REPUDIO Y NUEVA PISTA

El refugio de Fernández, alterado por el repudio de un cartel anónimo
El departamento de Puerto Madero permanece con las cortinas bajas; “persona no grata”, lo calificaron

Javier Fuego Simondet El cartel que ayer se veía en el edificio de Fernández
La calle Manuela Sáenz, sobre la que tiene una de sus entradas el complejo de torres River View, en Puerto Madero, es una excepción al caótico tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Desolada, con muy poco movimiento vehicular y casi nula presencia de peatones, parece una arteria hecha a medida del resguardo que busca el expresidente Alberto Fernández en su departamento de cortinas cerradas, en el que permanece desde que estalló el escándalo por la denuncia de violencia de género en su contra.
La calma extrema de la calle Sáenz solo se interrumpe por un mensaje colocado sobre una de las rejas del edificio. Es un nuevo repudio a la presencia de Fernández, que vive en el piso 12 de una de las dos torres del complejo River View. Se suma a los carteles de rechazo que el domingo aparecieron pegados en un ventanal del piso 11.
En un cartón y con marcador negro, en el improvisado letrero se leía: “Como mujer, declárese al Sr. Alberto Fernández persona no grata en River View”. El mensaje puesto sobre la reja habría estado primero instalado sobre el parabrisas del auto del expresidente en una de las cocheras del edificio, según una versión que circuló durante la tarde de ayer.
El mensaje es el segundo que se instala en River View para repudiar al exjefe del Estado denunciado por violencia de género por la ex primera dama Fabiola Yañez. El domingo, en un ventanal del piso 11 (el inferior al del departamento en el que vive el exmandatario) aparecieron dos carteles pegados. En uno, se leía “Repudio”; en el otro, “Típico de machirulo”, una frase que usó Cristina Kirchner para referirse a Mauricio Macri en mayo de 2018. Los letreros duraron poco en esa ventana y fueron retirados. Anteayer, ya no eran visibles.
El departamento que habita Fernández permanecía con las cortinas que dan al balcón cerradas, aunque, durante la tarde se cerró una hoja de un ventanal de vidrio que había permanecido entreabierta.
El edificio (un complejo de dos torres que tiene ingresos por las calles Juana Manso y Manuela Sáenz) cuenta con custodia de seguridad privada en sus dos accesos, por donde ingresan los vecinos del lugar con sus vehículos y también los ocasionales visitantes. Una de las entradas es sobre Manuela Sáenz 446/482, y la otra, sobre la más transitada Juana Manso 740.
Salvo por el eventual paso de personal que trabaja en el edificio de YPF ubicado al lado o algún turista que camine por el lugar, la zona carece de movimiento. En las torres que componen River View se realizan algunas tareas de pintura, por lo que hay andamios instalados en sectores del predio. A unos metros, se encuentra el Hotel Hilton.
Durante la tarde de ayer, el ingreso de autos al edificio en el que está el expresidente era esporádico. Una camioneta de una guardería de mascotas se acercó por la entrada de Sáenz, frenó sobre la calle, pero luego de unos instantes se retiró por Juana Manso, en sentido contrario al edificio. Los vecinos continuaban con sus movimientos rutinarios, más allá de alguna guardia periodística que se mantenía en la zona. Una entrega de un pedido que llegó en auto, o un hombre que recibió a un niño que regresaba de la escuela en un transporte escolar eran parte del paisaje en la desolada escena del barrio de Puerto Madero.
El departamento en el que vive Fernández tiene unos 120 metros cuadrados de superficie y es propiedad del histórico publicista del peronismo Enrique “Pepe” Albistur, marido de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
Albistur y Tolosa Paz se mantienen en silencio desde que el expresidente fue denunciado por Yañez. La diputada, en tanto, no firmó la semana pasada un proyecto de resolución del bloque de Unión por la Patria en el que se apuntaba contra el exmandatario. “Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto de que en estos casos siempre le creemos a la víctima”, decía un fragmento del mensaje del bloque peronista.
Fernández declaró en distintas oportunidades que Albistur le presta el departamento de Puerto Madero, por lo que no abona alquiler, sino solo las expensas y los impuestos. Vivía allí antes de ser elegido y regresó con su mandato ya finalizado. Lo une a Albistur una relación de amistad nacida hace tres décadas, según contó el propio expresidente.

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Sospechan que Fernández modificó un decreto para beneficiar a los brokers
Nueva pista en la causa El borrador del decreto de 2021 que obligó al Estado a contratar con Nación Seguros limitaba los casos en los que podían participar intermediarios, pero eso fue eliminado de la redacción final por la Secretaría Legal y Técnica

Camila DolabjianAlberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, protagonista de la pulseada
El decreto que la Justicia sospecha que habilitó los negociados del los brokers de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández sufrió un recorte cuando estaba en análisis y todavía no había sido firmado, y los investigadores sospechan que fue parte de la presunta maniobra delictiva. Se trata de un artículo que limitaba la intervención de los intermediarios y que finalmente no vio la luz cuando el decreto se publicó.
Las conversaciones recabadas de los teléfonos secuestrados en el marco de la causa que tiene como imputado a Alberto Fernández, analizadas por la nacion, dan cuenta de un gran interés dentro del Gobierno en la suerte de ese decreto y en qué diría sobre el rol de los brokers, cuya intervención, después de idas y venidas administrativas, no se prohibió ni limitó en la redacción definitiva de la norma. Directamente el decreto dejó de mencionarlos. Según la gestión anterior, para no promover su participación. En la práctica, el resultado parece haber sido el opuesto.
Los chats entre los funcionarios de Nación Seguros y otros del Poder Ejecutivo desentrañan pistas claves sobre el famoso decreto de 2021 que estableció la obligatoriedad para los ministerios y agencias del Estado de contratar sus seguros con la empresa pública. A partir de este decreto, Nación Seguros concentraría los seguros estatales.
El decreto presidencial 823 fue publicado el 2 de diciembre de 2021. Estableció una suerte de “compre nacional” para las áreas estatales con respecto a las pólizas. Lo que despierta dudas es que, en el pasamanos de la gestión, el texto perdió el artículo sobre las limitaciones a los brokers.
Según puede leerse de los chats de Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros, con personas de su entorno y otros exfuncionarios, el proyecto original del decreto tenía otra intención adicional, ahora que el Estado concentraría todos los seguros: limitar la injerencia de los productores como Martínez Sosa o Pablo Torres García (ambos imputados hoy en la causa del juez Julián Ercolini) en seguros donde no tenía sentido que hubiera un broker por el tamaño o la naturaleza del negocio. De esa forma, se buscaba ahorrar en comisiones que iban a salir necesariamente del erario. Para ello, la gestión de Pagliano trabajó en un decreto cuya gestión había comenzado más de un año antes.
accedió a los sucesivos  proyectos, que pasaron por Jefatura de Gabinete, la Oficina Nacional de Compras y el Ministerio de Economía, antes de llegar a Presidencia. En esos borradores, el segundo artículo establecía: “En caso de que se considere que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerita la participación de la figura de un productor asesor de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, ello y la correspondiente designación deberá formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo del organismo o entidad asegurable según corresponda, el cual deberá presentarse a Nación Seguros SA al efecto”.
Una de las versiones también incluía que esa designación debía hacerse por la máxima autoridad administrativa. Esto, posiblemente, hubiese evitado lo que finalmente ocurrió, que es que funcionarios de muy bajo rango fueran los firmantes de las designaciones de los brokers y definieran el pago de comisiones millonarias.
El espíritu era “reducir el costo de aseguramiento del patrimonio nacional eliminando la intermediación innecesaria entre el Estado y la empresa de fondos públicos”. Pero este considerando y el artículo fueron eliminados por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, que respondía directamente a Alberto Fernández.
Pagliano le insistió varias veces a Ibarra para saber en qué instancia se encontraba el decreto, porque no tenía acceso al sistema GDE que permite ver el expediente. El 24 de noviembre, unos días antes de que saliera, le mandó una nota de voz: “Hola Vilma. Buen día. Mirá, la realidad no quiero molestarte, pero lo estoy haciendo. Ayer me llamó Hecker que tenía una duda con el decreto del artículo tres, donde dice algo así que se permite un asesor de seguros, de acuerdo a la ley de asesores de seguros. A ver, yo no tengo problema que ese artículo lo saquen. Lo que sí ese artículo está para que cada uno que pide meter un asesor, que no siempre es lo que uno piensa. Los asesores de seguros tienen su función en el medio. Pero que no lo hagan todo en la sombra como se está haciendo”. Ibarra le contestó que era mejor “no legalizar la figura”.
Unos 20 minutos después, Pagliano volvió a la carga: “Hola, creo que si desaparece el art. 3 y la intención es la no participación de los productores, el art. 1 debería volver a su forma original y decir... de su gestión ‘en directo’... Es para evitar interpretaciones ambiguas”. “Lo vemos, y cualquier cosa mi equipo se comunica”, le respondieron. La palabra “directo” nunca apareció en el decreto.
El argumento oficial
Fuentes cercanas a la exfuncionaria dijeron que la eliminación se debió a que no consideraban que el presidente debiera hacer referencia a esa figura porque era una manera de incentivar su designación. Los investigadores creen que el efecto logrado con la eliminación habría sido el contrario, porque sospechan que proliferaron las designaciones para pólizas que no lo ameritaban, con comisiones que excedían lo usual para el trabajo que debían hacer en la gestión de esas carteras.
La misma María Cantero admite que las comisiones eran más altas por motivos políticos. El 11 de junio de 2023 se quejó con su jefe, Alberto Fernández, de que un competidor de su marido (Castello Mercuri) “cobra 25% de comisión en lugar de 5% porque tiene que repartir en el Instituto Patria”, la fundación encabezada por Cristina Kirchner.
El trabajo del broker es administrar los problemas que surgen en el marco del contrato, como recibir los reclamos del asegurado y ayudar a que se solucionen rápido al interactuar con el asegurador. Hay pólizas que lo justificaban, según los conocedores del mercado, como la flota aerocomercial de Aerolíneas Argentinas o YPF, pero en otros casos resultaba innecesario, de acuerdo con la misma norma que Nación Seguros intentó que se aprobara.
El decreto cambió todo el panorama para los brokers y el Estado. La primera respuesta fue negativa por parte de ellos. Especialmente porque unos meses antes, el 7 de junio de 2021, se había formalizado un tope del 10% para las comisiones de los brokers en seguros con la empresa. Además, la ausencia de un artículo que hiciera referencia a su papel los preocupó, lo que quedó reflejado en los chats entre Pagliano, titular de Nación Seguros y actual imputado, y Gustavo García Argibay, uno de los directores de la entidad, de fluidos vínculos con los brokers (especialmente con Martínez Sosa) y también parte de la causa.
El mismo día del decreto, a las 11.08, se dio esta conversación:
Pagliano: –¿Alguna repercusión en los PAS [productores asesores de seguros]? García Argibay: –Totalmente NEGATIVA. Ya me putearon TODOSSS [sic].
Pagliano: –Habrá que trabajar para revertir las puteadas o comprar chalecos antibalas.
García Argibay: –Yo talle L. Muchos brokers ya tenían contratos de intermediación desde antes. La diferencia era que ellos se ubicaban como intermediarios entre el área estatal y, potencialmente, una empresa privada, ya que estaba permitido. Como estas grandes compañías podían absorber el trabajo que podía hacer un productor de seguros, distintos ministerios y entidades, que no tenían grandes riesgos, tenían contratos directos con estas empresas. Esto cambió a partir de 2021. Cuando vencieron las pólizas viejas y las carteras estatales se vieron obligadas a ir a Nación Seguros, fue una perfecta oportunidad para que los brokers salieran a buscar nuevos negocios. Martínez Sosa y Cantero fueron pioneros. Así lo hicieron también Torres García y Oscar Castello, entre otros imputados, de acuerdo con las conversaciones revisadas por la nacion.
Un año antes de que saliera el decreto, Pagliano se comunicó con Pablo Galíndez, hermano de Alberto Fernández. Hablaba frecuentemente con él, especialmente cuando el Presidente no le contestaba o quería consultar con alguien más cómo plantear temas de su gestión. El 3 de noviembre, le contó que tres meses antes le había enviado al entonces presidente: “Hola Alberto, quería ponerte al tanto de un decreto que estaría en Jefatura de Gabinete, propiciado por Mecon (Ministerio de Economía), SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación) y Nación Seguros, que impulsa la retención de primas en el país y transparenta la posible inclusión de asesores productores de seguros en organismos públicos. Sería importante que salga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo”.
Alberto Fernández estuvo al tanto del decreto por lo menos un año antes de que saliera publicado. Le dijo a Pagliano, según su propio relato, que él se iba a encargar de que fluyera por las área estatales. “La realidad es que se clavó el decreto allá en la Jefatura [de Gabinete] de mierda. Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo que se iba a ocupar del tema”, le comentó Pagliano a Roberto Gilbert, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que había firmado un dictamen respecto de la norma un mes antes de que saliera firmado por el expresidente.
El 12 de noviembre, Pagliano le contó a Gilbert que había hablado con Vilma Ibarra, ya que había llegado finalmente a Legal y Técnica. Cuando llegó al poder de Ibarra, expareja del entonces presidente, el artículo tres seguía reflejando la limitación a los brokers para casos particulares, pero se le cambió el requisito de que la designación proviniera de la máxima autoridad. Ahora indicaba que tenía que ser por nota firmada por el titular de la unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad equivalente.
El 2 de diciembre, Pagliano se enteró por el Boletín Oficial del decreto y de su contenido. Gilbert lo felicitó porellogro.Nohablabandesdehacía casi un mes, pero antes de siquiera saludarlo le dijo: “Le sacaron el art. 3 de productores”. “Jajajaj”, respondió Gilbert, y añadió: “Mejor. Lo decidís vos. Qué más. Excelente. Yo te ayudo si me dejás. Podés reglamentar el decreto. Vemos la forma”.
Unos días después volvieron a conversar sobre la reglamentación a partir de un documento elaborado por la Oficina Nacional de Contrataciones. Él le preguntó al titular del área: “Para vos, ¿puede haber productores a pesar de los considerandos?”. Le contestó: “Yo no veo nada que lo impida. La reglamentación la tiene que sacar Jefatura de Gabinete, ahí se podría incluir o no. Igual, lo que no está expresamente prohibido se podría hacer. Es mi humilde opinión”. Después de una discusión, Pagliano expresó su interés en pedir un dictamen a la Procuración del Tesoro para que clarificara.

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