ALQUILERES E INTELIGENCIA

Cortan 71 alquileres para ahorrar recursos
La decisión fue instrumentada por la Jefatura de Gabinete; darán de baja otros contratos

Cecilia Devanna
El Gobierno recortó 71 contratos de alquiler de oficinas en distintos puntos del país. La medida fue realizada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Según la información difundida oficialmente a través de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, en una segunda etapa se contempla la baja de otros 106 contratos.
Deacuerdocondatosoficiales,elrecorte de contratos de locación de esta primera etapa representa un ahorro mensual de $191.518.251, que anualizado alcanza los $2.298.218.220. Según el proceso de reducción y racionalización de recursos dado a conocer por el Gobierno, se dieron de baja 23 contratos en provincia de Buenos Aires y siete en CABA, ademásdealquileresenCatamarca,Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En esas oficinas trabajan más de 3500 empleados de la Secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Industria y Desarrollo, la Anses, la AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el Inadi, el Enargas, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Migraciones, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Policía Federal Argentina y el Enacom, entre otras.
Según se informó, “en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado”.
Entre los edificios cuyos alquileres se dieron de baja se destaca uno de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde trabajaban 490 personas, sobre la avenida Roque Sáenz Peña al 1159. Su alquiler insumía 7.952.000 mensuales. Se trata de un precio muy inferior a los valores actuales del mercado.
De hecho, la misma repartición alquilaba otro edificio sobre Sáenz Peña al 530, para 500 personas, pero por el que pagaba 81.824.222 pesos. La Anses, por su parte, dio de baja alquileres en Mendoza y Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El primero, por el que pagaba $3.146.336, se destinaba a 64 puestos. En el último, por un espacio de trabajo para 17 personas, se pagaba poco más de un millón de pesos

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SIDE: la oposición se une contra el decreto que sube los gastos reservados
INTELIGENCIA. Buscan anular el DNU en las dos cámaras del Congreso; lo impulsan el kirchnerismo y bloques dialoguistas

Delfina CelichiniEl rechazo entrelaza a diferentes bancadas opositoras
Un heterogéneo compendio de diputados se rehúsa a dejar pasar la decisión del Gobierno de imponer, por decreto de necesidad y urgencia (DNU), un aumento de $100.000 millones para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se preparan para declarar nula la medida en la Cámara baja, que deberá contar también con el rechazo del Senado para perder completa vigencia.
Esta movida parlamentaria es apoyada por el kirchnerismo, Hacemos Coalición Federal (HCF), la Coalición Cívica (CC), la izquierda y una porción del radicalismo. Estos bloques suman con facilidad una mayoría simple de votos, que podría congregar más voluntades si el oficialismo sigue postergando la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, encargada de supervisar al Poder Ejecutivo en esta materia.
La diputada Margarita Stolbizer (GEN) –que integra el bloque HCF, liderado por Miguel Ángel Pichetto–, presentó el miércoles último un proyecto de resolución que dispone rechazar el DNU 656/2024 –que dicta el aumento presupuestario para la SIDE– “en virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 99 inciso 3° de la Constitución nacional”.
Estas cláusulas determinan la potestad del Congreso para dictar leyes y detallan las circunstancias excepcionales bajo las cuales el Poder Ejecutivo puede emitir decretos de necesidad y urgencia. Referentes de los distintos espacios que componen la bancada acompañan el proyecto con su firma. “Vamos a ir a fondo con esto”, señaló un diputado de este bloque, quien chicaneó: “No hay plata para jubilados, pero sí para girar dinero a la SIDE o comprar aviones”.
Una iniciativa muy similar ingresó ayer en Diputados por Maximiliano Ferraro, presidente de la CC a nivel nacional, el partido de Elisa Carrió. Bajo el mismo argumento, busca declarar “nulo de nulidad absoluta” el decreto 656/2024. “Es un DNU que no cumple los requisitos formales, ni sustanciales. Los requisitos formales quedaron incumplidos cuando no se aprecian las circunstancias fácticas de imposibilidad de funcionamiento del Congreso nacional, los requisitos sustanciales quedan evidenciados frente a la ausencia de razonabilidad, al ver que el DNU solo le otorga partidas presupuestarias a los gastos reservados y ni siquiera se ocupa de dotar a la estructura creada de los fondos necesarios para su funcionamiento”, señala en sus fundamentos, y concluye: “Obviar al Congreso nacional representa un ataque a la democracia y la eficiencia de la normativa”.
En Unión por la Patria (UP), en tanto, fueron más allá. No solo buscan rechazar la norma que incrementa los gastos reservados de la SIDE, sino que, además, apuntan a obstaculizar el DNU 614/2024 que modifica la estructura de Inteligencia. Así lo comunicó el líder de la bancada kirchnerista, el santafesino Germán Martínez, en sus redes sociales. “Los temas vinculados a la Inteligencia nacional requieren debate, consenso y control parlamentario en tiempo real”, sentenció Martínez.
Otros reproches
El DNU 614/2024, publicado la semana pasada, dispuso la creación de cuatro órganos desconcentrados bajo la órbita de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
“Estas reformas tienen que discutirse en el ámbito del Parlamento con una ley. No hay sistema democrático en el mundo que implemente una reestructuración de esta naturaleza a través de un decreto”, sumó el legislador Leopoldo Moreau (UP), extitular de la Comisión
Bicameral de Inteligencia durante la gestión pasada. Según explicó, quieren evitar que esto siente un precedente para que la administración libertaria avance en el mismo sentido con las leyes de defensa nacional y de seguridad interior. “Son el sostén del pacto democrático”, dijo.
Como de costumbre, en la UCR las opiniones están divididas. Mientras que un puñado de diputados podría acompañar el rechazo, bajo el argumento de la división de poderes, el sector de radicales que mantiene una buena sintonía con la Casa Rosada –entre los que se encuentra el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo–, apuntará a mejorar el proceso de control de esos fondos. Así lo comunicó Karina Banfi, quien expresó a través de X: “Los fondos de Inteligencia son los más sensibles para una democracia. Parece que plata para eso hay. Lo que no hay son las reformas para la rendición de cuentas ante el Congreso y para la ciudadanía”.
La postura de Pro va en la misma línea que los radicales dialoguistas. Si bien no coinciden con el suntuoso porcentaje de aumento que se reasignó al organismo de inteligencia, buscan dar este debate en el marco de la Comisión Bicameral creada para tal fin, aunque demorada por un sinfín de conflictos derivados de las negociaciones para integrarla. Allí podría desatarse un conflicto entre el oficialismo y el partido de Mauricio Macri, que hasta ahora jugó como un aliado natural de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso.
Como anticipó, Santiago Caputo –que manejará la SIDE a través de su alfil Sergio Neiffert– pretende designar como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia al senador Edgardo Kueider (Entre Ríos), en pago por su voto a la Ley Bases. Pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había pedido que esa silla fuera para el senador Martín Goerling (Pro). Contaba con la venia de Luis Juez y de la titular del Senado, Victoria Villarruel.

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