El oficialismo defendió la baja de la edad de imputabilidad
La oposición mostró diferencias y reclamó un régimen de protección para niños y adolescentes
Delfina Celichini
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, defendió en Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El funcionario explicó a los integrantes de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia, y Presupuesto y Hacienda los argumentos del Gobierno para implementar un nuevo régimen penal juvenil, que prevé un máximo de 20 años de reclusión como la pena máxima para los menores condenados.
Mientras que los defensores del proyecto buscan reemplazar una ley de 1980 (22.278) por una nueva norma que se adapte a las mutaciones de la delincuencia; los detractores del proyecto del Ejecutivo solicitan un abordaje integral de esta temática para proteger los derechos de la juventud y evitar su estigmatización.
“Creemos que es una demanda que tiene la sociedad y que, como Poder Ejecutivo, debemos atenderla y trabajarla. Estamos convencidos de que esta ley es muy superadora de la ley del año 1980”, señaló Amerio, un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con tentáculos en todo el gabinete libertario. Como argumentos para impulsar la reforma, Amerio listó “la falta de credibilidad del sistema judicial frente a la falta de atención de los casos de menores que generan impunidad”, el “desfase entre el derecho penal juvenil y el derecho constitucional”, y la “elevada reiterancia del crimen juvenil”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no estuvo presente durante la defensa de la iniciativa del Poder Ejecutivo, a pesar de la exigencia de la oposición. Sin embargo, estuvo reunido en el Palacio Legislativo junto a Martín Menem. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados subió a sus redes sociales una imagen de este encuentro. “Vamos a terminar con la impunidad de los delincuentes. Y vamos a cuidar implacablemente a los argentinos de bien que merecen vivir en libertad, sin miedo y con la Justicia que merecen”, escribió Menem para sostener el proyecto oficial.
El viceministro fue escoltado por el director nacional de Normativa, Fernando Soto, y el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer. “La ley que queremos reemplazar es una ley rústica, que no cuenta con una diversificación punitiva. Apuntamos a encontrar formas de castigo más racionales y proporcionales para lograr resultados a menor costo. Este proyecto ofrece una paleta de opciones punitivas como no punitivas y buscamos darles a jueces y fiscales un conjunto de herramientas que pueda adecuarse al perfil de los imputados en los casos que tengan que resolver”, explicó Nanzer.
Desde la oposición, la diputada chubutense Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) enfatizó la necesidad de dar un debate “profundo”. “Si el Poder Judicial no es creíble es por muchas otras cosas. ¿Cuáles son las políticas públicas para niños que va a llevar adelante el Gobierno?”, consultó la legisladora, que solicitó la presencia de funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo. Alianiello es la autora de uno de los proyectos que buscan reemplazar la ley penal juvenil actual. Si bien no contempla una baja de la edad de imputabilidad, apuesta a fortalecer el sistema de protección integral.
Por parte del radicalismo, la diputada santacruceña Roxana Reyes presentó un proyecto que busca establecer un régimen específico para menores de 18 años que hayan infringido la ley penal, adecuándose a los estándares internacionales y garantizando los derechos fundamentales de los adolescentes. Propone que el nuevo régimen se aplique a menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos según el Código Penal. Los menores de 14 años quedarán exentos de responsabilidad penal, garantizando así que no sean perseguidos ni se les impongan medidas restrictivas.
La multiplicidad de proyectos –de diferentes espacios políticos– relativos a este tema da cuenta del consenso que existe para reformar la ley vigente. Actualmente existen 13 proyectos que apuntan a modificar el régimen penal juvenil actual, tanto de referentes del dialoguismo como del kirchnerismo.
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Recortan los alcances de la “ley antimafia” de Bullrich
Figuraba la posibilidad de realizar allanamientos sin previo aviso a la Justicia; el proyecto logró dictamen en comisión
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, defendió en Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El funcionario explicó a los integrantes de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia, y Presupuesto y Hacienda los argumentos del Gobierno para implementar un nuevo régimen penal juvenil, que prevé un máximo de 20 años de reclusión como la pena máxima para los menores condenados.
Mientras que los defensores del proyecto buscan reemplazar una ley de 1980 (22.278) por una nueva norma que se adapte a las mutaciones de la delincuencia; los detractores del proyecto del Ejecutivo solicitan un abordaje integral de esta temática para proteger los derechos de la juventud y evitar su estigmatización.
“Creemos que es una demanda que tiene la sociedad y que, como Poder Ejecutivo, debemos atenderla y trabajarla. Estamos convencidos de que esta ley es muy superadora de la ley del año 1980”, señaló Amerio, un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con tentáculos en todo el gabinete libertario. Como argumentos para impulsar la reforma, Amerio listó “la falta de credibilidad del sistema judicial frente a la falta de atención de los casos de menores que generan impunidad”, el “desfase entre el derecho penal juvenil y el derecho constitucional”, y la “elevada reiterancia del crimen juvenil”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no estuvo presente durante la defensa de la iniciativa del Poder Ejecutivo, a pesar de la exigencia de la oposición. Sin embargo, estuvo reunido en el Palacio Legislativo junto a Martín Menem. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados subió a sus redes sociales una imagen de este encuentro. “Vamos a terminar con la impunidad de los delincuentes. Y vamos a cuidar implacablemente a los argentinos de bien que merecen vivir en libertad, sin miedo y con la Justicia que merecen”, escribió Menem para sostener el proyecto oficial.
El viceministro fue escoltado por el director nacional de Normativa, Fernando Soto, y el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer. “La ley que queremos reemplazar es una ley rústica, que no cuenta con una diversificación punitiva. Apuntamos a encontrar formas de castigo más racionales y proporcionales para lograr resultados a menor costo. Este proyecto ofrece una paleta de opciones punitivas como no punitivas y buscamos darles a jueces y fiscales un conjunto de herramientas que pueda adecuarse al perfil de los imputados en los casos que tengan que resolver”, explicó Nanzer.
Desde la oposición, la diputada chubutense Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) enfatizó la necesidad de dar un debate “profundo”. “Si el Poder Judicial no es creíble es por muchas otras cosas. ¿Cuáles son las políticas públicas para niños que va a llevar adelante el Gobierno?”, consultó la legisladora, que solicitó la presencia de funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo. Alianiello es la autora de uno de los proyectos que buscan reemplazar la ley penal juvenil actual. Si bien no contempla una baja de la edad de imputabilidad, apuesta a fortalecer el sistema de protección integral.
Por parte del radicalismo, la diputada santacruceña Roxana Reyes presentó un proyecto que busca establecer un régimen específico para menores de 18 años que hayan infringido la ley penal, adecuándose a los estándares internacionales y garantizando los derechos fundamentales de los adolescentes. Propone que el nuevo régimen se aplique a menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos según el Código Penal. Los menores de 14 años quedarán exentos de responsabilidad penal, garantizando así que no sean perseguidos ni se les impongan medidas restrictivas.
La multiplicidad de proyectos –de diferentes espacios políticos– relativos a este tema da cuenta del consenso que existe para reformar la ley vigente. Actualmente existen 13 proyectos que apuntan a modificar el régimen penal juvenil actual, tanto de referentes del dialoguismo como del kirchnerismo.
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Recortan los alcances de la “ley antimafia” de Bullrich
Figuraba la posibilidad de realizar allanamientos sin previo aviso a la Justicia; el proyecto logró dictamen en comisión
Laura Serra
Ante la presión y los reparos de los bloques de oposición dialoguista, el oficialismo debió recortar las facultades especiales que requería la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados para combatir el crimen organizado, conocido como “ley antimafia”. Entre esas atribuciones figuraba la posibilidad de realizar allanamientos sin previo aviso a la Justicia.
La iniciativa, que tuvo dictamen ayer en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, propone imponer la pena más alta que prevé el Código Penal –que va de ocho a veinte años– a todo aquel que pertenezca a una organización criminal que se dedique a delitos graves como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, homicidios, pornografía infantil, tráfico de órganos, secuestros, entre otros. En el dictamen los legisladores incorporaron los delitos de venta de niños y corrupción.
Este es el punto nodal del proyecto, pues, con esta modificación al Código Penal, lo que se pretende es que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplique a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
La iniciativa fue firmada, aunque con disidencias, por los bloques de la oposición dialoguista. La bancada de Unión por la Patria, que comanda Germán Martínez, firmó un dictamen en minoría.
Las modificaciones al proyecto fueron consensuadas entre los bloques dialoguistas, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, (Pro) y funcionarios del Ministerio de Seguridad. Se aceptó, por caso, que las facultades que pretenden conferirse a las fuerzas policiales y de seguridad federales para realizar allanamientos encadenados e intervenciones telefónicas deben contar indefectiblemente con la intervención del juez y del fiscal. En el caso de los allanamientos, el proyecto original establecía que solo después de realizados debía darse inmediato aviso a la autoridad judicial.
Asimismo, los legisladores eliminaron del texto el artículo que le permitía a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Dinic), que orbita en el Ministerio de Seguridad, a “requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados” sin autorización judicial.
Además, se modificó el artículo que establecía la extinción de dominio de todos aquellos bienes que presumiblemente sean producto de las actividades delictivas penadas por esta iniciativa. Dicho artículo disponía que esos bienes sean destinados al dominio del Estado. A propuesta de la bancada de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, se decidió reemplazar la figura de extinción de dominio por el de decomiso anticipado, que es más ágil pues lo puede aplicar el mismo juez penal a cargo de la investigación.
Ante la presión y los reparos de los bloques de oposición dialoguista, el oficialismo debió recortar las facultades especiales que requería la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados para combatir el crimen organizado, conocido como “ley antimafia”. Entre esas atribuciones figuraba la posibilidad de realizar allanamientos sin previo aviso a la Justicia.
La iniciativa, que tuvo dictamen ayer en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, propone imponer la pena más alta que prevé el Código Penal –que va de ocho a veinte años– a todo aquel que pertenezca a una organización criminal que se dedique a delitos graves como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, homicidios, pornografía infantil, tráfico de órganos, secuestros, entre otros. En el dictamen los legisladores incorporaron los delitos de venta de niños y corrupción.
Este es el punto nodal del proyecto, pues, con esta modificación al Código Penal, lo que se pretende es que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplique a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
La iniciativa fue firmada, aunque con disidencias, por los bloques de la oposición dialoguista. La bancada de Unión por la Patria, que comanda Germán Martínez, firmó un dictamen en minoría.
Las modificaciones al proyecto fueron consensuadas entre los bloques dialoguistas, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, (Pro) y funcionarios del Ministerio de Seguridad. Se aceptó, por caso, que las facultades que pretenden conferirse a las fuerzas policiales y de seguridad federales para realizar allanamientos encadenados e intervenciones telefónicas deben contar indefectiblemente con la intervención del juez y del fiscal. En el caso de los allanamientos, el proyecto original establecía que solo después de realizados debía darse inmediato aviso a la autoridad judicial.
Asimismo, los legisladores eliminaron del texto el artículo que le permitía a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Dinic), que orbita en el Ministerio de Seguridad, a “requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados” sin autorización judicial.
Además, se modificó el artículo que establecía la extinción de dominio de todos aquellos bienes que presumiblemente sean producto de las actividades delictivas penadas por esta iniciativa. Dicho artículo disponía que esos bienes sean destinados al dominio del Estado. A propuesta de la bancada de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, se decidió reemplazar la figura de extinción de dominio por el de decomiso anticipado, que es más ágil pues lo puede aplicar el mismo juez penal a cargo de la investigación.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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