DIPUTADOS Y VISITA A REPRESORES

Los problemas internos del bloque libertario afectan la agenda de Milei
Diputados. El contacto con represores profundizó las diferencias dentro de La Libertad Avanza y una legisladora fue a la Justicia; se suma a las tensiones con el bloque de Pichetto
Delfina CelichiniS. La bancada de La Libertad Avanza, en estado de deliberación
La falta de cohesión interna del bloque oficialista en Diputados sumó un nuevo capítulo, protagonizado por la diputada libertaria Lourdes Arrieta, que presentó un proyecto de resolución para que una comisión del Congreso investigue la visita a detenidos por torturas y desapariciones durante la última dictadura militar que ella misma protagonizó. La legisladora mendocina también acudió a la Justicia por este mismo hecho, donde denunció penalmente a parte de sus compañeros de bancada. Estos cortocircuitos amenazan con profundizar la frágil situación parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que cortó el diálogo con Hacemos Coalición Federal (HCF), exaliados del Gobierno.
Esta debilidad legislativa quedó expuesta durante la última semana cuando los libertarios no pudieron reunir las 129 voluntades necesarias para abrir la sesión donde estaba previsto que se discutieran, entre otros temas, la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, un plan de desarme y la ampliación del registro de datos genéticos para delitos de índole sexual. Hacemos, la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto, no dio quorum y le asestó un duro revés al presidente de la Cámara, Martín Menem, quien no había previsto tal afrenta.
“Sin nosotros no tienen quorum. Los bloques insignificantes a veces son importantes”, chicaneó un referente de HCF tras la movida. Los roces entre Menem y el bloque de Pichetto se multiplicaron en las últimas semanas producto de la discusión por la composición de la Comisión Bicameral de Inteligencia. El presidente de la Cámara le negó a Emilio Monzó (HCF) la posibilidad de integrarla, y la tensión escaló. Pichetto le reprocha a Menem “falta de palabra”, algo determinante para el experimentado legislador que hace culto de los “usos y costumbres” parlamentarios.
Pero, además de los exaliados, también hubo faltazos de los propios libertarios. La legisladora santafesina Rocío Bonacci, que amenaza con irse del bloque desde que Oscar Zago (anterior líder del oficialismo) pegó el portazo, apareció tarde en el recinto, cuando la sesión ya estaba caída. A pesar de que Bonacci argumentó que las razones de su demora fueron un vuelo cancelado e inconvenientes con el tráfico, sus compañeros de bancada desconfiaron de sus intenciones.
Junto a Arrieta, la diputada santafesina que integró las listas de La Libertad Avanza como referente del partido Unite, conformó la comitiva que se trasladó al penal de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros represores. Ambas acusaron a Beltrán Benedit, el organizador del evento, de llevarlas engañadas bajo la consigna de una “visita humanitaria”. Después de que los hechos se hicieran públicos y los libertarios quedaran en el ojo del huracán, cuestionados por todos los espacios políticos, las diputadas motorizaron medidas para despegarse de los hechos.
Mientras que Bonacci admitió durante una entrevista a un canal televisivo de Rosario que había ido “engañada” al penal de Ezeiza y sugirió que Menem estaba al tanto de la visita, Arrieta presentó un proyecto para crear una comisión investigadora de los hechos y una denuncia penal contra parte de su bloque.
La presentación judicial apunta al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, al cura Javier Olivera Ravasi y a sus compañeros de bloque, los diputados Benedit Beltrán y Guillermo Montenegro, pero además a la mano derecha del presidente de la Cámara, Sharif Menem. Los denuncia por coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de los caudales públicos. La denuncia la tiene el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
“Hizo la denuncia y en este momento está terminando de ratificarla junto a su abogado”, confirmó a una persona del equipo de la diputada mendocina. Según dejaron trascender sus allegados, Arrieta habría sufrido amenazas tras dicha presentación en la Justicia. “Lourdes se encuentra contenida, fortalecida ante las adversidades por las que atravesó, reforzando su seguridad. Los sucesos padecidos en los últimos días implican reflexionar y encauzar la labor parlamentaria con una nueva agenda. Por ello, la diputada no brindará notas hasta que se avance en procesos que hacen a la justicia y verdad, tanto en el ámbito legislativo como judicial”, comentó un colaborador de la diputada.
Ni Bonacci ni Arrieta descartan irse del bloque oficialista que conduce el libertario Gabriel Bornoroni, que actualmente exhibe una magra cosecha de 38 integrantes. Según comentaron cerca de las diputadas, “nadie las está conteniendo”. No se sentaron a dialogar con Bornoroni ni tampoco con Menem, líder político de los libertarios en la Cámara baja.
Desde la bancada Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que lidera Zago, se relamen ante la posibilidad de sumar adeptos. No obstante, Bonacci y Arrieta no tomaron aún una determinación, aunque evalúan despegarse en solitario, una decisión que, de concretarse, profundizará la fragmentación en el Congreso.
Mientras se sucedían los reproches por la visita a los represores, Marcela Pagano -quien acumula de su partido- homenajeó a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, a las que Astiz engañó para secuestrarlas y asesinarlas. El militar fue juzgado y condenado, en ausencia -además de en la Argentina- por la Justicia francesa. También es el responsable de la desaparición de las madres de plaza de Mayo Azucena Villaflor y Esther Ballestrino. Pagano no descarta pegar un portazo al espacio oficialista.
A los cuestionamientos locales a la polémica visita a Ezeiza se les sumó el del papa Francisco. Tal como contó la nacion, el Sumo Pontífice recibió el miércoles pasado a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga -quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada de ella- y nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de Astiz. En una reunión que duró más de una hora en el Vaticano, Francisco aseguró que está al tanto de la polémica por la visita al penal a la cárcel de legisladores oficialistas, que consideró “algo muy peligroso”.
Esta declaración repercute directamente en los legisladores del ala conservadora de La Libertad Avanza, como Santiago Santurio, que esperan que el jefe de la Iglesia Católica finalmente visite la Argentina. Los traspiés del Gobierno con el Papa, a quien el propio Milei llamó “el maligno en la Tierra” durante la campaña presidencial -por lo que tuvo que pedir disculpas públicas-, parecieran alejar la posibilidad de que Francisco regrese al país.
Guerra de sesiones
El oficialismo ya convocó a una nueva sesión para el miércoles próximo con el mismo temario que pretendía discutir en el último intento de reunir al pleno. Lo acompaña en su cruzada Pro, que agregó a la lista de temas a tratar un proyecto para repudiar el “fraude electoral venezolano perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro”. Se topará con el mismo desafío que la semana pasada, cuando no logró llegar a los 129 diputados para abrir la discusión en mayoría. El radicalismo, esta vez, pidió una sesión aparte para debatir el financiamiento educativo. Lo hizo para el próximo miércoles, inmediatamente después de la sesión pedida por los libertarios y Pro, a las 14. En tanto, el bloque de Pichetto también apuró una solicitud para reunir a los diputados en el recinto con el fin de poner sobre la mesa el DNU 656/2024, por el que el Poder Ejecutivo decretó aumentar en $100.000 millones los gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado. Buscan rechazarlo por inconstitucional.

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Una comisión evaluará la visita de legisladores a represores
Será la de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Lospennato; la libertaria Lourdes Arrieta denunció a algunos de sus pares

Laura Serra
El escándalo que protagonizaron seis diputados de La Libertad Avanza con su visita al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar –entre los que se contaban Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielmineti– comenzará a ventilarse pasado mañana en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, donde oficialismo y oposición definirán si les cabe algún tipo de sanción disciplinaria.
La decisión de analizar en esa comisión (que preside la diputada de Pro Silvia Lospennato) se adoptó durante la reunión que compartieron los jefes de los distintos bloques en la Comisión de Labor Parlamentaria, el miércoles pasado. Fue un acuerdo salomónico entre el oficialismo y la oposición, que amenazaba con llevar el escándalo al recindesaires to de la Cámara baja. Finalmente la realización de la sesión se frustró, pero la convocatoria a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento quedó en pie.
Los diputados kirchneristas concurrirán a la convocatoria con el cuchillo entre los dientes. Están convencidos de que aquella visita a Ezeiza el 11 de julio pasado no fue la única y que hubo al menos otras dos previas, una de ellas a Campo de Mayo. También aseveran que esas reuniones no fueron ingenuas y que tenían como propósito pergeñar algún tipo de iniciativa, sea en el formato de decreto o de proyecto de ley, para beneficiar a los militares detenidos con un indulto de sus penas o con el régimen de prisión domiciliaria.
Sus sospechas encontrarían asidero en las declaraciones que formularon dos de las concurrentes al penal de Ezeiza, las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Una vez que estalló el escándalo, ambas aseveraron que fueron al lugar “engañadas” por quien organizó el encuentro, su par Beltrán Benedit.
Arrieta fue más allá y, para desesperación de las autoridades de su bloque, que procuraban acallar la polémica como fuera, presentó la semana pasada una denuncia penal en el Juzgado Nº 2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez federal Ernesto Kreplak.
La presentación judicial de Arrieta apunta contra el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez; el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera –actualmente con prisión domiciliaria–, y contra tres de sus compañeros de bloque: los diputados Benedit, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro.
Arrieta también mencionó Sharif Menem, mano derecha del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. La mendocina, al igual que Bonacci, sugirió que las máximas autoridades oficialistas de la Cámara –incluido el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni– estaban al tanto de la visita a los represores y facilitaron el vehículo para el traslado hasta la cárcel.
La denuncia es por presunta coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de los caudales públicos.
La investigación fue delegada en la fiscalía que está a cargo de Sergio Mola, quien, como primera medida, dirigió una orden de presentación al penal de Ezeiza para averiguar si rige allí algún tipo de protocolo para las visitas que realicen los legisladores, en particular al pabellón donde se alojan los represores por delitos de lesa humanidad. Pidió, además, que se le informara si hubo registro de ingresos y egresos aquel 11 de julio, cuando se concretó la visita de los diputados libertarios a los represores.
En su denuncia, la diputada Arrieta mencionó que hubo personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal durante la visita que realizaron los legisladores. En uno de los chats que aportó en su escrito puede leerse que Olivera Ravasi comunica que el diputado Benedit había hablado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que ella les facilitara el ingreso a los penales donde hay represores alojados.

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