ALIMENTOS Y CAMBIO

Pettovello va a la Corte y agota los recursos en su puja con los piqueteros
Con el patrocinio de Rodolfo Barra, Capital Humano apelará el fallo que lo obliga a repartir la mercadería almacenada
Federico González del SolarCAPITAL HUMANOLa ministra Pettovello alega que los alimentos acopiados son para “emergencias”
El Ministerio de Capital Humano apelará ante la Corte Suprema el fallo que lo obliga a distribuir los alimentos almacenados en los depósitos que la cartera que dirige Sandra Pettovello tiene en Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires). El movimiento del Gobierno se da luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara el fallo del juez federal Sebastián Casanello –quien ordenó la ejecución “inmediata” de un plan de distribución– y de que la Casación rechazara la apelación del ministerio. Ahora, tras los sucesivos fallos adversos, Capital Humano apunta a que el máximo tribunal revoque la cautelar que dictó el juez federal y le dé la razón en su disputa contra las organizaciones sociales por el reparto de los alimentos.
Para Capital Humano, la resolución que Casanello dictó a fines de mayo es una clara intervención de la Justicia en la Administración Pública, que “altera el normal funcionamiento” de la cartera. Sobre este punto se funda el recurso extraordinario que impulsa el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien entró en escena para darle volumen jurídico al reclamo: hay una “palmaria” cuestión federal al verse afectada la división de poderes en desmedro de la población argentina, planteó. En el escrito, además, se insiste con que los alimentos almacenados en los galpones están reservados para emergencias.
A principios de mes, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso presentado por el ministerio de Pettovello por no demostrar de manera acabada la cuestión federal detrás del conflicto.
“A juicio de esta parte –afirma Barra en su escrito– es evidente la cuestión federal: el ejercicio de competencia propia, que históricamente se realizaba en el ámbito exclusivo del ministerio, se ve alterado actualmente por la intromisión del Poder Judicial”.
“El Tribunal a quo [por la Casación] ha efectuado una arbitraria y equívoca interpretación de las normas legales y reglamentarias”, asegura. “Al imponer requisitos y entrometerse en la política pública de distribución de alimentos [se] está causando un daño concreto y real al interés público comprometido”, señala Barra, y agrega: “La compra y stock de alimentos también tiene como finalidad atender situaciones de emergencia que se pueden presentar en cualquier momento”.
Antes del fallo de la Casación, y luego de que el ministerio apelara por primera vez la orden del juez Casanello, la Cámara Federal –integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico– avaló la cautelar dictada por el juez al rechazar el argumento de Capital Humano respecto a la intromisión de la Justicia en la esfera de las competencias del Ministerio. Fue el primer revés para Pettovello. La resolución de la Cámara estuvo precedida por el escándalo: en la antesala del fallo, la subsecretaria de Legales, Leila Gianni, y el letrado patrocinante del ministerio, Ariel Romano, se cruzaron en duros términos con el dirigente social Juan Grabois.
Los camaristas, que llamaron la atención de las partes por sus conductas durante la audiencia previa al fallo, laudaron en contra de los intereses del Ministerio. En su voto, el juez Farah marcó: “Cabe a esta altura preguntarse ante cuantas instancias ‘judiciales’ está dispuesto el ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”.
El nudo del conflicto está en la naturaleza del “plan” que ordenó el juez: para la Justicia –por lo menos hasta ahora– la cautelar no trastoca la esfera del ministerio en la medida en que Casanello no ordenó cómo el ministerio debe repartir los alimentos, sino solo que debe hacerlo. Para el ministerio, por el contrario, con la cautelar, Casanello se inmiscuye en las políticas de la Administración Pública, en tanto los alimentos almacenados están reservados solo para casos de emergencia.
En el ministerio hace ruido que un juez federal en lo Criminal dictamine una medida de carácter preventivo: aseguran que su competencia se encuentra limitada a la investigación de delitos. Además, ven un “contrasentido” en que el juez que solicitó el plan lo haya rechazado por “insuficiente”.
Con todo, en su escrito, el procurador del Tesoro se limita a marcar la presunta interferencia de la Justicia, sin hacer una defensa a ultranza de la políticas del ministerio. “El tiempo dirá si fueron correctas o incorrectas las decisiones que se tomaron en un ámbito de competencia exclusiva, lo que claramente es incorrecto es que el Poder Judicial se entrometa en las mismas”, sostiene Barra.
El origen del pleito
Grabois, líder de Patria Grande y ligado al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dio inicio a este recorrido judicial en febrero, cuando denunció a Pettovello por incumplimiento en los deberes de funcionario público a partir de la interrupción del reparto de alimentos para los comedores.
Cuando el Gobierno dio a conocer el stock de alimentos almacenados en los galpones del ministerio –luego de un pedido de acceso a la información de pública que hizo el medio El Destape– Grabois amplió la denuncia en el juzgado.
En el marco de esa causa, el juez Casanello ordenó al ministerio –entre otras medidas– elaborar y presentar un “plan” para distribuir de manera “inmediata” la mercadería acopiada en los galpones y otorgó un plazo de 72 horas.
En paralelo a la entrega del plan –que llegó a destiempo y consistió en un llamado a las provincias para que sean estas quienes se encarguen de la distribución– la cautelar fue apelada por la subsecretaria Gianni. La Cámara de apelaciones confirmó el fallo, el ministerio volvió a apelar y la Casación rechazó el recurso al sostener que la cuestión “federal” no estaba debidamente planteada. Ahora, Pettovello busca que sea el máximo tribunal quien le dé la razón

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Renunció el jefe de Vialidad y llega un menemista
Bertola adujo razones personales; lo suplanta Campoy, que estuvo en 1999

Javier Fuego SimondetRaúl Bertola, exadministrador de Vialidad Nacional
La Dirección General de Vialidad Nacional tiene un nuevo administrador, tras la renuncia la semana pasada del dirigente cordobés Raúl Bertola, un ingeniero civil que se desempeñó en el gobierno de la provincia de Córdoba, en tiempos de Juan Schiaretti. Su sucesor será Marcelo Jorge Campoy, un ingeniero que ya estuvo al frente de Vialidad en el último período de gobierno de Carlos Saúl Menem.
Bertola renunció al cargo el jueves pasado y adujo “motivos personales”. Campoy fue oficializado ayer. En el decreto también se designó como subadministrador a Osvaldo Adrián Fuentes (un cargo en el organigrama que aún no había sido cubierto).
Ingeniero civil, Bertola fue presidente de la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba y es presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Alcira Gigena, en el sur de la provincia.
El extitular de Vialidad es uno de los exfuncionarios de Schiaretti que desembarcaron en el gobierno de La Libertad Avanza. Algunos, como el exdirector de la Anses Osvaldo Giordano, también dejaron sus cargos tras una breve gestión.
Bertola presentó la renuncia al cargo mediante una nota dirigida al secretario de Transporte, Franco Mogetta (otro exfuncionario de Schiaretti que se integró al gobierno libertario). La Secretaría de Transporte está dentro del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
La dimisión del titular de Vialidad Nacional se produjo luego de semanas en las que el Gobierno y varias provincias rubricaron acuerdos para garantizar que se retomarán obras públicas paralizadas este año, entre ellas, muchas en rutas nacionales.
En casos como el del acuerdo que se firmó con el gobierno de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se establece que el gobierno nacional se hará cargo de los trabajos en rutas nacionales, algo que se replica en otros convenios rubricados con gobiernos provinciales en los últimos días.
La salida de Bertola se suma a las de alrededor de 50 funcionarios que ya dejaron sus cargos desde que comenzó la gestión del presidente Javier Milei, el 10 de diciembre del año pasado.
Campoy, reemplazante de Bertola, había sido administrador general de Vialidad Nacional en 1999, cuando reemplazó en ese cargo a Guillermo Cabana en el último tramo del segundo gobierno de Carlos Menem.
Organismo en conflicto
La Dirección General de Vialidad Nacional se encuentra, como otros entes estatales, envuelta en conflictividad por despidos y reacomodamientos. En marzo, hubo más de 150 cesantías de empleados con asiento en Casa Central y de 23 delegaciones provinciales de Vialidad.
Los gremios del sector denuncian que el organismo fue desfinanciado por el Gobierno y activaron protestas en las distintas sedes en todo el país.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), dijo a que en la salida  Bertola “tiene que haber influido el desfinanciamiento del organismo”, y precisó que no ingresaron a Vialidad unos “70 mil millones de pesos” que debían girarse provenientes de la recaudación del “impuesto al combustible y del impuesto PAIS”.
“No sé si es una casualidad que vuelva el administrador del último año de Carlos Menem”, advirtió Aleñá. “Nos sorprendió a todos”, dijo sobre la renuncia del administrador de Vialidad. intentó comunicarse con Bertola, pero no obtuvo respuesta.
“Hay bastante preocupación. Hubo 157 despidos directos, que suman 300 contando empleados que tenían sumarios”, indicó Aleñá. “El despeje de nieve en las rutas se realizó con mucho esfuerzo”, afirmó la secretaria general del Stvyara para graficar el desfinanciamiento que denuncian el sindicato. Añadió que aún no han tenido contacto con el nuevo administrador designado para reemplazar a Bertola, que había sido designado el 22 de febrero, cuando Vialidad aún estaba bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura.

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