La Iglesia reclama un freno al negocio de las apuestas online
Medidas. Advirtió que se refleja un crecimiento exponencial de la adicción al juego, especialmente entre los adolescentes, y pidió que se impida el acceso de los menores y se restrinjan las publicidades
Mariano de Vedia
El titular de la Pastoral Social y obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones
En un contexto de fuerte crecimiento de la pobreza, que llega al 55%, la Iglesia reclamó a las autoridades que tomen medidas para regular el mercado de las apuestas online y los juegos de azar, una problemática que crece “en forma exponencial” entre niños y adolescentes. El pedido está dirigido a “las autoridades que en cada distrito o jurisdicción regulan las apuestas online y los juegos de azar”.
El reclamo principal apunta a “impedir el acceso de los menores”, especialmenteenzonasvulnerables y en la temática del fútbol, y evitar, así, que cada celular en manos de los chicos se convierta en un casino. Se trata de un problema con el cual los docentes lidian diariamente en las escuelas, tanto en las estatales como en las privadas.
En un pronunciamiento titulado “Apostar no es un juego” y firmado por los equipos de Pastoral Social de las distintas diócesis –entre ellas, la comisión del Episcopado presidida por el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones–, la Iglesia pidió que se restrinja la publicidad sobre el negocio del juego y las apuestas online, que vienen creciendo en el país.
La declaración no menciona datos estadísticos. Pero una investigación que realizó la consultora Opina Argentina, publicado en mayo último en la nacion, señala que el 16% de los jóvenes reconocen que realizan apuestas online y que los hombres son más propensos que las mujeres a participar.
“En nuestras provincias observamos cómo esta actividad crece de manera exponencial entre los más jóvenes, que son especialmente vulnerables ante el estímulo del juego. La preocupación de docentes y padres ha trascendido públicamente a través de testimonios en distintos medios de comunicación de todo el país, con casos dramáticos y, algunos de ellos, trágicos”, advirtió la Iglesia.
Además de pedir que se limiten los accesos de menores a sitios legalizados y la publicidad sobre el negocio, la declaración recomienda que “no se otorguen nuevas licencias, no se renueven las que están vigentes y se denuncien los sitios ilegales para que sean bloqueados de inmediato”.
La Iglesia lamentó que “se naturalice una conducta muy nociva para todas las personas, para la vida en comunidad y, sobre todo, para adolescentes, niños y sus familias”. Se trata de una problemática sobre la que también alertó varias veces el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, quien al transmitir su preocupación por los adolescentes declaró hace pocas semanas que “están más atentos a apostar que a mirar el partido de fútbol”.
“En nuestras ciudades, pueblos y comunidades rurales, vemos que esta adicción se va incrementando”, describió la declaración de la Iglesia, al advertir que se trata de una realidad que no discrimina entre clases sociales ni regiones geográficas, y alertar sobre el daño social que se produce.
“En el contexto socioeconómico que vivimos desde hace décadas, nos preocupa profundamente cómo esta práctica adictiva socava la cultura del trabajo y del esfuerzo, además de lo gravoso que resulta fomentar una conducta que genera adicción”, añaden las áreas de Pastoral Social.
Frente a la legalización de los juegos online, aprobada en varias provincias, se menciona que tuvo dos logros: aumentar la riqueza de quienes manejan el negocio y la cantidad de apostadores, en general, y de adictos ludópatas o potenciales ludópatas.
Medidas de prevención
Las comisiones de Pastoral Social celebran que en algunas regiones se favorezcan acciones de prevención, educación y restricciones. Así, existen medidas en provincias y municipios y varios medios de comunicación alertan sobre esta problemática. Incluso, señalan que “hay influencers y comunicadores que revelan que fueron tentados con mucho dinero para promocionar sitios de apuestas y decidieron resignar dinero y no exponer su trayectoria y fama por una causa insana”.
La Iglesia reclama que se prohíba a los clubes deportivos y otras entidades de bien público difundir publicidad de apuestas online, dado que “la ludopatía y los negocios en torno de los juegos de azar atentan contra la salud de las personas y contra el espíritu deportivo y la sana competencia”. Así lo reflejan –añade– muchos “casos de sobornos que han trascendido”.
La advertencia episcopal se conoce en momentos en que proliferan proyectos sobre esta problemática en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y en legislaturas provinciales.
Entre otras sugerencias, la Iglesia propone incrementar las campañas preventivas sobre el consumo problemático del juego, la prohibición de la publicidad, el aumento de las restricciones en el acceso de menores mediante filtros e identificación biométrica y el bloqueo de sitios de juego en las escuelas.
“Nos preocupa cómo esta práctica adictiva socava la cultura del trabajo y el esfuerzo”
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Enrique Paixao. Un jurista cercano a Alfonsín y arquitecto de la reforma constitucional de 1994
Fue secretario de Justicia de la Nación y trabajó en la redacción del núcleo de coincidencias básicas que se elaboró luego del Pacto de Olivos
Una figura pública comprometida con la Justicia, la transparencia y el afianzamiento de la democracia en la Argentina, cuando el país salía de una de sus páginas más oscuras, desaparece con la muerte del doctor Enrique Paixao, fallecido a los 83 años. Secretario de Justicia del gobierno de Raúl Alfonsín, fue más tarde uno de los arquitectos del texto de la Constitución nacional surgida del Pacto de Olivos, al participar activamente de la definición de los acuerdos que permitieron incorporar significativos avances en la reforma de 1994. La nueva Constitución lleva 30 años de vigencia y unánime aceptación.
En un contexto de fuerte crecimiento de la pobreza, que llega al 55%, la Iglesia reclamó a las autoridades que tomen medidas para regular el mercado de las apuestas online y los juegos de azar, una problemática que crece “en forma exponencial” entre niños y adolescentes. El pedido está dirigido a “las autoridades que en cada distrito o jurisdicción regulan las apuestas online y los juegos de azar”.
El reclamo principal apunta a “impedir el acceso de los menores”, especialmenteenzonasvulnerables y en la temática del fútbol, y evitar, así, que cada celular en manos de los chicos se convierta en un casino. Se trata de un problema con el cual los docentes lidian diariamente en las escuelas, tanto en las estatales como en las privadas.
En un pronunciamiento titulado “Apostar no es un juego” y firmado por los equipos de Pastoral Social de las distintas diócesis –entre ellas, la comisión del Episcopado presidida por el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones–, la Iglesia pidió que se restrinja la publicidad sobre el negocio del juego y las apuestas online, que vienen creciendo en el país.
La declaración no menciona datos estadísticos. Pero una investigación que realizó la consultora Opina Argentina, publicado en mayo último en la nacion, señala que el 16% de los jóvenes reconocen que realizan apuestas online y que los hombres son más propensos que las mujeres a participar.
“En nuestras provincias observamos cómo esta actividad crece de manera exponencial entre los más jóvenes, que son especialmente vulnerables ante el estímulo del juego. La preocupación de docentes y padres ha trascendido públicamente a través de testimonios en distintos medios de comunicación de todo el país, con casos dramáticos y, algunos de ellos, trágicos”, advirtió la Iglesia.
Además de pedir que se limiten los accesos de menores a sitios legalizados y la publicidad sobre el negocio, la declaración recomienda que “no se otorguen nuevas licencias, no se renueven las que están vigentes y se denuncien los sitios ilegales para que sean bloqueados de inmediato”.
La Iglesia lamentó que “se naturalice una conducta muy nociva para todas las personas, para la vida en comunidad y, sobre todo, para adolescentes, niños y sus familias”. Se trata de una problemática sobre la que también alertó varias veces el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, quien al transmitir su preocupación por los adolescentes declaró hace pocas semanas que “están más atentos a apostar que a mirar el partido de fútbol”.
“En nuestras ciudades, pueblos y comunidades rurales, vemos que esta adicción se va incrementando”, describió la declaración de la Iglesia, al advertir que se trata de una realidad que no discrimina entre clases sociales ni regiones geográficas, y alertar sobre el daño social que se produce.
“En el contexto socioeconómico que vivimos desde hace décadas, nos preocupa profundamente cómo esta práctica adictiva socava la cultura del trabajo y del esfuerzo, además de lo gravoso que resulta fomentar una conducta que genera adicción”, añaden las áreas de Pastoral Social.
Frente a la legalización de los juegos online, aprobada en varias provincias, se menciona que tuvo dos logros: aumentar la riqueza de quienes manejan el negocio y la cantidad de apostadores, en general, y de adictos ludópatas o potenciales ludópatas.
Medidas de prevención
Las comisiones de Pastoral Social celebran que en algunas regiones se favorezcan acciones de prevención, educación y restricciones. Así, existen medidas en provincias y municipios y varios medios de comunicación alertan sobre esta problemática. Incluso, señalan que “hay influencers y comunicadores que revelan que fueron tentados con mucho dinero para promocionar sitios de apuestas y decidieron resignar dinero y no exponer su trayectoria y fama por una causa insana”.
La Iglesia reclama que se prohíba a los clubes deportivos y otras entidades de bien público difundir publicidad de apuestas online, dado que “la ludopatía y los negocios en torno de los juegos de azar atentan contra la salud de las personas y contra el espíritu deportivo y la sana competencia”. Así lo reflejan –añade– muchos “casos de sobornos que han trascendido”.
La advertencia episcopal se conoce en momentos en que proliferan proyectos sobre esta problemática en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y en legislaturas provinciales.
Entre otras sugerencias, la Iglesia propone incrementar las campañas preventivas sobre el consumo problemático del juego, la prohibición de la publicidad, el aumento de las restricciones en el acceso de menores mediante filtros e identificación biométrica y el bloqueo de sitios de juego en las escuelas.
“Nos preocupa cómo esta práctica adictiva socava la cultura del trabajo y el esfuerzo”
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Enrique Paixao. Un jurista cercano a Alfonsín y arquitecto de la reforma constitucional de 1994
Fue secretario de Justicia de la Nación y trabajó en la redacción del núcleo de coincidencias básicas que se elaboró luego del Pacto de Olivos
Una figura pública comprometida con la Justicia, la transparencia y el afianzamiento de la democracia en la Argentina, cuando el país salía de una de sus páginas más oscuras, desaparece con la muerte del doctor Enrique Paixao, fallecido a los 83 años. Secretario de Justicia del gobierno de Raúl Alfonsín, fue más tarde uno de los arquitectos del texto de la Constitución nacional surgida del Pacto de Olivos, al participar activamente de la definición de los acuerdos que permitieron incorporar significativos avances en la reforma de 1994. La nueva Constitución lleva 30 años de vigencia y unánime aceptación.
1941 - 2024
Reconocido por sus aportes como jurista, su capacidad de trabajo, su austeridad y su bajo perfil, fue además el primer presidente constitucional de la Auditoría General de la Nación, entre 1994 y fines de 1999, marcando un sendero inexplorado en el desarrollo de los organismos de control.
Elegido convencional por la Unión Cívica Radical, integró la comisión que redactó los núcleos de coincidencias básicas, que era el eje central de los acuerdos alcanzados por Raúl Alfonsín y Carlos Menem para avanzar en una reforma sustantiva de la Constitución, garantizando la vigencia de los preceptos fundacionales y la natural adecuación a los nuevos desafíos. Se otorgó, así, jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Paixao trabajó intensamente en la negociación de los puntos de coincidencias con referentes del gobierno de Menem, en una comisión que integraban los radicales Ricardo Gil Lavedra, Antonio Berhongaray y Arnoldo Klainer, junto a los peronistas Alberto García Lema y Carlos Corach. En algunas etapas se sumaron Jorge Yoma y Eduardo Menem.
Más allá del objetivo pragmático de Menem de lograr la cláusula que le permitía la reelección presidencial, para Paixao el proceso de la reforma de 1994 significaba una oportunidad para trabajar en el rediseño del sistema institucional del país. Una de sus premisas –por instrucción de Alfonsín– era caminar hacia la atenuación del sistema presidencialista, que se consideraba excesivamente rígido.
A eso apuntaba la inclusión de la figura del jefe de Gabinete, tomada del modelo francés, aunque en la práctica su instrumentación no avanzó más allá de la función de un ministro coordinador. Entre otros cambios, se consagraron nuevos derechos y garantías –al medio ambiente y protección de datos personales– y el fortalecimiento del sistema federal.
La definición del núcleo de coincidencias básicas demoró dos meses de arduas negociaciones. Paixao recordaba, por ejemplo, que el punto de partida era la redacción del Pacto de Olivos, que tenía carácter telegráfico y no superaba una carilla. Por ejemplo, en el punto referido a la Capital Federal, el acuerdo solo mencionaba la elección directa del intendente. La comisión que trabajó en el texto definitivo del núcleo de coincidencias básicas avanzó luego en la consagración de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, con su propio estatuto constitucional, y los aspectos claves de la administración, la Justicia y la Legislatura porteña.
Otros aspectos decisivos fueron la creación del Consejo de la Magistratura, figura con la que también se procuraba limitar el poder presidencial en el proceso de selección de jueces, y la elección de un tercer senador nacional, mediante el voto directo. La comisión que integraba Paixao procuraba reducir el mandato de los senadores de nueve a cuatro años, para equipararlo con los diputados, pero hubo una fuerte resistencia y finalmente se reglamentó en seis años.
La trayectoria
Enrique Paixao había nacido en Buenos Aires el 15 de febrero de 1941 y estudió en el colegio Manuel Belgrano, de los hermanos maristas. A los 24 años se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde luego cursó el doctorado y fue profesor titular de derecho penal, además de integrar el plantel docente en varias cátedras. Ejerció la profesión en las orientaciones de derecho público y administrativo y se dedicó, también, a la instancia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema y al derecho penal.
Con la recuperación de la democracia, en un clima de tensión con el sector militar, Paixao asesoró en temas de defensa al Senado de la Nación y luego se desempeñó como secretario de Justicia, cuando el área formaba parte del Ministerio de Educación y Justicia, que conducía Carlos Alconada Aramburú. Entre 1973 y 1982 había sido secretario de la Procuración General de la Nación.
Realizó valiosos aportes como asesor legislativo. Intervino en la redacción de varias iniciativas, como las leyes de contabilidad pública y de administración financiera y sistemas de control, entre otras. En el ámbito partidario, fue apoderado de la UCR e integró la Comisión de Derechos Humanos del Comité Nacional.
Reconocido por sus aportes como jurista, su capacidad de trabajo, su austeridad y su bajo perfil, fue además el primer presidente constitucional de la Auditoría General de la Nación, entre 1994 y fines de 1999, marcando un sendero inexplorado en el desarrollo de los organismos de control.
Elegido convencional por la Unión Cívica Radical, integró la comisión que redactó los núcleos de coincidencias básicas, que era el eje central de los acuerdos alcanzados por Raúl Alfonsín y Carlos Menem para avanzar en una reforma sustantiva de la Constitución, garantizando la vigencia de los preceptos fundacionales y la natural adecuación a los nuevos desafíos. Se otorgó, así, jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Paixao trabajó intensamente en la negociación de los puntos de coincidencias con referentes del gobierno de Menem, en una comisión que integraban los radicales Ricardo Gil Lavedra, Antonio Berhongaray y Arnoldo Klainer, junto a los peronistas Alberto García Lema y Carlos Corach. En algunas etapas se sumaron Jorge Yoma y Eduardo Menem.
Más allá del objetivo pragmático de Menem de lograr la cláusula que le permitía la reelección presidencial, para Paixao el proceso de la reforma de 1994 significaba una oportunidad para trabajar en el rediseño del sistema institucional del país. Una de sus premisas –por instrucción de Alfonsín– era caminar hacia la atenuación del sistema presidencialista, que se consideraba excesivamente rígido.
A eso apuntaba la inclusión de la figura del jefe de Gabinete, tomada del modelo francés, aunque en la práctica su instrumentación no avanzó más allá de la función de un ministro coordinador. Entre otros cambios, se consagraron nuevos derechos y garantías –al medio ambiente y protección de datos personales– y el fortalecimiento del sistema federal.
La definición del núcleo de coincidencias básicas demoró dos meses de arduas negociaciones. Paixao recordaba, por ejemplo, que el punto de partida era la redacción del Pacto de Olivos, que tenía carácter telegráfico y no superaba una carilla. Por ejemplo, en el punto referido a la Capital Federal, el acuerdo solo mencionaba la elección directa del intendente. La comisión que trabajó en el texto definitivo del núcleo de coincidencias básicas avanzó luego en la consagración de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, con su propio estatuto constitucional, y los aspectos claves de la administración, la Justicia y la Legislatura porteña.
Otros aspectos decisivos fueron la creación del Consejo de la Magistratura, figura con la que también se procuraba limitar el poder presidencial en el proceso de selección de jueces, y la elección de un tercer senador nacional, mediante el voto directo. La comisión que integraba Paixao procuraba reducir el mandato de los senadores de nueve a cuatro años, para equipararlo con los diputados, pero hubo una fuerte resistencia y finalmente se reglamentó en seis años.
La trayectoria
Enrique Paixao había nacido en Buenos Aires el 15 de febrero de 1941 y estudió en el colegio Manuel Belgrano, de los hermanos maristas. A los 24 años se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde luego cursó el doctorado y fue profesor titular de derecho penal, además de integrar el plantel docente en varias cátedras. Ejerció la profesión en las orientaciones de derecho público y administrativo y se dedicó, también, a la instancia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema y al derecho penal.
Con la recuperación de la democracia, en un clima de tensión con el sector militar, Paixao asesoró en temas de defensa al Senado de la Nación y luego se desempeñó como secretario de Justicia, cuando el área formaba parte del Ministerio de Educación y Justicia, que conducía Carlos Alconada Aramburú. Entre 1973 y 1982 había sido secretario de la Procuración General de la Nación.
Realizó valiosos aportes como asesor legislativo. Intervino en la redacción de varias iniciativas, como las leyes de contabilidad pública y de administración financiera y sistemas de control, entre otras. En el ámbito partidario, fue apoderado de la UCR e integró la Comisión de Derechos Humanos del Comité Nacional.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

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