CONGRESO Y TENSIÓN

Jubilaciones: el Gobierno busca evitar una derrota política en el Senado
El oficialismo negocia con la oposición dialoguista para impedir que la fórmula aprobada en Diputados sea ratificada
Gustavo YbarraEl plenario de comisiones del Senado, en su última reunión, hace trece días prensa senado
El Gobierno se muestra confiado en que podrá alcanzar en el Senado un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar el proyecto de ley que aprobó Diputados y que reconoce un incremento del 8,1% en las jubilaciones, entre otras medidas. Así, evitaría la dura señal política de que el Congreso sancione una ley con los dos tercios en ambas cámaras, una mayoría que permitiría neutralizar el eventual veto del Poder Ejecutivo que ya anticipó que aplicará Javier Milei.
Por lo pronto, la escasa tropa libertaria de la Cámara alta ya logró postergar hasta la primera semana de agosto el tratamiento de la iniciativa. Recién para el próximo mes se espera que las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda vuelvan a reunirse para abocarse a discutir el texto.
Hasta el momento, los planes elaborados por la vicepresidenta Victoria Villarruel y sus colaboradores legislativos, como el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, vienen cumpliéndose. También trabaja con esa meta el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, quien quedó con aceitados contactos en el Senado cuando tuvo que discutir las modificaciones a los proyectos de la Ley Bases y la reforma fiscal.
La idea es que el texto llegue al recinto en la segunda semana de agosto y, lo más importante, con modificaciones respecto del aprobado por la Cámara baja. Esto último obligaría a que la iniciativa vuelva en segunda revisión al recinto de Diputados.
De esta manera, habrán pasado más de dos meses desde aquel 4 de junio último, cuando una alianza circunstancial de radicales, kirchneristas, fuerzas provinciales y bloques menores le asestó un duro golpe a La Libertad Avanza (LLA) al aprobar el proyecto con el voto de más de los dos tercios de los presentes.
Desde hace dos semanas el Gobierno viene negociando con el sector dialoguista de la UCR y Pro para que acepten introducirle modificaciones al proyecto. La intención es mantener el aumento del 8,1%, una compensación por la inflación de enero que no reconoció el Poder Ejecutivo al decidir por decreto el aumento para el sector pasivo.
Además, la nueva versión podría incluir una nueva fórmula de actualización de los haberes que contemple la inflación y recupere los castigados ingresos de los jubilados.
La gran dificultad que encuentra por ahora un acuerdo es la resistencia de algunos sectores de la UCR que consideran urgente darle una recomposición al sector pasivo. Este grupo lo encabeza Martín Lousteau (Capital Federal), quien encuentra compañía en sus correligionarios Pablo Blanco (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Maximiliano Abad (provincia de Buenos Aires), siempre atentos a no resignar lo que consideran una de las banderas del centenario partido.
“Entiendo que hay que avanzar en un acuerdo integral para resolver de manera estructural el sistema jubilatorio, pero mientras tanto hay que concretar una recomposición urgente de las prestaciones”, afirmó el senador Abad.
Lousteau se fue muy molesto tras la primera reunión en el Senado en la que se trató el tema, hace tres semanas, cuando los presidentes de las comisiones de Trabajo, Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), y de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (LLAJujuy), hicieron malabares para frenar el intento del kirchnerismo por impulsar la firma del dictamen ese mismo día. Tanto que sus allegados dijeron, en una posterior reunión de asesores de las comisiones, que estaba dispuesto a dar su voto para convertir en ley el proyecto en cuanto llegara para su tratamiento al recinto de la Cámara alta.
Sin embargo, el Gobierno inició negociaciones tras bambalinas con los jefes de ambos bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo (Cámara de Diputados) y Eduardo Vischi (Cámara de Senadores), y parece que hubo avances, con lo que empezó a cambiar el panorama en el centenario partido que, otra vez, como ya ocurrió con la Ley Bases, podría dejar nadando contra la corriente de su partido a Lousteau, presidente del Comité Nacional.
Incluso en los sectores de Pro menos dispuestos a alinearse con la Casa Rosada comenzó a mirarse con buenos ojos la posibilidad de modificar el texto que aprobó Diputados.
“No me parece mal si el Gobierno acepta reconocer lo que no les dio a los jubilados en enero y si se llega a un acuerdo por una nueva fórmula de actualización”, dijo un legislador de la escudería amarilla en la Cámara alta.
En ese sentido, tanto en la UCR como en Pro reconocen que los diputados “se excedieron” en el proyecto que aprobaron, ya que avanza en un tema delicado como obligar al Estado nacional a financiar los sistemas jubilatorios provinciales que no fueron transferidos, una medida que provocará un fuerte agujero fiscal al Gobierno.
Además, establece que los haberes no podrán estar por debajo del 9% del costo de la canasta básica, otra medida que podría eliminarse de la iniciativa con la intención de evitar el veto del Poder Ejecutivo.
El oficialismo impulsa cambios para que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados

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La Casa Rosada reabre el diálogo con la CGT y busca evitar otro paro
Habrá hoy un encuentro en la Secretaría de Trabajo; debatirán sobre la reforma laboralJulio Cordero Secretario de Trabajo

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibirá hoy a la cúpula de la CGT en lo que será el primer encuentro oficial entre el Gobierno y los sindicalistas después del paro general del 9 de mayo pasado. La intención de la gestión libertaria es abrir un canal de diálogo e incorporar formalmente a la central obrera al Consejo de Mayo, aunque en reserva las fuentes oficiales reconocen que buscan neutralizar una eventual reacción sindical ante la restitución del impuesto a las ganancias, la caída del empleo y los efectos adversos de la recesión económica.
Puertas adentro de la central obrera se impone por ahora un posicionamiento prudente y cauteloso después de haber activado ya dos paros generales (24 de enero y 9 de mayo) contra Javier Milei. Quienes no están dispuestos a acelerar el choque argumentan que el Gobierno dinamizó la homologación de las paritarias y que hay que darle aire tras la aprobación de la Ley Bases. En este sector se ubican los referentes de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) más los autodenominados “independientes” (Uocra y los estatales de UPCN y Obras Sanitarias).
Sin embargo, hay sectores que presionan por una medida de fuerza en el corto plazo y que desconfían del intercambio con el Gobierno. Ninguna decisión, de todos modos, se tomará antes del 25 del mes en curso, para cuando la CGT convocó a su consejo directivo a pleno para debatir cómo continuar con el plan de lucha lanzado en diciembre del año pasado en respuesta a la reforma laboral por decreto con la que intentó avanzar el Presidente al inicio de su mandato.
El secretario de Trabajo dijo que el encuentro de hoy, que se desarrollará en la sede de Alem al 600, será “a agenda abierta”. El funcionario intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de Asociaciones Sindicales con el objetivo de no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Se trata de dos iniciativas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremialistas.
Si bien Cordero intentó en declaraciones radiales tomar distancia, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos, que reconoció en Radio Nacional que la intención del Gobierno es avanzar en el Congreso con los artículos de la reforma laboral excluidos en la Ley Bases.
“De manera responsable, la CGT pidió una reunión, frente a eso, que fue una actitud loable que veo de parte de ellos, se hizo una convocatoria a que participen, el martes al mediodía. Están pidiendo sentarse en una mesa de diálogo, cuando en otra oportunidad hubieran llamado a un paro”, endulzó Cordero a sus interlocutores sindicales en declaraciones radiales durante el fin de semana.
Cordero es un interlocutor conocido para los sindicalistas. Con muchos de ellos, la relación roza la amistad. Hicieron migas durante años en las semanas que comparten gremialistas y empresarios en Suiza, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a donde el funcionario asistió decenas de veces en su rol de asesor legal de la Unión Industrial Argentina y del Grupo Techint. En la OIT se fomenta casi como primer mandamiento el diálogo tripartito, con el Estado como mediador. Será una de las misiones que el secretario de Trabajo tendrá en este segundo cara a cara con la CGT.
Tensión por Ganancias
La CGT también llevará planteos sobre el impuesto a las ganancias. Si bien resolvió que cada gremio lleve su reclamo de manera autónoma a la Justicia, el alcance del tributo que pesa sobre los salarios será otro de los puntos ríspidos. Tras la sanción del paquete fiscal que impulsó el Gobierno, volverán a tributar Ganancias quienes tengan ingresos superiores a $1.800.000 en el caso de los solteros y de $2.100.000 para casados. Según los cálculos de los gremios, casi un millón de trabajadores sufrirán el impacto en sus bolsillos.
Ya hay dos gremios que anunciaron medidas de fuerza cuando se haga efectivo el descuento en los recibos de sueldo. Uno es el gremio bancario, que encabeza Sergio Palazzo, y el otro es la Federación de Trabajadores Aceiteros, con fuerte influencia en el polo agroexportador de Santa Fe y cuyo referente es Daniel Yofra. Ambas organizaciones ya dispusieron avanzar en medidas de fuerza sectoriales. Los bancarios no le pusieron aún fecha al reclamo, mientras que los aceiteros lo definirán la semana que viene durante un plenario de delegados en la localidad santafecina de San Lorenzo.

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