IRREGULARIDADES Y ADN DEL CRIMEN

El Gobierno ya audita un primer lote de 400.000 pensiones por invalidez
Son las otorgadas en los últimos años en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como en Chaco

Fabiola CzubajAdorni, al denunciar anomalías en los beneficios
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en marcha la auditoría de las pensiones por invalidez laboral “una por una” que había anunciado el Gobierno a mediados del mes pasado. Fue tras hallar irregularidades en una muestra de más de 2500 de esos beneficios otorgados en los últimos años. Estimaron, a partir de esos primeros resultados, que entre el 30% y el 40% de más de un millón de pensiones fueron mal concedidas, según refirieron en ese momento a este medio.
El relevamiento arrancó la semana pasada por la ciudad de Buenos Aires, donde los registros indican que hay unas 27.000 pensiones activas, según informaron desde la Andis. Luego, avanzarán con las 300.000 vigentes en la provincia de Buenos Aires y las casi 99.000 de Chaco. Juntas, representan casi un tercio de los beneficiarios en el país.
Esta primera etapa, según prevén en la agencia, se irá proporcionando en las próximas semanas información sobre el alcance de lo que definieron como “anomalías graves” en el proceso para otorgar y gestionar esos beneficios durante la gestión anterior.
“Buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”, señaló a través de un comunicado Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis. “El objetivo –continuó el funcionario– es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que les fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones, las cuales desde 2003 hasta la actualidad pasaron de 80.000 a un poco más de 1,2 millones en todo el país”.
De la auditoría médica sobre una muestra de 2559 casos –entre judicializados y seleccionados al azar del padrón– citada por las autoridades de la agencia, surgió que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para poder trabajar. En Chaco, por ejemplo, la misma radiografía de hombro se había utilizado para justificar 150 pensiones por invalidez.
En el resto de los casos, identificaron que “no cumplían con los requisitos mínimos” de acceso a una pensión y, en diálogo con este medio, refirieron que habían anulado aquellas otorgadas de manera irregular. Solo una de esas personas a las que se les retiró el beneficio formalizó un reclamo para que se reviera esa decisión administrativa, según refirieron en la Andis.
“Se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, ampliaron desde ese organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”, agregaron.
En los registros, detectaron dos circuitos para obtener una pensión: uno era el que seguían las personas con una necesidad cierta de esa asistencia por discapacidad laboral y el otro, “exprés”, como lo identificaron. En el primero, la entrega de la pensión podía demorar entre uno y dos años; en el segundo, concentrado en algunas provincias, se resolvía en dos meses.
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires son las provincias donde más irregularidades detectó el equipo de la Andis.
A la vez, fueron Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes los distritos donde más pensiones se otorgaron en proporción al tamaño de su población durante la presidencia de Alberto Fernández. “Había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”, señalaron funcionarios que hicieron el primer análisis de datos.
A partir de esa información es que estimaron que en 2023 hubo un desvío de fondos asignados a la Andis por unos US$3400 millones.
Fernando Galarraga, que estuvo al frente de la agencia durante la gestión de Fernández, salió a desmentir estas afirmaciones cuando el gobierno de Javier Milei anunció el mes pasado la revisión de 1,2 millones de pensiones por un monto informado de $210.000 por mes. En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni exhibió la imagen de la radiografía de un perro que acompañaba el certificado médico por un trastorno de disco lumbar emitido por un médico de Corrientes. Es uno de los casos que aparecen en una denuncia tramitada este año por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9.
“¿A quién quieren engañar y meter el perro?”, tuiteó Galarraga, que atribuyó los dichos del vocero a “mentiras para argumentar la baja de pensiones no contributivas que se viene”. A modo de prueba, adjuntó la imagen parcial de un informe del 12 de octubre de 2022 con lo que sería un dictamen de auditoría médica sobre el caso mencionado por el vocero. “El interesado no adjunta ningún examen complementario que justifique las mencionadas patologías [por trastornos del disco lumbar y otros, con radiculopatía, disminución de la agudeza visual e hipertensión esencial]. Único examen complementario presentado corresponde a una radiografía que no pertenece a un ser humano”, se lee en la captura de ese informe.
Ante la consulta por ese mensaje, desde el entorno de Galarraga facilitaron a una nota la nacion del 17 de agosto de 2022 en la que se daba cuenta internamente de irregularidades para otorgar los certificados médicos en Salta, Córdoba, Corrientes y Tucumán.
Paula Martínez, directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis, solicitó en ese escrito a Galarraga y a Tomás Dineri, jefe de Legales del organismo, iniciar una investigación “de manera urgente” frente a “posibles irregularidades informadas” a su dirección a través de los canales de atención al público y medios de comunicación locales. Las denuncias daban cuenta del cobro de certificados médicos que son gratuitos o la participación de gestores para iniciar un trámite que es personal, médicos que confeccionaban certificados con los mismos diagnósticos y porcentaje de invalidez, y profesionales que extendían esa documentación en provincias en las que no tenían matrícula habilitante para hacerlo.
“Todas las actuaciones se suspendieron a resultas de lo que determine la Justicia”, aclararon a este medio sobre las decisiones administrativas tomadas con respecto de las pensiones asociadas con esas irregularidades detectadas hace dos años. “Las que se pidieron investigar no fueron asignadas. Las demás, ya dependía de la definición judicial”, agregaron.

En la Andis, en tanto, el equipo de Spagnuolo informó que ese “aviso” interno de irregularidades no se tradujo en una denuncia penal formal ni están incluidos los médicos “actualmente denunciados”, que habrían seguido extendiendo certificados, según indicaron a partir de los registros cotejados con los nombres de profesionales y funcionarios incluidos en la nota interna de hace dos años.

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La caída del menor que se volvió un salvaje asaltante de jubilados
En marzo pasado golpeó hasta la muerte a Daniel Velázquez, de 81 años, en Luis Guillón; tiene 17 años, pero desde los 13 está fichado por distintos crímenes

Gustavo CarabajalUno de los jóvenes detenidos por el crimen de Daniel Velázquez
Tiene 17 años y lo acusan de comandar una banda dedicada a romper las ventanas de casas para sorprender a los dueños –la mayoría, jubilados– y robar todo lo que pudieran cargar en un Volkswagen Bora. Era tanta la violencia que aplicaban en los asaltos que el 22 de marzo pasado torturaron hasta la muerte a Daniel Velázquez, de 81 años.
El adolescente que lideraba al grupo delictivo no dudó en asesinarlo porque creyó que se negaba a decir dónde guardaba el dinero de una supuesta operación inmobiliaria. Pero la víctima no había realizado venta alguna ni tenía dinero. A Y. C. –el menor homicida– le habían dado un dato equivocado.
“¡No grites! ¡Callate la boca! ¡¿Cuál de estas llaves abre la puerta?!”, exigió el despiadado delincuente que despertó a Ramona, la esposa de Velázquez, con quien descansaba en una de las habitaciones de su casa, situada en Grierson 1805, Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.
Aturdida por los gritos y los golpes que le daba el ladrón, Ramona alcanzó a señalar la llave. El delincuente se dirigió a la puerta principal y franqueó el acceso de dos cómplices que esperaban en la calle.
“¡¿Dónde están los dólares?! ¡¿Dónde tienen las armas y las joyas?! ¡Te vamos a robar todo!”, amenazaba el ladrón que dirigía todo.
“Solo tengo 50.000 pesos. Revisá todo”, le dijo Ramona, mientras escuchaba los gemidos de dolor de su esposo en la otra habitación.
“Tenemos el dato de que acá hay dólares”, exclamó el ladrón, mientras tomaba a Ramona de los cabellos y la arrastraba en dirección al comedor de la casa.
En la otra habitación, uno de los asaltantes continuaba torturando a Daniel. “¡Hablá, viejo! ¡Dale! ¿Dónde están las joyas, las armas y los dólares?”, le gritaba el delincuente, al tiempo que, con una almohada, le tapaba la boca y el rostro.
“¡Vamos porque viene la gorra. ¡Apúrense, que nos dieron un dato falso!”, ordenó el jefe del grupo delictivo. Ante esa directiva, los otros dos asaltantes tomaron todos los objetos de valor que pudieron cargar y abandonaron la casa del matrimonio de jubilados.
“Vieja, llamá a la ambulancia que tu marido no está muerto”, ordenó el líder de la banda. Era mentira. Daniel Velázquez no soportó la andanada de golpes que le asestaron ni la tortura que le aplicaron al asfixiarlo con la almohada.
“La víctima recibió múltiples golpes en la región nasal, en ambos pómulos y ambas mejillas, en párpados superior e inferior de ambos ojos, en el cuero cabelludo, en el dorso de la mano izquierda y en de la muñeca izquierda, para luego de ello ser atada de manos y pies con un cordón, causándole a consecuencia de ello su deceso a causa de un paro cardiorrespiratorio traumático”, concluyó la autopsia.
Mientras dos de los delincuentes le pegaban a Daniel, uno de los asaltantes tomó un jabón del baño de la casa, se dirigió hasta la habitación en la que estaba Ramona, se lo pasó por la mano y le quitó la alianza de matrimonio. Luego, el mismo delincuente fue hasta la pieza en la que sus cómplices agredían a Daniel y repitió el procedimiento.
Así reconstruyó Ramona las agresiones que sufrió junto a su esposo durante los 45 minutos que los ladrones estuvieron en su casa. Además de llevarse las alianzas con las inscripciones “DR” y “RD”, los asaltantes se apoderaron de un reloj plateado, 50.000 pesos y un encendedor antiguo con características de joya.
Después de dejar la vivienda, los tres asaltantes abordaron un VW Bora gris con patente terminada en 266. Ese auto fue grabado por cámaras de seguridad de zona cuando su conductor daba vueltas mientras esperaba a los cómplices.
“No sabemos si matamos al viejo. Lo agarramos, le pegamos piñas, lo ahorcamos”, le dijo Y.C. a uno de los cómplices que la madrugada del homicidiono los acompañó,en un mensaje que le envió por WhatsApp.
Según el registro de las cámaras de seguridad, el primero de los asaltantes irrumpió en la vivienda a las 2.22. Dos minutos más tarde ingresaron los dos cómplices que, segundos antes descendieron del Bora.
Las cámaras registraron que a las 3.36 los tres ladrones abandonaron la casa de las víctimas y abordaron el vehículo en el que habían llegado hasta la escena del crimen.
Con la vivienda revuelta, dolorida por los golpes y al advertir que su esposo no se movía, Ramona llamó a su hijo y al 911. La policía llegó a las 4. En medio del estado de conmoción que la dominaba, la mujer reconstruyó el ataque y aportó una descripción de los tres asaltantes.
“Uno de los ladrones medía 1,65 de alto, tenía contextura física delgada, tez blanca y sin barba. Se peinaba hacia un costado. Si bien los tres estaban a cara descubierta, se encargaban de tapar sus bocas con las manos. Tenía el rostro alargado y flaco. El segundo ladrón usaba guantes. No llegué a verlo, pero sí lo sentí cuando me tapó la boca. El tercero estuvo siempre arrodillado en la cama, encima de mi esposo. Tenía contextura física robusta. Era rellenito, de rostro redondo, de cuello medio, con cabellos cortos, también rapado en los laterales”, detalló Ramona. Esa descripción sería clave para probar la participación de los jóvenes en el homicidio de su esposo.
En cuanto a por qué habían elegido esa vivienda para atacar, cuando, en realidad, el matrimonio no tenía ni dólares ni joyas ni había realizado ninguna operación inmobiliaria, uno de los investigadores recordó un detalle aportado por Ramona.
Tres días antes del ataque, la mujer recibió una llamada en su teléfono de línea. Una voz de mujer le dijo: “Hola abuela. Soy yo”. “¿Quién sos?”, respondió ella. “Soy yo, ¿no te acordás de mí?”, insistió la voz de mujer al otro lado de la línea telefónica.
“¿Cómo te llamás?”, inquirió Ramona, con justificada duda.
“Soy Carla”, contestó la sospechosa.
“Yo no conozco a ninguna Carla”, expresó Ramona, y cortó de inmediato la comunicación.
A partir de este detalle, los investigadores abonaron la presunción de que ese llamado podría ser la punta del ovillo. Explicaría, por ejemplo, que una integrante de la banda hubiese intentado sacarle información. Pero partían de un dato equivocado. Lo único cierto es que en la casa de Grierson al 1800 vivía un matrimonio de jubilados. Nada más.
Debido a que es menor de edad, a Y. C., de 17 años, solo se lo identificará por sus iniciales. El hecho de ser menor, no obstante, no le impidió convertirse en el jefe de una banda que asaltaba casas en las que entraba después de romper las ventanas con un criquet de auto.
Uno de los integrantes del grupo, de contextura delgada, irrumpía en las viviendas a través del estrecho espacio que quedaba entre la reja doblada y la ventana. Una vez dentro de la casa sorprendía a los moradores mientras dormían y los obligaban, a fuerza de golpes, a que indicaran cuál era la llave que permitía abrir la puerta principal.
En ese momento ingresaban sus cómplices y comenzaban las palizas y las torturas contra los indefensos habitantes de las casas.
Con respecto a Y. C., fuentes policiales indicaron que comenzó a robar cuando tenía 13 años.
Cuando era menor no punible fue detenido por varios intentos de homicidio cometidos al cabo de robos de similares características al que concretó el 22 de marzo pasado en la casa de Daniel y Ramona. En los anteriores asaltos golpeó y ejerció violencia sin llegar a matar a las víctimas. En cambio, la madrugada que irrumpió en la vivienda de Grierson al 1800 no paró de golpear hasta que asesinó al dueño de casa.
Su función en la banda quedó bien detallada con el relato de Ramona Velázquez, quien describió a Y. C. como el ladrón que le pegó a su esposo, junto con el cómplice que se sentó arriba de Daniel y le tapó las vías respiratorias.
Además, su rol como jefe quedó expuesto con la declaración del sospechoso identificado como A. E. A., dueño del Volkswagen Bora gris que trasladó a Y. C. y al resto de la banda desde Isidro Casanova hasta Luis Guillón para robar.
Este sospechoso –que fue detenido, pero su procesamiento no fue confirmado, y por eso solo se lo identifica con sus iniciales–, expresó que Y. C. se había sentado en el asiento del acompañante del Bora, mientras que los otros tres cómplices ocuparon la parte trasera del vehículo.
Según la investigación encarada por el Ministerio Público del Departamento Judicial Lomas de Zamora, la banda comandaba por Y. C. se juntaba en una barbería situada en Alcaraz, entre Guatemala y Centenera, Isidro Casanova.
Los policías de Luis Guillón siguieron hasta ese lugar el recorrido del Volkswagen Bora gris en el que huyeron los delincuentes después de matar a Daniel Velázquez.
Los uniformados reconstruyeron la ruta de escape luego de revisar las imágenes grabadas por cincuenta cámaras de seguridad desde Esteban Echeverría hasta, por ejemplo, el cruce de Juan Manuel de Rosas y Madariaga, en San Justo, donde quedó registrado el paso del vehículo a las 4.02 de la madrugada del homicidio.
En la barbería repartieron el botín y se separaron. Las alianzas de Ramona y Daniel fueron recuperadas durante un allanamiento realizado por los efectivos de la comisaría de Luis Guillón en un departamento del complejo habitacional situado en el cruce de Centenario y la ruta 3, en Isidro Casanova.
Además de Y. C., de 17 años, y A. E. A., de 21, fue arrestado otro sospechoso, cuya identidad no trascendió. En el caso de A. E. A. se estableció que había llevado en varias oportunidades a la banda a concretar robos. Le pagaban 25.000 pesos por cada viaje desde Isidro Casanova a Monte Grande y otros 10.000 pesos por la espera.
Si bien intentó desvincularse del hecho al afirmar que no sabía que eran unos ladrones violentos, su Volkswagen Bora gris, que eventualmente usaba para trasladar pasajeros, fue grabado por las cámaras de seguridad en las zonas donde ocurrieron varios asaltos.
Con respecto a Y. C., fuentes policiales indicaron que había escapado en varias oportunidades de diversos institutos de Menores bonaerenses. Por este motivo, la Justicia de Lomas de Zamora ordenó que sea alojado en un centro de detención de máxima seguridad, aunque, en estos casos, no existen garantías de que no se vuelva a escapar.
“No sabemos si matamos al viejo. Lo agarramos, le pegamos piñas y lo ahorcamos”, dijo Y. C.

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