Kueider. “El kirchnerismo acuerda y no pasa nada, pero después otros somos los traidores”
El senador peronista alude al entendimiento entre Cristina Kirchner y Milei por el pliego de Lijo; dice que aún no tomó posición; confirma una propuesta por la comisión de inteligencia
Delfina Celichini | 
La figura de Edgardo Kueider (Unidad Federal) cobró relevancia en las últimas semanas. Según confirmó el senador entrerriano, “una persona del Gobierno” le ofreció ser el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un lugar determinante para Javier Milei, que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) e incrementó sus gastos reservados en $100.000 millones.
Actualmente, Kueider preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Como su autoridad, aseguró a que la nacion el Poder Ejecutivo prepara una ampliación de los miembros de la Corte Suprema con el fin de destrabar el acuerdo para nombrar allí a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y despejar el cuestionamiento del equilibrio de género en el máximo órgano de Justicia.
“No he tomado una decisión”, indicó el senador entrerriano sobre la posibilidad de acompañar las dos nominaciones para integrar la Corte. Sin embargo, habló de un posible acuerdo político entre el Presidente y Cristina Kirchner para ubicar allí al juez federal Lijo. “Eso dicen los pasillos”, deslizó.
Si bien asumió como senador en representación del kirchnerismo, rompió el bloque en 2022. Según precisó, la defensa de los intereses de su provincia lo llevó a tomar esta decisión. Unió fuerzas con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo para formar Unidad Federal. Desde ese momento, y tras la victoria de Milei, su plasticidad se convirtió en un activo en una Cámara alta hiperfragmentada. Es posible que uno de los tres delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande –la central hidroeléctrica binacional que funciona en Entre Ríos– sea un hombre de su confianza.
–¿Cómo definiría su vínculo con el gobierno de Javier Milei?
–Oposición. Una que prioriza lo mejor para nuestro país. No estoy de acuerdo con que cuando uno gobierna la oposición consista en sistemáticamente paralizar, boicotear u obstruir totalmente la acción del gobierno, creo que eso nos lleva siempre a tirar para abajo. Creo que las elecciones hay que ganarlas con propuestas superadoras, mejorar lo que está o corregir lo que está mal y no apostar siempre a que fracase el que gobierna para tener mayores posibilidades electorales.
–Esta definición de oposición lo diferencia del kirchnerismo.
–Mi bloque y yo somos una oposición bien equilibrada en términos de que cuando hay que rechazar algo, lo rechazamos. Pero cuando hay que acompañar cosas que creemos que están bien, las hemos acompañado.
–Eso le valió la crítica del kirchnerismo, que lo llamó “traidor”.
–Sí, pero fíjese una cosa, a mí me criticaron por votar la Ley Bases en general, pero voté en contra del RIGI, que fue acompañado por senadores de Unión por la Patria, entonces ¿quién es el traidor? En este caso, en el kirchnerismo primó una actitud obstruccionista mirando la próxima elección.
–En su caso, ¿hubo un acuerdo político con el Gobierno para que usted votara, en general, a favor de la Ley Bases?
–No, ninguno. Jamás hablamos en términos de acuerdo político.
–Usted ahora es uno de los candidatos para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Pero cómo explica que el Gobierno le ceda la presidencia de dos comisiones claves, como esta última y Asuntos Constitucionales, si usted conforma un bloque de solo tres senadores y, en términos de estricta proporcionalidad de los bloques en la cámara, no le correspondería esta distribución tan generosa de lugares.
–Bueno, primero la Comisión de Asuntos Constitucionales surgió por un acuerdo a principios de año donde se hizo una primera distribución de lugares. Mi lugar en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que no sé cómo va a terminar esa historia, yo estimo que tiene mucho que ver con que nosotros hemos demostrado que tenemos una oposición equilibrada.
–¿Habló con Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla el organismo de inteligencia a través de Sergio Neiffert?
–No
–¿Pero alguien del Gobierno se lo ofreció?
–Me consultaron si estaba dispuesto a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.
–¿Quién?
–Alguien del Gobierno. Hasta ahí llegué.
–Y con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ¿habló de este tema? Ella estaría impulsando al senador misionero de Pro, Martín Goerling.
–De este tema no hablé.
–Como en cualquier otra comisión, quien resulte presidente tiene que ser votado por la mayoría de los integrantes. ¿Tiene los votos?
–No estoy trabajando en juntar votos, no estoy hablando con nadie, eso es un tema que tiene que resolver el Gobierno. No me corresponde a mí salir a trabajar en pos de una nominación a la que yo no me postulé.
–¿Cuál es su posición respecto de la reestructuración de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del incremento presupuestario de este organismo, que podrá disponer de 100.000 millones de pesos para gastos reservados?
–Mire, si el Gobierno dispone de la reestructuración de un organismo que ha tenido muchas críticas, estimo que es para mejorarlo. Ha incorporado un área de ciberseguridad que antes no estaba y eso me parece relevante. La asignación de recursos también es positiva siempre y cuando se usen bien y para eso está la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. O sea, un organismo tan importante sin recursos no tiene posibilidad de funcionar bien. Miguel Ángel Toma [director de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem] hacía referencia a que $100.000 millones es absolutamente nada para hacer reformas. Esto no estaría hoy en discusión si no hubiera habido situaciones de espionaje interno usado por la política con fondos de inteligencia.
–Usted rechazó el DNU 70/2023 por inconstitucional. ¿Tiene la misma consideración de los decretos 614, 615 y 656 de este año, a través de los que se reconfiguró e incrementó el presupuesto de la SIDE?
–Los DNU han sido usado de una forma abusiva en el transcurso del tiempo por todos los gobiernos. El Congreso tiene que tener el rol que le corresponde constitucionalmente para este tipo de cosas. Pero no considero que estos DNU sean inconstitucionales.
–¿Por qué?
–En el DNU 70/2023 se modificaban estructuralmente muchas cosas y la mayoría no eran necesarias ni urgentes.
–¿Y en estos últimos tres decretos usted no ve una modificación estructural? ¿Considera pertinentes la urgencia y necesidad de esta reforma?
–A priori no estaría a favor del rechazo. Su inconstitucionalidad es mucho más discutible que la del DNU 70/2023. Si me preguntás qué prefiero, obviamente te digo que una ley que se discuta en el Congreso de la Nación.
–¿Apoya las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema?
–Estoy revisando los cuestionamientos a Lijo. No he tomado una decisión todavía.
–Usted acompañó un proyecto de la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) que busca disponer por ley el equilibrio de género en la Corte. Usted preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el primer giro de ese proyecto, pero todavía no convocó a una reunión para discutirlo, ¿por qué?
–Porque tenemos información de que el Poder Ejecutivo está por mandar un proyecto de ampliación de los miembros de la Corte y no queremos sacar un dictamen sabiendo que va a venir otro con el mismo objetivo. Le queremos dar tiempo al Gobierno para ver si eso realmente ocurre.
–¿Y podría acompañar ese proyecto de ampliación de la Corte?
–Sí. No me parece mal que en decisiones tan importantes se amplíe la diversidad de criterios.
–Si esa ampliación se concreta, ¿podría votar a favor de Lijo y García-Mansilla?
–Tendré que ver las impugnaciones. No sé si esas nominaciones responden a algún acuerdo político. Algunos acuerdan y no pasa nada, pero después otros somos los traidores.
–¿Se refiere al kirchnerismo?
–Y sí, ¿Lijo de dónde viene?
–¿Está sugiriendo que hay un acuerdo entre Javier Milei y Cristina Kirchner para nominar a Lijo en la Corte?
–Eso dicen los pasillos, los mentideros, no lo digo yo.
–El año que viene a usted se le vence el mandato como senador. ¿Podría competir en las elecciones legislativas?
–Podría, sí, pero tengo muchas reservas con esto de pensar únicamente en términos electorales. Si estuviese pensando todo el tiempo en las elecciones del año que viene, no hubiera roto el bloque el año pasado por impulsar una ley de tarifas para bajarle el costo de la electricidad a los argentinos. En el caso de Entre Ríos, tenemos la generadora de electricidad más barata del país, pero pagamos la energía más cara en todo el territorio.
–¿Cómo es su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio?
–Bueno, tenemos diálogo.
–Después de la aprobación de la Ley Bases, el Presidente le otorgó por decreto el poder a la provincia de Entre Ríos para designar a los tres integrantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. A instancias suyas, uno de ellos es Juan Carlos Chagas. Usted dice que no hubo un acuerdo político, pero ¿cómo explica esta decisión?
–El tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es una lucha histórica de los entrerrianos. Cuando se empezó a construir la represa, en 1978, se inundó una ciudad completa. En su momento, a muchos ciudadanos los convencieron de dejar sus hogares con la promesa de que les iban a dar una casa mejor. También les dijeron que iban a pagar la energía barata. Por supuesto que eso nunca se cumplió. Hasta el día de hoy, Entre Ríos paga una de las electricidades más caras del país. En el sentir de los entrerrianos, y fundamentalmente en quienes habitan en la región de Salto Grande, donde se construyó la represa, sigue vigente esta demanda. En la Ley Bases nos encontramos con el apartado energético, que habla de una desregulación del sector. Esto significa que las generadoras van a poder venderles a las distribuidoras locales en forma directa, sin pasar por la administradora Cammesa. En el caso de las generadoras binacionales, que no están privatizadas, como Salto Grande, esto lo va a administrar la delegación argentina. ¿Dónde está la importancia de esto? En que Salto Grande genera electricidad para abastecer al 4% del país a 5 dólares el megavatio.
–Pero no me está respondiendo la pregunta de si hubo un acuerdo político con el Gobierno para tener injerencia en el nombramiento de los delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
–No vayamos a eso, porque eso es lo que ha instalado un sector de la oposición. Al desregularse, lo que propone el Gobierno es que directamente Salto Grande le venda a la distribuidora. Si yo logro que Salto Grande les venda directamente a las distribuidoras entrerrianas a 5 dólares, les estoy bajando 10 veces el costo de la energía a todos los entrerrianos.
–¿Y usted cree que puede hacer eso a través de Chagas?
–No. Frigerio me pidió que le nombre a alguien para ese lugar y yo sugerí varias personas. Se quedaron con Chagas. A mí me pidieron la expulsión del Partido Justicialista, Cristina Kirchner me mató, yo no estoy haciendo todo esto para ubicar a alguien ahí. Esto es más importante. Entre Ríos siempre peleó para poner los delegados. Al modificar el decreto 132/2004, logramos que ya no haya discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo sobre a quién nombrar y que lo tenga que hacer a propuesta de la provincia. ¿Qué te permite eso? Desarrollar una política de industrialización, del turismo, de desarrollo agropecuario, entre otras cosas. Entre Ríos va a pagar la electricidad por 10 años a un menor costo de lo que venía pagando ahora, como mínimo.
–¿Se imagina un acuerdo electoral el año que viene con el oficialismo?
–No lo estoy pensando. Hoy por hoy, creo que hay que dar una discusión de fondo en la política.
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El pliego de Lijo, en medio de la interna libertaria
Reina el desconcierto por las jugadas del propio oficialismo en contra del polémico juez federal
La figura de Edgardo Kueider (Unidad Federal) cobró relevancia en las últimas semanas. Según confirmó el senador entrerriano, “una persona del Gobierno” le ofreció ser el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un lugar determinante para Javier Milei, que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) e incrementó sus gastos reservados en $100.000 millones.
Actualmente, Kueider preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Como su autoridad, aseguró a que la nacion el Poder Ejecutivo prepara una ampliación de los miembros de la Corte Suprema con el fin de destrabar el acuerdo para nombrar allí a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y despejar el cuestionamiento del equilibrio de género en el máximo órgano de Justicia.
“No he tomado una decisión”, indicó el senador entrerriano sobre la posibilidad de acompañar las dos nominaciones para integrar la Corte. Sin embargo, habló de un posible acuerdo político entre el Presidente y Cristina Kirchner para ubicar allí al juez federal Lijo. “Eso dicen los pasillos”, deslizó.
Si bien asumió como senador en representación del kirchnerismo, rompió el bloque en 2022. Según precisó, la defensa de los intereses de su provincia lo llevó a tomar esta decisión. Unió fuerzas con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo para formar Unidad Federal. Desde ese momento, y tras la victoria de Milei, su plasticidad se convirtió en un activo en una Cámara alta hiperfragmentada. Es posible que uno de los tres delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande –la central hidroeléctrica binacional que funciona en Entre Ríos– sea un hombre de su confianza.
–¿Cómo definiría su vínculo con el gobierno de Javier Milei?
–Oposición. Una que prioriza lo mejor para nuestro país. No estoy de acuerdo con que cuando uno gobierna la oposición consista en sistemáticamente paralizar, boicotear u obstruir totalmente la acción del gobierno, creo que eso nos lleva siempre a tirar para abajo. Creo que las elecciones hay que ganarlas con propuestas superadoras, mejorar lo que está o corregir lo que está mal y no apostar siempre a que fracase el que gobierna para tener mayores posibilidades electorales.
–Esta definición de oposición lo diferencia del kirchnerismo.
–Mi bloque y yo somos una oposición bien equilibrada en términos de que cuando hay que rechazar algo, lo rechazamos. Pero cuando hay que acompañar cosas que creemos que están bien, las hemos acompañado.
–Eso le valió la crítica del kirchnerismo, que lo llamó “traidor”.
–Sí, pero fíjese una cosa, a mí me criticaron por votar la Ley Bases en general, pero voté en contra del RIGI, que fue acompañado por senadores de Unión por la Patria, entonces ¿quién es el traidor? En este caso, en el kirchnerismo primó una actitud obstruccionista mirando la próxima elección.
–En su caso, ¿hubo un acuerdo político con el Gobierno para que usted votara, en general, a favor de la Ley Bases?
–No, ninguno. Jamás hablamos en términos de acuerdo político.
–Usted ahora es uno de los candidatos para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Pero cómo explica que el Gobierno le ceda la presidencia de dos comisiones claves, como esta última y Asuntos Constitucionales, si usted conforma un bloque de solo tres senadores y, en términos de estricta proporcionalidad de los bloques en la cámara, no le correspondería esta distribución tan generosa de lugares.
–Bueno, primero la Comisión de Asuntos Constitucionales surgió por un acuerdo a principios de año donde se hizo una primera distribución de lugares. Mi lugar en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que no sé cómo va a terminar esa historia, yo estimo que tiene mucho que ver con que nosotros hemos demostrado que tenemos una oposición equilibrada.
–¿Habló con Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla el organismo de inteligencia a través de Sergio Neiffert?
–No
–¿Pero alguien del Gobierno se lo ofreció?
–Me consultaron si estaba dispuesto a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia.
–¿Quién?
–Alguien del Gobierno. Hasta ahí llegué.
–Y con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ¿habló de este tema? Ella estaría impulsando al senador misionero de Pro, Martín Goerling.
–De este tema no hablé.
–Como en cualquier otra comisión, quien resulte presidente tiene que ser votado por la mayoría de los integrantes. ¿Tiene los votos?
–No estoy trabajando en juntar votos, no estoy hablando con nadie, eso es un tema que tiene que resolver el Gobierno. No me corresponde a mí salir a trabajar en pos de una nominación a la que yo no me postulé.
–¿Cuál es su posición respecto de la reestructuración de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y del incremento presupuestario de este organismo, que podrá disponer de 100.000 millones de pesos para gastos reservados?
–Mire, si el Gobierno dispone de la reestructuración de un organismo que ha tenido muchas críticas, estimo que es para mejorarlo. Ha incorporado un área de ciberseguridad que antes no estaba y eso me parece relevante. La asignación de recursos también es positiva siempre y cuando se usen bien y para eso está la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. O sea, un organismo tan importante sin recursos no tiene posibilidad de funcionar bien. Miguel Ángel Toma [director de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem] hacía referencia a que $100.000 millones es absolutamente nada para hacer reformas. Esto no estaría hoy en discusión si no hubiera habido situaciones de espionaje interno usado por la política con fondos de inteligencia.
–Usted rechazó el DNU 70/2023 por inconstitucional. ¿Tiene la misma consideración de los decretos 614, 615 y 656 de este año, a través de los que se reconfiguró e incrementó el presupuesto de la SIDE?
–Los DNU han sido usado de una forma abusiva en el transcurso del tiempo por todos los gobiernos. El Congreso tiene que tener el rol que le corresponde constitucionalmente para este tipo de cosas. Pero no considero que estos DNU sean inconstitucionales.
–¿Por qué?
–En el DNU 70/2023 se modificaban estructuralmente muchas cosas y la mayoría no eran necesarias ni urgentes.
–¿Y en estos últimos tres decretos usted no ve una modificación estructural? ¿Considera pertinentes la urgencia y necesidad de esta reforma?
–A priori no estaría a favor del rechazo. Su inconstitucionalidad es mucho más discutible que la del DNU 70/2023. Si me preguntás qué prefiero, obviamente te digo que una ley que se discuta en el Congreso de la Nación.
–¿Apoya las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema?
–Estoy revisando los cuestionamientos a Lijo. No he tomado una decisión todavía.
–Usted acompañó un proyecto de la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) que busca disponer por ley el equilibrio de género en la Corte. Usted preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el primer giro de ese proyecto, pero todavía no convocó a una reunión para discutirlo, ¿por qué?
–Porque tenemos información de que el Poder Ejecutivo está por mandar un proyecto de ampliación de los miembros de la Corte y no queremos sacar un dictamen sabiendo que va a venir otro con el mismo objetivo. Le queremos dar tiempo al Gobierno para ver si eso realmente ocurre.
–¿Y podría acompañar ese proyecto de ampliación de la Corte?
–Sí. No me parece mal que en decisiones tan importantes se amplíe la diversidad de criterios.
–Si esa ampliación se concreta, ¿podría votar a favor de Lijo y García-Mansilla?
–Tendré que ver las impugnaciones. No sé si esas nominaciones responden a algún acuerdo político. Algunos acuerdan y no pasa nada, pero después otros somos los traidores.
–¿Se refiere al kirchnerismo?
–Y sí, ¿Lijo de dónde viene?
–¿Está sugiriendo que hay un acuerdo entre Javier Milei y Cristina Kirchner para nominar a Lijo en la Corte?
–Eso dicen los pasillos, los mentideros, no lo digo yo.
–El año que viene a usted se le vence el mandato como senador. ¿Podría competir en las elecciones legislativas?
–Podría, sí, pero tengo muchas reservas con esto de pensar únicamente en términos electorales. Si estuviese pensando todo el tiempo en las elecciones del año que viene, no hubiera roto el bloque el año pasado por impulsar una ley de tarifas para bajarle el costo de la electricidad a los argentinos. En el caso de Entre Ríos, tenemos la generadora de electricidad más barata del país, pero pagamos la energía más cara en todo el territorio.
–¿Cómo es su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio?
–Bueno, tenemos diálogo.
–Después de la aprobación de la Ley Bases, el Presidente le otorgó por decreto el poder a la provincia de Entre Ríos para designar a los tres integrantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. A instancias suyas, uno de ellos es Juan Carlos Chagas. Usted dice que no hubo un acuerdo político, pero ¿cómo explica esta decisión?
–El tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es una lucha histórica de los entrerrianos. Cuando se empezó a construir la represa, en 1978, se inundó una ciudad completa. En su momento, a muchos ciudadanos los convencieron de dejar sus hogares con la promesa de que les iban a dar una casa mejor. También les dijeron que iban a pagar la energía barata. Por supuesto que eso nunca se cumplió. Hasta el día de hoy, Entre Ríos paga una de las electricidades más caras del país. En el sentir de los entrerrianos, y fundamentalmente en quienes habitan en la región de Salto Grande, donde se construyó la represa, sigue vigente esta demanda. En la Ley Bases nos encontramos con el apartado energético, que habla de una desregulación del sector. Esto significa que las generadoras van a poder venderles a las distribuidoras locales en forma directa, sin pasar por la administradora Cammesa. En el caso de las generadoras binacionales, que no están privatizadas, como Salto Grande, esto lo va a administrar la delegación argentina. ¿Dónde está la importancia de esto? En que Salto Grande genera electricidad para abastecer al 4% del país a 5 dólares el megavatio.
–Pero no me está respondiendo la pregunta de si hubo un acuerdo político con el Gobierno para tener injerencia en el nombramiento de los delegados de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
–No vayamos a eso, porque eso es lo que ha instalado un sector de la oposición. Al desregularse, lo que propone el Gobierno es que directamente Salto Grande le venda a la distribuidora. Si yo logro que Salto Grande les venda directamente a las distribuidoras entrerrianas a 5 dólares, les estoy bajando 10 veces el costo de la energía a todos los entrerrianos.
–¿Y usted cree que puede hacer eso a través de Chagas?
–No. Frigerio me pidió que le nombre a alguien para ese lugar y yo sugerí varias personas. Se quedaron con Chagas. A mí me pidieron la expulsión del Partido Justicialista, Cristina Kirchner me mató, yo no estoy haciendo todo esto para ubicar a alguien ahí. Esto es más importante. Entre Ríos siempre peleó para poner los delegados. Al modificar el decreto 132/2004, logramos que ya no haya discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo sobre a quién nombrar y que lo tenga que hacer a propuesta de la provincia. ¿Qué te permite eso? Desarrollar una política de industrialización, del turismo, de desarrollo agropecuario, entre otras cosas. Entre Ríos va a pagar la electricidad por 10 años a un menor costo de lo que venía pagando ahora, como mínimo.
–¿Se imagina un acuerdo electoral el año que viene con el oficialismo?
–No lo estoy pensando. Hoy por hoy, creo que hay que dar una discusión de fondo en la política.
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El pliego de Lijo, en medio de la interna libertaria
Reina el desconcierto por las jugadas del propio oficialismo en contra del polémico juez federal
Gustavo Ybarra
Cuando faltan apenas diez días para que Ariel Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos para defender su cuestionada nominación para integrar la Corte Suprema, en la mayoría de los bloques del Senado reina un estado de desconcierto sobre qué suerte correrán los pliegos del controvertido juez federal y del catedrático Manuel GarcíaMansilla, también propuesto para ocupar una poltrona en el máximo tribunal de Justicia del país.
El escenario que se registra es, cuanto menos, poco usual. Un Poder Ejecutivo que no se compromete de manera activa en la búsqueda de votos y una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que, como parte de una larga cadena de cortocircuitos con la Casa Rosada, no tiene empacho en anunciar, y que analiza volver a pronunciarse de manera pública, que no le gusta uno de los postulantes elegidos por su propio gobierno –Lijo– configuran una parte importante del extraño tablero de esta partida.
“Hay incertidumbre”, reconoció a un senador de la oposición la nacion dialoguista que, aunque no lo verbaliza, está más dispuesto a votar a Lijo que a García-Mansilla. “Suena raro que el Poder Ejecutivo no haga nada para conseguir los votos para la Corte”, agregó el legislador.
De hecho, fuentes legislativas aseguraron que desde la Casa Rosada se envió el mensaje de que no están dispuestos a negociar los pliegos en un paquete más amplio que incluya la ampliación de la Corte y otros cargos judiciales que también requieren el voto de una mayoría calificada, como el procurador general de la Nación y el defensor del pueblo.
Según voceros calificados del Senado, el Gobierno dice que el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti le “vendió” la candidatura de Lijo asegurando que se encargaba de conseguir los dos tercios para el juez federal y García-Mansilla. Por eso, siempre según esta versión, el Ejecutivo se niega a entrar en un reparto de cargos.
El clima se enrarece a medida que se acercan las fechas de las audiencias públicas: Lijo expondrá el 21 de agosto. García-Mansilla, una semana después. En este escenario, los postulantes recorren despachos para presentarse ante los senadores que decidirán su futuro.
En una suerte de audiencia pública paralela organizada por el senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) y moderado por la macrista María Eugenia Talerico, exdirectora de la Unidad de Información Financiera del gobierno de Macri, el Salón Azul del Congreso será escenario de una reunión en la que un grupo de juristas expondrán sobre los pliegos de la Corte.
El encuentro se llevará el 19 de agosto, dos días antes de que Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos, y tiene por finalidad criticar la postulación del juez federal, cuestionado por su supuesto incremento patrimonial y el manejo irregular de causas sensibles. Es una forma de sortear el Reglamento del Senado, que impide participar a extraños a la Cámara alta en las audiencias públicas.
Fuego amigo
No es extraño que detrás de la jugada esté el libertario formoseño. Es, hasta ahora, porque dicen que habría otro más, el único senador oficialista que se manifestó en contra de Lijo. “Yo estoy parado en el mismo lugar desde hace dos años, el que cambió es el Gobierno”, sostiene Paoltroni.
El senador hizo del rechazo a Lijo una cruzada personal. En parte porque el juez benefició al gobernador peronista Gildo Insfrán al remitir la causa The Old Fund a la Justicia Federal de Formosa, y también por la decisión de Caputo y Karina Milei de dejarlo afuera en el armado de La Libertad Avanza en la provincia norteña.
Como parte de su activismo, el senador le envió una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el peronista entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), para pedir que ponga en discusión un proyecto de la cordobesa Alejandra Vigo que propone fijar por ley el cupo femenino en la Corte Suprema.
El pedido no es ingenuo. Lijo está propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante con su renuncia Elena Highton de Nolasco, y la discusión de una cuota de género femenino en el máximo tribunal podría entorpecer el tratamiento de su pliego en el Senado. La Justicia a veces suele ser rápida para otorgar recursos de amparo.
Kueider no respondió la nota. Es lógico, porque el legislador quedó sin terminal política en Entre Ríos, donde lo quieren expulsar del PJ por haber votado a favor de la Ley Bases y ha consolidado una buena relación con Santiago Caputo.
A tal extremo es buena la sintonía que Kueider es el elegido del asesor todoterreno para presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. La jugada es una nueva escaramuza en la guerra entre Caputo y Karina Milei con Villarruel, que había acordado poner al frente de la bicameral a Martín Goerling (Misiones-Pro). En este terreno de interna libertaria a cielo abierto, Lijo y García-Mansilla esperan, ansiosos, el final de la novela.
Cuando faltan apenas diez días para que Ariel Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos para defender su cuestionada nominación para integrar la Corte Suprema, en la mayoría de los bloques del Senado reina un estado de desconcierto sobre qué suerte correrán los pliegos del controvertido juez federal y del catedrático Manuel GarcíaMansilla, también propuesto para ocupar una poltrona en el máximo tribunal de Justicia del país.
El escenario que se registra es, cuanto menos, poco usual. Un Poder Ejecutivo que no se compromete de manera activa en la búsqueda de votos y una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que, como parte de una larga cadena de cortocircuitos con la Casa Rosada, no tiene empacho en anunciar, y que analiza volver a pronunciarse de manera pública, que no le gusta uno de los postulantes elegidos por su propio gobierno –Lijo– configuran una parte importante del extraño tablero de esta partida.
“Hay incertidumbre”, reconoció a un senador de la oposición la nacion dialoguista que, aunque no lo verbaliza, está más dispuesto a votar a Lijo que a García-Mansilla. “Suena raro que el Poder Ejecutivo no haga nada para conseguir los votos para la Corte”, agregó el legislador.
De hecho, fuentes legislativas aseguraron que desde la Casa Rosada se envió el mensaje de que no están dispuestos a negociar los pliegos en un paquete más amplio que incluya la ampliación de la Corte y otros cargos judiciales que también requieren el voto de una mayoría calificada, como el procurador general de la Nación y el defensor del pueblo.
Según voceros calificados del Senado, el Gobierno dice que el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti le “vendió” la candidatura de Lijo asegurando que se encargaba de conseguir los dos tercios para el juez federal y García-Mansilla. Por eso, siempre según esta versión, el Ejecutivo se niega a entrar en un reparto de cargos.
El clima se enrarece a medida que se acercan las fechas de las audiencias públicas: Lijo expondrá el 21 de agosto. García-Mansilla, una semana después. En este escenario, los postulantes recorren despachos para presentarse ante los senadores que decidirán su futuro.
En una suerte de audiencia pública paralela organizada por el senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) y moderado por la macrista María Eugenia Talerico, exdirectora de la Unidad de Información Financiera del gobierno de Macri, el Salón Azul del Congreso será escenario de una reunión en la que un grupo de juristas expondrán sobre los pliegos de la Corte.
El encuentro se llevará el 19 de agosto, dos días antes de que Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos, y tiene por finalidad criticar la postulación del juez federal, cuestionado por su supuesto incremento patrimonial y el manejo irregular de causas sensibles. Es una forma de sortear el Reglamento del Senado, que impide participar a extraños a la Cámara alta en las audiencias públicas.
Fuego amigo
No es extraño que detrás de la jugada esté el libertario formoseño. Es, hasta ahora, porque dicen que habría otro más, el único senador oficialista que se manifestó en contra de Lijo. “Yo estoy parado en el mismo lugar desde hace dos años, el que cambió es el Gobierno”, sostiene Paoltroni.
El senador hizo del rechazo a Lijo una cruzada personal. En parte porque el juez benefició al gobernador peronista Gildo Insfrán al remitir la causa The Old Fund a la Justicia Federal de Formosa, y también por la decisión de Caputo y Karina Milei de dejarlo afuera en el armado de La Libertad Avanza en la provincia norteña.
Como parte de su activismo, el senador le envió una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el peronista entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), para pedir que ponga en discusión un proyecto de la cordobesa Alejandra Vigo que propone fijar por ley el cupo femenino en la Corte Suprema.
El pedido no es ingenuo. Lijo está propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante con su renuncia Elena Highton de Nolasco, y la discusión de una cuota de género femenino en el máximo tribunal podría entorpecer el tratamiento de su pliego en el Senado. La Justicia a veces suele ser rápida para otorgar recursos de amparo.
Kueider no respondió la nota. Es lógico, porque el legislador quedó sin terminal política en Entre Ríos, donde lo quieren expulsar del PJ por haber votado a favor de la Ley Bases y ha consolidado una buena relación con Santiago Caputo.
A tal extremo es buena la sintonía que Kueider es el elegido del asesor todoterreno para presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. La jugada es una nueva escaramuza en la guerra entre Caputo y Karina Milei con Villarruel, que había acordado poner al frente de la bicameral a Martín Goerling (Misiones-Pro). En este terreno de interna libertaria a cielo abierto, Lijo y García-Mansilla esperan, ansiosos, el final de la novela.
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