PUENTE Y EDITORIAL

En el territorio de lo posible, juntos por un cambio liberal y desarrollista
Se ha ingresado en un proceso de transformación que debe acompañar la recuperación del equilibrio macroeconómico sustentable con reformas estructurales y una estrategia que nos permita superar la decadencia cuasi secular de un modelo corporativo y antidemocrático
Daniel Gustavo Montamat
Un cambio para el desarrollo...Alfredo Sábat
El 12 de junio el cambio votado en las elecciones presidenciales empezó a superar “la paradoja del bloqueo” con los puentes tendidos entre “el cambio drástico” y el “cambio posible”. El voto afirmativo de la vicepresidenta, tras el agónico empate, fue primero un triunfo de las instituciones de la república, más si se reflexiona en el contrafáctico que en tiempo real ofrecía la violencia con que se expresó la oposición al cambio. En el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal hubo debate de un proyecto que tenía media sanción de diputados, y no hubo denuncias de sobornos ni de aprietes, tampoco “senatruchos” fraguando votos. Sí hubo un quid pro quo (“toma y daca” en versión autóctona) propio de una transacción política que formó parte del repertorio de una negociación bastante explícita donde el oficialismo partía contabilizando solo el 10% de votos propios.
Pero la sanción de la Ley Bases, tras la aprobación definitiva en Diputados, no implica el éxito del cambio ni mucho menos, sino el ingreso a un proceso de transformación que debe acompañar la recuperación del equilibrio macroeconómico sustentable con reformas estructurales y una estrategia de desarrollo inclusivo que nos permita superar la decadencia cuasi secular de un modelo corporativo, antiliberal y antidemocrático, de raíces fascistas. Hará falta blindar el cambio con logros contundentes que todos perciban, y habrá que persuadir con una nueva narrativa a una mayoría que afiance ese cambio con su voto en sucesivos turnos electorales.
En la transición, es clave el liderazgo político para apuntalar el cambio. Un liderazgo que represente a esa masa crítica de más o menos dos tercios que votó por el cambio. La aprobación del paquete fiscal y de la Ley Bases –sumada a la firma del Pacto de Mayo– ha fortalecido al Gobierno y ha reforzado los liderazgos vigentes dentro del espacio oficial del cambio. A la cabeza están el Presidente y su vice, y ahí nomás la ministra de Seguridad y el jefe de Gabinete, revalorizado en su rol de articulador del cambio drástico con el posible. ¿Surgirán nuevos liderazgos en este espacio? Puede ser el del ministro de Economía, si logra seguir bajando la inflación y combina el descenso con reactivación. La hermana del Presidente, si decide lanzarse al ruedo electoral. Varios funcionarios y legisladores del espacio empiezan a destacarse y a construir o afianzar liderazgos preexistentes. Muchos jóvenes liberales activos en las redes sociales pueden emerger como nuevos líderes. El fenómeno de las redes augura nuevas sorpresas.
En el universo del cambio posible la decantación de viejos liderazgos junto a la presencia de nuevos líderes es más controvertida. El expresidente Macri jugó un rol clave en la definición de la segunda vuelta que consagró presidente a Javier Milei, como también en el apoyo legislativo al DNU y al paquete de leyes del oficialismo. Quienes cuestionan la vigencia de su liderazgo creen que el cambio duro va a centrifugar y a diluir el cambio posible. Eso está por verse, pero hasta acá ha sido al revés. Si el cambio fracasa arrastrará a sus impulsores, pero si se impone los revalorizará a todos.
Los diez gobernadores de JxC tuvieron un rol protagónico en la sanción de las leyes. Al espacio lo dan por muerto, pero el comunicado conjunto en las horas previas al voto en el Senado recordó aquello de que “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. Esos gobernadores y algunos destacados legisladores del espacio que en ambas cámaras legislativas contribuyeron a construir las mayorías del oficialismo serán los interlocutores de una audiencia que acompaña el cambio con más pragmatismo y menos ideología. Pero también veremos nuevos liderazgos entre los opositores al cambio. A no asombrarse cuando los intereses arraigados en el statu quo y anclados en el no cambio, una vez corroborado el fracaso de la monserga “destituyente”, empiecen a entonar nuevas melodías gatopardistas de capitalismo de amigos y pobrismo distributivo (cambiar la “canción” para que nada cambie).
El gran desafío del cambio es su institucionalización y su vigencia en la alternancia republicana del poder. Son las ideas y los valores del cambio los que deben prevalecer y orientar la renovación de los liderazgos.
En el marco institucional de la Constitución, el cambio drástico y el cambio posible deben converger en las ideas económicas de la transformación argentina. Ya no se discute la necesidad de equilibrios sustentables en las cuentas públicas (baja del gasto, reducción de los impuestos más distorsivos y, de ser posible, superávit financiero para conformar un fondo contracíclico), y una mayoría avala una política monetaria autónoma que incluya la prohibición de financiar el Tesoro. Hay concordancia en la necesidad y en los capítulos fundamentales de las reformas estructurales. Y hay que reconocer que, de no ser por los planteos tajantes del cambio drástico, muchas de estas medidas podían quedar diluidas en la agenda del cambio posible. El cambio duro impuso una narrativa liberal de Estado austero, de baja del gasto improductivo, de erradicación de la inflación, de una moneda que recupera sus atributos, y de una macro con equilibrios sustentables y reformas pendientes para apuntalarlos. Toca ahora al cambio posible la impronta de hacer confluir estas ideas para transformar el Estado y hacer operativa una economía de mercado competitiva en un programa de desarrollo económico y social inclusivo. Vendrán chispazos y habrá que reforzar puentes entre los liberales escépticos del “desarrollo espontáneo” y los desarrollistas más inclinados a políticas industriales de base transversal (las que buscan nivelar la cancha sin selección de ganadores, promoviendo ventajas competitivas a partir de las ventajas comparativas relativas).
En esa confluencia liberal y desarrollista habrá acuerdos para articular y potenciar el circuito producción-educación-ciencia y tecnología, y para alcanzar un federalismo de concertación que vertebre las regiones del país con infraestructura, comunicaciones y un desarrollo más armónico. El Estado austero replicado en los niveles subnacionales a través de un nuevo contrato fiscal deberá privilegiar el alcance y la prestación de bienes y servicios públicos inclusivos, a partir de una educación pública que recupere la calidad y el mérito (ideas fuerza rescatadas en el Pacto de Mayo).
Las locomotoras del crecimiento son las que tienen ventajas comparadas relativas, y, lejos de haber sido privilegiadas por selección de “ganadores”, durante décadas fueron víctimas de la discriminación, del prontuario de inseguridad jurídica y del cortoplacismo populista que dominó la Argentina. Nos referimos a la cadena de valor agroalimentaria, energética, minera, tecnología del conocimiento, turismo receptivo, pesca, industrias vinculadas a las locomotoras citadas, además de otros sectores industriales capaces de captar relocalizaciones o de proveer insumos seguros en un orden mundial donde la geopolítica vuelve a condicionar la inserción estratégica en una globalización más regionalizada. A partir de la tracción de estas locomotoras, una estrategia productiva de valor agregado exportable debe reemplazar el modelo agotado de sustitución de importaciones, y una nueva coalición de intereses en torno a un dólar competitivo debe desplazar la vieja coalición de un dólar barato que deriva en crónicos saltos devaluatorios. Una nueva economía más abierta a la competencia, con oportunidades de empleo productivo, donde baje la informalidad, no haya excluidos y se reduzca la pobreza. Una Argentina en desarrollo, reconciliada con el futuro y, de nuevo, tierra de promisión.
Doctor en economía y en derecho

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Un pacto que debe ser honrado
Celebramos que la amplia mayoría de los mandatarios se haya comprometido a sentar las bases de la reconstrucción del país; urge pasar a los hechos concretos
En marzo de este año, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso por parte del Presidente, por primera vez Javier Milei dejaba plasmada institucionalmente su convocatoria a un pacto para sentar las bases de políticas de Estado duraderas que permitan superar el atraso de décadas.
No era entonces ni es una novedad ahora la pronunciada decadencia que venimos arrastrando como consecuencia del nefasto accionar de quienes se jactaron de la existencia de un supuesto “Estado presente”, una ficción populista que benefició a unos pocos sepultando el futuro de amplísimos sectores.
En aquella oportunidad se plantearon como puntos del decálogo de ese futuro acuerdo la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal irrenunciable, la baja del gasto público, una reforma tributaria, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, el compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales, una reforma laboral moderna y una previsional que le dé sostenibilidad al sistema y la apertura al comercio internacional.
En el Pacto de Mayo suscripto en la madrugada de ayer, en Tucumán, por el jefe del Estado y 18 mandatarios de todo el país figuraron todos esos puntos. Solo uno faltó del declamado acuerdo inicial: el que determina la necesidad de una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Es de esperar que su ausencia se deba a que el Congreso se disponga finalmente a sancionar las demoradas leyes de boleta única de papel y de ficha limpia. En su reemplazo, ingresó otro punto al referido decálogo: el de la educación, que podemos resumir en la imperiosa de modernizar los niveles de enseñanza inicial, primario y secundario, con alfabetización plena, sin abandono escolar y con posibilidades reales de inserción en un mercado laboral no precarizado.
Introducir la cuestión educativa en el pacto no ha sido un paso menor. En mayo último, en una columna publicada en la nacion, lo explicaban con contundencia Gala Díaz Langou y Esteban Torre, directores ejecutivo y de Educación, respectivamente, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). “La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático de un país. Esto no puede limitarse a una declaración de intenciones, sino que debe cristalizarse en iniciativas que apunten a robustecer y blindar el financiamiento educativo; asegurar escuelas con buena infraestructura, equipamiento y material didáctico; promover mayor tiempo de enseñanza; fortalecer el rol de los docentes, y favorecer una gestión inteligente del sistema educativo apoyada en la evaluación y sistemas de información sólidos. Un proyecto que sintonice con una estrategia de desarrollo requiere, además, generar una mayor articulación entre el sistema educativo y el sector productivo”.
No es menor tampoco que la firma del acta, concretada en la Casa Histórica de la independencia nacional, haya sucedido a la sanción en el Congreso de la Ley Bases y del paquete fiscal. Ciertamente quedaron afuera cinco mandatarios que, lamentablemente, parecen no haber entendido el aire de cambio de época que imprimió la mayoría de los argentinos con su voto del año pasado en el balotaje y que siguen avalando –no sin sacrificio– con la esperanza de que el país retome la senda de la ética, del trabajo y del crecimiento en libertad, sin asfixias políticas ni anteojeras ideológicas como bien se ha encargado de describir el Presidente en su discurso de ayer.
Un repaso sucinto de quienes faltaron a la cita certifica una actitud tan mezquina como arrogante: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Zilotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Tampoco se sumaron al pacto líderes sindicales de la CGT, representantes de la Iglesia, todos con algún nivel de conflicto con el Poder Ejecutivo y, probablemente también de conflicto con sus fueros íntimos por haber sido buena parte de ellos integrantes o apoyo de los gobiernos que generaron el tremendo caos en el que estamos inmersos.
Tampoco asistieron los cuatro miembros de la Corte Suprema. La convocatoria sucede en medio de la inexplicable intención del Gobierno por incorporar al juez Ariel Lijo al más alto tribunal. Ni siquiera asistió el mentor de Lijo, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quizá porque su candidato es cada vez más rechazado y con justa razón.
Si bien el Presidente fue crítico, incluso con algunos de los mandatarios que suscribieron el acuerdo, les reconoció el gesto de deponer la pirotecnia verbal para intentar emprender el camino hacia la reconstrucción del país. Dejó abierta la puerta, además, para que los que prefirieron mantenerse al margen puedan quitarse las anteojeras que les impiden ver y escuchar por dónde pasa hoy el reclamo mayoritario de la población.
Volvemos a celebrar desde este espacio el Pacto de Mayo y aspiramos a que prontamente esas firmas deriven en hechos concretos que obren en beneficio del conjunto de quienes habitan el suelo argentino, construyendo la unión nacional, afianzando la justicia y promoviendo el bienestar general en libertad, como reza el Preámbulo de nuestra Constitución.

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