UN ARTÍCULO DE LORIS ZANATTA,

Lo que está en la mira es el Estado de Derecho

Loris Zanatta
La Justicia es un bandoneón para ciertos gobiernos: se expande y se estrecha siguiendo su partitura. Las Cortes Supremas son orquestas maleables: a cinco, a nueve, a veintiún instrumentistas cambian según el capricho del director, según este ame más las trompetas, los violines o las percusiones. Algunos son músicos de cámara única e intentan tocar al unísono, otros tienen más cámaras y sucede que los jueces se pelean por la primacía, se disputan las funciones. Lo que importa es que se escuche la sinfonía requerida.
Huelga decir que toda “profunda reforma de la Justicia” tiene excelentes razones de ser: jueces politizados, juicios lentos, corrupción, privilegios corporativos. ¡Ya basta! ¡Es tiempo de cambiar! De ahí la necesidad de insertar el bisturí en los órganos más delicados del Estado y de redefinir los límites sagrados entre los poderes. Tal es la emergencia que ¡ay de hacer objeciones, ay de recordar el fracaso de la última e igualmente profunda reforma, también urgente, también necesaria, también salvadora! No querrán pasar por enemigos del “pueblo”.
Sin embargo, el frenético ir y venir de reformas judiciales que acompaña a los cambios de gobierno, último en el tiempo el de Alberto Fernández, es sospechoso. Para no dar vueltas: ¿buscan la eficiencia o el control político de la magistratura? ¿La transparencia o la impunidad? ¿Más y mejor Justicia o libertad para el arbitrio? Por las dudas, refresquemos la memoria; hagamos un breve recorrido histórico por las reformas implementadas por los gobiernos afines al gobierno peronista, aquellos de los cuales el presidente argentino dice tener “nostalgia”. Solo para responder una simple pregunta: ¿surge su urgencia de una necesidad real o sigue una pauta?
Uno de los últimos en intervenir la Justicia fue Rafael Correa. ¿Cómo culparlo? La credibilidad de los jueces ecuatorianos estaba por el piso. En 2011 organizó una consulta popular. “Dirán que queremos meter mano en las cortes”, se adelantó. Pues sí, explicó, “queremos meter las manos”. Claro, “por el bien del pueblo”: populismo de 36 quilates. Correa se hizo entonces un Poder Judicial a medida y lo arrojó contra sus enemigos. Human Rights Watch mostró las evidencias. Hasta que el tiro le salió por la culata: la Justicia se politizó, la política se judicializó, y ahora le toca a él gritar contra el lawfare que en su tiempo desencadenó. ¿Y el “pueblo”? Su confianza en la Justicia cayó en picada.
Diferentes las circunstancias, igual el guion en Bolivia. La Justicia, anunció Evo Morales en 2010, requiere un “proceso de descolonización”, adecuado a la “interculturalidad” y el “pluralismo legal” del nuevo “Estado plurinacional”. ¡Qué jerga, qué pompa! Fue así como aplicó su terapia “revolucionaria”. Obtenidos poderes especiales por el Congreso, nombró a 18 magistrados claves. ¿Será coincidencia que siete años después el Tribunal Constitucional lo haya autorizado, a contrapelo de un referéndum, a postularse para otro mandato? Le pasó lo mismo que a Correa: el garrote que en su momento usó contra sus enemigos golpea ahora su cabeza. ¡Lawfare!, grita escandalizado. Lágrimas de cocodrilo.
Venezuela había hecho escuela: con la reforma del Tribunal Supremo en mayo de 2004, Chávez incorporó 12 jueces chavistas. Se hizo así con la mayoría y lo convirtió en un apéndice del gobierno. Así lo explicó el nuevo presidente de la corte, anunciando una “transformación revolucionaria del sistema judicial” y profesando lealtad absoluta al “motor de la revolución”, el comandante Chávez. Fue ese Tribunal, usurpando los poderes de la Asamblea Nacional, el destinado a nombrar a los jueces del Consejo Electoral Nacional. Siguió una purga masiva en todos los niveles de la Justicia: la lealtad al chavismo se convirtió en el requisito de cualquier carrera legal.
Padre e ídolo de todos ellos fue Fidel Castro. Incluso él prometió “justicia”: “Cuando venzamos –dijo en la Sierra–, castigaremos a los criminales con la ley en la mano”. ¿Cumplió? Ni pregunten: aplicó la “pedagogía del paredón”. “Los juzgamos y los fusilamos”, comentaba divertido; la sentencia ya estaba escrita. Los procesos revolucionarios eran farsas, se realizaban entre la muchedumbre que gritaba. ¿El tribunal quiere liberar a un esbirro, preguntó una vez? Fusilaré a los jueces. Así fue: un juez absolvió ciertos pilotos acusados de bombardeos: era un juez castrista, pero no había pruebas. Fidel hizo revocar la sentencia, el juez fue encontrado muerto. “La famosa separación de los poderes del famoso Montesquieu nunca entrará en Cuba”, juró. Dicho y hecho.
Pero ¿por qué buscar tan lejos? Si la “Justicia” pertenece al “pueblo”, pensaba ya Perón, y el “pueblo” lo había elegido a él, a él y a su gobierno debía responder, ¿qué duda cabía? Así fue como en 1947, temiendo que la Corte Suprema pusiera palos en las ruedas de la “revolución”, encargó la destitución de sus ministros. Todos menos uno, el único que le obedecía. ¿La justificación? Grotesca pero eficaz: haber faltado a sus obligaciones al reconocer la legitimidad de los gobiernos surgidos de los golpes, incluso el de 1943, el mismo que había encumbrado a Perón. ¡Una histórica tomada de pelo! Los magistrados removidos fueron sustituidos por togados de incuestionable lealtad.

Es bien sabido que al pensar mal se comete pecado, pero a menudo se adivina. Que en medio de una pandemia, con las escuelas cerradas y los hospitales al borde del colapso, mientras la economía se derrumba, el desempleo crece de manera desmesurada, la miseria se extiende, la violencia avanza, el gobierno argentino no tenga otra prioridad que reformar la Corte, es asombroso: ¿será otra tomada de pelo? Dicen que es para “salvar” a Cristina Kirchner, para garantizarle la impunidad. Puede ser. Pero dados los antecedentes de la familia política a la que el peronismo pertenece, dada su extrañeza a la división de poderes, dados sus conceptos de “Justicia” y de “pueblo”, temo que sea algo más que eso: lo que está en la mira es el Estado de Derecho, la “democracia burguesa”, siempre ella.