jueves, 4 de julio de 2024

DEBATE (LEY BASE )Y BARILOCHE


El Senado abre la discusión sobre el aumento a los jubilados
El proyecto aprobado en Diputados y resistido por Javier Milei fue girado a un plenario de comisiones para evitar un tratamiento inmediato
Gustavo Ybarra
El oficialismo en el Senado decidió convocar para hoy a un plenario de comisiones para “empezar a discutir” el proyecto de recomposición de los haberes jubilatorios que aprobó la Cámara de Diputados casi un mes atrás, iniciativa que el presidente Javier Milei anticipó que piensa vetar en caso de que la Cámara alta lo convierta en ley.
El llamado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que se reunirán a las 17, se conoció de manera simultánea con la citación a sesión especial para mañana, a partir de las 11, para tratar un temario de temas con dictamen y de baja intensidad política, que incluye ascensos militares y de Cancillería, una modificación al Código Penal para tipificar el delito de venta de niños y la declaración de cada 18 de julio como día de duelo nacional, en conmemoración a las víctimas del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), del que este mes se cumplen 30 años.
La idea de iniciar el debate en comisiones del proyecto de ley que otorga un 8,1% de aumento en las jubilaciones tiene por finalidad neutralizar un eventual pedido del kirchnerismo para que la iniciativa se trate sobre tablas en la sesión del jueves. Para lograrlo se necesita del apoyo de los dos tercios de los presentes, una relación de fuerzas que el texto podría reunir con facilidad, si se toma en cuenta que en Diputados fue aprobado con el apoyo de la UCR, de Unión por la Patria y otros bloques menores, que se impusieron por 162 votos a favor y 72 en contra en la Cámara baja.
Con el tema en tratamiento en comisiones el oficialismo de la Cámara alta aspira a evitar que la oposición dialoguista se sume a un eventual intento del kirchnerismo de apurar esta semana la sanción de la recomposición jubilatoria.
De hecho, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), presentó hace dos semanas un pedido de sesión especial para tratar la iniciativa, aunque sin una fecha específica y con la aclaración de que deberá tener dictamen de comisión antes de llegar al recinto. La iniciativa
El proyecto que fija mejoras para los haberes jubilatorios fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de junio último, a partir de un texto elaborado por la UCR y consensuado con bloques de la oposición dialoguista, como Hacemos Coalición Federal y fuerzas provinciales, que lograron imponer, así, una redacción diferente, y menos onerosa para el erario, a la que impulsaba el kirchnerismo de la Cámara baja, que había promovido la sesión especial en la que se terminó aprobando la iniciativa.
El texto que comenzará a discutir el Senado en comisiones otorga un aumento del 8,1% a las jubilaciones, que fue concebido como una compensación por la inflación de los primeros meses del año que no fue reconocida por la administración Milei, cuando dispuso el nuevo mecanismo de actualización de los haberes del sector pasivo.
La reacción del jefe del Estado no se hizo esperar. Al día siguiente y acompañado de una imagen de un león vestido con una banda presidencial y portando una motosierra, parado ante una caja con dinero asediada por ratas, publicó una dura réplica en la red social X en la que anticipó su decisión de vetar la iniciativa en caso de que el Senado la convirtiera en ley.
“Les dejo este tuit para que quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, escribió el Presidente en su mensaje. “A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”, remató el mandatario de La Libertad Avanza en su réplica a las fuerzas políticas que votaron el proyecto.
En la sesión citada para mañana se tratarán una serie de iniciativas que obtuvieron dictamen de comisión la semana pasada. En el temario se destaca la declaración del 18 de julio de cada año como día de duelo nacional, en conmemoración del atentado a la AMIA, que se cobró 85 víctimas mortales. El proyecto fue aprobado por Diputados, por lo que se convertiría en ley, y establece el izamiento a media asta de la bandera en instituciones públicas y la realización en los colegios de jornadas de reflexión relacionadas con el ataque terrorista.
En 2023, con la fórmula de movilidad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y con una política discrecional de pago de bonos, las jubilaciones perdieron entre 14,2% y 37,4% de su poder adquisitivo. Como publicó  si se comparan los ingresos de diciembre de 2023 con los de septiembre de 2017 (incluidos los bonos), la caída de la capacidad de compra fue de entre 26,2% y 55,4%, dependiendo del monto de los haberes.
También se incluyen en el temario que se tratará en la sesión más de 300 ascensos militares y unos 120 de diplomáticos que la semana última avanzaron en la Comisión de Acuerdos.
A eso se suma un proyecto de ley de la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe) que modifica el artículo 139 bis e incluye el 139 ter en el Código Penal para castigar la venta o entrega de niños con penas que van de los cuatro a los diez años de prisión. Un tema que recobra actualidad, en momentos en que se mantiene la investigación por la desaparición del niño Loan Peña, de cinco años de edad, en Corrientes.

La Ley Bases llegó a la Casa Rosada


Jefatura de Gabinete
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió ayer la Ley Bases de manos de la titular del Senado, Victoria Villarruel, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. El Gobierno buscará avanzar la semana próxima con la reglamentación de la ley y del paquete fiscal. Entre las prioridades, el Gobierno tiene que instrumentar la restitución del impuesto a las ganancias para mejorar la recaudación, en especial, de las provincias, que lo vienen reclamando desde el cambio de administración.

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La Corte anuló una entrega de tierras a mapuches
Bariloche. El kirchnerismo había impulsado la cesión de 180 hectáreas; el tribunal la dio de baja por dejar afuera a Río Negro
Hernán CappielloOcupantes en las tierras del Ejército
La Corte Suprema de Justicia anuló ayer una polémica cesión de 180 hectáreas de tierras de un cuartel del Ejército de Bariloche a una comunidad mapuche. La entrega había sido motorizada por el kirchnerismo, pero el máximo tribunal la invalidó por completo porque nunca se había dado intervención al gobierno de la provincia de Río Negro.
Una polémica cesión de 180 hectáreas de tierra de un cuartel del Ejército a una comunidad mapuche de Bariloche, motorizada por el kirchnerismo, fue anulada ayer por la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal entendió que toda la controversia legal no es válida porque nunca se le dio intervención a la provincia de Río Negro, donde están las tierras.
El fallo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pone fin a una larga causa judicial donde la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Domínguez, ya jubilada, hizo lugar el 2 de febrero de 2022 a un amparo de la comunidad Millalonco Ranquehue.
La jueza dispuso la entrega de 180 hectáreas del batallón de Montaña del Ejército al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), para que sea anotado a nombre de la comunidad mapuche.
El predio está registrado a nombre del Ejército Argentino sobre la ladera oeste del cerro Otto.
Los jueces de la Corte Suprema tomaron la decisión de anular todo porque en el caso se omitió dar intervención a la provincia de Río Negro, cuya citación resultaba necesaria para que pudiera ejercer su derecho de defensa en juicio.
La comunidad mapuche demandó al Estado nacional para que se instrumente a su favor el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que alega ocupar en forma “actual, tradicional y pública”, según fue reconocido por la resolución 1174/2012 del INAI, que por entonces controlaba el kirchnerismo.
En primera instancia se hizo lugar a la acción de amparo y se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días, a partir de que la resolución quedara firme, transfiriera a título gratuito al INAI el dominio de las tierras disputadas.
El Ejército Argentino apeló esa decisión, pero lo hizo fuera de término, y la Cámara Federal de General Roca rechazó el planteo por considerar que había sido presentado sin cumplir con el plazo procesal previsto.
Contra esa decisión, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general María Claudia Frezzini interpusieron en 2023 recursos extraordinarios que fueron denegados y dieron lugar a la presentación de sendas quejas ante la Corte Suprema de Justicia.
La actuación de los abogados estatales también dio lugar a una causa penal que se encuentra en trámite y en la que fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En esa controversia, la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos, decisión que está recurrida ante la Corte Suprema.
El derecho de las provincias
Ahora, la Corte declaró directamente la nulidad del trámite de la causa judicial sobre el traspaso de las tierras y dispuso que se le debía dar participación en el juicio a la provincia de Río Negro.
Fundó la decisión en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional, que establece que en materia de adjudicación de tierras a las comunidades indígenas la Nación tiene competencias concurrentes con las provincias en las que se encuentran ubicadas esos predios.
La Corte destacó, además, que las normas reglamentarias prevén en forma explícita la participación de las provincias interesadas en los trámites de adjudicación de tierras y que, en el caso concreto, el INAI había decidido excluir a la provincia de Río Negro a petición de la comunidad mapuche.
Luego, la Justicia tampoco le dio intervención a la provincia para que pudiera ejercer sus derechos.
El caso tuvo marchas y contramarchas, y decisiones anteriores de la Corte Suprema, donde suspendió la entrega de las tierras con intervención del procurador Eduardo Casal.
Además, el fiscal Carlos Stornelli fue uno de los que impulsaron la persecución de los abogados que apelaron fuera de término el caso, lo que posibilitó que casi se concretara la entrega de parte del predio militar.
Ayer, la causa terminó anulada desde su origen.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

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