El 53,6% de los chicos argentinos tienen vulnerado alguno de sus derechos
Informe. La UCA anunció la nueva medición de su índice de pobreza multidimensional, mientras la pobreza estructural ya alcanza a siete de cada diez menores de 18 años
Evangelina Himitian
El 32,2% de los chicos en la Argentina urbana sufren inseguridad alimentaria
En vísperas del Día de la Niñez, la radiografía de la situación en la que viven la mayoría de los chicos argentinos no es alentadora. Un nuevo informe presentado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) señala que más de la mitad de los niños y niñas argentinos viven en la pobreza multidimensional, es decir, en la que se vulneran algunos de sus derechos fundamentales.
Esta medición no se limita a los indicadores económicos tradicionales, como el nivel de ingresos de las familias, entre otros, sino que tiene en cuenta las privaciones que sufren chicos y adolescentes en todos los aspectos de su vida. Para eso, se seleccionan varias dimensiones de derechos que deberían ser protegidos, pero, en la mayoría de los casos, están siendo vulnerados: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información, condiciones de estimulación y educación.
Así, se concluyó que el 56,3% de los chicos argentinos son pobres multidimensionales, es decir, sufren al menos una privación de las mencionadas, según datos de 2023; además, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos. Pese al desalentador panorama que revelan las cifras, los valores bajaron progresivamente desde 2010, cuando se situaban en 68,3% y 29,4%, respectivamente.
En cambio, medida por los parámetros tradicionales, la pobreza estructural fue aumentando. Se considera que el 62,9% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza estructural y el 16,2% viven en la indigencia, según datos de 2022. En tanto, la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el segundo semestre de 2023 marca que el 69% de los chicos viven en la pobreza y el 28%, en la indigencia. La pobreza estructural es superior a la pobreza multidimensional.
El documento de la UCA ofrece una evaluación y monitoreo de los derechos de niños y adolescentes en la Argentina urbana durante los últimos 13 años. Resalta que no alcanza con remitirse a los enfoques monetarios de medición de pobreza basados en los ingresos de los hogares, que pueden ser cuestionados como indicador del bienestar, especialmente cuando se trata de la infancia.
“Dentro del concepto de pobreza multidimensional, se considera una dimensión que tiene que ver con la estimulación de los niños en sus primeros años de vida, entre los 0 y los 8 años, en los que, por un lado, tienen la oportunidad de incluirse tempranamente en la escuela, pero también transitan procesos de mayor o menor estimulación en el marco de sus propios hogares. Se consideran algunos indicadores vinculados al mundo privado del hogar, como la estimulación de los chicos a través de la lectura, de la narración de cuentos, de las canciones, del dibujo, del juego, así como el festejo del cumpleaños del niño, entre otros que tienen que ver con el clima en el que el niño emocionalmente e intelectualmente es estimulado”, explica Ianina Tuñón, una de las autoras del informe y especialista en infancias de la UCA.
Hay privaciones, como la que menciona Tuñón, que afectan a los chicos y no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares, detalla el informe. En el grupo de chicos de entre 0 y 8 años se destaca que el déficit de estimulación verbal en esta población asciende al 28%; el déficit de interacción a través del dibujo de entre 1 y 8 años, al 16,4%; a través de las canciones, al 11,5%, y mediante el juego, al 5,6%. Estos déficits se relevan estructurales y poco permeables a la situación socioeconómica del país, apunta el informe.
“Esas oportunidades de estimulación emocional e intelectual en el espacio privado de los hogares presentan importantes desigualdades sociales, que son, en términos generales, muy regresivas para los niños a medida que baja el estrato socioeconómico de sus padres, el clima educativo de sus padres. Al mismo tiempo, estos chicos se incluyen en el mundo educativo de manera más tardía. Cuando un niño tempranamente va a un centro educativo, tiene la oportunidad de llevar un conjunto de prácticas a su hogar, como son los juegos, las canciones, los libros, los cuentos, y eso ocurre de manera más tardía en condiciones de mayor vulnerabilidad social”, advierte Tuñón.
Los déficits en lectura de textos impresos y en tener una biblioteca en el hogar alcanzan al 60,1% y al 68,4% de los menores de entre 5 y 17 años, respectivamente. Más de la mitad de los chicos mayores de 5 años no presentaban el hábito de lectura en 2023, según el informe.
“Esto afecta a los procesos de alfabetización, que es una de las principales preocupaciones que actualmente tiene la Secretaría de Educación de la Nación. ¿Cómo lograrlo? Si bien hay diferentes enfoques para aprender a leer y escribir en los primeros años de la primaria, hay algo que es indiscutible: la importancia de la estimulación en los primeros años de vida en el espacio de su hogar”, insiste Tuñón.
El Barómetro de la Deuda Social también señala que el 52,4% de la población de entre 5 y 17 años no hace deporte fuera de la escuela, y el 80,8% de este grupo etario no concurre a actividades culturales. Es decir, la mayoría están excluidos de estos espacios alternativos al escolar. Por otro lado, el comportamiento sedentario frente a pantallas afecta a 7 de cada 10 chicos en esa franja etaria. En 2020 aumentó considerablemente con respecto al anterior y se sigue en esos niveles.
“La exposición a pantallas de manera exagerada y en los primeros años de vida es considerada algo nocivo; en esto coincide la Sociedad Argentina de Pediatría. Sin dudas es una etapa de la vida en la que los niños tienen que ser estimulados a partir de la interacción directa con sus adultos de referencia, y con pares a medida que van creciendo. Son sumamente importantes en ese vínculo la lactancia materna, y el contacto afectivo, cariñoso y estimulante con sus principales adultos de referencia. En ese marco, acompañar las políticas públicas con comunicación sobre los beneficios que tienen estos procesos de estimulación es algo que no abunda en la Argentina y que, sin dudas, es muy importante. Es muy adecuada la medida que tomó el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires en relación con que no pueda estar presente el celular en el aula”, agrega Tuñón.
Algunos de los indicadores para evaluar y monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en entornos urbanos resultan muy relevantes. De 2011 a 2023, se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza.
El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas tuvieron un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía, apuntan. El 32,2% de los chicos en la Argentina urbana sufren inseguridad alimentaria. No pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi uno de cada dos niños y adolescentes pobres lo manifiesta, al tiempo que entre los no pobres la incidencia no alcanza el 10%.
Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos. “Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho”, se señala.
En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil. “Debido a los altos niveles de inflación y al bajo poder adquisitivo de los salarios es necesario mejorar la eficacia, cantidad y calidad de las ayudas directas e indirectas”, sostiene.
El 55,8% de los chicos argentinos no tienen obra social, mutual ni prepaga, por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud. De ellos, el 90% son del estrato social más bajo, 65,1% son del conurbano bonaerense y 65,4% pertenecen a hogares monoparentales. “Sigue siendo considerable la proporción de niños, niñas y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y los 17 años”, dice el estudio.
La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil, se explica. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. En 2023, el 39,5% padece déficit de saneamiento, porcentaje estable desde 2018.
Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de los niños y adolescentes y el hacinamiento, al 18,7% y 18,4%, respectivamente. Además, el 49,4% de los chicos padecen déficit en las condiciones de medio ambiente, indicador que alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura o plagas. En los últimos años se incrementó a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos a 2010.
Información y educación
Dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora. Estos déficits mejoraron de 2010 a hoy; en aquel año, tres de cada cuatro chicos no tenían acceso; en 2023 solo es uno. La popularización de este recurso fue transversal al nivel socioeconómico.
El déficit educativo es un indicador compuesto por aquellos que no asisten a establecimientos educativos o bien asisten, pero con sobreedad. En el estrato socioeconómico más bajo, su incidencia se ubica por encima del promedio general y es notablemente elevada en el universo de niños y adolescentes en edad de ir a la secundaria (53,9%).
El 23% de los niños de 3 a 5 años no están escolarizados. Para 2023, se estima que al 59,1% de la población escolarizada en la educación primaria no le enseñan computación; al 22,3% no le dictan asignaturas como música, plástica y/o educación física, y el 44,9% no cursa una materia ligada al aprendizaje de un idioma extranjero. Se destaca que muy pocos chicos en edad primaria (apenas el 9,9%) asisten a doble jornada; en la ciudad de Buenos Aires esta proporción asciende al 46,4%.
La información del trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado es otro de los puntos que aborda el informe. “Si se tienen en consideración estas dos medidas, la estadística señala que el 13,7% de chicos entre 5 y 17 años realizó al menos una de las dos en 2023. De forma separada, el 5,2% participó de tareas domésticas intensivas y 9,5% en actividades económicas.
62,9%
pobreza estructural
Es la situación en la que se encuentran los menores de 18 años en la Argentina. La pobreza estructural es mayor que la multidimensional.
56,3%
pobreza multidimensional Es la situación en la que viven ese porcentaje de menores de 18 años en el país; el 16,2 padece pobreza mutidimensional en niveles severos.
55,8%
sin cobertura médica es el guarismo de menores sin obra social, mutual ni prepaga, que dependen exclusivamente de la atención pública para cuestiones médicas.
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El desafío de mantener abiertas las escuelas aunque haya paro
Congreso. El proyecto de ley votado por Diputados, que busca establecer a la educación como “servicio esencial”, genera dudas entre expertos sobre su aplicación
Esta medición no se limita a los indicadores económicos tradicionales, como el nivel de ingresos de las familias, entre otros, sino que tiene en cuenta las privaciones que sufren chicos y adolescentes en todos los aspectos de su vida. Para eso, se seleccionan varias dimensiones de derechos que deberían ser protegidos, pero, en la mayoría de los casos, están siendo vulnerados: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información, condiciones de estimulación y educación.
Así, se concluyó que el 56,3% de los chicos argentinos son pobres multidimensionales, es decir, sufren al menos una privación de las mencionadas, según datos de 2023; además, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos. Pese al desalentador panorama que revelan las cifras, los valores bajaron progresivamente desde 2010, cuando se situaban en 68,3% y 29,4%, respectivamente.
En cambio, medida por los parámetros tradicionales, la pobreza estructural fue aumentando. Se considera que el 62,9% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza estructural y el 16,2% viven en la indigencia, según datos de 2022. En tanto, la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el segundo semestre de 2023 marca que el 69% de los chicos viven en la pobreza y el 28%, en la indigencia. La pobreza estructural es superior a la pobreza multidimensional.
El documento de la UCA ofrece una evaluación y monitoreo de los derechos de niños y adolescentes en la Argentina urbana durante los últimos 13 años. Resalta que no alcanza con remitirse a los enfoques monetarios de medición de pobreza basados en los ingresos de los hogares, que pueden ser cuestionados como indicador del bienestar, especialmente cuando se trata de la infancia.
“Dentro del concepto de pobreza multidimensional, se considera una dimensión que tiene que ver con la estimulación de los niños en sus primeros años de vida, entre los 0 y los 8 años, en los que, por un lado, tienen la oportunidad de incluirse tempranamente en la escuela, pero también transitan procesos de mayor o menor estimulación en el marco de sus propios hogares. Se consideran algunos indicadores vinculados al mundo privado del hogar, como la estimulación de los chicos a través de la lectura, de la narración de cuentos, de las canciones, del dibujo, del juego, así como el festejo del cumpleaños del niño, entre otros que tienen que ver con el clima en el que el niño emocionalmente e intelectualmente es estimulado”, explica Ianina Tuñón, una de las autoras del informe y especialista en infancias de la UCA.
Hay privaciones, como la que menciona Tuñón, que afectan a los chicos y no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares, detalla el informe. En el grupo de chicos de entre 0 y 8 años se destaca que el déficit de estimulación verbal en esta población asciende al 28%; el déficit de interacción a través del dibujo de entre 1 y 8 años, al 16,4%; a través de las canciones, al 11,5%, y mediante el juego, al 5,6%. Estos déficits se relevan estructurales y poco permeables a la situación socioeconómica del país, apunta el informe.
“Esas oportunidades de estimulación emocional e intelectual en el espacio privado de los hogares presentan importantes desigualdades sociales, que son, en términos generales, muy regresivas para los niños a medida que baja el estrato socioeconómico de sus padres, el clima educativo de sus padres. Al mismo tiempo, estos chicos se incluyen en el mundo educativo de manera más tardía. Cuando un niño tempranamente va a un centro educativo, tiene la oportunidad de llevar un conjunto de prácticas a su hogar, como son los juegos, las canciones, los libros, los cuentos, y eso ocurre de manera más tardía en condiciones de mayor vulnerabilidad social”, advierte Tuñón.
Los déficits en lectura de textos impresos y en tener una biblioteca en el hogar alcanzan al 60,1% y al 68,4% de los menores de entre 5 y 17 años, respectivamente. Más de la mitad de los chicos mayores de 5 años no presentaban el hábito de lectura en 2023, según el informe.
“Esto afecta a los procesos de alfabetización, que es una de las principales preocupaciones que actualmente tiene la Secretaría de Educación de la Nación. ¿Cómo lograrlo? Si bien hay diferentes enfoques para aprender a leer y escribir en los primeros años de la primaria, hay algo que es indiscutible: la importancia de la estimulación en los primeros años de vida en el espacio de su hogar”, insiste Tuñón.
El Barómetro de la Deuda Social también señala que el 52,4% de la población de entre 5 y 17 años no hace deporte fuera de la escuela, y el 80,8% de este grupo etario no concurre a actividades culturales. Es decir, la mayoría están excluidos de estos espacios alternativos al escolar. Por otro lado, el comportamiento sedentario frente a pantallas afecta a 7 de cada 10 chicos en esa franja etaria. En 2020 aumentó considerablemente con respecto al anterior y se sigue en esos niveles.
“La exposición a pantallas de manera exagerada y en los primeros años de vida es considerada algo nocivo; en esto coincide la Sociedad Argentina de Pediatría. Sin dudas es una etapa de la vida en la que los niños tienen que ser estimulados a partir de la interacción directa con sus adultos de referencia, y con pares a medida que van creciendo. Son sumamente importantes en ese vínculo la lactancia materna, y el contacto afectivo, cariñoso y estimulante con sus principales adultos de referencia. En ese marco, acompañar las políticas públicas con comunicación sobre los beneficios que tienen estos procesos de estimulación es algo que no abunda en la Argentina y que, sin dudas, es muy importante. Es muy adecuada la medida que tomó el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires en relación con que no pueda estar presente el celular en el aula”, agrega Tuñón.
Algunos de los indicadores para evaluar y monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en entornos urbanos resultan muy relevantes. De 2011 a 2023, se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza.
El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas tuvieron un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía, apuntan. El 32,2% de los chicos en la Argentina urbana sufren inseguridad alimentaria. No pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi uno de cada dos niños y adolescentes pobres lo manifiesta, al tiempo que entre los no pobres la incidencia no alcanza el 10%.
Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos. “Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho”, se señala.
En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil. “Debido a los altos niveles de inflación y al bajo poder adquisitivo de los salarios es necesario mejorar la eficacia, cantidad y calidad de las ayudas directas e indirectas”, sostiene.
El 55,8% de los chicos argentinos no tienen obra social, mutual ni prepaga, por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud. De ellos, el 90% son del estrato social más bajo, 65,1% son del conurbano bonaerense y 65,4% pertenecen a hogares monoparentales. “Sigue siendo considerable la proporción de niños, niñas y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y los 17 años”, dice el estudio.
La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil, se explica. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. En 2023, el 39,5% padece déficit de saneamiento, porcentaje estable desde 2018.
Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de los niños y adolescentes y el hacinamiento, al 18,7% y 18,4%, respectivamente. Además, el 49,4% de los chicos padecen déficit en las condiciones de medio ambiente, indicador que alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura o plagas. En los últimos años se incrementó a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos a 2010.
Información y educación
Dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora. Estos déficits mejoraron de 2010 a hoy; en aquel año, tres de cada cuatro chicos no tenían acceso; en 2023 solo es uno. La popularización de este recurso fue transversal al nivel socioeconómico.
El déficit educativo es un indicador compuesto por aquellos que no asisten a establecimientos educativos o bien asisten, pero con sobreedad. En el estrato socioeconómico más bajo, su incidencia se ubica por encima del promedio general y es notablemente elevada en el universo de niños y adolescentes en edad de ir a la secundaria (53,9%).
El 23% de los niños de 3 a 5 años no están escolarizados. Para 2023, se estima que al 59,1% de la población escolarizada en la educación primaria no le enseñan computación; al 22,3% no le dictan asignaturas como música, plástica y/o educación física, y el 44,9% no cursa una materia ligada al aprendizaje de un idioma extranjero. Se destaca que muy pocos chicos en edad primaria (apenas el 9,9%) asisten a doble jornada; en la ciudad de Buenos Aires esta proporción asciende al 46,4%.
La información del trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado es otro de los puntos que aborda el informe. “Si se tienen en consideración estas dos medidas, la estadística señala que el 13,7% de chicos entre 5 y 17 años realizó al menos una de las dos en 2023. De forma separada, el 5,2% participó de tareas domésticas intensivas y 9,5% en actividades económicas.
62,9%
pobreza estructural
Es la situación en la que se encuentran los menores de 18 años en la Argentina. La pobreza estructural es mayor que la multidimensional.
56,3%
pobreza multidimensional Es la situación en la que viven ese porcentaje de menores de 18 años en el país; el 16,2 padece pobreza mutidimensional en niveles severos.
55,8%
sin cobertura médica es el guarismo de menores sin obra social, mutual ni prepaga, que dependen exclusivamente de la atención pública para cuestiones médicas.
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El desafío de mantener abiertas las escuelas aunque haya paro
Congreso. El proyecto de ley votado por Diputados, que busca establecer a la educación como “servicio esencial”, genera dudas entre expertos sobre su aplicación
Luján Berardi y Lucila Marin
Con la educación como “servicio esencial”, las escuelas deberán estar siempre abiertas
Pese a los tires y aflojes, la Cámara de Diputados votó a favor de declarar a la educación “servicio estratégico esencial” para garantizar la apertura de las escuelas durante todo el ciclo lectivo y que los estudiantes no pierdan días de clases por las medidas de fuerza de los gremios docentes y no docentes.
El proyecto aprobado, que debe pasar por el Senado, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán sostener el dictado de clases y el servicio de alimentación escolar en casos de paros o huelgas. Si estos duraran entre uno o dos días, deberán contar con la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Si se extendiera por tres o más, el porcentaje deberá ser del 50% de la nómina.
Los directivos de cada establecimiento tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar estas guardias al inicio del ciclo lectivo, según establece el artículo 4 de la norma. “El incumplimiento de lo previsto será considerado falta”, agrega.
“Los directivos tendrán que entregar el esquema de guardia. Para el primero y segundo día de paro, el 30% es el personal afectado. A partir del tercer día, el personal afectado se eleva al 50%. Por supuesto que después, en la dinámica de la escuela, imagino que el docente, con la autorización de los directores, podrá cambiar por otro”, dijo a el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro), uno de los impulsores de la iniciativa, que consideró que la implementación de esas guardias, en caso de que el proyecto se convierta en ley, es algo “absolutamente factible”.
“Es una cuestión de planificación nada más. No requiere un gran trabajo”, afirmó. Pese a que las escuelas pertenecen a la jurisdicción provincial o municipal, Finocchiaro enfatizó que es responsabilidad de sus directivos el cumplimiento de lo que podría ser la nueva ley, ya que ellos tienen la guarda y la responsabilidad civil sobre los alumnos cuando están dentro del establecimiento. “Tienen la misma responsabilidad que el capitán de un barco en alta mar. La misma capacidad de decisión. Los directores o rectores tienen que encontrar la manera de planificar. Es eso, un problema de planificación, como en cualquier empresa, en cualquier trabajo donde hay guardias; por ejemplo, los hospitales”, remarcó.
“Lo que regulamos como diputados es el derecho federal de huelga establecido en la Constitución. En cuanto a los directores, no pueden negarse a abrir la escuela. Si lo hacen, cualquier padre puede presentar un recurso de amparo a través de distintas organizaciones, como Padres Organizados. Sería un modelo de amparo simple donde solo hay que poner los datos. Se presenta ante el juez federal de la jurisdicción, que inmediatamente debe ordenar la apertura del establecimiento”, detalló. La sanción por incumplimiento deberá definirla cada provincia. “Al docente que tiene guardia y falta no se le considera justificada la inasistencia”, señaló.
En la página de Diputados, el informe de la votación dice: “La norma, que en junio pasado logró unificar en comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques de Pro, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.
En el debate legislativo y entre los especialistas consultados, las posiciones a favor y en contra se centraron en la diferencia entre considerar a la educación un derecho o servicio esencial y los límites entre esto y el derecho de huelga docente. Se cuestionó que no apunta a solucionar los problemas de fondo de la crisis educativa.
“Se planteó una falsa dicotomía, como si hubiesen dos bandos. La discusión no es sobre la esencialidad o no de la educación, sino sobre las cuestiones que deben existir para garantizarla: infraestructura adecuada, condiciones laborales y de aprendizaje satisfactorias, y buenos salarios, entre otras. La crítica al proyecto es la omisión de estos puntos nodales y la cautela sobre su aplicación. Si estas medidas fueran ineficaces, se culpará a los docentes o a las provincias por la dificultad en la implementación, cuando es un problema del diseño de la norma, que no contempla las dificultades que ya se alertan. Es casi palpable la contradicción entre el discurso y la realidad: se declama esencial la educación cuando, simultáneamente, se le recortan recursos”, resumió Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y política educativa.
“Es una forma de sacarse el problema de encima por parte de la política”, sentenció Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa. “En cierta manera, es mentirle a la sociedad. Las escuelas tienen una doble función: enseñar y dar cuidado. La esencialidad ayuda a cumplir la segunda, pero de ninguna manera la primera. Un día de paro docente con el 30% o el 50% de dotación como guardia mínima de personal adulto y el 100% de los alumnos solo puede cumplir, y con profundas dificultades, la función de cuidado. Será un día donde los padres lograrán cuidado de sus hijos en el ámbito natural que es la escuela (algo no menor para la organización de los horarios familiares y trabajos de los adultos), pero no será un día normal de clases. Se enmascara de política educativa algo que es solo la regulación de la huelga docente, minimizando el conflicto y lo que habría que hacer para resolverlo”, apuntó.
Y concluyó: “Si la idea es usar la ley como herramienta para mantener a raya una disputa con el sector sindical docente o un sindicalista en particular, tampoco es buena. Se necesita algo más amplio, un plan integral de mejora de los aprendizajes, que es nuestro gran desafío y vacancia durante los últimas tres décadas en la Argentina”.
En esa línea se expresaron desde Ademys, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires. “No busca resolver problemas educativos. Solo busca prohibir el derecho de protesta. Es una confesión de que no van a solucionar el fondo de la cuestión”, consideró Amanda Martín, secretaria adjunta de la entidad, y advirtió que es difícil implementar esta norma: “Les van a cargar la responsabilidad a las directoras. Dice que las actividades pedagógicas serán normales con menos personal, pero no dice cómo. Tampoco cómo proceder ante la falta de un servicio o problema de infraestructura ante un riesgo”.
“El concepto de que las escuelas solo cuidan, guardan niños, es regresivo. La escuela debe tener como lugar central la enseñanza y el aprendizaje”, sumó. Cuestionó que el proyecto no va a mejorar las condiciones educativas, que son las que impulsan las protestas docentes. “Hay que solucionar esos problemas de fondo y, para eso, los gobiernos deben hacerse responsables, no tirar la responsabilidad a la docencia y las familias”, opinó.
Para Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y presidente de la Fundación Educar en Ciencias, “es una buena señal” la aprobación del proyecto, porque pone a la escuela en la “centralidad de la discusión política y social”. “Su misión primera es garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional, y la condición necesaria para que eso pueda ocurrir es que las escuelas estén abiertas siempre, independientemente de las acciones legítimas que puedan llevar adelante docentes, equipos directivos o gremios”.
“En ese contexto, la escuela se convierte en un espacio más democrático, en el que cada ciudadano podrá asumir responsablemente sus decisiones. No puede seguir ocurriendo que se planteen situaciones en las que unos pocos o muchos resuelvan por la totalidad de la comunidad educativa, que hoy, más que nunca, necesita asegurar más enseñanza y mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. La implementación será compleja y nos llevará tiempo, pero en la medida en que familias y docentes sepan que es una obligación del Estado mantener las escuelas abiertas, construiremos una escuela más inclusiva y de calidad”, sostuvo.ß
Alejandro Finocchiaro diputado nacional-pro
los directores no pueden negarse a abrir la escuela. Si lo hicieran, cualquier padre puede presentar un recurso de amparo”
Amanda Martín aSociación docente ademyS
el proyecto no busca resolver problemas educativos. Solo busca prohibir el derecho a protestar”
Gustavo Zorzoli
Fundación educar en cienciaS
en la medida en que las familias y docentes sepan que es una obligación del estado tener las escuelas abiertas, construiremos una escuela más inclusiva”
Pese a los tires y aflojes, la Cámara de Diputados votó a favor de declarar a la educación “servicio estratégico esencial” para garantizar la apertura de las escuelas durante todo el ciclo lectivo y que los estudiantes no pierdan días de clases por las medidas de fuerza de los gremios docentes y no docentes.
El proyecto aprobado, que debe pasar por el Senado, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán sostener el dictado de clases y el servicio de alimentación escolar en casos de paros o huelgas. Si estos duraran entre uno o dos días, deberán contar con la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Si se extendiera por tres o más, el porcentaje deberá ser del 50% de la nómina.
Los directivos de cada establecimiento tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar estas guardias al inicio del ciclo lectivo, según establece el artículo 4 de la norma. “El incumplimiento de lo previsto será considerado falta”, agrega.
“Los directivos tendrán que entregar el esquema de guardia. Para el primero y segundo día de paro, el 30% es el personal afectado. A partir del tercer día, el personal afectado se eleva al 50%. Por supuesto que después, en la dinámica de la escuela, imagino que el docente, con la autorización de los directores, podrá cambiar por otro”, dijo a el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro), uno de los impulsores de la iniciativa, que consideró que la implementación de esas guardias, en caso de que el proyecto se convierta en ley, es algo “absolutamente factible”.
“Es una cuestión de planificación nada más. No requiere un gran trabajo”, afirmó. Pese a que las escuelas pertenecen a la jurisdicción provincial o municipal, Finocchiaro enfatizó que es responsabilidad de sus directivos el cumplimiento de lo que podría ser la nueva ley, ya que ellos tienen la guarda y la responsabilidad civil sobre los alumnos cuando están dentro del establecimiento. “Tienen la misma responsabilidad que el capitán de un barco en alta mar. La misma capacidad de decisión. Los directores o rectores tienen que encontrar la manera de planificar. Es eso, un problema de planificación, como en cualquier empresa, en cualquier trabajo donde hay guardias; por ejemplo, los hospitales”, remarcó.
“Lo que regulamos como diputados es el derecho federal de huelga establecido en la Constitución. En cuanto a los directores, no pueden negarse a abrir la escuela. Si lo hacen, cualquier padre puede presentar un recurso de amparo a través de distintas organizaciones, como Padres Organizados. Sería un modelo de amparo simple donde solo hay que poner los datos. Se presenta ante el juez federal de la jurisdicción, que inmediatamente debe ordenar la apertura del establecimiento”, detalló. La sanción por incumplimiento deberá definirla cada provincia. “Al docente que tiene guardia y falta no se le considera justificada la inasistencia”, señaló.
En la página de Diputados, el informe de la votación dice: “La norma, que en junio pasado logró unificar en comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques de Pro, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.
En el debate legislativo y entre los especialistas consultados, las posiciones a favor y en contra se centraron en la diferencia entre considerar a la educación un derecho o servicio esencial y los límites entre esto y el derecho de huelga docente. Se cuestionó que no apunta a solucionar los problemas de fondo de la crisis educativa.
“Se planteó una falsa dicotomía, como si hubiesen dos bandos. La discusión no es sobre la esencialidad o no de la educación, sino sobre las cuestiones que deben existir para garantizarla: infraestructura adecuada, condiciones laborales y de aprendizaje satisfactorias, y buenos salarios, entre otras. La crítica al proyecto es la omisión de estos puntos nodales y la cautela sobre su aplicación. Si estas medidas fueran ineficaces, se culpará a los docentes o a las provincias por la dificultad en la implementación, cuando es un problema del diseño de la norma, que no contempla las dificultades que ya se alertan. Es casi palpable la contradicción entre el discurso y la realidad: se declama esencial la educación cuando, simultáneamente, se le recortan recursos”, resumió Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y política educativa.
“Es una forma de sacarse el problema de encima por parte de la política”, sentenció Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa. “En cierta manera, es mentirle a la sociedad. Las escuelas tienen una doble función: enseñar y dar cuidado. La esencialidad ayuda a cumplir la segunda, pero de ninguna manera la primera. Un día de paro docente con el 30% o el 50% de dotación como guardia mínima de personal adulto y el 100% de los alumnos solo puede cumplir, y con profundas dificultades, la función de cuidado. Será un día donde los padres lograrán cuidado de sus hijos en el ámbito natural que es la escuela (algo no menor para la organización de los horarios familiares y trabajos de los adultos), pero no será un día normal de clases. Se enmascara de política educativa algo que es solo la regulación de la huelga docente, minimizando el conflicto y lo que habría que hacer para resolverlo”, apuntó.
Y concluyó: “Si la idea es usar la ley como herramienta para mantener a raya una disputa con el sector sindical docente o un sindicalista en particular, tampoco es buena. Se necesita algo más amplio, un plan integral de mejora de los aprendizajes, que es nuestro gran desafío y vacancia durante los últimas tres décadas en la Argentina”.
En esa línea se expresaron desde Ademys, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires. “No busca resolver problemas educativos. Solo busca prohibir el derecho de protesta. Es una confesión de que no van a solucionar el fondo de la cuestión”, consideró Amanda Martín, secretaria adjunta de la entidad, y advirtió que es difícil implementar esta norma: “Les van a cargar la responsabilidad a las directoras. Dice que las actividades pedagógicas serán normales con menos personal, pero no dice cómo. Tampoco cómo proceder ante la falta de un servicio o problema de infraestructura ante un riesgo”.
“El concepto de que las escuelas solo cuidan, guardan niños, es regresivo. La escuela debe tener como lugar central la enseñanza y el aprendizaje”, sumó. Cuestionó que el proyecto no va a mejorar las condiciones educativas, que son las que impulsan las protestas docentes. “Hay que solucionar esos problemas de fondo y, para eso, los gobiernos deben hacerse responsables, no tirar la responsabilidad a la docencia y las familias”, opinó.
Para Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y presidente de la Fundación Educar en Ciencias, “es una buena señal” la aprobación del proyecto, porque pone a la escuela en la “centralidad de la discusión política y social”. “Su misión primera es garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional, y la condición necesaria para que eso pueda ocurrir es que las escuelas estén abiertas siempre, independientemente de las acciones legítimas que puedan llevar adelante docentes, equipos directivos o gremios”.
“En ese contexto, la escuela se convierte en un espacio más democrático, en el que cada ciudadano podrá asumir responsablemente sus decisiones. No puede seguir ocurriendo que se planteen situaciones en las que unos pocos o muchos resuelvan por la totalidad de la comunidad educativa, que hoy, más que nunca, necesita asegurar más enseñanza y mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. La implementación será compleja y nos llevará tiempo, pero en la medida en que familias y docentes sepan que es una obligación del Estado mantener las escuelas abiertas, construiremos una escuela más inclusiva y de calidad”, sostuvo.ß
Alejandro Finocchiaro diputado nacional-pro
los directores no pueden negarse a abrir la escuela. Si lo hicieran, cualquier padre puede presentar un recurso de amparo”
Amanda Martín aSociación docente ademyS
el proyecto no busca resolver problemas educativos. Solo busca prohibir el derecho a protestar”
Gustavo Zorzoli
Fundación educar en cienciaS
en la medida en que las familias y docentes sepan que es una obligación del estado tener las escuelas abiertas, construiremos una escuela más inclusiva”
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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