IMPUESTO DISFRAZADO Y EDITORIAL

La desaparición del cepo cambiario debe comenzar ahora
Juan José Guaresti (nieto)
El denominado cepo cambiario, o sea las restricciones a la utilización de monedas extranjeras que estorban o directamente impiden la exportación e importación de bienes y servicios, tiene como obvio resultado el actual deterioro de la capacidad de producción interna, el cierre de empresas, la pérdida de empleos y salarios y la pobreza y la caída de la salud que se han extendido en todo el ámbito de la República. Cuando se trata este tema es increíble que poco y nada se hable del gasto público innecesario, que es en buena parte el origen de nuestros males, porque ha desencadenado una presión impositiva de colosal magnitud. Lamentablemente no se ha informado a la población debidamente que algo así como un 50% del precio de los bienes que compra o los servicios que obtiene no lo entrega para pagar aquello que requiere, sino para que el fisco abone en muchos casos salarios o gastos sin sustento serio.
Es inaceptable esa actitud de algunos gobernantes de desalentar mediante un impuesto a la producción, impuesto disimulado utilizando la palabra “retención”, que no existe en el derecho tributario. Esa quita camuflada bajo el término mencionado esconde la realidad de que se trata de un impuesto a la producción que, como es sabido por lo menos desde Alfred Marshall –que lo dijo en 1880–, reduce la oferta del bien en cuestión porque el precio resulta inferior. Ese margen en la práctica reduce la producción y desde luego la exportación. Correlativamente al mercado nacional ingresan menos dólares que los que necesitamos imperiosamente.
Los productores no deberían utilizar jamás la palabra “retención”, que consiste en una disminución del precio de lo que entrega el productor, quien recibe un importe en donde se ha reducido ese monto con la denominada retención. Lo que ocurre es que en el mundo civilizado la producción no está gravada. A quienes dirigen esa inmensa cantidad de países jamás se les ocurrió gravar la producción y más si se consigue con ella moneda extranjera. Los que inventaron este gravamen en la Argentina y sus seguidores encubrieron el acto que sabían que iba a producir absoluta disconformidad interna e internacional, utilizando el verbo “retener”, que no tiene la más mínima relación con “impuesto”. De esa manera sus víctimas, que no son solamente los productores sino todo el pueblo, no toma conciencia de lo que está ocurriendo. La exportación no solo tiene el efecto de conseguir dinero extranjero, sino que alienta la expansión interna de la economía y la ocupación de muchas personas, de manera que la disminución de la producción nos afecta a todos.
Cuando los organismos oficiales se quejan de que les faltan dólares o la moneda que fuere, deberían explicar que esa carencia se debe a que el “impuesto a la producción” (vamos de ahora en más a llamar correctamente a ese tributo) disminuye las ventas al exterior de bienes producidos aquí, y esa es una razón importante de que no paguemos en tiempo y forma nuestras deudas.
Ese tributo sirve para pagar mediante los impuestos los gastos del Estado tomado como una individualidad, o sea nacional, provincial o municipal. En la Argentina, según ha señalado Diego Cabot, un notable periodista en un artículo titulado “Los pasillos del Estado convertidos en una sala a la espera del despido”, fechado el 7 de julio de 2024, los empleos públicos que en 2005 eran 2.582.665, en el total nacional, provincial y municipal, llegaron a 3.964.553 en 2023, o sea un incremento de casi 2.000.000 de personas: un 40% más, en 18 períodos anuales. Me atrevo a sostener que la mayoría de los incorporados no eran necesarios. En lo que concierne al Estado nacional, había en 2005 540.026 empleados; en 2015 había 798.356, o sea 258.000 más; en 2019, 746.828, unos 50.000 menos; y en 2023, 792.405 empleados, o sea casi la misma cantidad que en 2015. Cualquiera se da cuenta de que los 2.000.000 de empleados de más exigen una inmensa cantidad de salarios que se pagan con impuestos, como el de la producción al que nos hemos referido, pero como aquellos no alcanzan se ha recurrido a la emisión de moneda. Ahora, para disminuir el gasto público se paga menos jubilación que la que corresponde y se ha suspendido la realización de obras públicas necesarias.
Nuestra inflación tiene origen en buena medida en los sueldos de los empleados de más que tienen el Estado nacional, las provincias y los municipios, que impiden, por ejemplo, tener el apoyo sanitario que fuera menester o la creación de empresas dignas que tuvieran empleados con salarios razonables. Podríamos pintar un cuadro que mostrara un empleado público designado sin merecerlo comiendo razonablemente mientras un anciano jubilado no puede adquirir el remedio que podría prolongar su vida o un chico de corta edad que come una comida por día y que va a llegar a la adolescencia con serias falencias físicas y mentales, porque sus padres no consiguen un trabajo valedero ni saben hacerlo.
La Argentina no tiene suficientes dólares porque gasta lo que no tiene y no exporta lo que sabemos que tiene. Aparentemente no hay salida para el cepo, salvo que tome un camino impensable que le abra una puerta y adopte una decisión sin vacilación alguna para crecer y desarrollarse. Un ejemplo podría ayudarnos: más de dos centurias atrás varios poderosos ejércitos, uno austríaco y otro prusiano, convergieron sobre París para terminar con el gobierno revolucionario. Buena parte de este se retiró, hasta que el ministro de Justicia, Danton, pronunció el 2 de septiembre de 1792 un tremendo discurso que convenció a todos de que debían luchar contra el enemigo pese a la situación adversa: “Para vencerlo, señores, es necesaria la audacia, todavía la audacia y siempre la audacia” (“pour les vaincre, messieurs, il faut de l’audace, encore de l’audace et toujours de l’audace”). Los franceses, como pudieron, animados por la valentía y energía de Danton, vencieron en la batalla de Valmy a sus adversarios.
En lo que a nosotros concierne, no sabemos cuánto cuesta realmente el impuesto a la producción. Las cifras oficiales de lo que recauda el Gobierno es obvio que se conocen, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál es el costo real que tiene para la economía en general y para los productores en particular tan grande imposición. Lo que saben voces autorizadas es que el descalabro es demoledor. No parece, en consecuencia, que sea una gran audacia suprimir ese impuesto mendaz ya mismo y fortalecer de esa manera a la producción, lo que va a significar que va a crecer la confianza en el Gobierno por esta resolución enérgica, va a aumentar la expansión de la economía y con ella los ingresos tributarios en todo el país que no se reciban por la derogación del impuesto a la producción. Además, del trabajo del periodista Cabot surge una formidable ayuda: del universo de empleados nacionales de 792.405, “… directamente pudo aplicar la motosierra en unos 234.000, a los que les restó 21.700″. Quiere decir que por este lado también hay forma de cubrir la pérdida de ingresos por la supresión del impuesto a la producción. Con un poco de audacia vamos a ganar muchos dólares para terminar con el cepo y vamos a concluir con la recesión que nos abruma.
Esto es muy sencillo: basta con exportar más, para lo cual es preciso pagarles a los productores el precio correcto.
El autor es abogado, economista y periodista

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Pensiones por invalidez: otro vil negociado
Haber otorgado beneficios a quienes no padecen problemas de salud que los incapaciten para trabajar es una grosera muestra de irresponsabilidad y dispendio
El resultado de las investigaciones sobre el otorgamiento fraudulento de una cantidad significativa de pensiones por invalidez durante las gestiones del kirchnerismo constituye otra grosera muestra de dispendio de dinero público, usado como moneda de cambio para favores políticos en beneficio de personas que no tenían problemas de salud.
Después de analizar los resultados de una auditoría médica que abarcó 2559 casos, el Gobierno anunció, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que controlará los beneficios “uno por uno”.
Esa auditoría, a cargo de un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), detectó que apenas el 7% de quienes cobraban las pensiones observadas –algunos casos estaban judicializados y otros fueron elegidos al azar– reunían los requisitos para tener el beneficio. A partir de esos resultados se estimó que habría existido en 2023 un perjuicio al Estado por fondos mal asignados por 3400 millones de dólares.
Las pensiones por invalidez implican, lógicamente, la derivación de recursos públicos. La política para la asignación de esos ingresos debería enfocarse en garantizar que la ayuda llegue a personas que sufren vulnerabilidad social y económica, y que, por condiciones físicas o mentales, no puedan desarrollar a pleno tareas laborales. No obstante, y como era costumbre durante las citadas gestiones, se repartieron sin el menor control y para favorecer a quienes no las necesitaban. Si no hay dudas de que ese fraudulento accionar fue un perjuicio económico de magnitud para las arcas públicas, menos duda queda de la falta de sensibilidad de quienes las otorgaban en perjuicio de quienes verdaderamente las merecían.
Ya durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se denunciaron irregularidades en las altas de pensiones otorgadas en años previos y se decidió dejar de pagar miles de prestaciones. Se supo entonces, por ejemplo, que en cuatro pequeñas localidades de la provincia de Córdoba había más pensionados por invalidez que habitantes.
En esos años se habían hecho ya públicos números muy llamativos: mientras en 2003 el Estado nacional pagaba 79.581 pensiones por invalidez, según los datos de la Andis, al término de la presidencia de Cristina Kirchner, a fines de 2015, la cifra había llegado a 1.045.185. En los siguientes años, el dato varió levemente, y en 2019 las pensiones eran 1.026.993. Cuatro años después, sobre el final de la gestión de los entonces presidente y vicepresidenta Alberto Fernández y Cristina Kirchner, había 1.215.548 pensiones de ese tipo. ¿Qué podría explicar el incremento que hubo a lo largo de las últimas dos décadas, con el paréntesis de 2016 a 2019, en un país que no sufrió una guerra reciente? Un descaro a toda prueba.
“Se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejodeauditarymuysusceptible al fraude”, dijeron voceros de la Andis, dirigida por Diego Spagnuolo.
Durante la conferencia de prensa en la que se refirió al tema, Adorni mencionó casos como el del uso de una misma radiografía de hombro para gestionar 150 pensiones.
Según la auditoría, las zonas más “calientes” en cuanto al otorgamiento de beneficios fraudulentos son Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires. El caso de Chaco es escandaloso: casi la mitad de la población en condiciones de trabajar los recibe. Muchas de esas personas los obtuvieron a través de certificados truchos, entre otras tantas maniobras ilegales que ya fueron denunciadas ante la Justicia. Precisamente en esa provincia, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que existe una investigación iniciada a principios de 2023. Está focalizada en la localidad de Taco Pozo y permitió detectar, por ejemplo, pensiones a favor de personas que habían tenido una torcedura de tobillo o enfermedades no invalidantes. En esa causa hay 13 imputados, acusados de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública; entre ellos hay médicos, funcionarios y personal administrativo.
Las pensiones no contributivas por invalidez se rigen por el decreto 432 de 1997. Hasta no hace mucho, esa norma del Poder Ejecutivo Nacional establecía que, para acceder al cobro, la persona debía estar incapacitada “en forma total y permanente”, y definía que se presumía tal situación si un servicio médico oficial certificaba una disminución del 76% o más “en la capacidad laborativa”. Especificaba, además, que la certificación podría ser revisada y/o actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo creyera conveniente, un sinsentido en el caso de quienes sufren discapacidades permanentes, que no revierten, obligados año tras año a tramitar la renovación del beneficio.
Un decreto de 2023 derogó esos requisitos y hoy la definición oficial indica que la pensión es un pago para “personas que se encuentren imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”. Se determinó también que el cobro no es incompatible con el trabajo bajo relación de dependencia o bajo una modalidad de cuentapropismo. Esa flexibilidad en las condiciones para el otorgamiento refuerza la conclusión extendida respecto de la susceptibilidad al fraude que tiene el sistema. A juzgar por lo detectado en las auditorías, no sería una susceptibilidad derivada de normas recientes, sino de más larga data.
Cuando se cree que ningún negociado de la era kirchnerista puede ya llamar la atención, surgen estas revelaciones que tienen el agravante de que, además de confirmar cómo se dilapidaron los dineros públicos, dan fe de que se usó como variable del delito la vulnerabilidad de muchas personas a las que el supuesto “Estado presente” abandonó sin más.
Cabe esperar que se analice cada una de esas prestaciones, que los culpables de haberlas concedido de forma fraudulenta rindan cuentas y que la Justicia los condene como corresponde.

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