Avión presidencial: más pruebas de que buscaron direccionar una licitación
Investigación. El expiloto de Alberto Fernández le envió un chat con información privilegiada a la empresa que resultó ganadora
Guadalupe Vázquez y Federico Teijeiro
El avión ARG-01 está fuera de operaciones por falta de mantenimiento
Las sospechosas licitaciones fallidas para el mantenimiento del avión presidencial que adquirió la gestión de Alberto Fernández, que derivaron en su inmovilización, y que obligan hoy al Gobierno a alquilar aviones privados a pesar de haber desembolsado 25 millones de dólares en su compra hace poco más de un año, acumulan nuevos elementos para la polémica.
Tal como informó el 26 de julio, la saga de esta historia de desidia e irregularidades tiene como protagonistas a un exfuncionario de la gestión anterior y una funcionaria heredada de esa gestión, que continúa todavía en funciones, a pesar de tener ya dos denuncias penales por negociaciones incompatibles con su cargo al frente de la Dirección General de Logística. Se trata del organismo que se ocupa del manejo de la flota aérea presidencial, bajo la órbita de la Secretaría General, al mando de Karina Milei, y está bajo la responsabilidad de Florencia Gastaldi. El otro personaje principal de esta trama es el exdirector de esa cartera Juan Pablo Pinto, expiloto presidencial de Alberto Fernández, que dejó ese cargo en noviembre pasado, pero que mantiene todavía su contacto con Gastaldi y su influencia en esta operación, que les está valiendo por estas horas una nueva denuncia en la Justicia.
Desde que, en mayo de 2023, se adquirió el ARG-01 (en reemplazo del obsoleto Tango 01) se sabía que un año después, en junio de 2024, vencían sus permisos de vuelo a menos que se realizara la inspección de mantenimiento obligatoria conocida como “1CCheck”, en donde se revisan 500 ítems de la aeronave y se deciden arreglos y qué autopartes deben reemplazarse para garantizar su seguridad.
Sin ese permiso, según las normas internacionales que regulan la aeronavegación, el avión está impedido de aterrizar en cualquier aeropuerto del mundo. Sin embargo, a pesar de los plazos apremiantes, Gastaldi dejó pasar el tiempo y recién llamó a licitación el 1º de diciembre de 2023, faltando solo 10 días para el cambio de gobierno y dándoles a las empresas interesadas en la contienda nada más que 96 horas para preparar una cotización que –según fuentes del sector– lleva como mínimo un mes preparar. El service costaría a las arcas públicas no menos de 2.500.000 dólares.
accedió a los expedientes que abrieron el proceso licitatorio, que por el poco plazo otorgado a las empresas para la presentación de las ofertas levantó en el sector sospechas de un posible intento de “direccionamiento de la licitación”. También llamó la atención que se había convocado a varias empresas, incluyendo muchas que ni siquiera tienen relación con este tipo de servicio. Otro dato llamativo es que no se encontró la publicación de la licitación en el portal ComprAR, de la Oficina Nacional de Contrataciones, tal como obliga la legislación vigente.
De hecho, frente al alboroto periodístico que la extraña convocatoria generó en diciembre de 2023, Gastaldi se vio obligada a prorrogar la fecha de presentación de las ofertas en sucesivas oportunidades. El 10 de enero de este año, según surge del expediente en el Sistema de Gestión de la Documentación Electrónica (conocido como GDE) que utiliza la administración pública, Gastaldi dio por fracasado el proceso. El 14 de marzo de este año se volvió a enviar una nueva convocatoria a las empresas interesadas, esta vez con un plazo más acorde para la presentación de las ofertas: 27 de mayo de 2024.
Cuatro empresas presentaron ofertas: Alpha Aviation Group LLC fue la primera, por un valor de US$916.797. Dos días después hicieron lo propio Servicios Aeronáuticos Quintana, por US$519.846; Xtreme Aviation LLC, por US$532.752, y Commercial Jet Inc, por un valor de US$742.110. Según consta en el expediente oficial, estas dos últimas fueron las ofertas preseleccionadas, bajo recomendación de Gastaldi y con el aval del actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien fue el edecán del expresidente Mauricio Macri.
Aquí es donde entra en escena, y de forma polémica, el expiloto presidencial de Alberto Fernández Juan Pablo Pinto. En junio, en pleno proceso de selección de ofertas, el también exdirector de Logística –que, según fuentes cercanas, continúa en contacto con Gastaldi– intentó contactar al dueño de una de las empresas finalistas de la compulsa, Commercial Jet, y le envió por WhatsApp un mensaje en donde se presentó como “el único canal que existe con el gobierno argentino (sic) y el que puede lograr que se les adjudique la licitación”.
Según el mensaje, al que tuvo acceso Pinto le advirtió a Commercial Jet que “hay muchas personas con intereses de que se lo adjudiquen a Xtream (sic), ya que el precio es más bajo”, y le propone: “Si le interesa, me avisa y conversamos”. En ese texto, además, Pinto mencionó que lo recomendó Jaime Mejía, dueño de Aras Aero, empresa que ya había sido contratada por Gastaldi en otra oportunidad. El 7 de junio, según consta en el expediente, la funcionaria ubicó a Commercial Jet como primera en el orden de mérito del proceso licitatorio. intentó contactar a la funcionaria, pero no obtuvo respuesta.
Frente a esta situación, el 19 de junio, el titular de Commercial Jet envió un correo electrónico a la Dirección de Gestión de Medios Aéreos de la Secretaría General de la Presidencia –al que también accedió en el que intenta confirmar la operación y si Pinto era efectivamente el “contacto comercial de Presidencia”, tal como se había presentado por mensaje. Horas después de esta misiva, Florencia Gastaldi, con la anuencia de Ibáñez, dio de baja la oferta de la empresa que ella misma había recomendado. Con esto, la licitación volvió a fracasar y días después, el 26 de junio, el Boeing 757-256 matrícula ARG-01 quedó inutilizado por tiempo indeterminado.
Florencia Gastaldi, Juan Pablo Pinto y Sebastián Ibáñez fueron denunciados ante la Justicia por el abogado dedicado a casos de corrupción Santiago Dupuy De Lome, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
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La política de la opacidad y el control total
Claudio Jacquelin
Santiago Bausili no dio explicaciones sobre el futuro del oro archivo
Desde los viajes al exterior y las reuniones presidenciales con empresarios o la integración de las comitivas oficiales hasta el destino de las reservas en oro, todo es preservado por un hermetismo y un desdén por la transparencia que los voceros oficiales no tratan de disimular, sino que subrayan.
En el mismo plano se inscribe para muchos expertos en transparencia y para dirigentes opositores el decreto de asignación de 100.000 millones de pesos en fondos reservados destinados a la renovada Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), que la oposición se apresta a rechazar en el Congreso.
“De eso no vamos a decir nada”, “no tenemos ningún comentario para hacer”, “cuando venza el plazo judicial para informar lo haremos”, son algunas de las respuestas que los encargados de comunicación de la Presidencia y de los distintos ministerios dan habitualmente tanto a legisladores nacionales como a periodistas que requieren información sobre asuntos (que debieran ser) públicos.
Así es como se acumulan los pedidos de información y algunas demandas judiciales para conocer decisiones de la administración que involucran el manejo y el uso de recursos públicos.
También empiezan a generarse proyectos de ley para ampliar la publicación de datos que el Gobierno ha decidido manejar con un secretismo extremo y fijar normas para establecer reglas de transparencia respecto de los viajes del Presidente, como el que presentará mañana el diputado de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro, luego de habérsele rechazo o contestado parcialmente dos pedidos de información pública al respecto.
La Casa Militar o la Procuración del Tesoro se han comportado en este y otros casos como guardianes del secreto con el argumento de preservar la seguridad o la intimidad presidencial, aunque se esté ante la utilización de bienes del Estado.
No son hechos aislados ni casuales. Son el fruto de una estrategia que el superasesor presidencial (“sin responsabilidades formales”, sic) Santiago Caputo impone con puño de hierro en todas las áreas del Gobierno y baja a los responsables de comunicación de todos los ministerios y organismos.
El control que el más estrecho e influyente colaborador de Milei impone adquiere significación y efectividad ante la certeza del control que ejerce sobre el aparato de inteligencia del Estado, que no estaría activo solo para prevenir ataques contra el país. Un sellador para evitar filtraciones.
“Ningún funcionario de sus ministerios está autorizado a hablar con periodistas sin nuestra autorización. Si se enteran de que alguno lo hace, ustedes están obligados a reportarlo, y si alguien dependiente de ustedes no lo acata, lo echan”. Esa fue la orden que Caputo, el menor, bajó a los voceros ministeriales según relatan en forma coincidente dos comunicadores que siguen en la administración y uno que se fue hace un par de meses.
Ese control no es a lo único a lo que están obligados los voceros y responsables de prensa. También se les ha exigido que averigüen cuáles son las fuentes de periodistas que informan sobre asuntos que el Gobierno
no quiere que se conozcan públicamente o que se publiquen antes de que lo decida el superasesor presidencial. El clima de hipercontrol ha empezado a tornarse asfixiante para muchos. Ya se han producido bajas y algunos buscan una salida con cierta urgencia.
Esa línea se completa con la pretensión de control de la agenda pública, que tiene dos dimensiones. Por un lado, el hermetismo sobre cuestiones que hacen a la administración pública y, en particular, las actividades del triángulo del poder, compuesto por los hermanos Milei y Santiago Caputo. Por otro lado, la instalación de temas por dos vías. La primera son las redes sociales, a través del ejército de comunicadores, influencers y trolls oficiales y paraoficiales. La segunda, los medios audiovisuales, con periodistas amigos o afines ideológicamente.
“Nosotros tenemos que instalar los temas que se hablan en la mesa familiar”, dicen que fue la orden (o la aspiración) que comunicó el gurú presidencial ante los principales funcionarios del Gobierno y responsables de comunicación.
¿Y el oro dónde está?
En el contexto de las dudas instaladas en las últimas semanas sobre el estado de las reservas en moneda extranjera y la capacidad de pago a acreedores externos de deudas e intereses por vencer, el destino de las reservas en oro del Banco Central es uno de los casos de opacidad más sonoros.
Se trata de 4300 millones de dólares en lingotes que salieron del país, según se limitó a admitir el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pero sin aclarar adónde fueron, luego de que el diputado nacional y titular del gremio bancario, Sergio Palazzo, presentara una demanda judicial para que se informe, ante la negativa del Gobierno.
“Vamos a esperar hasta el último día del plazo judicial para informarlo. Hay 15 días hábiles de plazo, más una extensión de 15 más. No tenemos más comentarios para hacer”, respondió un vocero del BCRA consultado anteayer. El episodio adquiere más actualidad dado que hoy se expatriarían lingotes por 300 millones de dólares más, según publicó el diario El Cronista.
También respecto de este nuevo envío los responsables de comunicación del Banco Central se negaron a brindar información ante la consulta de En línea con el silencio que al respecto mantiene el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Sobre el tema, el único que ha hablado públicamente es Luis Caputo, lo que representa otra anomalía. La ley establece que el Banco Central debe ser independiente. Nadie se esfuerza en que lo parezca.
“El BCRA debería informar dónde está el oro que el Gobierno admite que se llevó al extranjero, aunque no tenga obligación. No es para nada habitual que se traslade y no se informen destino y objetivo, ni en qué banco está depositado, a qué plazo y con qué tasa. Mucho más cuándo se corren riesgos de que sea embargado por los litigios contra el país”, explicó un expresidente del BCRA.
Sobre el motivo del traslado los expertos señalan que “solo se puede usar como garantía de préstamos, ya que los lingotes solo se convierten en liquidez si se venden o se prestan, y para eso se habrían llevado”.
La presunción es que se está ante la búsqueda de un préstamo en dólares para aumentar las reservas líquidas. “Si no se informa nada, todo indica que es porque no tienen cerrada la operación. Esa es la información que circula en el ambiente financiero internacional”, explica un alto exfuncionario del BCRA.
Según el mismo especialista, el motivo del traslado sin tener resuelta la operación se debería a la necesidad de demostrar la calidad del oro. Si bien eso no es lo más frecuente, tampoco resulta excepcional. Menos con países cuya credibilidad está seriamente dañada.
Si bien el caso de las reservas es el que despierta las mayores suspicacias, es uno más de una lista que se completa con el viaje que a mediados del mes pasado realizó Milei a Sun Valley, Estados Unidos, en un avión privado sin que se informara quién pagó ese traslado, con quiénes se reunió el Presidente ni con qué motivo. La regla de confidencialidad de ese espacio privado que alegó el jefe del Estado para no dar explicaciones prevalece sobre la demanda de transparencia que rige en un sistema republicano.
Otro tanto sucedió en el reciente viaje a París con motivo de la participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos. La presencia en la reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, del embajador ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein, descolocó a los responsables del protocolo del país anfitrión. En el Elíseo fue motivo de comentarios por lo inusual.
La presencia del empresarioembajador fue justificada por un vocero de la Casa Rosada con el argumento de que “Werthein estuvo porque es el hombre de confianza del Presidente en estos asuntos”. El hecho en sí y la explicación posterior resaltan más la ausencia de la canciller Diana Mondino no solo en ese viaje y en esa reunión.
A esa singularidad se sumaron en ese viaje todos los detalles que rodearon el encuentro que mantuvo la comitiva con representantes de empresas francesas, de los que el vocero Manuel Adorni solo dio sus nombres y cargos.
No solo todas las consultas posteriores chocaron contra un silencio blindado, sino que el encuentro esunos tuvo rodeado de peculiaridades.
Por ejemplo, haberse realizado en un hotel y no en la embajada, como se les había anunciado a los medios. El cambio de locación no fue comunicado y los miembros de la comitiva eludieron con desdén a la única periodista que al enterarse de la nueva sede del encuentro concurrió al lugar. Se trataba de la corresponsal de Luisa Corradini, a quien el Presidente había agraviado en enero último.
Ninguna de estas reuniones está incluida en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, que por normativa vigente deben completar el Presidente y los funcionarios públicos. En el caso de Milei, en ocho meses de gestión solo tiene registradas 28 reuniones, poco más de una cada diez días, y eso que allí sí figuran las reuniones que mantuvo con jefes de Estado y de gobierno extranjeros, embajadores o funcionarios de otros países y directivos del FMI. Curiosidades.
Werthein no solo “goza de la confianza del Presidente”, sino también de una gran afinidad con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también ha entablado vínculos estrechos con representantes del mundo empresarial que se han incorporado al oficialismo. Es el caso de Betina Guardia de Bulgheroni, a quien se designó a cargo de la agencia Marca País, que fue otra pérdida del ministerio a cargo de Mondino. También estos cambios se realizaron sin que se brindaran detalles.
La opacidad que rodea estas acciones y relaciones de los principales funcionarios de la actual administración cobra más relevancia a la luz de los antecedentes de vínculos y actos de anteriores gobiernos que terminaron en graves casos sospechados (y algunos probados) de corrupción. Aun cuando no hay evidencia de que en la actual gestión se hayan producido actos indebidos de esa naturaleza.
Todo se potencia con lo que ocurre en estos días con el escándalo que sacude al país e involucra al expresidente Alberto Fernández por los negocios con el Estado del esposo de su exsecretaria personal, María Cantero, en cuyo teléfono celular habría pruebas de que los asuntos bajo sospecha estaban en conocimiento del propio exjefe del Estado y de varios de sus ministros.
De todas maneras, la mayor conmoción no la provocan las revelaciones respecto de esos negocios, sino evidencias que habría en el dispositivo sobre violencia de género supuestamente sufrida en la misma residencia de Olivos por la pareja de Fernández, Fabiola Yañez, causados por el entonces presidente.
Por todo eso, y más allá de casos puntuales, adquiere absoluta actualidad la sentencia de la expresidenta de Transparency International Delia Ferreira Rubio: “La transparencia es el principio rector de un gobierno democrático. No se trata simplemente de acceder a información, sino de garantizar el control sobre los actos de los gobernantes. El acceso a la información permite, por ejemplo, detectar potenciales conflictos de intereses y prevenir la corrupción. La máxima transparencia se basa en los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno y rendición de cuentas de los funcionarios”.
Prevenir es curar, en política.
El Gobierno solo develará el destino de las reservas del oro cuando esté al borde del vencimiento del plazo judicial
Caputo, el asesor, prohibió hablar con periodistas sin su permiso a voceros y funcionarios
En ocho meses, Milei sólo registró 28 audiencias de gestión de intereses
Tal como informó el 26 de julio, la saga de esta historia de desidia e irregularidades tiene como protagonistas a un exfuncionario de la gestión anterior y una funcionaria heredada de esa gestión, que continúa todavía en funciones, a pesar de tener ya dos denuncias penales por negociaciones incompatibles con su cargo al frente de la Dirección General de Logística. Se trata del organismo que se ocupa del manejo de la flota aérea presidencial, bajo la órbita de la Secretaría General, al mando de Karina Milei, y está bajo la responsabilidad de Florencia Gastaldi. El otro personaje principal de esta trama es el exdirector de esa cartera Juan Pablo Pinto, expiloto presidencial de Alberto Fernández, que dejó ese cargo en noviembre pasado, pero que mantiene todavía su contacto con Gastaldi y su influencia en esta operación, que les está valiendo por estas horas una nueva denuncia en la Justicia.
Desde que, en mayo de 2023, se adquirió el ARG-01 (en reemplazo del obsoleto Tango 01) se sabía que un año después, en junio de 2024, vencían sus permisos de vuelo a menos que se realizara la inspección de mantenimiento obligatoria conocida como “1CCheck”, en donde se revisan 500 ítems de la aeronave y se deciden arreglos y qué autopartes deben reemplazarse para garantizar su seguridad.
Sin ese permiso, según las normas internacionales que regulan la aeronavegación, el avión está impedido de aterrizar en cualquier aeropuerto del mundo. Sin embargo, a pesar de los plazos apremiantes, Gastaldi dejó pasar el tiempo y recién llamó a licitación el 1º de diciembre de 2023, faltando solo 10 días para el cambio de gobierno y dándoles a las empresas interesadas en la contienda nada más que 96 horas para preparar una cotización que –según fuentes del sector– lleva como mínimo un mes preparar. El service costaría a las arcas públicas no menos de 2.500.000 dólares.
accedió a los expedientes que abrieron el proceso licitatorio, que por el poco plazo otorgado a las empresas para la presentación de las ofertas levantó en el sector sospechas de un posible intento de “direccionamiento de la licitación”. También llamó la atención que se había convocado a varias empresas, incluyendo muchas que ni siquiera tienen relación con este tipo de servicio. Otro dato llamativo es que no se encontró la publicación de la licitación en el portal ComprAR, de la Oficina Nacional de Contrataciones, tal como obliga la legislación vigente.
De hecho, frente al alboroto periodístico que la extraña convocatoria generó en diciembre de 2023, Gastaldi se vio obligada a prorrogar la fecha de presentación de las ofertas en sucesivas oportunidades. El 10 de enero de este año, según surge del expediente en el Sistema de Gestión de la Documentación Electrónica (conocido como GDE) que utiliza la administración pública, Gastaldi dio por fracasado el proceso. El 14 de marzo de este año se volvió a enviar una nueva convocatoria a las empresas interesadas, esta vez con un plazo más acorde para la presentación de las ofertas: 27 de mayo de 2024.
Cuatro empresas presentaron ofertas: Alpha Aviation Group LLC fue la primera, por un valor de US$916.797. Dos días después hicieron lo propio Servicios Aeronáuticos Quintana, por US$519.846; Xtreme Aviation LLC, por US$532.752, y Commercial Jet Inc, por un valor de US$742.110. Según consta en el expediente oficial, estas dos últimas fueron las ofertas preseleccionadas, bajo recomendación de Gastaldi y con el aval del actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien fue el edecán del expresidente Mauricio Macri.
Aquí es donde entra en escena, y de forma polémica, el expiloto presidencial de Alberto Fernández Juan Pablo Pinto. En junio, en pleno proceso de selección de ofertas, el también exdirector de Logística –que, según fuentes cercanas, continúa en contacto con Gastaldi– intentó contactar al dueño de una de las empresas finalistas de la compulsa, Commercial Jet, y le envió por WhatsApp un mensaje en donde se presentó como “el único canal que existe con el gobierno argentino (sic) y el que puede lograr que se les adjudique la licitación”.
Según el mensaje, al que tuvo acceso Pinto le advirtió a Commercial Jet que “hay muchas personas con intereses de que se lo adjudiquen a Xtream (sic), ya que el precio es más bajo”, y le propone: “Si le interesa, me avisa y conversamos”. En ese texto, además, Pinto mencionó que lo recomendó Jaime Mejía, dueño de Aras Aero, empresa que ya había sido contratada por Gastaldi en otra oportunidad. El 7 de junio, según consta en el expediente, la funcionaria ubicó a Commercial Jet como primera en el orden de mérito del proceso licitatorio. intentó contactar a la funcionaria, pero no obtuvo respuesta.
Frente a esta situación, el 19 de junio, el titular de Commercial Jet envió un correo electrónico a la Dirección de Gestión de Medios Aéreos de la Secretaría General de la Presidencia –al que también accedió en el que intenta confirmar la operación y si Pinto era efectivamente el “contacto comercial de Presidencia”, tal como se había presentado por mensaje. Horas después de esta misiva, Florencia Gastaldi, con la anuencia de Ibáñez, dio de baja la oferta de la empresa que ella misma había recomendado. Con esto, la licitación volvió a fracasar y días después, el 26 de junio, el Boeing 757-256 matrícula ARG-01 quedó inutilizado por tiempo indeterminado.
Florencia Gastaldi, Juan Pablo Pinto y Sebastián Ibáñez fueron denunciados ante la Justicia por el abogado dedicado a casos de corrupción Santiago Dupuy De Lome, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
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La política de la opacidad y el control total
Claudio Jacquelin
Desde los viajes al exterior y las reuniones presidenciales con empresarios o la integración de las comitivas oficiales hasta el destino de las reservas en oro, todo es preservado por un hermetismo y un desdén por la transparencia que los voceros oficiales no tratan de disimular, sino que subrayan.
En el mismo plano se inscribe para muchos expertos en transparencia y para dirigentes opositores el decreto de asignación de 100.000 millones de pesos en fondos reservados destinados a la renovada Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), que la oposición se apresta a rechazar en el Congreso.
“De eso no vamos a decir nada”, “no tenemos ningún comentario para hacer”, “cuando venza el plazo judicial para informar lo haremos”, son algunas de las respuestas que los encargados de comunicación de la Presidencia y de los distintos ministerios dan habitualmente tanto a legisladores nacionales como a periodistas que requieren información sobre asuntos (que debieran ser) públicos.
Así es como se acumulan los pedidos de información y algunas demandas judiciales para conocer decisiones de la administración que involucran el manejo y el uso de recursos públicos.
También empiezan a generarse proyectos de ley para ampliar la publicación de datos que el Gobierno ha decidido manejar con un secretismo extremo y fijar normas para establecer reglas de transparencia respecto de los viajes del Presidente, como el que presentará mañana el diputado de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro, luego de habérsele rechazo o contestado parcialmente dos pedidos de información pública al respecto.
La Casa Militar o la Procuración del Tesoro se han comportado en este y otros casos como guardianes del secreto con el argumento de preservar la seguridad o la intimidad presidencial, aunque se esté ante la utilización de bienes del Estado.
No son hechos aislados ni casuales. Son el fruto de una estrategia que el superasesor presidencial (“sin responsabilidades formales”, sic) Santiago Caputo impone con puño de hierro en todas las áreas del Gobierno y baja a los responsables de comunicación de todos los ministerios y organismos.
El control que el más estrecho e influyente colaborador de Milei impone adquiere significación y efectividad ante la certeza del control que ejerce sobre el aparato de inteligencia del Estado, que no estaría activo solo para prevenir ataques contra el país. Un sellador para evitar filtraciones.
“Ningún funcionario de sus ministerios está autorizado a hablar con periodistas sin nuestra autorización. Si se enteran de que alguno lo hace, ustedes están obligados a reportarlo, y si alguien dependiente de ustedes no lo acata, lo echan”. Esa fue la orden que Caputo, el menor, bajó a los voceros ministeriales según relatan en forma coincidente dos comunicadores que siguen en la administración y uno que se fue hace un par de meses.
Ese control no es a lo único a lo que están obligados los voceros y responsables de prensa. También se les ha exigido que averigüen cuáles son las fuentes de periodistas que informan sobre asuntos que el Gobierno
no quiere que se conozcan públicamente o que se publiquen antes de que lo decida el superasesor presidencial. El clima de hipercontrol ha empezado a tornarse asfixiante para muchos. Ya se han producido bajas y algunos buscan una salida con cierta urgencia.
Esa línea se completa con la pretensión de control de la agenda pública, que tiene dos dimensiones. Por un lado, el hermetismo sobre cuestiones que hacen a la administración pública y, en particular, las actividades del triángulo del poder, compuesto por los hermanos Milei y Santiago Caputo. Por otro lado, la instalación de temas por dos vías. La primera son las redes sociales, a través del ejército de comunicadores, influencers y trolls oficiales y paraoficiales. La segunda, los medios audiovisuales, con periodistas amigos o afines ideológicamente.
“Nosotros tenemos que instalar los temas que se hablan en la mesa familiar”, dicen que fue la orden (o la aspiración) que comunicó el gurú presidencial ante los principales funcionarios del Gobierno y responsables de comunicación.
¿Y el oro dónde está?
En el contexto de las dudas instaladas en las últimas semanas sobre el estado de las reservas en moneda extranjera y la capacidad de pago a acreedores externos de deudas e intereses por vencer, el destino de las reservas en oro del Banco Central es uno de los casos de opacidad más sonoros.
Se trata de 4300 millones de dólares en lingotes que salieron del país, según se limitó a admitir el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pero sin aclarar adónde fueron, luego de que el diputado nacional y titular del gremio bancario, Sergio Palazzo, presentara una demanda judicial para que se informe, ante la negativa del Gobierno.
“Vamos a esperar hasta el último día del plazo judicial para informarlo. Hay 15 días hábiles de plazo, más una extensión de 15 más. No tenemos más comentarios para hacer”, respondió un vocero del BCRA consultado anteayer. El episodio adquiere más actualidad dado que hoy se expatriarían lingotes por 300 millones de dólares más, según publicó el diario El Cronista.
También respecto de este nuevo envío los responsables de comunicación del Banco Central se negaron a brindar información ante la consulta de En línea con el silencio que al respecto mantiene el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Sobre el tema, el único que ha hablado públicamente es Luis Caputo, lo que representa otra anomalía. La ley establece que el Banco Central debe ser independiente. Nadie se esfuerza en que lo parezca.
“El BCRA debería informar dónde está el oro que el Gobierno admite que se llevó al extranjero, aunque no tenga obligación. No es para nada habitual que se traslade y no se informen destino y objetivo, ni en qué banco está depositado, a qué plazo y con qué tasa. Mucho más cuándo se corren riesgos de que sea embargado por los litigios contra el país”, explicó un expresidente del BCRA.
Sobre el motivo del traslado los expertos señalan que “solo se puede usar como garantía de préstamos, ya que los lingotes solo se convierten en liquidez si se venden o se prestan, y para eso se habrían llevado”.
La presunción es que se está ante la búsqueda de un préstamo en dólares para aumentar las reservas líquidas. “Si no se informa nada, todo indica que es porque no tienen cerrada la operación. Esa es la información que circula en el ambiente financiero internacional”, explica un alto exfuncionario del BCRA.
Según el mismo especialista, el motivo del traslado sin tener resuelta la operación se debería a la necesidad de demostrar la calidad del oro. Si bien eso no es lo más frecuente, tampoco resulta excepcional. Menos con países cuya credibilidad está seriamente dañada.
Si bien el caso de las reservas es el que despierta las mayores suspicacias, es uno más de una lista que se completa con el viaje que a mediados del mes pasado realizó Milei a Sun Valley, Estados Unidos, en un avión privado sin que se informara quién pagó ese traslado, con quiénes se reunió el Presidente ni con qué motivo. La regla de confidencialidad de ese espacio privado que alegó el jefe del Estado para no dar explicaciones prevalece sobre la demanda de transparencia que rige en un sistema republicano.
Otro tanto sucedió en el reciente viaje a París con motivo de la participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos. La presencia en la reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, del embajador ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein, descolocó a los responsables del protocolo del país anfitrión. En el Elíseo fue motivo de comentarios por lo inusual.
La presencia del empresarioembajador fue justificada por un vocero de la Casa Rosada con el argumento de que “Werthein estuvo porque es el hombre de confianza del Presidente en estos asuntos”. El hecho en sí y la explicación posterior resaltan más la ausencia de la canciller Diana Mondino no solo en ese viaje y en esa reunión.
A esa singularidad se sumaron en ese viaje todos los detalles que rodearon el encuentro que mantuvo la comitiva con representantes de empresas francesas, de los que el vocero Manuel Adorni solo dio sus nombres y cargos.
No solo todas las consultas posteriores chocaron contra un silencio blindado, sino que el encuentro esunos tuvo rodeado de peculiaridades.
Por ejemplo, haberse realizado en un hotel y no en la embajada, como se les había anunciado a los medios. El cambio de locación no fue comunicado y los miembros de la comitiva eludieron con desdén a la única periodista que al enterarse de la nueva sede del encuentro concurrió al lugar. Se trataba de la corresponsal de Luisa Corradini, a quien el Presidente había agraviado en enero último.
Ninguna de estas reuniones está incluida en el Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, que por normativa vigente deben completar el Presidente y los funcionarios públicos. En el caso de Milei, en ocho meses de gestión solo tiene registradas 28 reuniones, poco más de una cada diez días, y eso que allí sí figuran las reuniones que mantuvo con jefes de Estado y de gobierno extranjeros, embajadores o funcionarios de otros países y directivos del FMI. Curiosidades.
Werthein no solo “goza de la confianza del Presidente”, sino también de una gran afinidad con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también ha entablado vínculos estrechos con representantes del mundo empresarial que se han incorporado al oficialismo. Es el caso de Betina Guardia de Bulgheroni, a quien se designó a cargo de la agencia Marca País, que fue otra pérdida del ministerio a cargo de Mondino. También estos cambios se realizaron sin que se brindaran detalles.
La opacidad que rodea estas acciones y relaciones de los principales funcionarios de la actual administración cobra más relevancia a la luz de los antecedentes de vínculos y actos de anteriores gobiernos que terminaron en graves casos sospechados (y algunos probados) de corrupción. Aun cuando no hay evidencia de que en la actual gestión se hayan producido actos indebidos de esa naturaleza.
Todo se potencia con lo que ocurre en estos días con el escándalo que sacude al país e involucra al expresidente Alberto Fernández por los negocios con el Estado del esposo de su exsecretaria personal, María Cantero, en cuyo teléfono celular habría pruebas de que los asuntos bajo sospecha estaban en conocimiento del propio exjefe del Estado y de varios de sus ministros.
De todas maneras, la mayor conmoción no la provocan las revelaciones respecto de esos negocios, sino evidencias que habría en el dispositivo sobre violencia de género supuestamente sufrida en la misma residencia de Olivos por la pareja de Fernández, Fabiola Yañez, causados por el entonces presidente.
Por todo eso, y más allá de casos puntuales, adquiere absoluta actualidad la sentencia de la expresidenta de Transparency International Delia Ferreira Rubio: “La transparencia es el principio rector de un gobierno democrático. No se trata simplemente de acceder a información, sino de garantizar el control sobre los actos de los gobernantes. El acceso a la información permite, por ejemplo, detectar potenciales conflictos de intereses y prevenir la corrupción. La máxima transparencia se basa en los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno y rendición de cuentas de los funcionarios”.
Prevenir es curar, en política.
El Gobierno solo develará el destino de las reservas del oro cuando esté al borde del vencimiento del plazo judicial
Caputo, el asesor, prohibió hablar con periodistas sin su permiso a voceros y funcionarios
En ocho meses, Milei sólo registró 28 audiencias de gestión de intereses
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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