Tensión con la oposición: el Gobierno se resiste a ceder lugares en la AGN
Congreso. El oficialismo dio por terminado el acuerdo con Pro, la UCR y Hacemos para el reparto de espacios en el principal organismo de control de la administración pública
Delfina Celichini
El kirhnerista Olmos ocupa el sillón de la oposición en la AGN
El entendimiento entre el Gobierno y la oposición dialoguista para ocupar las vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó obsoleto.
Tras una serie de tironeos con el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto por el reparto de lugares en comisiones de peso –como la bicameral de inteligencia–, la Casa Rosada revisó el acuerdo que incluía a Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), por el que les cedía dos de las tres bancas en juego.
A riesgo de poner en jaque los acuerdos parlamentarios que le permitieron sortear su rotunda minoría en el Congreso, el oficialismo anticipa que pretende tener un representante en el órgano de control que, entre otras cuestiones de peso, supervisará las operaciones de endeudamiento y el proceso de privatizaciones de las empresas públicas.
“El acuerdo por la AGN volvió a foja cero”, dictaminaron en el oficialismo. Este organismo está integrado por siete miembros: tres representantes por el Senado, tres por la Cámara de Diputados –hoy vacantes– y la presidencia, que, como establece la Constitución nacional, le corresponde a la principal fuerza opositora al gobierno de turno. Ese lugar hoy está en manos de Juan Manuel Olmos, referente del Partido Justicialista (PJ) porteño, exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández y un hombre que, con juego propio y contactos fluidos con todo el peronismo, se aseguró este lugar el año pasado, tras un acuerdo entre Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Si bien la Constitución también manda a sancionar una ley que reglamente el modo en que deben elegirse los auditores, esta norma no existe. Por ende, los criterios de integración varían según las conveniencias de cada espacio. Por caso, el bloque kirchnerista de la Cámara baja más que duplica al resto y toma esta superioridad numérica como el argumento para reclamar dos lugares. El oficialismo y el resto de la oposición dialoguista, no obstante, apuntan a concederle solo una banca: están dispuestos a respetar la distribución de fuerzas en el Parlamento, pero consideran que la terna de candidatos surgirá de un acuerdo político.
Sobre la base de este entendimiento, los libertarios habían accedido a ceder su lugar como segunda minoría en favor de Pro y la UCR, aunque condicionado al acompañamiento de los proyectos fundacionales de Javier Milei. Fue un consenso entre oficialismo y los dialoguistas, que propusieron al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca y al exdiputado radical Mario Negri, ambos respaldados por el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF). Para coronar el acuerdo, el jefe de HCF, Miguel Ángel Pichetto, podría desembarcar en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que recibe los informes de la AGN.
Este pacto se rompió la semana pasada, después de una serie de contrapuntos públicos entre los dialoguistas y referentes del Gobierno. HCF reclamó al oficialismo un lugar en la comisión bicameral de inteligencia y acusó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de no cumplir con su palabra. Esto desencadenó una seguidilla de reuniones para desactivar una guerra, pero la tirantez se instaló. “No confiamos en ellos”, deslizaron a este medio desde la presidencia de Diputados, molestos ante la aparición de notas periodísticas críticas de Menem, a las que consideraron “una operación”.
El vínculo de Javier Milei con Mauricio Macri tampoco pasa por su mejor momento, pero en los últimos días el Gobierno exhibió múltiples gestos de acercamiento. El expresidente se sintió desairado durante la firma del Acta de Mayo en Tucumán y uno de sus alfiles –Julio Garro– fue expulsado de la administración de Milei tras un feroz ataque de usuarios libertarios en redes sociales.
Con el objetivo de evitar una escalada de tensión, el Presidente apuró una charla con el titular de Pro para elegir al sucesor de Garro en un área clave, encargada de promover y controlar a las sociedades anónimas deportivas (SAD). Será Diógenes de Urquiza, un exfuncionario macrista. En tanto, ante la insistencia de los referentes de Pro para que el Poder Ejecutivo Nacional le devuelva la porción de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, motorizó una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la que se llegó a un acuerdo.
En la misma línea, los libertarios repiten que “el lugar de Triaca no está en duda”. Sin embargo, volvieron sobre sus pasos respecto del entendimiento con la UCR y HCF, y el nombre de Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario, reapareció. Fue el primer candidato que el Gobierno evaluó para la AGN, pero se diluyó ante la necesidad de sumar voluntades en el Congreso. Su postulación generó polémica: como abogado enfrentó acusaciones por plantar testigos falsos contra el juez Sebastián Casanello (por las que fue sobreseído) y, además, representó a uno de los hijos de Lázaro Báez en las causas por lavado de dinero.
En la bancada oficialista nunca quisieron ceder su lugar. “¿Por qué no habría un representante de La Libertad Avanza?”, enfatizó uno de sus principales referentes. La mesa chica del Presidente no solo no termina de confiar en los dialoguistas, sino que, además, cayó en la cuenta de la importancia de tener un pie en el órgano de control.
Será un desafío mayúsculo para el Gobierno: deberá llegar a un acuerdo político con estos bloques, que ya anticiparon que no están dispuestos a dar un paso al costado. La AGN es un destino codiciado no solo por su rol de contralor del sector público, sino porque los mandatos de los auditores duran ocho años, con un salario que hoy los $5 millones.
La última palabra la tendrá el pleno del recinto, donde se ratificarán –o rechazarán– las ternas propuestas. Cerca de Negri aseguran que su postulación es apoyada por 22 radicales, los 31 integrantes del amplio espacio de Pichetto y el kirchnerismo. Si bien en la UCR y HCF ratifican su acompañamiento al exlegislador cordobés, en Unión por la Patria (UP) se resisten a tomar partido en una disputa ajena.
“El kirchnerismo no va a avalar a dos candidatos de la derecha”, especulan en el radicalismo sobre la posibilidad de que el candidato libertario sea acompañado por Triaca, a instancias de Negri. En cualquier caso, el oficialismo deberá romper con alguno de sus principales aliados parlamentarios si decide ir a fondo con su intención. Una jugada riesgosa para una fuerza que solo cuenta con 40 diputados, 7 senadores y un sinfín de reformas en el tintero.
Según pudo saber una de ellas, aunque todavía embrionaria, es impulsar cambios en la propia AGN. En su lucha contra “la casta”, los libertarios consideran acortar los mandatos de los auditores a un período presidencial y no dos, como rige en la actualidad. Deberán, para ello, modificar la ley 24.156, de administración financiera.
En el organismo de control, el Gobierno no contará con mayoría propia. Además de Olmos, el PJ cuenta con otros dos miembros: los auditores Javier Fernández y Graciela de la Rosa, que representan al Senado y cuyos mandatos vencen recién dentro de dos años.
El radical Alejandro Nieva es el tercer representante de la Cámara alta. Resta ahora que la Cámara de Diputados designe a los tres miembros que reemplazarán a los peronistas Santiago Mihura Estrada (cercano a Massa) y Juan Forlón (La Cámpora), y al radical Jesús Rodríguez, expresidente de la AGN.
Los nombres que barajan en el peronismo son muchos. Guillermo Michel, extitular de la Aduana, es el candidato del massismo. Lo apoyan muchos referentes provinciales que pretenden hacerle frente a la avanzada camporista, que impulsa a Forlón, exdirector del Banco Nación y amigo de Máximo Kirchner, en el consejo de auditores. Con menor intensidad, también surgieron los nombres del exgobernador del Chaco Jorge “Coqui” Capitanich, el exsenador riojano Jorge Yoma y el exjuez de la Corte de Santiago del Estero Carlos Lugones.
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Convocan a empresarios para avanzar en la reforma laboral
El encuentro será mañana; la semana pasada, el secretario de Trabajo había recibido a los referentes de la CGT
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a los representantes de las entidades empresarias con el objetivo de avanzar en la reforma laboral que propone uno de los puntos del Acta de Mayo, firmada por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores de diferentes fuerzas políticas.
El encuentro se realizará mañana, a las 12, en la sede de la avenida Leandro Alem 650, en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria nace con el objetivo expreso de “fortalecer el diálogo tripartito en el marco del Consejo de Mayo” y trabajar “con agenda abierta” en torno a la legislación laboral.
La secretaría convocó a los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Bueronda nos Aires y la Asociación de Bancos Argentinos.
El punto octavo del Acta de Mayo expresa el objetivo de avanzar con una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”.
Milei había modificado parte de la legislación laboral a través de su primer DNU. Sin embargo, los sindicatos frenaron la reforma a través de diferentes presentaciones judiciales. La semana pasada, Cordero recibió por poco más de una hora a la cúpula de la CGT en lo que representó el primer encuentro oficial entre el Gobierno y los sindicalistas después del paro general del 9 de mayo pasado.
La intención de la gestión libertaria era abrir un canal de diálogo e incorporar formalmente a la central obrera al Consejo de Mayo, algo que los sindicalistas observan con desconfianza y no confirmaron aún su participación. Cordero, que fue hasta antes de asumir abogado del Grupo Techint, intentaba con el encuentro neutralizar una eventual reacción sindical ante la restitución del impuesto a las ganancias. El funcionario mostró su sintonía con algunos dirigentes, como Gerardo Martínez (Uocra) y Carlos Pérez (Comercio), a los que abrazó efusivamente.
Mañana, Cordero recibirá a las cámaras empresarias en su intento de reforzar el diálogo tripartito.
El miércoles pasado, Héctor Daer, integrante del triunvirato de mando de la central obrera, dijo al término del encuentro que pidieron que se “actualice el punto de partida” del impuesto a las ganancias por los efectos de la inflación. “El proyecto de ley se hizo en enero y hoy los valores son otros. “La inflación de enero a esta parte generó que los $1.800.000 tenían un valor que hoy ya no tienen. Con lo que en enero se compraban diez kilos de pan hoy se compran cinco”, dijo el dirigente de la Sanidad en la puerta del edificio de Alem 650.
El Gobierno oficializó ayer la reglamentación del impuesto a las ganancias sobre los ingresos de los asalariados, los jubilados y los autónomos, que les dará más ingresos al Tesoro nacional y a las provincias.
La disposición del Gobierno implica que ya con el salario de julio, que se percibirá en los primeros días de agosto, se aplicarán los cambios en Ganancias. La norma del Poder Ejecutivo ratifica que en septiembre de este año habrá una actualización del monto que se paga.
La CGT había intentado sin éxito que esa actualización se adelantara a agosto.
La semana pasada, el secretario de Trabajo intentó desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de asociaciones sindicales con el objetivo de no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Se trata de dos iniciativas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremialistas.
Si bien Cordero intentó tomar distancia, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos, que reconoció que la intención del Gobierno es avanzar en el Congreso con los artículos de la reforma laboral excluidos en la Ley Bases.
El entendimiento entre el Gobierno y la oposición dialoguista para ocupar las vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó obsoleto.
Tras una serie de tironeos con el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto por el reparto de lugares en comisiones de peso –como la bicameral de inteligencia–, la Casa Rosada revisó el acuerdo que incluía a Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), por el que les cedía dos de las tres bancas en juego.
A riesgo de poner en jaque los acuerdos parlamentarios que le permitieron sortear su rotunda minoría en el Congreso, el oficialismo anticipa que pretende tener un representante en el órgano de control que, entre otras cuestiones de peso, supervisará las operaciones de endeudamiento y el proceso de privatizaciones de las empresas públicas.
“El acuerdo por la AGN volvió a foja cero”, dictaminaron en el oficialismo. Este organismo está integrado por siete miembros: tres representantes por el Senado, tres por la Cámara de Diputados –hoy vacantes– y la presidencia, que, como establece la Constitución nacional, le corresponde a la principal fuerza opositora al gobierno de turno. Ese lugar hoy está en manos de Juan Manuel Olmos, referente del Partido Justicialista (PJ) porteño, exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández y un hombre que, con juego propio y contactos fluidos con todo el peronismo, se aseguró este lugar el año pasado, tras un acuerdo entre Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Si bien la Constitución también manda a sancionar una ley que reglamente el modo en que deben elegirse los auditores, esta norma no existe. Por ende, los criterios de integración varían según las conveniencias de cada espacio. Por caso, el bloque kirchnerista de la Cámara baja más que duplica al resto y toma esta superioridad numérica como el argumento para reclamar dos lugares. El oficialismo y el resto de la oposición dialoguista, no obstante, apuntan a concederle solo una banca: están dispuestos a respetar la distribución de fuerzas en el Parlamento, pero consideran que la terna de candidatos surgirá de un acuerdo político.
Sobre la base de este entendimiento, los libertarios habían accedido a ceder su lugar como segunda minoría en favor de Pro y la UCR, aunque condicionado al acompañamiento de los proyectos fundacionales de Javier Milei. Fue un consenso entre oficialismo y los dialoguistas, que propusieron al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca y al exdiputado radical Mario Negri, ambos respaldados por el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF). Para coronar el acuerdo, el jefe de HCF, Miguel Ángel Pichetto, podría desembarcar en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que recibe los informes de la AGN.
Este pacto se rompió la semana pasada, después de una serie de contrapuntos públicos entre los dialoguistas y referentes del Gobierno. HCF reclamó al oficialismo un lugar en la comisión bicameral de inteligencia y acusó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de no cumplir con su palabra. Esto desencadenó una seguidilla de reuniones para desactivar una guerra, pero la tirantez se instaló. “No confiamos en ellos”, deslizaron a este medio desde la presidencia de Diputados, molestos ante la aparición de notas periodísticas críticas de Menem, a las que consideraron “una operación”.
El vínculo de Javier Milei con Mauricio Macri tampoco pasa por su mejor momento, pero en los últimos días el Gobierno exhibió múltiples gestos de acercamiento. El expresidente se sintió desairado durante la firma del Acta de Mayo en Tucumán y uno de sus alfiles –Julio Garro– fue expulsado de la administración de Milei tras un feroz ataque de usuarios libertarios en redes sociales.
Con el objetivo de evitar una escalada de tensión, el Presidente apuró una charla con el titular de Pro para elegir al sucesor de Garro en un área clave, encargada de promover y controlar a las sociedades anónimas deportivas (SAD). Será Diógenes de Urquiza, un exfuncionario macrista. En tanto, ante la insistencia de los referentes de Pro para que el Poder Ejecutivo Nacional le devuelva la porción de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, motorizó una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la que se llegó a un acuerdo.
En la misma línea, los libertarios repiten que “el lugar de Triaca no está en duda”. Sin embargo, volvieron sobre sus pasos respecto del entendimiento con la UCR y HCF, y el nombre de Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario, reapareció. Fue el primer candidato que el Gobierno evaluó para la AGN, pero se diluyó ante la necesidad de sumar voluntades en el Congreso. Su postulación generó polémica: como abogado enfrentó acusaciones por plantar testigos falsos contra el juez Sebastián Casanello (por las que fue sobreseído) y, además, representó a uno de los hijos de Lázaro Báez en las causas por lavado de dinero.
En la bancada oficialista nunca quisieron ceder su lugar. “¿Por qué no habría un representante de La Libertad Avanza?”, enfatizó uno de sus principales referentes. La mesa chica del Presidente no solo no termina de confiar en los dialoguistas, sino que, además, cayó en la cuenta de la importancia de tener un pie en el órgano de control.
Será un desafío mayúsculo para el Gobierno: deberá llegar a un acuerdo político con estos bloques, que ya anticiparon que no están dispuestos a dar un paso al costado. La AGN es un destino codiciado no solo por su rol de contralor del sector público, sino porque los mandatos de los auditores duran ocho años, con un salario que hoy los $5 millones.
La última palabra la tendrá el pleno del recinto, donde se ratificarán –o rechazarán– las ternas propuestas. Cerca de Negri aseguran que su postulación es apoyada por 22 radicales, los 31 integrantes del amplio espacio de Pichetto y el kirchnerismo. Si bien en la UCR y HCF ratifican su acompañamiento al exlegislador cordobés, en Unión por la Patria (UP) se resisten a tomar partido en una disputa ajena.
“El kirchnerismo no va a avalar a dos candidatos de la derecha”, especulan en el radicalismo sobre la posibilidad de que el candidato libertario sea acompañado por Triaca, a instancias de Negri. En cualquier caso, el oficialismo deberá romper con alguno de sus principales aliados parlamentarios si decide ir a fondo con su intención. Una jugada riesgosa para una fuerza que solo cuenta con 40 diputados, 7 senadores y un sinfín de reformas en el tintero.
Según pudo saber una de ellas, aunque todavía embrionaria, es impulsar cambios en la propia AGN. En su lucha contra “la casta”, los libertarios consideran acortar los mandatos de los auditores a un período presidencial y no dos, como rige en la actualidad. Deberán, para ello, modificar la ley 24.156, de administración financiera.
En el organismo de control, el Gobierno no contará con mayoría propia. Además de Olmos, el PJ cuenta con otros dos miembros: los auditores Javier Fernández y Graciela de la Rosa, que representan al Senado y cuyos mandatos vencen recién dentro de dos años.
El radical Alejandro Nieva es el tercer representante de la Cámara alta. Resta ahora que la Cámara de Diputados designe a los tres miembros que reemplazarán a los peronistas Santiago Mihura Estrada (cercano a Massa) y Juan Forlón (La Cámpora), y al radical Jesús Rodríguez, expresidente de la AGN.
Los nombres que barajan en el peronismo son muchos. Guillermo Michel, extitular de la Aduana, es el candidato del massismo. Lo apoyan muchos referentes provinciales que pretenden hacerle frente a la avanzada camporista, que impulsa a Forlón, exdirector del Banco Nación y amigo de Máximo Kirchner, en el consejo de auditores. Con menor intensidad, también surgieron los nombres del exgobernador del Chaco Jorge “Coqui” Capitanich, el exsenador riojano Jorge Yoma y el exjuez de la Corte de Santiago del Estero Carlos Lugones.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Convocan a empresarios para avanzar en la reforma laboral
El encuentro será mañana; la semana pasada, el secretario de Trabajo había recibido a los referentes de la CGT
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a los representantes de las entidades empresarias con el objetivo de avanzar en la reforma laboral que propone uno de los puntos del Acta de Mayo, firmada por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores de diferentes fuerzas políticas.
El encuentro se realizará mañana, a las 12, en la sede de la avenida Leandro Alem 650, en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria nace con el objetivo expreso de “fortalecer el diálogo tripartito en el marco del Consejo de Mayo” y trabajar “con agenda abierta” en torno a la legislación laboral.
La secretaría convocó a los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Bueronda nos Aires y la Asociación de Bancos Argentinos.
El punto octavo del Acta de Mayo expresa el objetivo de avanzar con una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”.
Milei había modificado parte de la legislación laboral a través de su primer DNU. Sin embargo, los sindicatos frenaron la reforma a través de diferentes presentaciones judiciales. La semana pasada, Cordero recibió por poco más de una hora a la cúpula de la CGT en lo que representó el primer encuentro oficial entre el Gobierno y los sindicalistas después del paro general del 9 de mayo pasado.
La intención de la gestión libertaria era abrir un canal de diálogo e incorporar formalmente a la central obrera al Consejo de Mayo, algo que los sindicalistas observan con desconfianza y no confirmaron aún su participación. Cordero, que fue hasta antes de asumir abogado del Grupo Techint, intentaba con el encuentro neutralizar una eventual reacción sindical ante la restitución del impuesto a las ganancias. El funcionario mostró su sintonía con algunos dirigentes, como Gerardo Martínez (Uocra) y Carlos Pérez (Comercio), a los que abrazó efusivamente.
Mañana, Cordero recibirá a las cámaras empresarias en su intento de reforzar el diálogo tripartito.
El miércoles pasado, Héctor Daer, integrante del triunvirato de mando de la central obrera, dijo al término del encuentro que pidieron que se “actualice el punto de partida” del impuesto a las ganancias por los efectos de la inflación. “El proyecto de ley se hizo en enero y hoy los valores son otros. “La inflación de enero a esta parte generó que los $1.800.000 tenían un valor que hoy ya no tienen. Con lo que en enero se compraban diez kilos de pan hoy se compran cinco”, dijo el dirigente de la Sanidad en la puerta del edificio de Alem 650.
El Gobierno oficializó ayer la reglamentación del impuesto a las ganancias sobre los ingresos de los asalariados, los jubilados y los autónomos, que les dará más ingresos al Tesoro nacional y a las provincias.
La disposición del Gobierno implica que ya con el salario de julio, que se percibirá en los primeros días de agosto, se aplicarán los cambios en Ganancias. La norma del Poder Ejecutivo ratifica que en septiembre de este año habrá una actualización del monto que se paga.
La CGT había intentado sin éxito que esa actualización se adelantara a agosto.
La semana pasada, el secretario de Trabajo intentó desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de asociaciones sindicales con el objetivo de no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Se trata de dos iniciativas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremialistas.
Si bien Cordero intentó tomar distancia, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos, que reconoció que la intención del Gobierno es avanzar en el Congreso con los artículos de la reforma laboral excluidos en la Ley Bases.
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