El Gobierno pone un pie en la Justicia Laboral, un bastión sindical
El secretario de Trabajo incorpora al Diálogo Social a camaristas que fallaron en contra de la reforma laboral del DNU de Milei y tiende puentes con la Corte por los cálculos indemnizatorios
Nicolás Balinotti
Los empresarios Funes de Rioja y Weiss con Julio Cordero
Mientras que la política gira alrededor del escándalo de violencia de género y corrupción que surgió del peritaje al teléfono de la histórica secretaria del expresidente Alberto Fernández, el Gobierno acelera en silencio en su intento de llevar a la práctica una reforma laboral muchísimo más amplia de la que se aprobó en el Congreso en la Ley Bases.
Dio ya un primer paso al alinear a los empresarios más poderosos agrupados en el G-6 y en abrir una grieta en la CGT, entre duros y dialoguistas. El desafío de Javier Milei es ahora avanzar sobre la Justicia Laboral, un fuero en el que se mantienen vigentes la influencia y el lobby gremial.
Julio Cordero, el abogado histórico del Grupo Techint que asumió como secretario de Trabajo, invitó esta semana a sumarse a la mesa de Diálogo Social a Mario Fera, uno de los camaristas que fallaron en contra y consideraron “inconstitucional” el capítulo IV del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, el atajo al que recurrió Milei para modificar la legislación laboral sin un mero debate legislativo.
De aceptar la citación, Fera no será el único juez laboral alrededor de esa mesa: ya se incorporó Manuel Diez Selva, que participó de la primera convocatoria, inaugurada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el ideólogo del DNU que está aún bajo revisión de la Corte Suprema. En ese primer encuentro, los empresarios dejaron firme su postura: “Para nosotros, la agenda es el DNU 70/23. Para nosotros, el decreto está vigente”, plantó bandera Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio. Su mensaje fue reforzado después por Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Andrés Valls (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) y Marcos Pereda (Sociedad Rural Argentina).
Las conversaciones de Cordero con diferentes jueces del fuero laboral se aceleraron después de los recientes fallos de la Corte Suprema que empujaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a revisar dos sentencias con la intención de limitar los intereses en los juicios por indemnización. La disyuntiva es indexar o no. Todo un dilema en una economía volátil.
El jueves pasado hubo una reunión de urgencia de los camaristas laborales para intentar alcanzar una postura común ante un reiterado tirón de orejas de la Corte por los “desproporcionados” intereses establecidos en dos sentencias. Hubo posiciones disímiles y el debate jurídico promete continuar. Una señal de cambio de época, interpretaron algunos habitúes del fuero.
Este choque interno entre los jueces más tradicionales y los más ideologizados hace que sea imperioso en un contexto de inflación redefinir la tasa de interés para los créditos laborales y establecer una capitalización periódica, mediante ley nacional o acuerdo judicial.
La industria del juicio
Gustavo Ciampa, un abogado laboralista al que se vincula con el kirchnerismo, propuso hace tres años establecer un índice que tome de referencia el kilo de asado. Una suerte de índice Big Mac, pero criollo. En un artículo en Página 12 de junio de 2022, Ciampa exhibió ejemplos reales y concretos que buscaron derribar el mito de que los trabajadores lucran haciendo juicio a las empresas. Hay otros casos a la inversa, por ejemplo, que son los que plantearon en conjunto ante la Corte Suprema dos entidades empresarias vinculadas al campo y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que rechazan aplicar como actualización el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más el 6 por ciento por considerarlo “desproporcionado”. Dos caras de lo que Mauricio Macri llamó “la industria del juicio”. En definitiva, la demora de los procesos licúa las deudas del empleador, pero también los créditos del trabajador. La solución sigue pendiente.
En la Justicia Laboral nacional se desempeñan unas 1500 personas y cuenta con menos presupuesto y recursos que otros sectores, según fuentes del gremio judicial. Hay seis vacantes sin cubrir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y 20 en los juzgados de primera instancia. Los casilleros en blanco obligan a rotar jueces [hay subrogantes en las salas y juzgados] y la sobrecarga hace que un expediente por un despido pueda demorarse entre ocho y diez años, de acuerdo con la explicación que dieron a la dos reconocidos jueces del nacion fuero.
Esas vacantes claves podrían ser más en el corto plazo, cuando por una cuestión de edad deban dejar su cargo los jueces Daniel Stortini, titular de la Sala X, y Graciela Lucía Craig, de la Sala VI. Craig es la esposa de Héctor Recalde, exdiputado kirchnerista e histórico abogado laboralista vinculado a la CGT y a Hugo Moyano.
Recalde conserva poder e influencia en el fuero: cuenta con jueces aliados en por lo menos cinco de las diez salas de la Cámara de Apelaciones, según reconstruyó la a partir de fuentes judiciales, nacion sindicales y empresarias.
Las observaciones del máximo tribunal coincidieron esta semana con la reglamentación de otro DNU, el que modificó el régimen de propinas para favorecer la utilización de medios de pago digitales. La reforma, que va en línea con el auge de las billeteras virtuales, incluyó en su letra chica un punto polémico: las propinas dejan de ser parte de la remuneración, pero sí son alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Es decir, la base de cálculo de las indemnizaciones por despido de trabajadores que dependan de las propinas se reduce sustancialmente. Impacta sobre todo en el rubro gastronómico y el del turismo.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, se entusiasma con un proyecto de ley que va a contramano de lo que pretende Sturzenegger: ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y podría convertirse en ley a fin del mes en curso una iniciativa que multiplica por siete las indemnizaciones, lo que eleva el cálculo ante un posible despido. Es una suerte de blindaje ante los 175.746 empleos registrados que se perdieron entre noviembre y mayo, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los libertarios y sus aliados de Pro y la UCR se oponen y advirtieron sobre sus consecuencias negativas en el sector productivo.
Desde la génesis de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, cuyo contenido laboral fue elaborado por Cordero siendo abogado de Techint, Milei pretende dinamitar la influencia sindical en la Justicia Laboral. De hecho, su primer secretario de Trabajo, Omar Yasin, impulsó casi como primera medida la necesidad de traspasar la Justicia Laboral al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde desde hace 17 años manda Pro.
Para que ese traslado suceda, debería enviarse un proyecto de ley al Congreso de la Nación y ser aprobado, y después ser tratado por la Legislatura porteña. Algunos abogados laboralistas afirman que sería “inconstitucional”.
Si alguna vez se concreta la mudanza, para Macri sería una suerte de revancha porque ya lo había intentado sin éxito durante su gestión, cuando se refirió a “la mafia de los juicios laborales” y a “la industria del juicio”, y denunció a magistrados por avalar reclamos salariales, retrotraer descuentos por días de huelga y exigir la reincorporación de personal despedido de organismos públicos.
Sin confrontar con los jueces, el Gobierno delegó las gestiones públicas en Cordero, pero también en otros operadores judiciales que tendrían línea directa con Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte que habría sido clave para que Milei se incline a postular a Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal. La suerte de Lijo y Manuel GarcíaMansilla, el otro candidato a la Corte del oficialismo, sería determinante para que el oficialismo se decida a ocupar las numerosas vacantes que existen hoy en el fuero laboral. Una ingeniería que necesitaría de alianzas políticas en el Congreso y el Consejo de la Magistratura. Difícil, pero no imposible para un gobierno con minorías legislativas.
Como parte del mismo plan, Cordero logró quebrar a la CGT y sumó el jueves último a representantes sindicales a la mesa de Diálogo Social, en la que en este segundo encuentro se debatió sobre la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el empleo.
La comitiva cegetista estuvo encabezada por Argentino Geneiro, uno de los peones de confianza de Luis Barrionuevo. Geneiro asistió junto con dirigentes de segunda línea de otros sindicatos del ala dialoguista, como lo son Sanidad, Uocra, Comercio, Seguro y Obras Sanitarias. Este gesto le sirvió a Cordero para reabrir el diálogo con los gremios y dejar al descubierto las diferencias internas en la CGT entre los que están dispuestos a negociar y los más combativos, liderados por Pablo Moyano, quien se mostró con el estatal Rodolfo Aguiar, un crítico de la pasividad cegetista que explora consensos para activar una protesta contra el ajuste.
La semana que viene la cúpula cegetista tiene previsto un encuentro reservado para trazar su hoja de ruta y deliberar sobre su vínculo con el Gobierno. El tercer paro general contra Milei que algunos sectores vienen gestando se distingue cada vez más lejos por la descomposición en la que está sumido el peronismo a partir del escándalo de Alberto Fernández.
“No hay clima de paro, mucho menos con el quilombo de Alberto. Fue un sismo, que todavía no sabemos cuándo se termina. Pablo Moyano no va a poder romper la CGT”, reconoció un influyente dirigente sindical que supo ser un incondicional del expresidente. En la CGT hay una sensación de que los resultados del peritaje al teléfono de Fernández podrían terminar con el PJ tal como está hoy representado.
Los 12 asesores de Cordero
Frente a este contexto, el sector mayoritario de la CGT aceptó la convocatoria del secretario de Trabajo. La palabra de Cordero, sin embargo, perdió credibilidad entre los sindicalistas. No solo ven que no tiene casi injerencia, sino que algunas de sus promesas no se llevan a cabo. Esta semana, en una comisión de la Cámara de Diputados, por ejemplo, comenzaron a debatirse los proyectos de ley para limitar los mandatos sindicales y los que pretenden eliminar “la cuota solidaria”, dos medidas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremios en caso de que prosperen en el Congreso. Cordero les había dicho que eso no ocurriría, ni que tenía aval oficial, a pesar de que detrás de esas iniciativas está la mano de Sturzenegger. Es un tema que renueva la desconfianza más allá de que Cordero y la mayoría de los jefes sindicales se conocen desde hace décadas.
Las tensiones entre Cordero y Sturzenegger, que en este caso es su superior, se acentuaron cuando se conoció que el secretario de Trabajo nombró el mes pasado 12 asesores, algunos de ellos con sueldos de más de $2.500.000 y con actividad activa en el sector privado. Entre las designaciones, figura una abogada que se desempeñó en el estudio jurídico del hijo de Hugo Moyano. ¿Casualidad o un gesto hacia el líder camionero?
Cordero tuvo contacto con jueces laborales y también con la Corte por los fallos por los cálculos indemnizatorios
El secretario de Trabajo contrató a 12 asesores con sueldos altos y tensiona con Sturzenegger
El sector dialoguista de la CGT se desmarcó de Moyano y no está por ahora en los planes activar el tercer paro general
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Sin planes, la indigencia se hubiera disparado a casi el 25%
Uno de cada cuatro argentinos habría estado en esa situación en el primer trimestre
Mientras que la política gira alrededor del escándalo de violencia de género y corrupción que surgió del peritaje al teléfono de la histórica secretaria del expresidente Alberto Fernández, el Gobierno acelera en silencio en su intento de llevar a la práctica una reforma laboral muchísimo más amplia de la que se aprobó en el Congreso en la Ley Bases.
Dio ya un primer paso al alinear a los empresarios más poderosos agrupados en el G-6 y en abrir una grieta en la CGT, entre duros y dialoguistas. El desafío de Javier Milei es ahora avanzar sobre la Justicia Laboral, un fuero en el que se mantienen vigentes la influencia y el lobby gremial.
Julio Cordero, el abogado histórico del Grupo Techint que asumió como secretario de Trabajo, invitó esta semana a sumarse a la mesa de Diálogo Social a Mario Fera, uno de los camaristas que fallaron en contra y consideraron “inconstitucional” el capítulo IV del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, el atajo al que recurrió Milei para modificar la legislación laboral sin un mero debate legislativo.
De aceptar la citación, Fera no será el único juez laboral alrededor de esa mesa: ya se incorporó Manuel Diez Selva, que participó de la primera convocatoria, inaugurada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el ideólogo del DNU que está aún bajo revisión de la Corte Suprema. En ese primer encuentro, los empresarios dejaron firme su postura: “Para nosotros, la agenda es el DNU 70/23. Para nosotros, el decreto está vigente”, plantó bandera Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio. Su mensaje fue reforzado después por Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Andrés Valls (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) y Marcos Pereda (Sociedad Rural Argentina).
Las conversaciones de Cordero con diferentes jueces del fuero laboral se aceleraron después de los recientes fallos de la Corte Suprema que empujaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a revisar dos sentencias con la intención de limitar los intereses en los juicios por indemnización. La disyuntiva es indexar o no. Todo un dilema en una economía volátil.
El jueves pasado hubo una reunión de urgencia de los camaristas laborales para intentar alcanzar una postura común ante un reiterado tirón de orejas de la Corte por los “desproporcionados” intereses establecidos en dos sentencias. Hubo posiciones disímiles y el debate jurídico promete continuar. Una señal de cambio de época, interpretaron algunos habitúes del fuero.
Este choque interno entre los jueces más tradicionales y los más ideologizados hace que sea imperioso en un contexto de inflación redefinir la tasa de interés para los créditos laborales y establecer una capitalización periódica, mediante ley nacional o acuerdo judicial.
La industria del juicio
Gustavo Ciampa, un abogado laboralista al que se vincula con el kirchnerismo, propuso hace tres años establecer un índice que tome de referencia el kilo de asado. Una suerte de índice Big Mac, pero criollo. En un artículo en Página 12 de junio de 2022, Ciampa exhibió ejemplos reales y concretos que buscaron derribar el mito de que los trabajadores lucran haciendo juicio a las empresas. Hay otros casos a la inversa, por ejemplo, que son los que plantearon en conjunto ante la Corte Suprema dos entidades empresarias vinculadas al campo y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que rechazan aplicar como actualización el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más el 6 por ciento por considerarlo “desproporcionado”. Dos caras de lo que Mauricio Macri llamó “la industria del juicio”. En definitiva, la demora de los procesos licúa las deudas del empleador, pero también los créditos del trabajador. La solución sigue pendiente.
En la Justicia Laboral nacional se desempeñan unas 1500 personas y cuenta con menos presupuesto y recursos que otros sectores, según fuentes del gremio judicial. Hay seis vacantes sin cubrir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y 20 en los juzgados de primera instancia. Los casilleros en blanco obligan a rotar jueces [hay subrogantes en las salas y juzgados] y la sobrecarga hace que un expediente por un despido pueda demorarse entre ocho y diez años, de acuerdo con la explicación que dieron a la dos reconocidos jueces del nacion fuero.
Esas vacantes claves podrían ser más en el corto plazo, cuando por una cuestión de edad deban dejar su cargo los jueces Daniel Stortini, titular de la Sala X, y Graciela Lucía Craig, de la Sala VI. Craig es la esposa de Héctor Recalde, exdiputado kirchnerista e histórico abogado laboralista vinculado a la CGT y a Hugo Moyano.
Recalde conserva poder e influencia en el fuero: cuenta con jueces aliados en por lo menos cinco de las diez salas de la Cámara de Apelaciones, según reconstruyó la a partir de fuentes judiciales, nacion sindicales y empresarias.
Las observaciones del máximo tribunal coincidieron esta semana con la reglamentación de otro DNU, el que modificó el régimen de propinas para favorecer la utilización de medios de pago digitales. La reforma, que va en línea con el auge de las billeteras virtuales, incluyó en su letra chica un punto polémico: las propinas dejan de ser parte de la remuneración, pero sí son alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Es decir, la base de cálculo de las indemnizaciones por despido de trabajadores que dependan de las propinas se reduce sustancialmente. Impacta sobre todo en el rubro gastronómico y el del turismo.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, se entusiasma con un proyecto de ley que va a contramano de lo que pretende Sturzenegger: ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y podría convertirse en ley a fin del mes en curso una iniciativa que multiplica por siete las indemnizaciones, lo que eleva el cálculo ante un posible despido. Es una suerte de blindaje ante los 175.746 empleos registrados que se perdieron entre noviembre y mayo, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los libertarios y sus aliados de Pro y la UCR se oponen y advirtieron sobre sus consecuencias negativas en el sector productivo.
Desde la génesis de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, cuyo contenido laboral fue elaborado por Cordero siendo abogado de Techint, Milei pretende dinamitar la influencia sindical en la Justicia Laboral. De hecho, su primer secretario de Trabajo, Omar Yasin, impulsó casi como primera medida la necesidad de traspasar la Justicia Laboral al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde desde hace 17 años manda Pro.
Para que ese traslado suceda, debería enviarse un proyecto de ley al Congreso de la Nación y ser aprobado, y después ser tratado por la Legislatura porteña. Algunos abogados laboralistas afirman que sería “inconstitucional”.
Si alguna vez se concreta la mudanza, para Macri sería una suerte de revancha porque ya lo había intentado sin éxito durante su gestión, cuando se refirió a “la mafia de los juicios laborales” y a “la industria del juicio”, y denunció a magistrados por avalar reclamos salariales, retrotraer descuentos por días de huelga y exigir la reincorporación de personal despedido de organismos públicos.
Sin confrontar con los jueces, el Gobierno delegó las gestiones públicas en Cordero, pero también en otros operadores judiciales que tendrían línea directa con Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte que habría sido clave para que Milei se incline a postular a Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal. La suerte de Lijo y Manuel GarcíaMansilla, el otro candidato a la Corte del oficialismo, sería determinante para que el oficialismo se decida a ocupar las numerosas vacantes que existen hoy en el fuero laboral. Una ingeniería que necesitaría de alianzas políticas en el Congreso y el Consejo de la Magistratura. Difícil, pero no imposible para un gobierno con minorías legislativas.
Como parte del mismo plan, Cordero logró quebrar a la CGT y sumó el jueves último a representantes sindicales a la mesa de Diálogo Social, en la que en este segundo encuentro se debatió sobre la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el empleo.
La comitiva cegetista estuvo encabezada por Argentino Geneiro, uno de los peones de confianza de Luis Barrionuevo. Geneiro asistió junto con dirigentes de segunda línea de otros sindicatos del ala dialoguista, como lo son Sanidad, Uocra, Comercio, Seguro y Obras Sanitarias. Este gesto le sirvió a Cordero para reabrir el diálogo con los gremios y dejar al descubierto las diferencias internas en la CGT entre los que están dispuestos a negociar y los más combativos, liderados por Pablo Moyano, quien se mostró con el estatal Rodolfo Aguiar, un crítico de la pasividad cegetista que explora consensos para activar una protesta contra el ajuste.
La semana que viene la cúpula cegetista tiene previsto un encuentro reservado para trazar su hoja de ruta y deliberar sobre su vínculo con el Gobierno. El tercer paro general contra Milei que algunos sectores vienen gestando se distingue cada vez más lejos por la descomposición en la que está sumido el peronismo a partir del escándalo de Alberto Fernández.
“No hay clima de paro, mucho menos con el quilombo de Alberto. Fue un sismo, que todavía no sabemos cuándo se termina. Pablo Moyano no va a poder romper la CGT”, reconoció un influyente dirigente sindical que supo ser un incondicional del expresidente. En la CGT hay una sensación de que los resultados del peritaje al teléfono de Fernández podrían terminar con el PJ tal como está hoy representado.
Los 12 asesores de Cordero
Frente a este contexto, el sector mayoritario de la CGT aceptó la convocatoria del secretario de Trabajo. La palabra de Cordero, sin embargo, perdió credibilidad entre los sindicalistas. No solo ven que no tiene casi injerencia, sino que algunas de sus promesas no se llevan a cabo. Esta semana, en una comisión de la Cámara de Diputados, por ejemplo, comenzaron a debatirse los proyectos de ley para limitar los mandatos sindicales y los que pretenden eliminar “la cuota solidaria”, dos medidas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremios en caso de que prosperen en el Congreso. Cordero les había dicho que eso no ocurriría, ni que tenía aval oficial, a pesar de que detrás de esas iniciativas está la mano de Sturzenegger. Es un tema que renueva la desconfianza más allá de que Cordero y la mayoría de los jefes sindicales se conocen desde hace décadas.
Las tensiones entre Cordero y Sturzenegger, que en este caso es su superior, se acentuaron cuando se conoció que el secretario de Trabajo nombró el mes pasado 12 asesores, algunos de ellos con sueldos de más de $2.500.000 y con actividad activa en el sector privado. Entre las designaciones, figura una abogada que se desempeñó en el estudio jurídico del hijo de Hugo Moyano. ¿Casualidad o un gesto hacia el líder camionero?
Cordero tuvo contacto con jueces laborales y también con la Corte por los fallos por los cálculos indemnizatorios
El secretario de Trabajo contrató a 12 asesores con sueldos altos y tensiona con Sturzenegger
El sector dialoguista de la CGT se desmarcó de Moyano y no está por ahora en los planes activar el tercer paro general
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Sin planes, la indigencia se hubiera disparado a casi el 25%
Uno de cada cuatro argentinos habría estado en esa situación en el primer trimestre
Francisco Jueguen
Sin planes sociales, la indigencia hubiera afectado a uno de cada cuatro argentinos en el primer trimestre del año, momento en que el Gobierno impulsó el mayor ajuste fiscal y los ingresos fueron afectados por el fogonazo de inflación tras la devaluación.
Un informe privado basado en datos oficiales del Indec estimó que la pobreza extrema hubiera tocado un 24,7% a fines de ese período si los subsidios o transferencias monetarias no se hubieran sostenido.
El ajuste que debió hacer el gobierno de Javier Milei para evitar una hiperinflación, según la visión oficial, dejó dos fotos dramáticas: una, de la miseria en la que viven muchos argentinos, y otra, de la importancia que siguen teniendo, pese a que no alcancen, los planes oficiales de asistencia para contener la pobreza extrema.
En el primer trimestre de 2024, el más duro por la devaluación de diciembre y el fuerte apretón de las cuentas públicas que impulsó el Gobierno, la indigencia hubiera afectado a uno de cada cuatro argentinos si se hubieran cortado las transferencias monetarias o subsidios a los sectores menos pudientes.
Según datos de la consultora especializada exQuanti, con base en datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, los tres primeros meses del año hubieran cerrado con una indigencia de 24,7% sin planes oficiales de asistencia. El salto hubiera sido de siete puntos en tan solo un trimestre (en el cuarto de 2023, también en un cálculo sin planes, esa medida llegaba a 17,7%). En comparación con el primer trimestre de 2023, o sea un año atrás, el avance fue de 11,5 puntos porcentuales (estaba en 13,2%).
El Gobierno puso énfasis en el intento de proteger a los más vulnerables; sin embargo, la indigencia subió fuertemente –incluso con planes actualizados– en el primer trimestre de este año. Los datos oficiales procesados por exQuanti muestran que en el primer trimestre fue de 20,3%. En el cuarto de 2023 había sido de 14,6%, mientras que un año atrás marcaba un 8,9%.
Los datos oficiales procesados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) mostraron un panorama similar. Para el mismo período, la indigencia fue 19,1%.
“Hay claramente un proceso de empobrecimiento en dos niveles”, afirmó a la nacion, Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda de la UCA. “Vemos clases medias bajas que caen en la pobreza en términos estadísticos y monetarios básicamente por un desgaste de la capacidad adquisitiva de los ingresos, sin posibilidades de compensar con más trabajo esa caída del ingreso real y que se expresa no en cambios cualitativos en las condiciones de vida, pero sí en las capacidades de consumo”, explicó.
“Por otro lado, venimos llamando la atención y fundamentalmente destacando que el mayor impacto que está teniendo esta crisis es el impacto donde los programas sociales ya no alcanzan para sostener un piso bajo de tasas de pobreza extrema”, estimó el sociólogo.
“Buena parte de los trabajadores informales, incluso beneficiarios de los programas sociales, pero donde el peso de los programas sociales tiene una participación muy baja, se han encontrado con una caída en la capacidad de generar trabajo, en la cantidad de trabajo y de bienes y servicios que pueden proveer a las clases medias o al mercado. Y esto ha producido un fuerte empobrecimiento de estos segmentos, junto con el efecto asociado también a la caída del poder adquisitivo de esos ingresos. Pero fundamentalmente ha tenido que ver con una disminución de la cantidad de trabajo”, estimó el especialista.
El impacto de los planes sociales es mucho menor en la pobreza que en la indigencia, según se desprende los datos oficiales procesados con rigor por la consultora exQuanti. En el tercer trimestre, según los microdatos de la EPH, la pobreza con planes sociales llegó a 55%. Sin planes hubiera sido de 55,4%.
El porcentaje de los ingresos de los hogares pobres provenientes de subsidios y transferencias directas del Estado fue de 7,4% en el primer trimestre de este año. Para los indigentes, fue de 17,9%. En ambos casos, son los menores porcentajes, por lo menos, desde 2016.
Si se proyecta al total de la población del país, estimada en 47.067.641 personas, las cifras serían de pobreza –con planes–: fueron en el primer trimestre de 25,8 millones de pobres y 9,5 millones de indigentes.
“El Presidente siempre dijo que la que tiene la chequera para asistir a todo lo que crea necesario es la ministra Pettovello”, remarcó el funcionario. “Son prioridad para nosotros, están todos los recursos del Ministerio de Capital Humano abocados a que esa cifra mejore”, aseguró ayer (ver aparte) e insistió: “Nuestra prioridad en el Gobierno es erradicar la pobreza y la indigencia”.
Según el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Petovello, desde que comenzó el gobierno de Milei se aumentó la AUH y se reforzó en un 137,5% (si se toma el período de diciembre de 23 a junio pasado). En tanto, el monto de la Tarjeta Alimentar, que era de $22.000 en diciembre del año pasado, es actualmente de $52.259. “Con asistencia (AUH más Tarjeta Alimentar) se alcanza de manera directa a 4.017.814 niños de 0 a 17 años”, informó esa cartera el lunes cuando se conoció el informe de Unicef que decía que un millón de chicos se salteaba la comida a la noche.
“Actualmente, se atiende a 4223 comedores, cuya existencia está comprobada, y se está avanzando para incorporar más espacios comunitarios a este esquema; a partir de agosto también se incrementó un 40% la cápita de las raciones y los módulos alimentarios”, se informó, y se agregó que se están repartiendo 2.583.221 kilos de alimentos a escuelas vulnerables a través de las jurisdicciones. “Además, en septiembre se iniciará la distribución de más de 2.000.000 kilos de alimentos para la emergencia alimentaria a las provincias, según Índice de Carencias Múltiples (ICM)”, se completó.
La cartera de Capital Humano estimó además que en noviembre de 2023, con una inflación que alcanzaba el 15% mensual, la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar cubría el 64,3% de la canasta básica. Actualmente, con una inflación del 4.6%, ambas prestaciones cubren el 86.4% de la canasta básica alimentaria, según datos del IPC del Indec.
Es cierto además que la foto del primer trimestre no refleja la desaceleración de la inflación que se registró en el país ni tampoco la que se dio, por caso, en la caída del empleo privado registrado según el SIPA (que también, como el Indec, comenzó a mostrar una recuperación de los salarios mes a mes pese a la fuerte caída interanual).
Los datos de empleo a un nivel más amplio del segundo trimestre no se conocen aún (se publican el 19 de septiembre). En el primero, el desempleo saltó ocho décimas de manera interanual, a un 7,7%.
La pobreza en el primer trimestre del año afectó a 25,8 millones de personas
En ese período, la indigencia golpeó a 9,5 millones de argentinos
Capital Humano subió la Tarjeta Alimentar y la AUH, pero no alcanzó
Sin planes sociales, la indigencia hubiera afectado a uno de cada cuatro argentinos en el primer trimestre del año, momento en que el Gobierno impulsó el mayor ajuste fiscal y los ingresos fueron afectados por el fogonazo de inflación tras la devaluación.
Un informe privado basado en datos oficiales del Indec estimó que la pobreza extrema hubiera tocado un 24,7% a fines de ese período si los subsidios o transferencias monetarias no se hubieran sostenido.
El ajuste que debió hacer el gobierno de Javier Milei para evitar una hiperinflación, según la visión oficial, dejó dos fotos dramáticas: una, de la miseria en la que viven muchos argentinos, y otra, de la importancia que siguen teniendo, pese a que no alcancen, los planes oficiales de asistencia para contener la pobreza extrema.
En el primer trimestre de 2024, el más duro por la devaluación de diciembre y el fuerte apretón de las cuentas públicas que impulsó el Gobierno, la indigencia hubiera afectado a uno de cada cuatro argentinos si se hubieran cortado las transferencias monetarias o subsidios a los sectores menos pudientes.
Según datos de la consultora especializada exQuanti, con base en datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, los tres primeros meses del año hubieran cerrado con una indigencia de 24,7% sin planes oficiales de asistencia. El salto hubiera sido de siete puntos en tan solo un trimestre (en el cuarto de 2023, también en un cálculo sin planes, esa medida llegaba a 17,7%). En comparación con el primer trimestre de 2023, o sea un año atrás, el avance fue de 11,5 puntos porcentuales (estaba en 13,2%).
El Gobierno puso énfasis en el intento de proteger a los más vulnerables; sin embargo, la indigencia subió fuertemente –incluso con planes actualizados– en el primer trimestre de este año. Los datos oficiales procesados por exQuanti muestran que en el primer trimestre fue de 20,3%. En el cuarto de 2023 había sido de 14,6%, mientras que un año atrás marcaba un 8,9%.
Los datos oficiales procesados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) mostraron un panorama similar. Para el mismo período, la indigencia fue 19,1%.
“Hay claramente un proceso de empobrecimiento en dos niveles”, afirmó a la nacion, Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda de la UCA. “Vemos clases medias bajas que caen en la pobreza en términos estadísticos y monetarios básicamente por un desgaste de la capacidad adquisitiva de los ingresos, sin posibilidades de compensar con más trabajo esa caída del ingreso real y que se expresa no en cambios cualitativos en las condiciones de vida, pero sí en las capacidades de consumo”, explicó.
“Por otro lado, venimos llamando la atención y fundamentalmente destacando que el mayor impacto que está teniendo esta crisis es el impacto donde los programas sociales ya no alcanzan para sostener un piso bajo de tasas de pobreza extrema”, estimó el sociólogo.
“Buena parte de los trabajadores informales, incluso beneficiarios de los programas sociales, pero donde el peso de los programas sociales tiene una participación muy baja, se han encontrado con una caída en la capacidad de generar trabajo, en la cantidad de trabajo y de bienes y servicios que pueden proveer a las clases medias o al mercado. Y esto ha producido un fuerte empobrecimiento de estos segmentos, junto con el efecto asociado también a la caída del poder adquisitivo de esos ingresos. Pero fundamentalmente ha tenido que ver con una disminución de la cantidad de trabajo”, estimó el especialista.
El impacto de los planes sociales es mucho menor en la pobreza que en la indigencia, según se desprende los datos oficiales procesados con rigor por la consultora exQuanti. En el tercer trimestre, según los microdatos de la EPH, la pobreza con planes sociales llegó a 55%. Sin planes hubiera sido de 55,4%.
El porcentaje de los ingresos de los hogares pobres provenientes de subsidios y transferencias directas del Estado fue de 7,4% en el primer trimestre de este año. Para los indigentes, fue de 17,9%. En ambos casos, son los menores porcentajes, por lo menos, desde 2016.
Si se proyecta al total de la población del país, estimada en 47.067.641 personas, las cifras serían de pobreza –con planes–: fueron en el primer trimestre de 25,8 millones de pobres y 9,5 millones de indigentes.
“El Presidente siempre dijo que la que tiene la chequera para asistir a todo lo que crea necesario es la ministra Pettovello”, remarcó el funcionario. “Son prioridad para nosotros, están todos los recursos del Ministerio de Capital Humano abocados a que esa cifra mejore”, aseguró ayer (ver aparte) e insistió: “Nuestra prioridad en el Gobierno es erradicar la pobreza y la indigencia”.
Según el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Petovello, desde que comenzó el gobierno de Milei se aumentó la AUH y se reforzó en un 137,5% (si se toma el período de diciembre de 23 a junio pasado). En tanto, el monto de la Tarjeta Alimentar, que era de $22.000 en diciembre del año pasado, es actualmente de $52.259. “Con asistencia (AUH más Tarjeta Alimentar) se alcanza de manera directa a 4.017.814 niños de 0 a 17 años”, informó esa cartera el lunes cuando se conoció el informe de Unicef que decía que un millón de chicos se salteaba la comida a la noche.
“Actualmente, se atiende a 4223 comedores, cuya existencia está comprobada, y se está avanzando para incorporar más espacios comunitarios a este esquema; a partir de agosto también se incrementó un 40% la cápita de las raciones y los módulos alimentarios”, se informó, y se agregó que se están repartiendo 2.583.221 kilos de alimentos a escuelas vulnerables a través de las jurisdicciones. “Además, en septiembre se iniciará la distribución de más de 2.000.000 kilos de alimentos para la emergencia alimentaria a las provincias, según Índice de Carencias Múltiples (ICM)”, se completó.
La cartera de Capital Humano estimó además que en noviembre de 2023, con una inflación que alcanzaba el 15% mensual, la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar cubría el 64,3% de la canasta básica. Actualmente, con una inflación del 4.6%, ambas prestaciones cubren el 86.4% de la canasta básica alimentaria, según datos del IPC del Indec.
Es cierto además que la foto del primer trimestre no refleja la desaceleración de la inflación que se registró en el país ni tampoco la que se dio, por caso, en la caída del empleo privado registrado según el SIPA (que también, como el Indec, comenzó a mostrar una recuperación de los salarios mes a mes pese a la fuerte caída interanual).
Los datos de empleo a un nivel más amplio del segundo trimestre no se conocen aún (se publican el 19 de septiembre). En el primero, el desempleo saltó ocho décimas de manera interanual, a un 7,7%.
La pobreza en el primer trimestre del año afectó a 25,8 millones de personas
En ese período, la indigencia golpeó a 9,5 millones de argentinos
Capital Humano subió la Tarjeta Alimentar y la AUH, pero no alcanzó
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