El Gobierno le transfirió $58.700 millones a Aerolíneas
RECORTE. Es para que la empresa estatal avance con la reducción de persona
lIgnacio Grimaldi
La motosierra tiene límites. Dicho de otro modo, el ajuste puede ceder solo cuando persigue el objetivo de potenciarlo. Eso es lo que expone el caso de Aerolíneas Argentinas. Recién este mes recibió su primera transferencia de parte del gobierno libertario. Tal como confirmaron fuentes del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, la empresa recibió $58.700 millones destinados a su plan de reducción de personal. Es decir, fondos frescos, pero para recortar.
Según datos oficiales, en diciembre Aerolíneas Argentinas contaba con 11.926 empleados, de los cuales 443 estaban fuera de convenio. Con el comienzo de la gestión libertaria, se inició el proceso de reducción de planta. De acuerdo con los datos de un documento que fue elaborado por la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, hasta mayo la compañía registraba 416 bajas. Según fuentes de la aerolínea, entre ese primer plan de retiros voluntarios y los acuerdos de prejubilación, la dotación total perdió 500 empleados.
Esta primera transferencia del Gobierno de $58.700 millones tiene como objetivo cubrir los gastos de esa reducción, así como también de la continuidad del plan. De hecho, hace 10 días la compañía lanzó una segunda ronda de retiros voluntarios que podría alcanzar otras 500 adhesiones.
Las últimas cifras del Indec, correspondientes al mes de mayo, mostraban que la dotación de personal con convenio en Aerolíneas ascendía a 11.134 empleados. Además de ellos, había otros 354 fuera de convenio.
“La población que puede suscribir es toda la compañía. El piso son 500 personas y si llegamos a 1000 personas menos versus diciembre pasado, ya estaríamos en un nivel relativamente aceptable para la industria”, dijeron sobre esa segunda etapa.
Un detalle importante en esta historia se vincula con el desarrollo de la Ley Bases. El ímpetu privatizador del Gobierno incluía a Aerolíneas Argentinas en el listado de las empresas públicas que podrían ser vendidas. Pero, durante la negociación en el Congreso, el oficial is mo accedió a quitarla para asegurar la aprobación del proyecto.
En relación con el plan de ajuste, la compañía apunta a una reducción de 50% de su déficit operativo. En este sentido, cancelaron rutas aéreas, como las de Nueva York y La Habana, además de algunas modificaciones de viajes que también acompañaron a los ajustes dentro de la empresa.
El mapa de esos recortes tiene como destino final generar un ahorro de US$20 millones al año. Para ello estiman una mejora de US$4 millones en provisión de comida para tripulantes, US$2,5 millones en cancelación de postas de cabotaje y US$4 millones por la reducción de contratos con proveedores.
También se tomaron decisiones para generar ingresos, como el cambio en la política de equipajes, que implica US$10 millones al año, y se incrementaron las operaciones de vuelos chárteres, lo que redundó en US$6 millones más en el primer semestre del año.
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Caputo prevé “inflación cero” antes de fin de año
El ministro hizo esa promesa en una reunión con representantes de los grandes supermercados
La motosierra tiene límites. Dicho de otro modo, el ajuste puede ceder solo cuando persigue el objetivo de potenciarlo. Eso es lo que expone el caso de Aerolíneas Argentinas. Recién este mes recibió su primera transferencia de parte del gobierno libertario. Tal como confirmaron fuentes del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, la empresa recibió $58.700 millones destinados a su plan de reducción de personal. Es decir, fondos frescos, pero para recortar.
Según datos oficiales, en diciembre Aerolíneas Argentinas contaba con 11.926 empleados, de los cuales 443 estaban fuera de convenio. Con el comienzo de la gestión libertaria, se inició el proceso de reducción de planta. De acuerdo con los datos de un documento que fue elaborado por la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, hasta mayo la compañía registraba 416 bajas. Según fuentes de la aerolínea, entre ese primer plan de retiros voluntarios y los acuerdos de prejubilación, la dotación total perdió 500 empleados.
Esta primera transferencia del Gobierno de $58.700 millones tiene como objetivo cubrir los gastos de esa reducción, así como también de la continuidad del plan. De hecho, hace 10 días la compañía lanzó una segunda ronda de retiros voluntarios que podría alcanzar otras 500 adhesiones.
Las últimas cifras del Indec, correspondientes al mes de mayo, mostraban que la dotación de personal con convenio en Aerolíneas ascendía a 11.134 empleados. Además de ellos, había otros 354 fuera de convenio.
“La población que puede suscribir es toda la compañía. El piso son 500 personas y si llegamos a 1000 personas menos versus diciembre pasado, ya estaríamos en un nivel relativamente aceptable para la industria”, dijeron sobre esa segunda etapa.
Un detalle importante en esta historia se vincula con el desarrollo de la Ley Bases. El ímpetu privatizador del Gobierno incluía a Aerolíneas Argentinas en el listado de las empresas públicas que podrían ser vendidas. Pero, durante la negociación en el Congreso, el oficial is mo accedió a quitarla para asegurar la aprobación del proyecto.
En relación con el plan de ajuste, la compañía apunta a una reducción de 50% de su déficit operativo. En este sentido, cancelaron rutas aéreas, como las de Nueva York y La Habana, además de algunas modificaciones de viajes que también acompañaron a los ajustes dentro de la empresa.
El mapa de esos recortes tiene como destino final generar un ahorro de US$20 millones al año. Para ello estiman una mejora de US$4 millones en provisión de comida para tripulantes, US$2,5 millones en cancelación de postas de cabotaje y US$4 millones por la reducción de contratos con proveedores.
También se tomaron decisiones para generar ingresos, como el cambio en la política de equipajes, que implica US$10 millones al año, y se incrementaron las operaciones de vuelos chárteres, lo que redundó en US$6 millones más en el primer semestre del año.
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Caputo prevé “inflación cero” antes de fin de año
El ministro hizo esa promesa en una reunión con representantes de los grandes supermercados
Alfredo Sainz
Caputo en el encuentro con supermercadistas
Inflación cero para antes de fin año y una ayuda para bajar los costos fueron los dos anuncios que se llevaron los grandes supermercados del encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. En una reunión que se extendió 40 minutos, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado en que antes de que termine 2024 la inflación en alimentos y bebidas se ubicará en 0% y les aseguró que desde el Gobierno ya se está trabajando para lograr una baja en los costos delas empresasa través de la eliminación( o al menos la restricción) de las tasas que hoy aplican muchos municipios de todo el país.
En la reunión, de la que participaron Caputo, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y los número uno de las principales cadenas de supermercados del país (Carrefour, Coto, Cencosud, La Anónima y Changomás), el ministro de Economía destacó que en la actualidad no existen razones macroeconómicas para que haya inflación y se mostró confiado en que antes de fin de año los números del Indec den cuenta de un índice mensual sin aumentos, al menos en el rubro alimentos y bebidas.
Caputo además destacó que la tendencia a la baja que ya muestra la inflación se tendría que acelerar en los próximos meses a partir de la decisión del Gobierno de avanzar con la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, que entraría a regir a partir de agosto o septiembre.
Para ayudar a profundizar la baja, Caputo les anunció a los supermercados que desde su cartera trabajan con medidas para frenar las tasas que aplican algunos municipios a los grandes comercios y que impactan en los precios de los alimentos. Concretamente, en la reunión se mencionaron los casos de la“eco tasa” que implementó el municipio de Pilar –que grava con un recargo de $51 cualquier compra que se hace en un supermercado– y de la tasa de “comedores sociales” que aplica Hurlingham, con una alícuota del 1% sobre el valor total del ticket.
Caputo les adelantó, además, que desde el Ministerio de Economía están trabajando en dos alternativas. La primera es judicializar los casos para que el tema llegue a la Corte Suprema. La segunda es impulsar una ley en el Congreso nacional, que prohíba el cobro de estas sobretasas.
Inflación cero para antes de fin año y una ayuda para bajar los costos fueron los dos anuncios que se llevaron los grandes supermercados del encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. En una reunión que se extendió 40 minutos, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado en que antes de que termine 2024 la inflación en alimentos y bebidas se ubicará en 0% y les aseguró que desde el Gobierno ya se está trabajando para lograr una baja en los costos delas empresasa través de la eliminación( o al menos la restricción) de las tasas que hoy aplican muchos municipios de todo el país.
En la reunión, de la que participaron Caputo, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y los número uno de las principales cadenas de supermercados del país (Carrefour, Coto, Cencosud, La Anónima y Changomás), el ministro de Economía destacó que en la actualidad no existen razones macroeconómicas para que haya inflación y se mostró confiado en que antes de fin de año los números del Indec den cuenta de un índice mensual sin aumentos, al menos en el rubro alimentos y bebidas.
Caputo además destacó que la tendencia a la baja que ya muestra la inflación se tendría que acelerar en los próximos meses a partir de la decisión del Gobierno de avanzar con la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, que entraría a regir a partir de agosto o septiembre.
Para ayudar a profundizar la baja, Caputo les anunció a los supermercados que desde su cartera trabajan con medidas para frenar las tasas que aplican algunos municipios a los grandes comercios y que impactan en los precios de los alimentos. Concretamente, en la reunión se mencionaron los casos de la“eco tasa” que implementó el municipio de Pilar –que grava con un recargo de $51 cualquier compra que se hace en un supermercado– y de la tasa de “comedores sociales” que aplica Hurlingham, con una alícuota del 1% sobre el valor total del ticket.
Caputo les adelantó, además, que desde el Ministerio de Economía están trabajando en dos alternativas. La primera es judicializar los casos para que el tema llegue a la Corte Suprema. La segunda es impulsar una ley en el Congreso nacional, que prohíba el cobro de estas sobretasas.
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