantes aumenta la asistencia a ellos. Complementada con una calidad de enseñanza adecuada, mejora los rendimientos en lengua y matemática en la primaria, dispara también las tasas de permanencia en la escuela y el número de años completados, así como se reducen también las de abandono y se potencian las chances de terminar el secundario e ingresar a la universidad.
La educación inicial es un derecho de los más pequeños y una responsabilidad indelegable de los adultos para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Es indispensable poner todos los días el foco en los niños y no solo una vez al año, cuando se celebra su día y, en rigor, solo algunos tendrán la fortuna de recibir un regalo. La dolorosa realidad de la niñez de nuestro país está lejos de merecer festejos. Debemos empezar por lo más importante, que es atender su educación temprana. Hay mucho por hacer.

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